¿Guerra contra la
inmigración?/
El País |3 de septiembre de 2015…
La tragedia humana que
tiene lugar a las puertas de la UE conjuga de forma espectacular la profunda
imbricación de varios tipos de demanda migratoria; los solicitantes de asilo,
huyendo de la descomposición de sus Estados y de las guerras civiles, se suman
a los inmigrantes económicos, intentando escapar de la miseria o sencillamente
deseosos de vivir más dignamente. Lo novedoso es que los candidatos a la
emigración, pertenezcan a la categoría que sea, quieren abrir a toda costa las
fronteras de la fortaleza Europa. Esta ofensiva refleja el agotamiento del
modelo de gestión migratoria puesto en marcha desde 1985.
Con la adopción de los
Acuerdos de Schengen (1985-1990) y su prolongación con los Acuerdos de Dublín
(1990-2003), la estrategia comunitaria ha erigido una auténtica barrera de
hierro frente a las migraciones externas: cierre de la inmigración laboral para
los no comunitarios (compensada con una admisión más flexible de la
reagrupación familiar para los inmigrantes instalados legalmente en Europa);
reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y por tanto del
derecho de asilo; gestión cuasi militar del control de fronteras; y adopción,
en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer
su solicitud en el país final de destino sino en el de llegada a Europa.
Si se observa la reacción
tanto de los inmigrantes económicos como de los solicitantes de asilo —es
decir, recurso inevitable a la inmigración ilegal, incremento de la
reagrupación familiar— ante este vasto muro de seguridad, se puede constatar
que la presión migratoria, aunque con el endurecimiento progresivo de las
leyes, ha sido mantenida en límites estrechos para la UE.
Pero, en paralelo, poniendo
en evidencia el carácter cortoplacista de esas medidas, la demanda migratoria
no ha cesado de aumentar en los últimos 30 años. Se ha creído que se podía
contener, para siempre jamás, un problema estructural de naturaleza demográfica
y geoeconómica únicamente con medidas policiales: ¡esto es lo que hoy explota
en plena cara de la Unión! La ofensiva conjunta de los solicitantes de asilo,
trabajadores comunitarios provenientes de países pobres de la Unión e
inmigrantes económicos no comunitarios quiebra finalmente la muralla del
imperio europeo.
Pero más que nunca, y por
causa de la crisis, la mayoría de los países europeos clama su rechazo a la
acogida de nuevos inmigrantes; algunos no dudan en desestabilizar la situación
de los extranjeros ya instalados legalmente para recortar aún más los derechos
o expulsarlos; otros limitan la libre circulación de los trabajadores
comunitarios, las opiniones públicas se arman contra la amenaza migratoria,
mientras que centenares de miles de desesperados piden ayuda a los pies de la
fortaleza sin vacilar a la hora de poner su propia seguridad en juego,
transformando su búsqueda de una vida mejor en obligación de socorro a personas
en peligro. Desbordado por completo, el sistema Schengen-Dublín se raja poco a
poco. Es lo que ha reconocido, el 16 de agosto, ante la afluencia de refugiados
en Alemania, la canciller Merkel. Así pues, sugiere “revisarlo completamente”.
Pero, ¿en qué sentido?
La tendencia desarrollada
estos últimos años ha sido la de la renacionalización de las políticas
migratorias, reduciendo a su más simple expresión la capacidad común de
gestionar estos flujos, aunque sepamos que son continentales. ¿No hemos
asistido, por cierto, en relación al asilo, a un lastimoso espectáculo dado
recientemente por países de la zona euro —cuyo PIB se encuentra entre los más
altos del mundo— rechazando rotundamente acoger a unos cuantos millares de
siniestrados?
Esta voluntad de
renacionalizar la gestión de flujos, de la que Gran Bretaña ha hecho bandera,
es más nefasta que la propia impotencia actual. Y es irrealista, puesto que no
tiene en cuenta la complejidad del fenómeno migratorio. Si las políticas de
contención de estos últimos 30 años saltan hoy es principalmente porque han
llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha sin
percatarse que la única manera de limitarla era el aumento significativo de la
ayuda al desarrollo en los países no comunitarios a fin de estabilizar in situ
las poblaciones. Además, este blindaje de la fortaleza europea se sufre como
una cruel relegación a espacios de miseria a millones de personas que viven en
las fronteras de la riqueza, mientras que la libertad de circulación aparece hoy
día como un derecho fundamental en el mundo. Por último, y es la variable
agravante, la voluntad de emigrar se ha redoblado por el crecimiento
demográfico, que vuelve prácticamente imposible, especialmente en el África
subsahariana, la absorción de las jóvenes generaciones por el mercado de
trabajo.
Ahora bien, ningún Estado
europeo puede, por sí solo, afrontar estos desafíos. Solo una política común,
que tenga en cuenta los tropismos históricos y los intereses económicos de cada
Estado concernido, puede aportar soluciones. En caso contrario, la Unión se
verá involucrada en una espiral de militarización caótica de sus fronteras.
Es, por tanto, crucial que
las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una
estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Podría llegar
a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo. Debería proponer,
junto con los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la
zona euro, la creación de documentos de residencia móviles de los trabajadores,
de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los
países de acogida. Estos documentos no supondrían, automáticamente, el derecho
a la reagrupación familiar pero podrían responder, en parte, a la demanda migratoria
no satisfecha; desarrollar sobre todo una política europea común de
cooperación, articulándola, si es necesario, con las distintas políticas
nacionales, con el fin de aumentar la parte del presupuesto europeo consagrado
a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e
industriales), medioambientales y agrarios; revisar —necesariamente al alza— el
derecho de asilo acordado a los refugiados si quieren evitar más muertes de
inocentes; atacar a las mafias de trata de personas con una fuerza de
intervención asociada con los países afectados y bajo mandato de la ONU; y
reforzar el papel de las asociaciones civiles, de los municipios y de las
comunidades en la acogida de los refugiados. Estas líneas de actuación no son
exhaustivas; tienen únicamente por finalidad reformar un sistema migratorio
demasiado rígido, responsable en parte de las tragedias actuales, y considerar
a los inmigrantes no una amenaza de guerra, sino una oportunidad para la Europa
del siglo XXI.
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