Revista
Proceso
# 2031, 4 de octubre de 2015..
La
crisis humanitaria por la que atraviesa México desde que comenzó la guerra
contra el narcotráfico se ha acentuado y la “impunidad es estructural”,
señalaron enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
un informe elaborado tras recorrer el país.
El
informe preliminar, difundido el viernes 2, fue desconocido de inmediato por el
gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto del subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
“No
compartimos que un informe preliminar realizado en cinco días pueda reflejar la
situación real del país”, dijo Campa al señalar que las consideraciones de los
enviados de la CIDH sólo se fundamentaban en seis entidades y en temas
específicos.
En
las seis entidades visitadas –Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Veracruz,
Coahuila y Nuevo León– los comisionados recibieron las mismas quejas de
víctimas, familiares y defensores sobre “los obstáculos que han encontrado en
su búsqueda de justicia y la desconfianza en las autoridades”, lo cual “ha
creado una situación de impunidad de carácter estructural”, sostiene el
documento.
“La
visita in loco solamente se da cuando hay situaciones graves de preocupación, y
eso es lo que nos trajo aquí, alarmados por las noticias que recibíamos de la
situación en México y pensando que con esta visita se pueda colaborar para que
se ajusten las instituciones a la realidad y que se pueda lograr que la
ciudadanía se sienta defendida por el Estado”, explica en entrevista Rosa María
Ortiz, relatora para asuntos de la niñez.
Los
normalistas
Los
comisionados elaboraron un apartado sobre el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos el año pasado, a fin de respaldar las conclusiones del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “las cuales se distancian
de la hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la
Procuraduría General de la República (PGR)” y para pedirle al Estado mexicano
que permita a los expertos entrevistar a los testigos de los hechos, entre
ellos a los soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
El
informe preliminar aborda ampliamente el fenómeno de la desaparición que “ha
alcanzado niveles críticos”, con el reporte oficial de “26 mil 580 personas
desaparecidas o extraviadas actualmente en México”, según la información
recabada por los comisionados, que obtuvieron además “información amplia y
consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a
manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia
de las mismas”.
Para
los comisionados es grave que frente a la cifra descomunal de desapariciones y
la herencia de la Guerra Sucia, sólo haya dos sentencias condenatorias hasta
2012 por ese delito de lesa humanidad. Ninguna de ellas firme.
Tras
señalar que las cifras oficiales no son “confiables”, la CIDH encontró que
prevalece la desconfianza ciudadana para interponer quejas formales por
desapariciones, además de que familiares de víctimas denunciaron amenazas y
hostigamiento, sin contar con que las autoridades responsables suelen negarse a
abrir indagatorias o clasificar mal el delito.
La
experiencia extrema sobre la manera de abordar las desapariciones se expresa en
Iguala, donde familias organizadas en Los Otros Desaparecidos se han dado a la
tarea de buscar a sus familiares en los cerros. Han localizado restos de 129
personas, la mayoría sin identificar.
Los
comisionados apuntan en su informe que en el municipio de Iguala se tienen
reportadas 450 desapariciones, lo cual evidencia que el fenómeno es
generalizado “y que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado”.
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