RAÚL MONGE
Revista Proceso # 2123, 9 de julio de 2017
El jueves 6, poco después del mediodía, la dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de la oficina del procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, dio entrada a dos denuncias penales contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y otros servidores públicos.
En ambas se acusa al funcionario federal por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones y acciones contra la administración de justicia.
El promovente de las querellas es el abogado Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien se desempeñó como responsable de la Coordinación General de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) bajo el mando de Diódoro Siller Argüello, del 1 de marzo al 28 de noviembre de 2014; es decir, fue subordinado de Navarrete.
Siller Argüello dejó la Junta Federal envuelto en el escándalo, luego de que en enero de 2015 dos empleados lo acusaron ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública de incurrir en ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos contra la administración de la justicia y desvío de recursos humanos y financieros en colusión con otros directivos.





