¿Un fiasco monumental en la FGR?

¿Un fiasco monumental en la FGR?

El agudo análisis que Raymundo Riva Palacio despliega en su columna Estrictamente Personal, bajo el revelador título "Fábrica de mentiras", nos pone un espejo incómodo frente al sistema de justicia en México. Ernestina Godoy Ramos hizo historia al llegar a la cúspide de la Fiscalía General de la República (FGR), pero hoy, esa historia amenaza con reescribirse desde el ojo del huracán...

Apenas el 3 de diciembre de 2025, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, el Senado le entregó las llaves de la institución. Su designación se logró con 97 votos de Morena y aliados —superando los 91 obtenidos por Gertz en 2019—, impulsada por la unión monolítica del bloque oficialista y un quiebre estratégico en la oposición. Con seis votos clave de Movimiento Ciudadano y la sospecha de otros cuatro provenientes del PAN (lo que abre la interrogante sobre una posible presión de los gobernadores), se convirtió en la primera mujer al frente de la Fiscalía con un mandato blindado hasta 2034. Sin embargo, el espejismo de estabilidad se está desmoronando rápidamente a golpe de expedientes polémicos y pifias mediáticas.

Lo que la FGR vendió con estridencia como el golpe definitivo al contrabando de hidrocarburos —un decomiso histórico de 59 millones de litros en San José Iturbide, Guanajuato— apesta a montaje político. La historia, leída a través de la lente de Riva Palacio, esconde una feroz pugna de poder. En este tablero chocan dos fuerzas: una fiscalía acostumbrada a construir casos endebles, y la figura del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien sus adversarios ya le ven alas presidenciales y, por ende, le han pintado una diana en la espalda.

La narrativa oficial hace agua por todas partes. Pasaron días de silencio injustificado entre la inspección a las instalaciones operadas por Grupo Simsa y el espectacular anuncio del "mega aseguramiento".

¿El momento elegido para soltar la bomba? Curiosamente, coincidió con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato. En la política mexicana, nada es casual.

Mientras la empresa se defiende con documentos en mano, argumentando que sus permisos están en regla y que solo fungen como almacén para terceros, la presión forzó a Godoy a dar un volantazo desesperado. En un acto que descalifica a su propio equipo, le arrebató el expediente a su delegado en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, para entregárselo a César Oliveros Aparicio, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La brutal ironía de esta trama es que tanto Vera como Oliveros son hombres de la entera confianza de García Harfuch, colocados estratégicamente en las entrañas del sistema de justicia.

Al final de este confuso episodio desmenuzado en El Financiero, el colosal decomiso pende de un hilo muy fino. Si el gobierno logra probar la trazabilidad ilícita del combustible, se anotará una victoria contundente contra el crimen organizado. Pero si este castillo de naipes colapsa por falta de sustento, dejará de ser una medalla para convertirse en un fiasco monumental; una prueba fehaciente de las grietas procesales y las guerras intestinas que terminarán desgastando, de forma prematura e irreversible, el largo mandato que la fiscal tiene por delante. 

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Estrictamente Personal

Fábrica de mentiras/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, septiembre 22, 2026 |

Tamaño embrollo en el que se encuentra la Fiscalía General de la República, donde el aseguramiento de una planta en Guanajuato con 59 millones de litros de combustible, que calificó como el contrabando de combustible “más grande en la historia”, está en el umbral de convertirse en un fiasco. La FGR volvió a mostrar que es pésima para procurar la justicia, pero una sólida fábrica de mentiras. En este momento ya no se sabe si esa operación fue un gran paso en falso, si hay algo de combustible robado en el producto que entregaron para su almacenamiento, si fue un distractor o un pretexto para golpear al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien los duros de la ‘4T’, y los ajenos, le ven alas de candidato presidencial.

