Las ONGs en España

Las ONG, bajo la moda de la sospecha/Salvador García-Atance e Ignacio Garralda, presidentes de la Fundación Lealtad
Publicado en EL PAÍS, 10/12/2007;
Cada vez que una ONG tiene problemas serios se genera una cierta inquietud social. Algunas veces, esta inquietud refleja únicamente los prejuicios de aquellos que rechazan la actividad de las entidades del llamado Tercer Sector [grupo de asociaciones y fundaciones que se dedican a la acción social y a la ayuda al desarrollo]. Son personas que creen que, en el mejor de los casos, una institución sin fines de lucro es necesariamente una máquina de despilfarrar recursos. Suelen llamar a las ONG “organizaciones gubernamentales” por las subvenciones que éstas reciben, aunque se quedan sorprendidos cuando se les señala que las empresas privadas reciben subvenciones infinitamente superiores y nadie las considera empresas públicas.
Otras veces, esos problemas sirven simplemente para justificar la inhibición a la hora de colaborar con las ONG.
Sin embargo, en muchas ocasiones, esa inquietud es genuina y constructiva. Para tener conocimiento de una actividad institucional como la de las ONG, éstas deben rendir cuentas a la sociedad de forma transparente. Es más, esa rendición de cuentas es necesaria para que las ONG progresen. En el sector privado, la combinación de la competencia y el mercado hacen que las empresas que no son eficientes desaparezcan. El mismo papel ejerce el sistema democrático con el sector público. En el Tercer Sector, el principal mecanismo de progreso y eficiencia es el escrutinio de los donantes, los voluntarios, los medios de comunicación y la sociedad en general. Ese escrutinio sólo es posible con una completa y transparente rendición de cuentas.
¿Son nuestras ONG transparentes?
Muchas lo son a título individual, otras no tanto. La rendición de cuentas y la transparencia son más útiles cuando permiten la comparación entre ellas, y, por tanto, la elección. Desde ese punto de vista, las administraciones públicas (como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Asuntos Sociales, etcétera) tienen sistemas estructurados de seguimiento para las entidades a las que subvencionan. La Coordinadora de ONG de Desarrollo y otras agrupaciones de ONG tienen códigos éticos y de conducta. E iniciativas privadas e independientes, como la Fundación Lealtad, tratan de generar información homogénea y accesible a los donantes.
No existe, sin embargo, un registro único de fundaciones y asociaciones no lucrativas. Las peripecias del donante que trata de obtener información de algunos de los muchos y diversos registros públicos son legendarias. Baste decir que uno de los principales registros de asociaciones exige que el interesado envíe una solicitud por fax detallando el motivo por el que se quiere la información y previo pago de 10 euros puede ser autorizado a acudir a tal registro. También hasta hace poco, un registro público autonómico consideraba no pública la información financiera de las instituciones registradas.
El sector público debería crear un registro único on line de asociaciones y fundaciones con información contable homogénea. Sería, sin duda, una de las formas más eficientes de ayudar al Tercer Sector. En España este sector está integrado por miles de instituciones (aunque el número relevante se acerque a las 1.500), que manejan un presupuesto agregado de unos 1.700 millones de euros, movilizan más de un millón de voluntarios y emplean decenas de miles de personas.
¿Cuál es, en consecuencia, la situación de las ONG españolas? Las conclusiones extraídas de la experiencia de la Fundación Lealtad, que se basa en el análisis de más de 100 instituciones que gestionan un presupuesto total de 700 millones de euros, es la siguiente:
1. Las ONG españolas tienen un grado muy alto (más del 85%) de cumplimiento conjunto de los principios de buenas prácticas. Además, ese porcentaje aumenta cada año, lo cual demuestra una buena capacidad de mejora y aprendizaje.
2. Las ONG son las instituciones mejor valoradas por parte de los ciudadanos españoles, porque son capaces de movilizar el espíritu solidario y filantrópico tanto de personas físicas como de empresas. El espíritu filantrópico, en algunas ocasiones, hace que haya ONG que no consideren necesario la rendición de cuentas, lo cual perjudica su capacidad de progreso y su eficiencia.
