Salvador Cienfuegos Zepeda se impuso a los legisladores advirtiéndoles que él sólo le reporta al presidente de la República y sólo se somete a los tribunales del orden común y del fuero federal, nunca a organismos extranjeros….“
Revista
Proceso
# 2032, a 10 de octubre de 2015../portada
La Sedena:
entre la soberbia y la cerrazón/JESUSA CERVANTES
Lo
que pudo ser un encuentro constructivo entre los diputados de la comisión que
indaga el caso Ayotzinapa y el secretario de la Defensa, se tornó en una
reunión ríspida cuando el general Salvador Cienfuegos se vio obligado a fijar
su postura sobre la inacción militar en la noche de Iguala. Fue tajante: dijo
que el Ejército no intervino porque nadie le pidió hacerlo y, además, advirtió
que no le rendirá cuentas a ningún organismo extranjero. Y aun cuando accedió a
que los miembros del 27 Batallón sean interrogados, dijo que esto sólo
ocurriría con la presencia de un superior a su lado, para evitar
“intimidaciones”.
Soberbio
y negado a cualquier interrogatorio de organismos extranjeros, el titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos
Zepeda, advirtió a legisladores de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa que
el trabajo de sus soldados podrá someterse al escrutinio legislativo siempre
que eso ocurra con un superior a su lado para evitar “intimidaciones”.
Durante
dos horas y media, Cienfuegos y altos mandos de la Sedena –el general Gilberto
Hernández Andreu, oficial mayor; el encargado del Área Jurídica, general
Alejandro Ramos; y el director de Derechos Humanos, general José Carlos Beltrán
Benítez– se impusieron ante la mayoría de los diputados federales. De entrada,
prácticamente catearon a los legisladores para evitar que entraran a las
instalaciones de la Defensa con celulares, grabadoras o cámaras. Además,
impidieron que sus asesores los acompañaran.
La
que hubiera podido ser una tersa reunión entre diputados federales y el titular
de la Sedena y sus subalternos se convirtió en una dura crítica por parte de
dos diputados federales: Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, y Araceli
Damián, de Morena, quienes desentonaron en el “cordial” encuentro.
“Displicente”,
“soberbio” –como lo calificaron– y con todo lo que el uniforme de cuatro
estrellas puede provocar ante sus interlocutores, Cienfuegos Zepeda se impuso a
los legisladores advirtiéndoles que él sólo le reporta al presidente de la
República y sólo se somete a los tribunales del orden común y del fuero
federal, nunca a organismos extranjeros.
A
los ocho miembros de la Comisión Especial les dijo que los militares no
declaraban ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “pero que con mucho
gusto se reportan a las instituciones y a los poderes de México”.
“¡Entonces
hágalo realidad, general secretario, y permita que entremos al 27 Batallón!”,
se atrevió a decir Damián.
Con
su voz pausada, la diputada sorprendió a Cienfuegos, quien manifestó su
disposición para que los miembros de la Comisión Especial de Ayotzinapa
ingresen por vez primera a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en
Iguala y puedan interrogar a sus miembros.
Pero
Beltrán Benítez paró en seco el entusiasmo de los diputados. “Habría que ver en
calidad de qué los interrogarán, cómo va a quedar la declaración de los
soldados, porque en términos de derechos humanos también (sic) podríamos
violárselos”.
Siguió:
“Hay que establecer qué papel juegan ustedes los diputados. Primero se tienen
que acordar las bases sobre las cuales se podría realizar ese interrogatorio”.
Luego les advirtió: “Ningún soldado podrá declarar ante ustedes si no se hace
acompañar de su superior… porque ellos se sentirían intimidados ante los
legisladores”.
Damián
calificó la advertencia de “penosa”, pues sostuvo que “si finalmente no hay
nada que ocultar y el Ejército actuó de manera ejemplar, como nos lo dijeron en
esa reunión, no deberían tener miedo a que los soldados declaren sin
acompañamiento, pues podría ser a la inversa: que los superiores intimiden a
los soldados y limiten sus declaraciones”.
De
los ocho integrantes de la recién creada comisión especial del caso Ayotzinapa
–se aprobó el pasado 15 de septiembre–, seis jamás habían participado en
acciones legislativas y no tienen mucho conocimiento en materia penal.
Su
presidenta, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, fue secretaria de
gobierno del estado de Querétaro. Se le considera una mujer prudente y afecta a
los consensos. Desde el momento en el que se creó la Comisión, ha enviado
oficios a distintas autoridades para sostener entrevistas con ellas; los
primeros en responder y fijar fechas fueron Cienfuegos y la procuradora general
de la República, Arely Gómez.