Esta última acción de la FGR está llena de hoyos por todos lados y preguntas sin responder. El anuncio del mega aseguramiento se hizo el pasado jueves 17, 13 días después de que las autoridades habían detenido una pipa en San Luis de la Paz. Al no poder mostrar la trazabilidad del combustible, las autoridades llegaron a la planta de Gas Natural del Noroeste, inaugurada en 2017, donde había cargado la pipa, en San José Iturbide, Guanajuato, a unos 40 kilómetros de distancia. Durante dos días las autoridades revisaron su documentación y se fueron sin clausurarla. Cuando dos semanas después se hizo el sonoro anuncio de la FGR, el Grupo Simsa, al que pertenece la empresa operadora de la planta, aclaró tres cosas: que sus permisos están en regla, que ya proporcionaron la documentación a las autoridades y que no son dueñas del combustible, al que solo cuidan y almacenan para terceros.

El siguiente momento fue de pánico mediático. La fiscal Ernestina Godoy ordenó el traslado del expediente de la delegación de la FGR en Guanajuato a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para indagar, informó, la trazabilidad fiscal del combustible. Lo que hizo fue descalificar la actuación de Juan Francisco Vera Ayala, que fue designado a finales de enero pasado como el delegado de la FGR en Guanajuato. El caso lo llevará ahora el titular de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio, que asumió esa fiscalía en diciembre de 2025.

Oliveros Aparicio, que era el fiscal para temas de huachicol y uno de los instrumentadores de la operación mediática que acabó con Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, al filtrar el criterio de oportunidad para el empresario Hugo Rocha Cantú, exdueño de Miss Universe y presuntamente vinculado con el robo de combustible, en asociación con Andrés López Beltrán, sustituyó en la FEMDO a Alfredo Higuera Bernal, como parte de las piezas que estaba moviendo García Harfuch para meter todo el cuerpo en la fiscalía y alinearla a sus esfuerzos en el combate al crimen organizado.

El nuevo titular de la FEMDO es de toda su confianza, y tenía una vieja relación con Vera Ayala, que fue uno de los fiscales que García Harfuch fue enviando como delegados en todo el país para tener el control de la procuración de justicia, y no la responsable legal, la fiscal Godoy. Oliveros Aparicio había sido vicefiscal en Tabasco, durante el gobierno de Arturo Núñez, y coincidió con Vera Ayala, que era el vicefiscal de Delitos de Alto Impacto en el mismo estado.

Vera Ayala llegó precedido de un escándalo en Tabasco que llegó a la Suprema Corte de Justicia que, en diciembre de 2022, resolvió un amparo otorgando la inmediata libertad de tres personas a quienes detuvo en 2015 acusándolos por un secuestro en Macuspana, por lo que fueron sentenciados a 50 años de prisión. El pleno de la Corte avaló por unanimidad el proyecto, que señalaba que habían sido inculpados por Vera Ayala y María del Rosario Delfín, en ese entonces titular de Delitos de Alto Impacto, donde “fabricaron pruebas contra los acusados”.

La fabricación de acusados es algo que pareciera estar en el ADN de la FGR de la ‘4T’.

Godoy, como fiscal general en la Ciudad de México, se subordinó al entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para encarcelar a Laura Morán, que fue pareja de su hermano durante medio siglo, y a su hija Alejandra Cuevas, por haberlo descuidado de una enfermedad que lo llevó a la muerte. Por edad, Morán no fue a la cárcel, pero su hija sí, a quien detuvo la entonces fiscal capitalina sin orden de aprehensión. La denuncia de Gertz Manero contra su familia política se basó en una figura inexistente en el Código Penal, la de “garante accesoria”, por medio de la cual, Godoy logró que encarcelaran a la señora Cuevas durante 553 días.

El caso también llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en marzo de 2022 votó unánimemente a favor del amparo liso y llano en favor de las señoras Morán y Cuevas, la cancelación de una orden de aprehensión y su liberación inmediata, señalando que Gertz Manero y Godoy manipularon la ley, inventaron acusaciones, ignoraron pruebas de las acusadas de homicidio por comisión, incurrieron en misoginia y violaron derechos humanos. Es decir, los últimos garantes de la procuración y administración de justicia le dispararon un tiro a la cabeza a la ley.

