Revista Proceso 2123, 9 de julio de 2017..
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezada por Rosario Robles desde hace un par de años, es el lugar ideal para que los allegados a la funcionaria vivan del presupuesto gracias a la etérea figura de las “asesorías”. Así, personas que antes trabajaron con ella en la Sedesol y también sus amigos, operadores políticos, militantes priistas, estudiantes o hijos de viejos políticos del régimen, le han costado al erario más de 500 millones de pesos del año pasado a la fecha.
Con la más absoluta discrecionalidad, Rosario Robles Berlanga ha formado una legión de “asesores” en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a un costo que en su primer año de gestión rebasó los 369 millones de pesos.
Y lo hizo mediante miles de contratos de “prestadores de servicios profesionales”, que la Oficialía Mayor, a cargo de Emilio Zebadúa González, otorgó a particulares en la modalidad de adjudicación directa.
Entre los beneficiarios de estos contratos destacan numerosas personas que laboraron a las órdenes de Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2013 y 2015. Pero también aparecen amigos de la funcionaria, operadores políticos y militantes priistas, estudiantes, hijos de políticos e incluso un exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Algunos de ellos obtuvieron remuneraciones particularmente jugosas: en el primer semestre de 2017, por ejemplo, al menos 217 tenían un ingreso superior a 32 mil 500 pesos mensuales –un monto equiparable al salario de un subdirector en la Sedatu–, mientras 40 cobraron más de 60 mil pesos mensuales.
Es el caso de Ramón Sosamontes Herreramoro, aliado fiel y operador político de Robles desde hace años.
A principios de esta década ambos fueron marcados por sus relaciones con el polémico empresario Carlos Ahumada Kurtz: Robles fue acusada de beneficiar al empresario –con quien sostenía una relación amorosa– desde el gobierno del Distrito Federal, y Sosamontes fue videograbado mientras entregaba al argentino una maleta con 1 millón de dólares.
Los escándalos los obligaron a renunciar a su militancia en el PRD en 2004 y, al integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto a principios de 2013, Robles reclutó a Sosamontes como jefe de oficina.
Cuatro años más tarde el hombre sigue ostentándose en los actos públicos como jefe de oficina de la funcionaria en la Sedatu. Sin embargo no forma parte de la nómina de la dependencia ni de la administración federal. Aun así, cobra 110 mil pesos mensuales como “asesor” en la secretaría.
Cómo él hay muchos: sólo el año pasado la Sedatu adjudicó 2 mil 624 contratos a particulares por un total de 369 millones 448 mil pesos. Y en los primeros seis meses de 2017 la dependencia emitió mil 171 contratos por 172 millones 577 mil pesos.
El nivel de discrecionalidad y arbitrariedad que impera en este sistema es altísimo, según muestran las consultas en las bases de datos públicas, información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y centenares de documentos internos de la Sedatu obtenidos por Proceso.
Así, cada área de la dependencia elige a quiénes quiere contratar y decide el monto de la remuneración. Las áreas son, además, las encargadas de supervisar a sus “asesores” y determinar si cumplieron su misión, por lo que escapan a la vigilancia del Órgano Interno de Control.
Por si fuera poco, estos “asesores” gozan de condiciones laborales de ensueño: no tienen horarios establecidos, no están obligados a acudir a las oficinas de la institución y además pueden conseguir empleos en los sectores público y privado.
“Asesora en la tramitología de documentos”
Para operar este esquema dentro de la legalidad, la Oficialía Mayor contrata a los “prestadores de servicios profesionales” mediante la partida 33104, llamada “Otras Asesorías para la Operación de Programas”.
Ello explica que todas las personas contratadas aparecen como “asesores”, aunque muchas veces sus títulos resulten absurdos. Así, un chofer está contratado formalmente para la “asesoría en la conducción de vehículos para el traslado del personal”, mientras una oficinista es “asesora en tramitología de documentos, escaneo y fotocopiado”.
En respuesta a un cuestionario enviado por este semanario, la Sedatu insistió varias veces en que todo este sistema es legal e informó que el número de asesores “sufrirá una disminución significativa” en el segundo semestre del año, debido a las políticas de ahorro determinadas a nivel federal.
Este sistema de contratación discrecional opera bajo la supervisión de Zebadúa –oficial mayor de Rosario Robles desde su gestión en la Sedesol–, así como de sus subordinados Humberto René Islas Cortés y Enrique Prado Ordóñez, directores de Administración de Bienes Materiales y de Adquisiciones y Contratos, respectivamente, en la Sedatu.
