Un niño en el infierno penitenciario de Sinaloa.

 Un niño en el infierno penitenciario de Sinaloa.

Por Fred Alvarez Palafox

@fredalvarez.

El horror en Sinaloa ya no se mide únicamente en balaceras ni en el conteo diario de ejecutados; hoy tiene el nombre de un bebé de un año y nueve meses. Se llamaba Rafael. Acudió al Penal El Castillo, en Mazatlán, para visitar a su padre e ingresó a un área de juegos que terminó convertida en campo de batalla.

Un grupo armado irrumpió a quemarropa. El padre intentó cubrir al pequeño con su cuerpo, pero las ráfagas los alcanzaron a ambos. Lo verdaderamente indignante ocurrió después: según la demanda de amparo documentada por el periodista Abel Barajas, los custodios —lejos de socorrer al bebé con una herida de bala en el pecho— sometieron con violencia al padre herido y dejaron al menor desangrándose en el piso. 

Horas más tarde, Rafael falleció.

Este episodio expone de forma cruda el colapso del sistema penitenciario y el autogobierno criminal. La violencia acumuló un saldo de doce personas fallecidas en dos jornadas consecutivas: el 8 de octubre, una riña se saldó con diez muertos —nueve internos  y el pequeño Rafael— y más de dieciséis heridos; apenas veinticuatro horas después, un nuevo enfrentamiento cobró dos vidas más, confirmando la ingobernabilidad total del recinto.

Ante este horror, las preguntas son inescapables:

¿Cómo ingresan armas de alto poder a un reclusorio bajo custodia oficial?

¿Cómo se transforma el área de visitas infantiles en una zona de guerra?

¿Hasta qué punto los penales de Sinaloa se han convertido en bastiones impunes de la pugna entre facciones del crimen organizado?

Mientras un padre herido suplica a un juez la última concesión de su dignidad —poder despedirse del cuerpo de su hijo—, la respuesta institucional se refugia en la burocracia. 

Cuestionada en su conferencia matutina, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum se limitó a señalar que el caso se abordó en el Gabinete de Seguridad, delegando la responsabilidad a la autoridad local.

¿Es aceptable que ante la muerte violenta de un inocente dentro de una instalación del propio Estado, la máxima autoridad federal responda deslindándose hacia un gobierno estatal claramente rebasado? Y sobre todo: ¿qué tiene que decir la C. gobernadora interina ante esta barbarie?

Cuando las autoridades omiten el auxilio médico inmediato a un bebé desangrado tras las rejas, no estamos ante una falla técnica. Estamos ante la quiebra moral del Estado.

¡Con los niños no! ¡No se vale…