La Silla Rota/FRED ALVAREZ | OPINIÓN | 2016-03-17
Elba Esther Gordillo Morales de 71 años de edad se encuentra recluida en un centro de “reinserción“ de la Ciudad de México desde las 22:49 horas del 26 de febrero de 2013: Había sido detenida cuatro horas al descender de un avión procedente de San Diego, California, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, Estado de México. Al descender del jet, la otrora lideresa del sindicato de trabajadores de la Educación fue arrestada junto con otras tres personas; le fue presentada una orden de aprehensión, girada dos días antes, por el juez Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tipificado como grave, y sin derecho a fianza.
Esa noche el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam convocaba a una rueda de prensa, donde no hubo preguntas ni respuestas, sólo se leyó la “información relevante”. “Como ustedes entenderán –precisó el procurador- , se trata de una averiguación (previa) a la que todavía le falta mucho, tendremos que presentarla ante el juez y por ello es que no puedo contestar preguntas...”.
Pocos días después, exactamente a las veintidós horas con quince minutos del 4 de marzo de 2013, el juez decretaba auto de formal prisión en contra de la Sra. Gordillo como probable responsable de:
- Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prevista y sancionada en el artículo 2, fracción I, hipótesis sexta, en relación con el diverso 4, fracción II, inciso a, en relación con la primera y las restantes en el inciso b, del mismo ordenamiento.