“Intransigente”
La
cita con el secretario Cienfuegos se concretó el martes 6 en las instalaciones
de la Sedena, de las 18:00 a las 20:30 horas. En el encuentro, el general y
parte de su Estado Mayor dieron lectura a un documento de 18 cuartillas en el
que presentaron un “informe cronológico de la participación militar” en los
hechos de los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando seis
personas murieron y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos desaparecieron luego de ser atacados por la Policía Municipal.
De
entre los legisladores federales presentes, sólo dos tienen experiencia, pero a
nivel local: Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde, fue diputado en la
anterior Legislatura de Guerrero; formó parte de la Comisión Instructora que se
negó a revocar el mandato del entonces alcalde José Luis Abarca luego del
asesinato de tres perredistas. El otro es el abogado, exlegislador por Jalisco
y exsubprocurador de esa entidad Víctor Sánchez.
Único
en rebatir los argumentos del general respecto a su no intervención en los hechos
de Iguala, Sánchez dice en entrevista con Proceso que Cienfuegos se portó de
manera “soberbia” e “intransigente” al abordar el tema de los interrogatorios y
su inacción en materia de combate al crimen organizado en Iguala.
Durante
el encuentro estuvo “atento”, se dio lectura a la cronología y respondió a las
preguntas, pero cuando se tocó el punto de los interrogatorios por parte del
GIEI, asumió una actitud soberbia; también cuando argumentó que la persecución
del crimen organizado no era trabajo de la Sedena, comenta Sánchez.
Y
sostiene que jurídicamente es un “error” la posición de Cienfuegos y su rechazo
a que los soldados sean interrogados por miembros del GIEI, como lo dijo el
general en entrevista televisiva.
“Nos
dijo que el GIEI no puede entrevistar ni interrogar a los militares. Está en un
error y mal asesorado. También lo dijo el general del área de derechos humanos
y el del área jurídica de la Sedena.
“En
una actitud soberbia nos dijo que la Sedena es la defensora de la soberanía
mexicana y que no puede venir ningún ente extranjero a entrevistarlos.
“Eso
es un error jurídico pues la Suprema Corte estableció criterios
jurisprudenciales donde el concepto de soberanía cambió desde el momento en que
México tiene tratados internacionales. En éstos, el país tiene derechos pero
también obligaciones. Recordemos que fue el Estado mexicano el que pidió la
intervención de la CIDH, y ella tiene su fundamento en la Organización de
Estados Americanos. México es miembro de la OEA; en consecuencia, ésta tiene
facultades para entrevistar a militares mexicanos”, sostiene el legislador.
Pero
no sólo eso. El GIEI, añade, es coadyuvante de las víctimas. “Entonces la
posición del secretario es equivocada, tanto legal como políticamente”.
Sobre
este último punto comenta: “El secretario es titular de una institución, y como
tal tiene muchas facultades, pero no debe ser defensor de los actos u omisiones
de sus soldados”. Y va más allá: sostiene que el titular de la Sedena “debió
iniciar una investigación para que en términos de las leyes marciales revise la
responsabilidad que tuvieron estos elementos del 27 Batallón. Él no debe asumir
una posición de respaldo y defensa a ultranza. Debe estar abierto a que haya
una indagación”.
El
hecho de que ni siquiera se haya abierto una instrucción en el área marcial,
acusa, denota una actitud intransigente.
Detalla
que cuando México firmó tratados internacionales en materia de derechos humanos
que luego fueron ratificados por el Senado, “desde ese momento el secretario no
puede estar apelando a no permitir esta entrevista”.
Un
segundo momento de tensión durante el encuentro ocurrió cuando Cienfuegos
justificó la no intervención de los soldados en el momento del ataque a los
normalistas.
Luego
de la lectura de las 18 cuartillas del informe, Sánchez inquirió al secretario
sobre el “antes” de los hechos. Las preguntas fueron: “¿Tenían información de
los grupos criminales que operaban en la zona? ¿Se tenía información de los
vínculos de los policías municipales y del presidente municipal con estos
grupos criminales, como el de Guerreros Unidos? ¿Por qué no se actuó antes?”.
“Soberbio
respondió: sólo el 89 constitucional, y en una sola de sus fracciones,
contempla la obligatoriedad del presidente de la República sobre el secretario
de la Sedena para preservar la seguridad interna. Pero, además, la Ley de
Seguridad Nacional no establece ninguna de esas facultades de hacer trabajo de
seguridad pública. Nos dice: ‘No es nuestra obligación’”, refiere Sánchez.