3. Un tercio de las ONG analizadas incumple el principio del buen funcionamiento del órgano del gobierno, ya sea este un patronato o una junta directiva. Los órganos de gobierno están a menudo compuestos por personas poco comprometidas con la institución, que no asisten a las reuniones o que figuran nominalmente. En ocasiones, los órganos de gobierno se reducen a una o dos personas, líderes carismáticos, sin que existan prácticamente decisiones colectivas. En varios de los recientes casos de ONG con problemas (como Intervida), éstos han sido generados por la falta de control sobre el líder de la organización.
4. Un 30% de las ONG analizadas no tiene su financiación suficientemente diversificada, dependiendo excesivamente de un solo donante.
5. Los mensajes publicitarios de algunas ONG pueden inducir a error. El ejemplo paradigmático son las campañas de Anesvad, en las que se urgía a los donantes a ayudar -”no se demore, mañana podría ser tarde”-, mientras la organización tenía en cuentas corrientes e inversiones financieras cantidades superiores a los 30 millones de euros.
El atraer la atención de los posibles donantes y colaboradores no puede estar por encima del rigor de los mensajes y de la exigencia de coherencia de éstos con las prácticas de la organización. Este rigor también es necesario en las televisiones que ofrecen espacios a las ONG para captar fondos, sin explicar cómo las han seleccionado o si son las ONG las que han pagado por esa publicidad (caso muy frecuente).
Es particularmente delicada la forma de comunicación de las organizaciones que se dedican al apadrinamiento de niños, ya que en ella conviven mensajes publicitarios de una gran pulcritud y rigor (recordando que los fondos destinados al apadrinamiento del niño no van directamente a éste sino a la comunidad donde vive) con otros mensajes en los que el donante tiene la impresión de que su aportación la recibe directamente el niño, lo cual no es cierto.
6. Las ONG deben ser respetuosas con la voluntad de sus donantes. Son ejemplares los casos protagonizados por Intermón Oxfam, que paralizó sus proyectos en Irak ante la inseguridad en el país, comunicando esta decisión a sus donantes y solicitando su consentimiento para destinar los fondos de esta emergencia a la crisis de Burundi; y por Médicos sin Fronteras, que en la catástrofe del tsunami estimó haber recibido fondos más que suficientes para sus actividades previstas en la región y pidió a sus donantes que destinaran sus aportaciones a otras emergencias.
7. Las ONG no siempre cuentan con una planificación de sus actividades, lo que hace que en ocasiones capten fondos sin tener identificados los proyectos donde gastarlos.
¿Cómo podemos ayudar a la mejora del funcionamiento del Tercer Sector?
Los donantes, siéndolo responsablemente. En primer lugar, debemos informarnos sobre a quién donar; en segundo lugar, debemos seguir mínimamente el destino de nuestra donación.
El sector público, creando un registro único on line de todas las asociaciones y fundaciones que existen en nuestro país.
Las propias ONG, tratando de eliminar dos prejuicios: la solidaridad no está reñida ni con la eficacia ni con la eficiencia; y no todo lo que tiene ánimo de lucro es malo. La actividad empresarial es positiva para la sociedad y la colaboración entre ONG y empresas es, en general, buena para ambas partes.

Conferencia de Medina Mora

Según el procurador mexicano Eduardo Medina Mora, alrededor de 10 mil millones de dólares en efectivo salen al año desde EU hacia México como producto del tráfico de drogas. "Hay un flujo muy importante de dinero desde Estados Unidos a México que no tiene otra explicación que el tráfico de drogas. La estimación conjunta que hemos realizado con la DEA y otras agencias de ese país nos ubican en el nivel de 10 mil millones de dólares al año en efectivo que cruzan desde Estados Unidos a México", señaló.
