Ayotzinapa a 12 años: Entre los "datos científicos" y el reclamo de los archivos militares
¿Cuáles son los libros de ficción que habla la Presidenta?…
A escasos días de cumplirse el doceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la brecha entre el discurso oficial y el persistente reclamo de las familias quedó retratada en un revelador intercambio. Durante la conferencia de prensa presidencial de este lnes 21 de septiembre, , la periodista Dalila Escobar, de la revista Proceso, cuestionó de manera frontal a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el estatus de las investigaciones, dejando al descubierto las tensiones que aún marcan el caso.
El diálogo, propio de una crónica de desencuentros, comenzó con un lapsus de comunicación. Al ser cuestionada sobre si el informe de avances ya había sido presentado a las madres y padres, la mandataria dudó, apuntó primero a que sería un informe público, para segundos después rectificar y confirmar que, en efecto, ya se había compartido con las familias en su última reunión. La versión pública, anunció, verá la luz esta misma semana, antes del trágico aniversario del sábado 26 de septiembre.
Pero el momento definitorio ocurrió cuando la reportera de Proceso expuso el sentir de los padres: la dolorosa percepción de que el gobierno mantiene una línea de encubrimiento hacia el Ejército. Escobar puso sobre la mesa la exigencia central que ha estancado el diálogo, recordando los más de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) militar que las Fuerzas Armadas no han entregado.
La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue categórica. Aseguró que "no se encubre a nadie" y lanzó un duro dardo al advertir que su gobierno no toma en cuenta "libros de ficción". Más aún, la mandataria adelantó que el inminente informe revelará a quiénes protegían realmente esas versiones pasadas.
Frente a los señalamientos de opacidad, Sheinbaum defendió la labor de la Fiscalía Especializada. Aseguró que las actuales líneas de investigación —que sustentan las recientes detenciones— no se basan únicamente en dichos aislados, sino en múltiples testigos y, sobre todo, en "datos científicos muy relevantes".
Aunque la presidenta concluyó garantizando que la investigación no está cerrada y que el objetivo compartido es llegar a la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes, el intercambio documentado por Dalila Escobar refleja el nudo ciego del caso a una docena de años de distancia. Por un lado, el Ejecutivo defiende su nueva narrativa apelando a la ciencia y desestimando otras versiones como "ficción"; por el otro, las familias advierten que ninguna pericial o testimonio de criminales será suficiente si el Estado sigue esquivando el papel de los cuarteles militares en la noche de Iguala.
La "teoría de las funerarias" y el rediseño de la impunidad
A doce años de la herida de Iguala, el caso Ayotzinapa sufre una dolorosa metamorfosis. Como documenta Luis Daniel Nava en la revista Proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) empuja ahora la "teoría de las funerarias". Para los padres de los 43 normalistas, esto no representa un hallazgo científico, sino un rediseño táctico de la impunidad: un intento de reciclar la antigua "verdad histórica" para culpar exclusivamente al eslabón civil y blindar definitivamente al Ejército.
La carga humana de esta narrativa resulta devastadora. Hoy, el destino de 43 estudiantes pretende sostenerse en testimonios tardíos de líderes criminales convertidos en testigos protegidos, ignorando cualquier rigor forense. El impacto de esta estrategia quedó expuesto el pasado 20 de marzo, cuando autoridades federales llevaron a los padres a la funeraria Rueda, antiguo Semefo de Iguala. Mario César González, padre del normalista César Manuel, resumió la diligencia con crudeza: fue una "pinche burla" y un "teatro mediático".
La escena desafiaba la lógica física más elemental. Las autoridades exhibieron un supuesto horno clandestino de apenas 90 por 40 centímetros y un triturador de huesos del tamaño de un molino manual de maíz. La imposibilidad de incinerar a decenas de personas en ese espacio era evidente. Los supuestos indicios concluyentes se redujeron a huesos aislados, un colchón quemado, pedazos de una batería de auto —presentados inicialmente como restos de celulares— y una bolsa con presuntos restos óseos cuya cadena de custodia genera profundas sospechas.
A doce años, la tragedia se sigue redactando en los despachos del poder, muy lejos de la verdad. Se desmanteló una "verdad histórica" solo para intentar erigir otra sostenida sobre los mismos pilares: el silencio inquebrantable de los cuarteles, la conveniencia de los testimonios a modo y la insoportable ausencia de los muchachos.
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