El ocaso de la democracia en Puerto Rico/Pedro Reina Pérez

El ocaso de la democracia en Puerto Rico/Pedro Reina Pérez es catedrático en la Universidad de Puerto Rico e Investigador visitante en la Universidad de Harvard.
The New York Times, 12 de octubre de 2016..
La primera reunión de la Junta de Control Fiscal nombrada por el presidente Barack Obama, en virtud de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (ley Promesa, por su sigla en inglés) se realizó el 30 de septiembre. Ese día los puertorriqueños pudieron observar durante 29 minutos cómo trabajarán los directivos de ese organismo que operará por encima de los funcionarios electos para acometer el arduo proceso de enderezar las finanzas de este territorio no incorporado de Estados Unidos.
Los puertorriqueños José M. Carrión III (presidente), Ana Matosantos, Carlos García y José Ramón González junto a los estadounidenses Andrew Biggs, David Arthur Skeel y Thomas J. González sesionaron para afirmar su injerencia sobre el presupuesto y los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico —y lo hicieron en una reunión relámpago—.
Su objetivo oficial es tomar el control del presupuesto, promover la reducción del gasto público y establecer leyes y regulaciones que hagan viable un plan fiscal.

La junta, término que irónicamente también alude a las dictaduras latinoamericanas, estará vigente hasta que el gobierno presente presupuestos balanceados durante cuatro años consecutivos y recupere el acceso a los mercados de capital. No obstante, ese organismo buscará recobrar la mayor cantidad de dinero para el pago de las acreencias del gobierno de Puerto Rico, y la única manera de hacerlo será imponiendo un régimen de austeridad y disponiendo la venta de activos públicos. La complejidad de estas tareas hace pensar que pasarán entre ocho y diez años antes de que puedan lograr sus objetivos.
 El 30 de septiembre, se realizó la primera reunión de la Junta de Control Fiscal nombrada por el presidente Barack Obama.
La ley Promesa se decretó después de que se le negara un amparo a Puerto Rico bajo el capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras, de la cual fueron excluidos todos los territorios en 1984. Dicho articulado permite que los municipios y corporaciones públicas —no así el gobierno estatal— puedan reorganizarse bajo la supervisión de un tribunal de quiebras.
La deuda pública actual es de 72.000 millones de dólares, pero sumada a los déficits del sistema de salud y los planes de pensión supera los 164.000 millones de dólares. A causa de la crisis, se estima que 100.000 puertorriqueños abandonan la isla cada año. Pero la crisis no solo es económica sino también política porque esta ley suspende las instituciones democráticas y subordina a los puertorriqueños, aún más, a la tutela de Estados Unidos.
El gobierno estará supeditado a la voluntad de esta junta mientras que sus miembros, nombrados por el legislativo y el ejecutivo estadounidenses, gozarán de inmunidad plena.
La naturaleza absolutista de esta junta es indigna y, si bien es legal, carece de legitimidad y sustento ético tratándose de una colonia subordinada a los poderes plenarios del Congreso estadounidense. Ignorar esta realidad impedirá la formulación de una solución real y permanente. Mientras tanto, la isla se adentrará en un túnel en el que no se avizora ninguna salida.
Tres obstáculos amenazan las tareas de la junta. El primero es la expectativa general entre la ciudadanía de que ese organismo tomará la iniciativa de reformar el aparato gubernamental, algo improbable puesto que su prioridad es el pago de la deuda. La decepción generará indignación y desaliento.
El segundo es la insubordinación del mismo gobierno, anunciada por algunos legisladores y otros funcionarios electos que se negarán a acatar las decisiones de la junta. Estos obstáculos retrasarían la consecución de sus objetivos establecidos por la ley y prolongarían la culminación de las tareas de ese organismo. El tercer obstáculo es la indignación pública que ya se manifiesta con protestas callejeras y un campamento permanente de manifestantes ubicado frente a la sede del gobierno federal, en San Juan.
Y ni hablar de lo que esta ley simboliza en términos de impugnación de la clase política puertorriqueña, responsable de decisiones corruptas y negligentes. Al referirse a la precaria situación del gobierno, Richard Carrión, un reconocido ejecutivo bancario, dijo: “Hay bochorno y vergüenza de que hayamos permitido que se degenere hasta este punto. Nos han dicho legislativamente, jurídicamente y ejecutivamente que somos poco menos que ganado de finca”.
Dos de los cuatro puertorriqueños que fueron nombrados en la junta, José Ramón González y Carlos García, presidieron el Banco Gubernamental de Fomento en épocas diferentes y luego fueron ejecutivos del Banco Santander, empresa que participó en transacciones con el gobierno que hoy está en entredicho por sus términos abusivos e intereses usureros.
Si bien González goza de mejor reputación, el nombramiento de García es visto como una provocación ya que durante su mandato eliminó el tope de comisiones y permitió refinanciar bonos para pagar deuda nueva. Ambas decisiones afectaron aún más las finanzas del gobierno.
Un informe publicado por el ReFund America Project, entidad patrocinada por el Instituto Roosevelt, detalla la forma en que Wall Street incentivó, promovió y facilitó que el gobierno puertorriqueño tomara dinero prestado con ganancias astronómicas para los bancos.
Casi la mitad de los 134 mil millones de dólares adeudados desde el año 2000 fueron generados mediante refinanciamientos de deuda en los que los bancos facturaron 1,6 mil millones en comisiones que fueron sumados al principal monto adeudado. Estas prácticas usureras tienen graves consecuencias sociales porque para pagarlas se requerirán medidas de austeridad que golpearán a los puertorriqueños.
“Promesa representa el acto más denigrante, antidemocrático y colonial que se haya visto, además de ser un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico”, señaló hace unos días el juez federal de apelaciones, Juan R. Torruellas.
Continuó afirmando que, ante las limitaciones que la ley le impone al gobierno de la isla para el desempeño de sus tareas ordinarias, los comicios de noviembre para elegir un nuevo gobierno por cuatro años, se tornarán irrelevantes. Concluyó que como la junta viene a cobrar el dinero de los dueños de los bonos lo mejor sería cancelar las elecciones antes que intentar votar por un gobierno “castrado”.
Palabras mayores pero ciertas para describir una encrucijada complicada y trágica. Hay que reconocer la ominosa realidad colonial y denunciarla con firmeza. Una junta como esta no puede funcionar con legitimidad si atropella los más elementales valores democráticos.