En una conferencia de prensa con medios extranjeros, pidió que Washington "haga su parte" en el combate al tráfico de drogas que pasa desde México hacia ese país, donde se registra el mayor consumo mundial por volumen de estupefacientes.
El funcionario destacó la bilateral Iniciativa Mérida, que prevé equipamiento y ayuda monetaria estadunidense para México, estimada en mil 500 millones de dólares en tres años, pero consideró que lo "más importante es la corresponsabilidad" y que "cada país haga lo que le corresponde".

La India

Los problemas hídricos de India/
William R. Polk, miembro del Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado en la presidencia de John F. Kennedy
Publicado en LA VANGUARDIA, 0912/2007;
Traducción de Juan Gabriel López Guix.
India es hoy una ilustración perfecta del famoso verso de El viejo marinero de Samuel Coleridge: “Agua, agua, en todas partes, ni una gota que beber”. En la zona oriental, unos 20 millones de personas han perdido sus hogares en inundaciones causadas por las torrenciales lluvias monzónicas, mientras que en la región occidental no ha llovido en los últimos tres años. En medio, en la capital, Nueva Delhi, la sobreexplotación ha hecho descender tres metros el nivel freático en los últimos dos años.
Y, lo que es aún peor, en todo el país el agua potable está cada vez más contaminada por las aguas residuales. Los casi 13 millones de habitantes de Nueva Delhi no se atreven a beber su agua. Las cañerías que distribuyen agua se mezclan a menudo con cañerías rotas de aguas negras y las depuradoras no dan abasto o no funcionan; en consecuencia, lo que sale del grifo es un cóctel letal. Dado el hacinamiento de las grandes ciudades - sólo en Bombay (que ahora se llama Mumbai) viven casi tantos habitantes como en media España-, cabe esperar que en India se produzcan brotes epidémicos de ingentes proporciones.
La diarrea es ya común y el cólera, antaño un flagelo mortal, está volviendo a aparecer.
Los 1.100 millones de habitantes de India no poseen unos buenos recursos hídricos, puesto que sólo disponen del 4% de las reservas del planeta. De modo que ya, de entrada, el agua es escasa e incluso en el mejor de los casos se produce un deterioro de la relación entre la oferta y la demanda. La población es joven y aumenta con rapidez. Con un tercio de sus habitantes menores de 15 años, India crece cada cuatro meses el equivalente de las poblaciones de Madrid y Barcelona. Haga lo que haga el Gobierno, la población crecerá, pero los recursos hídricos no.
Las cifras son dramáticas y, además - lo que es al menos igual de importante-, el programa indio de desarrollo está ejerciendo una intensa presión sobre los recursos hídricos, puesto que se construyen nuevas fábricas y otras instalaciones y no hace nada para controlar el deterioro producido por los residuos industriales, los pesticidas y los fertilizantes químicos. El Gobierno indio está decidido a mantener su carrera hacia el desarrollo económico y lo está consiguiendo: la renta nacional (PIB) crece a un ritmo anual del 9%, aunque la mayoría de autoridades considera que en poco más de una década la demanda de agua superará todas las fuentes de suministro conocidas.
Dado que dos de cada tres indios se dedican a la agricultura, la llegada de las lluvias monzónicas es a la vez una bendición y una maldición. Cuando no llueve, los campesinos pasan hambre y cae la renta nacional; cuando las lluvias son demasiado intensas o caen sólo en la ya de por sí pantanosa región oriental, muchos de los 550.000 pueblos del país se ven inundados o incluso borrados del mapa. Ambas cosas han sucedido este mismo año: el poniente indio se moría de sed, mientras el levante casi se ahogaba.
No sólo sufren las personas - aunque los 600-800 millones más pobres padecen a una escala casi inimaginable incluso entre los europeos más pobres-, sino también las poblaciones animales y vegetales. En Rajastán, por ejemplo, el lago situado en medio de la gran atracción turística de Udaipur (la Ciudad del Lago), con su célebre palacio, presenta un nivel peligrosamente bajo; y, en Bharatpur, la reserva ornitológica del parque nacional de Keoladeo Ghana, que tiene fama mundial, casi se ha convertido en un desierto. Incluso el sagrado Ganges, como señala el destacado autor indio Patwant Singh en su último libro (The second partition),”está marrón y sucio, lleno literalmente de espuma en algunos lugares a causa de las aguas sin tratar y los vertidos de las curtidurías cercanas”.
