¿...?/Ana Laura Magaloni Kerpel
Después de casi dos años de que el gobierno de Calderón decidió emprender una agresiva estrategia para combatir al crimen organizado, cada vez existe más desconcierto en la ciudadanía sobre cuál es esta estrategia y qué es exactamente lo que pretende el gobierno con ella. Nadie pone en duda que Calderón tiene toda la determinación para combatir frontalmente al crimen. Tampoco se puede cuestionar que dicha determinación refleja la convicción de Calderón de asumir a cabalidad la responsabilidad que conlleva ser el presidente de México. Sin embargo, nada de ello garantiza que su estrategia sea la correcta, ni mucho menos que tenga éxito.
La estrategia de Calderón, hasta donde podemos observar los ciudadanos, se hace notar en la guerra armada, en los soldados en las calles, en los operativos, en las balas, los muertos y los decomisos de droga y armamento. Todo ello, ¿en qué se traduce? Es decir, después de la "guerra" en el campo de batalla, ¿qué sucede? ¿Cuántos de estos operativos terminan con sentencias condenatorias de delincuentes relevantes? Los datos disponibles indican que hay una enorme disociación entre el campo de batalla y el campo judicial, lo cual me hace pensar que la estrategia del gobierno de Calderón en el mejor de los casos es incompleta y en el peor es incorrecta.
El Consejo de la Judicatura Federal hizo públicos, vía internet, dos estudios estadísticos sobre todos los procesos penales federales del 2006 y del 2007. Es en este ámbito, el de la justicia federal, en donde se procesan y sentencian los delitos de crimen organizado. Uno de los datos más preocupantes de dichos estudios es que entre el 2006 y el 2007 no hubo un incremento en el número de asuntos consignados por la PGR. Es más, hubo ligeramente un decremento. Así, mientras que en el 2006 la PGR consignó 50 mil 218 averiguaciones previas, en el 2007 fueron 47 mil 852. De ese conjunto de asuntos, ¿cuáles fueron relevantes y cuáles no? En el 2006, de nuevo, hay más consignaciones por delitos graves que en el 2007 (28 mil 382 y 25 mil 924 respectivamente). Es decir, el primer año de lucha frontal contra el crimen organizado, de operativos, balas, muertos, decomisos, etcétera, no se diferencia, en cuanto al número de presuntos responsables detenidos, procesados y sentenciados, respecto de un año (el 2006) en donde el país estaba casi paralizado por el conflicto postelectoral.
Si analizamos con más profundidad las consignaciones de la PGR durante el 2007, tenemos que 21 mil 143 (41 por ciento) tuvieron que ver con delitos contra la salud. Este número, en términos comparados, es sorprendentemente bajo. En Chile, según las cifras del Ministerio del Interior, en el 2006 hubo 27 mil 358 detenciones por droga, es decir, 6 mil 215 más que en México. Sobra decir que Chile tiene 15 millones de habitantes, no 100 millones, y que no tiene el calibre del problema de droga que nosotros tenemos.¿Qué nos dice todo ello respecto de la estrategia del gobierno de Calderón en materia de crimen organizado? Por lo menos indica que la estrategia es incompleta: el combate es agresivo en el "campo de batalla" pero débil e ineficaz en el campo de las instituciones legales encargadas de aplicar la ley. Esta disociación es inquietante. La fuerza del Estado se mide, en parte, por su capacidad de hacer efectiva la ley, por juzgar y encarcelar a los delincuentes, por generar orden, por proveer paz social. En contraposición, la fuerza del crimen organizado está íntimamente relacionada con su capacidad de generar violencia, desorden, muertos, corrupción, miedo e impunidad. Así, mientras que la tremenda "batalla armada" entre delincuentes y fuerzas del orden no dé como resultado que las personas vinculadas a las organizaciones criminales sean juzgadas y encarceladas, ¿cómo va a recuperar el Estado su fuerza y autoridad frente al crimen? Y, lo más importante, ¿por qué creer que la beligerancia de la "batalla armada" es un indicador de éxito de las autoridades? Todo lo contrario.
Mi impresión de que algo anda mal en la estrategia del combate al crimen organizado se acentúa cuando analizo el número de consignaciones por delitos relacionados con el lavado de dinero. En el 2007, la PGR sólo consignó 458 averiguaciones previas por delitos financieros y bancarios y 171 por delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita. Los números del 2006 son muy similares. Es decir, todo parece indicar que la guerra en contra del crimen organizado sólo se ha peleado con balas, decomisos y soldados y que, por tanto, la enorme capacidad financiera que tienen las organizaciones criminales simplemente ha quedado intacta.No es exagerado afirmar que en la batalla contra el crimen organizado nos estamos jugando el futuro del país. Son muy preocupantes las piezas ausentes en la estrategia del gobierno de Calderón. ¿Qué está pasando? Para que no prevalezca este desconcierto en la opinión pública, me parece que Calderón tiene que darnos información que nos permita responder al menos tres preguntas básicas: cómo define el problema, cuál es su estrategia y cómo está midiendo el éxito de la misma. Hoy, casi dos años después de iniciada esta batalla contra el crimen organizado, estas tres preguntas no tienen una respuesta clara.