“La
Sedena acepta que tenía conocimiento, que tenía información de los vínculos,
pero que no había las pruebas o evidencias suficientes como para actuar y que
además no tenían facultades para hacerlo.
“Al
general también le preguntamos por qué no actuaron en el momento. Su respuesta
fue que de los 293 efectivos (del 27 Batallón) sólo 23 estaban en disposición,
pues unos estaban francos y otros atendían el derrame de sustancias tóxicas en
la carretera. Además, que los estudiantes habían tenido una serie de actos en
el mes y lo vieron normal.
“Le
reclamamos en ese momento que ellos tienen gente en el C-4, que en ese momento
ya había evidencia de heridos, una decena, y cinco o más muertos, y que habían
tenido nueve eventos, todos correlacionados, por lo cual no nos podía decir que
se trataba de otra escaramuza entre estudiantes y autoridades o considerar que
se trataba de hechos aislados.
“Su
respuesta, arrogante y soberbia: ‘No tenía elementos y no era nuestra
obligación’.”
Flagrancia
o inacción
La
diputada Damián narra a Proceso lo que llamó “un encuentro cordial”, hasta que
se refirió a los interrogatorios y a la inacción militar.
De
entrada recuerda que a los legisladores no se les permitió permanecer con sus
celulares ni con sus asesores.
Refiere
que el general Cienfuegos les explicó que ellos (los militares) sólo pueden
actuar cuando hay “flagrancia” y que supieron de las detonaciones de arma de
fuego por el C-4 desde las 21:50 horas.
“Empezaron
a enterarse de diversos sucesos en cuestión de minutos, pero siguieron pensando
que no tenían que actuar. Se entrevistaron con el coordinador operativo de la
Policía Estatal y éste les dijo que no pasaba nada y que no iban a actuar hasta
que no recibieran órdenes. En ese momento el general nos aclaró que ellos menos
iban a actuar, pues no había quien les dijera que lo hicieran.”
El
general secretario, sigue la diputada Damián, sostuvo que no hubo negligencia
del Ejército porque sus integrantes no recibieron la solicitud de ninguna
autoridad civil para intervenir. Y añadió que si la policía no estaba haciendo
su trabajo, ella es la responsable.
“Nos
dijo que ellos sólo pueden actuar cuando hay ‘flagrancia’”, sigue la diputada,
y apunta que el diputado Víctor Sánchez, quien sí sabe de leyes, les aclaró que
es falso el dicho del secretario, pues en materia penal la flagrancia tiene un
lapso de 78 horas cuando en el evento hay una persona fallecida, “así que
podían haber actuado en ese momento porque ya tenían conocimiento de muertos”.
Damián
le reclamó que no les hubieran permitido a los legisladores el ingreso a la
Defensa con asesores, “pues con este tipo de argumentos del secretario
estábamos en desventaja para rebatirle los que ignoramos esos términos”.
Y
mientras, narran los diputados, el secretario asumía una actitud primero de maestro
de escuela que detalla paso a paso un evento, luego actuaba con displicencia y
“arrogancia” hacia los legisladores, y por último les pedía su ayuda para
mejorar la imagen del Ejército.
“Lo
que nos planteó el titular de Derechos Humanos fue que ellos sienten que la
ciudadanía no les reconoce el trabajo que hicieron ese día. Consideran que
hubiera sido desafortunado involucrarse y exclamó: ‘¡Imagínense cómo lo hubiera
recibido la sociedad. Dirían: El Ejército resguarda estudiantes de la normal de
Ayotzinapa! Eso podría voltearse hacia nosotros y en lugar de benéfico hubiera
sido algo contra la imagen del Ejército’. Yo digo, ¡qué importa la imagen si a
cambo estás salvando vidas!”, comenta la diputada.
Al
final del encuentro, Cienfuegos les dijo que le preocupaba la integridad de los
soldados y que ellos sólo quieren proteger a la ciudadanía mientras que ésta lo
que hace es atacarlos. “Nos hicieron un exhorto para que digamos a la sociedad
qué fue lo que hicieron y cómo atendieron los llamados de esa noche, pero, a
pesar de ello, desaparecieron 43 jóvenes”.
Antes
de concluir el encuentro, la Sedena les entregó a los diputados el documento de
18 páginas, en el cual reiteran lo que han dicho en todo momento: que el
secretario de Seguridad Pública de Iguala los engañó y que las Fuerzas Armadas
no pueden actuar en esa materia sino a petición y en apoyo de las autoridades
civiles, o en flagrancia.
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