Ese río, tan importante en el hinduismo, la principal religión india, constituye la base de la vida y la agricultura de casi la mitad de la población del país. Pero el Ganges se muere. No sólo se ve alterado por los vertidos industriales y las aguas residuales humanas mal tratadas, sino que también está en peligro a causa del cambio climático en su mismo nacimiento, las nieves de la gran cordillera del Himalaya. Los glaciares, fuente tradicional del agua que acaba circulando por su caudal, están desapareciendo con rapidez y se estima que no durarán más de otra generación. Los actuales 500 millones que hoy viven en las márgenes del río y los muchos millones más que nacerán en los próximos años se enfrentarán entonces a una auténtica pesadilla.

El informe de la CNDH y los desaparecidos

EL INFORME DE LA CNDH Y LOS DESAPARECIDOS/Gustavo Hirales M.
El 27 de noviembre de año 2001 fue presentado el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas que la CNDH se había comprometido, meses antes, a elaborar. José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, leyó ante el presidente de la República un informe plagado de episodios estrujantes y definiciones jurídico-políticas, que incomodó a más de uno en el selecto auditorio, pero que posiblemente inauguró una nueva etapa en la vida política del país.
Más allá de eventuales errores u omisiones del Informe, su significado histórico -como lo pusieron de relieve destacados analistas de la vida política-, es que por vez primera un órgano público del Estado mexicano, la CNDH, no sólo admite, sino documenta un fenómeno por algunos vivido y conocido de primera mano, por muchos otros percibido, fenómeno denunciado públicamente cuando menos desde 1975, pero que siempre había sido negado oficialmente: que durante la década de los setenta y hasta principios de los ochenta del siglo pasado (bajo los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo), autoridades gubernamentales mexicanas llevaron a cabo, de manera sistemática (es decir, como política de gobierno) la práctica de la desaparición forzada de personas. El juicio de la CNDH sobre estos hechos fue implacable: “no hay razón de seguridad nacional que justifique la desaparición forzada de personas y no hay razón de Estado que pueda estar por encima del Estado de Derecho”.
La guerra sucia.
Ello ocurrió en el contexto de un enfrentamiento soterrado entre organizaciones (“revolucionarias”) de civiles que habían asumido la lucha armada como método de transformación social, y las corporaciones policíacas y militares responsables (legalmente o de facto) de la seguridad nacional y de la seguridad interior, como la Dirección Federal de Seguridad, en el periodo conocido como la guerra sucia. El signo de ese enfrentamiento fue la violencia de las partes, y en particular la ilegalidad de las acciones y la impunidad de los agentes gubernamentales involucrados, pues el informe documenta de modo irrefutable que, en la inmensa mayoría de los casos, las detenciones/desapariciones se hicieron sin que mediara orden de aprehensión, no se consignó a los detenidos ante autoridad judicial o ministerial competente alguna (como lo exige la ley), y los autores de estos delitos nunca fueron responsabilizados por ello, beneficiándose así de una absoluta impunidad.
De un total de 532 casos de los que la CNDH tuvo conocimiento, en 275 se comprobó de modo fehaciente –básicamente a través de registros y documentales internos de la llamada Dirección Federal de Seguridad, resguardados en los archivos del CISEN- la intervención de autoridades gubernamentales en la desaparición de esas personas; en otros 97 casos las investigaciones arrojaron fuertes indicios de que habían participado autoridades gubernamentales en su desaparición, sin que éstos llegaran a constituir prueba plena, y en los casos restantes, 160, la CNDH no encontró evidencias de que, ocurridas las desapariciones, éstas hubieran sido causadas por la intervención de alguna autoridad gubernamental.