Exconsejero electoral en el IFE, Zebadúa fungió entre 2000 y 2003 como secretario de Gobierno en Chiapas en la administración del perredista Pablo Salazar Mendiguchía. Luego fue diputado federal y entre 2006 y 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro, una asociación civil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Islas Cortés es técnico electricista y tiene una carrera de más de 20 años en la administración federal, mientras Prado es ingeniero en electrónica por la UNAM.
Según su declaración como servidor público, Prado fue asesor comercial en el sector privado entre 2001 y 2006, luego ocupó un cargo de subdirector en la Secretaría de Transportes y Vialidad capitalina, hasta que se integró al equipo de Robles en la Sedesol, en 2013, como director del Área de Licitaciones y Adjudicaciones de Contratos.
Este sistema de contratación es un mal congénito en la Sedatu. Existe desde 2012, según la dependencia.
En 2014, en la administración del priista Jorge Carlos Ramírez Marín –ahora diputado federal–, la dependencia otorgó 2 mil 103 contratos de “prestadores de servicios profesionales” por 308 millones de pesos. Esta suma resultó 60 millones menor que la que gastó Robles en su primer año como titular de la dependencia.
Contratos de lujo
El mayor Carlos Tiburcio Zárate Ruiz, exintegrante del Estado Mayor Presidencial, supervisó la seguridad de Robles en la Sedesol y obtuvo tres contratos semestrales desde enero de 2016, por un monto total de 1 millón 982 mil pesos.
Pese a que sigue acompañando a Robles a todos lados, su cargo formal en la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu es el de “asesoría administrativa en la coadyuvancia de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional en la formulación de indicadores y demás controles sobre el cumplimiento de los programas de la secretaría, así como en su aplicación y análisis”, según un correo interno de la dependencia.
Fernando del Villar Moreno, quien dirigió el Cisen entre 1990 y 1993, obtuvo también contratos en la Sedatu en 2016 y 2017. El último, fechado el 31 de enero de 2017, se eleva a 314 mil pesos con una duración de seis meses, o sea poco más de 52 mil pesos mensuales.
En julio de 2016 la Sedatu otorgó un contrato de 780 mil pesos a Aldo Alonso Santillán Flores por seis meses, el cual quedó vigente hasta el 20 de diciembre. Pero, en un oficio del 13 de diciembre, el hombre apareció como director de administración y finanzas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Yara Notario Páez obtuvo la licenciatura en diseño publicitario en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en el año 2000. Desde hace dos años trabaja en la Sedatu como asesora en la “coordinación del proceso de control de archivos tanto histórico como de concentración generado por la Oficialía Mayor”, puesto por el cual su contrato de seis meses indica un monto de 438 mil 41 pesos, equivalentes a 73 mil pesos mensuales.
Rosalba Camacho es cercana a Zebadúa, para quien laboró en la Sedesol como asesora jurídica. Entre 2010 y 2013 fue contralora de los polémicos Cusaem (los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México), órgano policiaco público-privado de la entidad mexiquense, y su contrato en la Sedatu le asegura un ingreso mensual de 91 mil pesos.
Al borde de la legalidad
La plantilla laboral de la Sedatu cuenta con mil 907 funcionarios, según la estructura orgánica vigente de la dependencia consultada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Entre ellos hay 662 servidores públicos de confianza, cuyos salarios mensuales netos van de 9 mil 95 hasta 140 mil pesos.
En lo que va de 2017 la dependencia contrató además a 748 personas por honorarios, por un total de 67 millones 706 mil pesos, según datos del POT. Los periodos de contratación por honorarios varían de un mes a un año completo.
Interrogada sobre cómo justifica este triple sistema de contratación, la Sedatu responde, en resumen, que lo hace porque puede. Afirma que estas distintas modalidades de contratos “están permitidas en la legislación mexicana y tienen como fin contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos de la secretaría”.
Afirma además que la contratación de “prestadores de servicios profesionales” está respaldada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.
Sin embargo, esta ley establece que las dependencias deben licitar el contrato con invitación a por lo menos tres personas cuando se trata de “servicios de consultoría, asesorías, estudios o investigaciones”. La única modalidad en la que se puede otorgar el contrato por adjudicación directa se da cuando la información proporcionada a los licitantes es reservada, lo cual no resulta evidente en el caso de los “asesores” de la Sedatu.