Godoy ha estado involucrada en diversos casos polémicos durante sus años como fiscal local y federal. Dos casos muestran fuertes indicios de haber actuado políticamente: la tragedia de la Línea 12 del Metro, en donde los señalamientos fueron por el manejo de responsabilidades penales que no alcanzó a todos los responsables de la obra y protegió a funcionarios, y la persecución que hizo, fuera de su jurisdicción, en contra del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, por la polémica investigación de un feminicidio.

Pero el caso en San José Iturbide es más complejo de entender, al no haber explicación alguna sobre por qué tardaron 13 días entre la investigación en la planta y el anuncio del aseguramiento, donde los funcionarios responsables de la confusión que se vive responden a García Harfuch. No obstante, si se confirmara que una parte sustancial de los 59 millones de litros procedían del contrabando, probaría la capacidad de México para combatir ese delito. Si no es así, el golpe principal sería para la FGR, porque pasaría de ser un gran golpe a un aseguramiento cuya hipótesis no logró acreditarse –consistente con la trayectoria de la fiscal de la presidenta–.

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El montaje del “decomiso histórico de huachicol”/Carlos Loret de Mola

El Universal, 

Horas antes de que llegaran de visita a Guanajuato la presidenta Sheinbaum y su gabinete de Seguridad, estaba listo un operativo contra las policías municipales de tres municipios gobernados por Morena en el estado.

Cuando supieron del asunto, los altos funcionarios federales frenaron el operativo: no se había establecido coordinación con las fuerzas federales y tratándose de detener a decenas de policías con acceso a armamento, preocupaba que reaccionaran violentamente (balaceras, narcobloqueos, etc.) estando la presidenta y su gabinete de Seguridad en Guanajuato sin la protección adecuada para un escenario así.

Detrás de ese operativo estaba la misma persona que unos días antes encabezó lo que llamaron “el mayor decomiso de huachicol en la historia de México”: el delegado de la FGR en Guanajuato (el cargo se llama ahora Fiscal Federal en el Estado), Juan Francisco Vera.

Hoy, Vera está bajo la lupa del gobierno federal. A él le atribuyen el montaje de haber catalogado como huachicol un depósito industrial de dimensiones espectaculares con 59 millones de litros de combustible. En la reunión de seguridad de Palacio Nacional ayer lunes, el reporte que le dieron a la presidenta Sheinbaum fue escalofriante: hasta este momento no hay ninguna prueba de que el combustible sea ilegal.

Por eso el gobierno empezó a dar pasitos para atrás después del anuncio con bombo y platillo del “decomiso histórico”. La empresa se defendió en un comunicado expresando que toda su operación es legal y que los documentos para probarlo son públicos. Surgieron por todos lados reportes de que los empresarios dueños son gente honorable que no tendrían ninguna necesidad de meterse al negocio sucio del huachicol. Se supo que el operativo no había sucedido cuando se anunció, sino dos semanas antes. Se contradijeron autoridades federales y estatales sobre si había personas en la planta al momento del operativo. Con todo esto, arrinconado por la creciente evidencia de que todo fue una pifia, el gobierno emitió un comunicado con un tono cauteloso (casi-casi se retracta) que distó mucho del anuncio grandilocuente de un par de días antes.

Estamos frente a otro montaje del régimen. Es escandaloso. ¿Cada cuándo los descubren en un montaje? ¿Uno cada tres meses, uno al mes?

Hoy, bajo sospecha de haber orquestado el falso decomiso de huachicol más grande en la historia de México, está el Fiscal Federal en el Estado de Guanajuato, Juan Francisco Vera. Y en ese sentido, otra vez está bajo la lupa la atropellada y errática gestión de Ernestina Godoy en la FGR. Pero, además, las autoridades federales, según fuentes que me revelaron todo lo que se plasma en esta columna, saben que también alguien del gobierno panista de Guanajuato actuó de la mano con Juan Francisco Vera. Está bajo investigación la actuación del fiscal local, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Seguridad guanajuatense, Juan Mauro González Martínez.