Ahora bien, en los casos en que los indicios fueron insuficientes para considerar plenamente acreditada, a juicio de ese organismo público, la desaparición forzada, o incluso en aquellos en los que se estimó que no existían evidencias, la CNDH no cerró los casos, sino que los dejó abiertos a la espera de nuevos elementos que pudieran bien corroborar, bien desacreditar, la desaparición forzada de esas personas. Un dato significativo es que, en todos los casos, se acreditó que las personas reportadas como desaparecidas existieron en realidad, fueron miembros o simpatizantes de grupos armados, o familiares de estos miembros. Esto es importante porque incluso se llegó a negar, por parte de los defensores de la guerra sucia, que tales personas hubieran realmente existido.
Los culpables.
Si bien la CNDH se negó a revelar específicamente los nombres de las personas acusadas de ser responsables de las desapariciones, pues al no haberse establecido su responsabilidad por los tribunales competentes, se podía estar incurriendo en violaciones a sus garantías individuales; en el texto del informe y en los documentos referenciados aparecen una y otra vez los mismos nombres: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Luis de la Barreda Moreno, Arturo Durazo Moreno, Salomón Tanús, Jorge Obregón Lima, Francisco Sahagún Baca, Francisco Quiroz Hermosillo, José Guadalupe Estrella, Raúl Mendiolea Cerecedo, Luis Montiel, Florentino Ventura, en total, 74 ex servidores públicos y 37 dependencias gubernamentales involucrados en los hechos...más los nombres de numerosos jefes policíacos y jefes de guarniciones militares locales.
La actitud gubernamental.
El Informe de la CNDH exhibe, entre otras cosas, que la actitud gubernamental ante el problema de los desaparecidos tuvo como fundamentos básicos el ocultamiento, la mentira y la manipulación. Caso paradigmático sería el “Informe” hecho público, en 1979, por el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, donde menciona –entre otras- a 44 personas que supuestamente resultaron muertas en el enfrentamiento ocurrido el 8 de septiembre de 1974 (durante el operativo militar de rescate de Rubén Figueroa, gobernador electo de Guerrero), en la sierra de Guerrero, de los cuales la mayoría eran reclamados como desaparecidos. Sin embargo, la investigación de la CNDH encontró que en ese enfrentamiento murió sólo una persona, con lo que queda en evidencia la intención gubernamental de descargar la responsabilidad por la desaparición y eventual muerte de las personas reportadas como desaparecidas, en eventos generales (“enfrentamientos”) de los que, además, no se dio noticia en su momento, de modo que quedara constancia legal y/o pública, de la presunta muerte de esas personas.
Como señala el Informe, “la desaparición forzada, tal y como se desprende de las evidencias, fue práctica común de las autoridades, las que incluso al ser requeridas de informes (acerca) de las personas detenidas, negaron sistemáticamente su intervención y conocimiento de los hechos, así como tener noticia del paradero y la suerte de los desaparecidos” (negritas mías, G. H.).
Complicidad de las instituciones de justicia.
A este respecto, la CNDH denuncia también “las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la institución del ministerio público...pues...no obstante que se presentó denuncia (de las desapariciones) que cubría las formalidades legales, las averiguaciones previas que debieron iniciarse no tuvieron el desarrollo adecuado, en virtud de la inactividad en el curso de dichos procedimientos, sin que existiera explicación sobre tal omisión, no obstante que se trataba de delitos perseguibles de oficio y que incluso se agotó la vía de hacerlas públicas por los medios de comunicación”. Detrás del lenguaje cuidadoso de la Comisión, es claro el señalamiento de complicidad -por parte de las diversas instancias de procuración de justicia que conocieron en su momento las denuncias- con los perpetradores de la guerra sucia.