A diferencia de los funcionarios de planta y los de honorarios, los “asesores” de la Sedatu no tienen prácticamente ninguna obligación respecto a la dependencia.
Una cláusula del contrato –obtenido por Proceso– plantea por ejemplo que “no se da lugar a la existencia de subordinación, jornada laboral, lugar de trabajo, pago de salarios, sueldos o demás prestaciones de carácter económico y/o social, ni de cualquier circunstancia que pudiera implicar una relación laboral” entre la Sedatu y el contratista.
En respuesta al cuestionario, la Sedatu insistió: “NINGUN (sic) prestador de servicios profesionales forma parte de la nómina de Sedatu porque la relación contractual que tiene con (la institución) es de carácter civil y responde a un régimen fiscal específico”.
Cada mes y a fin de año los “prestadores de servicios profesionales” deben enviar “entregables” al área responsable, para dar cuenta de su labor en la Sedatu. Sin embargo, este semanario constató que estos “entregables” son una simulación: se trata en realidad de un formato estándar de una cuartilla, donde el “asesor” replica el nombre del puesto que indica su contrato.
Perfiles extraños
Otros personajes que obtuvieron contratos en 2017 tienen perfiles más discretos, según una muestra de currículos de prestadores de servicios profesionales que Proceso consiguió vía la ley de transparencia.
Entre ellos destacan hijos de políticos, como Jorge Carlos Zataraín Nungaray, quien acumula desde el año pasado su cargo de “asesor” en la Sedatu –por el cual cobra 39 mil pesos mensuales– con un puesto de jefe de departamento en el ISSSTE.
Su padre, el sonorense Carlos Ernesto Zataraín González, tiene una militancia de más de 30 años en el PRI, partido por el cual fue diputado federal entre 2006 y 2009. En los primeros días de la administración de Enrique Peña Nieto entró a la propia Sedatu, donde funge ahora como director general de Concertación Social.
María Eugenia Montano Bermúdez también tiene un padre priista: se trata de José Alejandro Montano Guzmán, quien fue candidato priista a la alcaldía de Xalapa este año y lleva una amplia carrera en la política, en la que fungió como director de seguridad pública de Veracruz y diputado federal.
El papel de Montano Bermúdez en la Sedatu, según su currículo, consistió en asesorar al oficial mayor “en la formulación de los proyectos y manuales de organización y/o procedimientos de las unidades administrativas de la dependencia”; su contrato para 2017 se eleva a 251 mil 748 pesos, equivalentes a 42 mil pesos mensuales.
En la lista de contratistas de la Sedatu figuran jóvenes que “asesoran” a la par de sus estudios: es el caso de María del Pilar Islas Tapia, quien cursa décimo semestre de la licenciatura en derecho en la UNAM y asesora a Zebadúa en “la recopilación de datos”; o de Dalia Guadalupe Zazueta Aispuro, quien se inscribió en junio de 2016 en la licenciatura en administración de empresas en la universidad ETAC. Ambas cobran 42 mil pesos mensuales.
La lista es interminable: también está Marianna Frías Esquer, quien coordinó la campaña de Mariana Moguel Robles –hija de Rosario Robles y actual presidenta del PRI capitalino– para una diputación local; o Rafael Garduño Alcántara, priista de la vieja escuela, originario de Ixtlahuaca, Estado de México, y asesor de Gustavo Cárdenas Monroy –ahora subsecretario de la Sedatu–, desde hace 35 años.
Opacidad dolosa
Se supone que cada contratación de “prestador de servicios profesionales” debería platicarse y aprobarse durante los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Sedatu.
Con el afán de verificar si cada contratación fue revisada y sometida a discusión, Proceso pidió a la dependencia, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, que le entregara las copias de las actas de los 38 comités llevados a cabo desde 2015.
La respuesta del área a cargo de Zebadúa pareció una burla: puso a disposición del reportero la versión pública de la información solicitada, la cual consta de 427 mil 695 hojas.
Suponiendo que funcionarios –o “asesores”– de la Sedatu realizaron la labor titánica de sumar cada hoja hasta alcanzar esta suma, la cifra es inverosímil: según la Oficialía Mayor, cada acta de los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios constaría de 11 mil 255 hojas en promedio.
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