En síntesis, la investigación de la CNDH, pese a no contar con todos los instrumentos y facultades legales, por ejemplo de un ministerio público, pudo acreditar que en el curso de la llamada guerra sucia, las autoridades violaron sistemáticamente los derechos humanos de las personas que fueron retenidas ilegalmente, “ya que no sólo suprimieron su libertad personal, sino que se les impidió una adecuada defensa,...también quedó acreditada la incomunicación de la que fueron objeto...lo que trajo como consecuencia la violación a las garantías de libre tránsito, de seguridad jurídica, de justicia, debido proceso y de legalidad”.
Igualmente, fue práctica común la de efectuar cateos y allanar domicilios sin contar con la orden judicial correspondiente. Aún en el extremo de que se imputara a los agraviados la comisión previa de conductas antijurídicas o plenamente delictivas –dice la CNDH- “la persecución de los delitos corresponde de manera exclusiva al ministerio público, pero en manera alguna pudo serlo de los agentes de una corporación como la Dirección Federal de Seguridad, carentes de facultades” legales para allanar, catear, detener o interrogar.
La tortura era la norma.
De los testimonios recabados por la investigación de la CNDH, se acreditó que en la gran mayoría de los casos, por no decir que en todos, “las personas al ser detenidas eran remitidas a instalaciones que estaban a disposición de agentes de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, donde eran vendadas de los ojos e interrogadas, y obligadas a declarar mediante amenazas, golpes, aplicación de corriente eléctrica en genitales, y sometidas a vejaciones y malos tratos, que las autoridades negaban sistemáticamente, como negaron el paradero y la suerte final de las víctimas de la desaparición”.
Breve numeralia.
En los 532 casos investigados, las detenciones se practicaron sin orden legal; 4 de cada 10 detenciones se realizaron de noche y en el domicilio de las víctimas; en el 100 % de los casos documentados, las personas detenidas fueron víctimas de tortura física y sicológica, o de otras formas de trato inhumano y degradante; en los 275 casos comprobados de desaparición forzada, hubo amenazas o violación de los derechos humanos contra familiares; 70 % de los desaparecidos en el medio urbano eran estudiantes, 20 % obreros y, el resto, profesionales y empleados; mientras que en el medio rural 75 % de los casos eran campesinos y profesores rurales.
De los 532 casos investigados, 351 ocurrieron en zonas rurales, 332 de ellos en el estado de Guerrero, y 181 en la zona urbana, particularmente en el Distrito Federal (50 casos) y en Sinaloa (40 casos).
La investigación, encabezada por el segundo visitador general de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva, al mando de un equipo integrado por más de 80 profesionales, fue apuntalada con mil 603 diligencias hechas en 19 entidades del país, 544 testimoniales de familiares (de las víctimas) y testigos, la revisión de 80 mil tarjetas y 41 mil fojas de expedientes bajo resguardo del CISEN, además de numerosos reportes periodísticos.
Las reacciones al Informe de la CNDH.
Sin dejar de ser previsibles, algunas de las reacciones ante el Informe sorprendieron. En los extremos, destaca la reacción de Rosario Ibarra, la legendaria luchadora por la presentación de su hijo Jesús y de los demás desaparecidos (y figura muy importante de la izquierda mexicana), quien dijo cosas como que “el documento de la CNDH es una farsa”, o bien que el Informe es “la más sangrienta broma que se le puede jugar a una madre”. En su argumentación, Rosario explicaba que estaba en contra del Informe porque en él no se planteaba nada que no se supiera de antemano, que la CNDH sólo había “plagiado” la información que el Comité Eureka había entregado desde 1990 a la Secretaría de Gobernación, en tiempos de Gutiérrez Barrios, y la de los archivos del Cisen.
Pero Rosario Ibarra dejaba de lado lo fundamental: que una cosa era que las madres y familiares de los desaparecidos estuvieran convencidos de la desaparición forzada de sus familiares, y presentaran algunos datos de las condiciones en que ocurrieron tales desapariciones, y otra que esta convicción estuviera fundada en datos y testimonios incontrovertibles, “oficiales”, capaces al mismo tiempo de convencer a la sociedad y de jugar un papel decisivo en los procesos legales a seguir. Por lo demás, era injusta con el trabajo de la CNDH, que de ningún modo se limitó a “plagiar” información previa, sino que hizo su propio trabajo de investigación, tomando como base, en efecto, la información precedente. Pero ello es lo normal en toda investigación. Sin olvidar el hecho de que parte de esta investigación había sido desarrollada por la propia CNDH en sus primeros años de existencia[1].
El valor de la investigación.
El valor de la investigación reside entonces en que validó en su mayor parte las denuncias de los familiares, mediante una investigación que cubrió básicamente dos campos: la investigación en los archivos y en otros documentos oficiales (básicamente los archivos del Cisen [DFS] y los del Archivo General de la Nación), y el trabajo de campo con testigos directos e indirectos y con los familiares de las víctimas, comprobando la existencia previa de las personas y el contexto o condiciones de su desaparición, así como despejando el campo de posibles equívocos en función de homonimias, etcétera.
En algún momento Rosario Ibarra afirmó que “el informe no vale nada si no me dice dónde está mi hijo”; pero eso difícilmente podía decirlo el Informe: la CNDH no tiene facultades ministeriales, es decir, no puede citar, declarar ni arraigar a presuntos responsables, menos procesar a presuntos delincuentes; esa es tarea del ministerio público y, en su caso, del poder judicial. De ahí también la necesidad de una fiscalía especial -como lo propuso la CNDH-, quien sí puede legalmente profundizar en la investigación sobre el paradero de los desaparecidos y, en su caso, consignar a los presuntos responsables ante los jueces.
Así, el Informe de la CNDH no dice dónde está Jesús Piedra Ibarra, pero señala sin ambages y en base a documentos oficiales quién fue la última autoridad que lo tuvo en su poder, antes de su desaparición. Es decir, dice a quién o a quiénes, en todo caso, habría que preguntarles (y en su caso fincarles responsabilidades legales) por el paradero de Jesús.
En el otro extremo, está la entrevista que el general (retirado) del ejército mexicano, Alberto Quintanar Álvarez concedió al diario La Jornada (07.12.01), donde reivindica abiertamente los métodos de la guerra sucia, y se yergue retador ante los procesos y los actores que buscan esclarecerla y fincar responsabilidades. Niega para empezar que hubiera guerra sucia:
“Fue una guerra que sirvió al país para limpiarlo de delincuentes que lo desestabilizaban”.
Cuando el reportero le pregunta su opinión sobre la creación de una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas, pierde la compostura y contesta a gritos:
“¡Fiscal madres! Yo tengo Ministerio Público, jueces, procurador, prisión militar. ¡Qué jijos de la chingada! ¿El fuero de guerra vale madres?”
El general Quintanar, en medio de su furia, adelantaba uno de los temas que después estarían en el centro del debate: ¿bajo qué marco jurídico deben ser procesados y juzgados los mandos militares involucrados en la guerra sucia?, ¿el fuero común o el fuero militar?
Debate, críticas, visiones.
En el medio hubo muchas tonalidades y registros, desde un dirigente emblemático de la derecha como Diego Fernández de Cevallos, que dijo “temer” que con la investigación de la CNDH se quisiera hacer “héroes” a los guerrilleros (terroristas, dice él) olvidando la violencia muchas veces letal que éstos ejercieron contra las fuerzas de seguridad y contra gente inocente que fue secuestrada, etcétera; hasta el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), que se sumó a la caracterización de los procesos de investigación en curso como “una mascarada”, pues, dijo, ésta “sólo reprodujo datos aportados por familiares”.[2]
La senadora Leticia Burgos, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el informe “tiene confusiones, omisiones graves e irregularidades que nos hacen prever un engaño más”; que en el informe hay “una maraña de enredos”. La senadora no aclaró cuáles eran dichas “confusiones, omisiones graves e irregularidades” que la inquietaban tanto, ni desenredó con argumentos la supuesta “maraña de enredos”.
Sin embargo, algunos miembros de su partido valoraron con otra óptica la aportación del Informe. Rosalbina Garavito, por ejemplo, señala que si bien no hay duda de que el Informe de la CNDH es incompleto, afirma que
“sin embargo, el valor político del documento es el reconocimiento por parte del Estado de haber actuado fuera de toda norma legal en la persecución y aniquilamiento de quienes en aquellos años optaron por la vía armada”.
La ex senadora del PRD (y ex militante de los grupos armados) dijo también, acertadamente, que antes que regodearse en sus supuestas limitaciones, al Informe había que verlo como un triunfo de todos los que, por lustros, denunciaron la existencia de los desaparecidos y lucharon por su presentación.
Otras críticas fueron en el sentido de que el Informe era la versión mexicana de la Ley de Punto Final de Argentina, pero aquí también se erró el tiro: mientras que Ley de Punto Final quiso, como su nombre lo indica, cerrar el capítulo de la guerra sucia y las desapariciones en aquel país, sin castigar penalmente a nadie; aquí el Informe de la CNDH y sus recomendaciones abrieron los cauces y los espacios para que se desarrolle la investigación, para que intervenga la sociedad y el Estado asuma su responsabilidad, para que se aclaren los crímenes del pasado, se conozca la verdad y se sancione a los responsables.
Finalmente, en la opinión pública quedó claro que, si bien la suerte del Informe dependería de la actitud del gobierno federal hacia sus conclusiones, ya la aceptación abierta de sus recomendaciones, por parte del presidente Fox, en particular la designación de un fiscal especial, constituía un mensaje inequívoco: que el Informe sobre desaparecidos inaugura una etapa en México, caracterizada porque el gobierno coincide con la opinión pública avanzada en la necesidad de esclarecer el pasado, abolir la impunidad, establecer medios, jurisprudencia e instituciones para la rendición de cuentas, y el castigo a los abusos y a las violaciones del poder.
Con una ventaja que destacó Federico Reyes Heroles: el Informe encontró una fórmula de presentación “que no genera confrontación institucional”, mediante el planteamiento –legalmente sólido- de que las instituciones (Ejército, Gobierno) no cometen delitos, sino en todo caso las personas que en un momento dado las encabezan o integran.
El Informe, escribió Raymundo Riva Palacio, “es la puerta de entrada al conocimiento público de lo que fueron esos años, pues las actuaciones de la CNDH valen jurídicamente para que se integre la denuncia penal”. Y Raúl Trejo Delarbre señaló que el Informe era un “ejercicio de franqueza y justicia” por parte de la CNDH, que ayudaba a enterrar para siempre a los espectros de la intolerancia y la represión.
[1] Por ejemplo, los testimonios que la CNDH obtuvo en 1990-91 de los agentes de la policía judicial del estado de Nuevo León que participaron en la detención de Jesús Piedra Ibarra.
[2] El temor de Fernández de Cevallos era infundado, pues en el propio Informe la CNDH decía que “es cierto que las organizaciones surgidas en torno a proyectos revolucionarios utilizaron la violencia, transgredieron las leyes y representaron un riesgo para la seguridad pública y las instituciones del Estado... Sin embargo, también es irrefutable que muchas de las respuestas por parte de las fuerzas públicas fueron realizadas fuera del marco jurídico”. Informe Especial sobre Desaparecidos, Presentación, p. 1.

El cerebro matrioshka

El ‘cerebro matrioshka’/Pedro J. Ramírez, director de El Mundo
Publicado en EL MUNDO, 09/12/07;
Dos de los lugares comunes más habitualmente manejados sobre la fabricación de las muñecas rusas o matrioshkas -así denominadas por su apariencia cilíndrica de amplio radio, tan faltas de cintura y generosas en volumen como la mayoría de las ajamonadas madres de familia campesinas de la estepa o de la tundra- son que se trata de una tradición ancestral con muchos siglos de artesanía a sus espaldas y que cada una de las piezas que se esconde en la inmediatamente mayor es igual a todas las demás.