En un mensaje a medios, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, informó que las indagatorias sobre la explosión llevaron a concluir que ninguna organización criminal conocida fue responsable.
Indicó que el FBI y la ATF, agencias policiacas de Estados Unidos, participaron en la investigación sobre el artefacto de fabricación casera.
La semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para prohibir a sus empleados viajar a la entidad y cerró su agencia consular por razones de seguridad.
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Asesoran a Barreiro; bloquean sus cuentas
El Gobierno federal congeló desde el año pasado la cuenta del despacho de abogados de Querétaro que diseñó la estructura financiera utilizada por el empresario Manuel Barreiro para comprar una nave industrial al panista Ricardo Anaya por 54 millones de pesos.
Dos de los abogados del despacho Rodríguez, Villalever, Galindo, Bernal & Urruchúa (RVGBU) colaboraron posteriormente con la PGR y le entregaron documentos que detallan la creación de empresas fantasma en diversos países para ocultar el origen del pago a Anaya.
Registros judiciales indican que el despacho como tal, así como los abogados Daniel Rodríguez Velasco -uno de los testigos de PGR- y Federico Urruchúa Pellicer son objeto de bloqueo de cuentas como parte de la investigación contra Barreiro..
El despacho RVGBU presentó un amparo el 6 de noviembre de 2017 para impugnar el bloqueo de la cuenta 15410316 en Banco del Bajío, originalmente ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mediante oficio 110/E/336/2017.
Para esa fecha, el SAT ya había clasificado como "facturera" a la empresa Manhattan Master Development Plan, creada en 2016 por Barreiro para ser la compradora de la nave industrial de Anaya. )Nota de Victor Fuentes , Reforma)..
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Primeras planas....
- Reforma: Va EU por muro... y proliferan túneles.Mientras Trump amaga con muro alto y extenso, PGR tiene registro de 30 túneles para el tráfico de drogas y personas sólo en BC desde 2010.
- El Universal: Peticiones de refugio presionan a México.
- Excélsior: Iglesia exorciza a delincuentes de los templos.
- La Jornada: ¿Estás loco?, dijo Trump a Peña en llamada sobre muro. El Presidente pidió al magnate informar que México no lo pagará. En acto electoral, el republicano cuenta la conversación irascible de febrero. Narra que el Ejecutivo no cedió ni cuando le habló de romper negociaciones. Los 11 mil mdd que costaría es un porcentaje mínimo, según el estadunidense.
- Milenio: Mead aplaude más debates; yo, solo los del INE: AMLO.
- La Crónica: A cuentagotas regresa agua a colonias saboteadas. Las llaves arrojan apenas un hilillo de agua; en Nápoles y Narvarte continúan comprando pipas de agua. Iztapalapa vive la sequía que le es habitual todo el año.
- El Heraldo de México: Vaticano investiga a 17 curas.
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Las columnas políticas hoy, 11 de marzo de 2018
Templo Mayor/ Reforma
Hoy, hoy, hoy, el candidato presidencial del frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, acudirá al INE para registrarse, en el primer día para hacer ese trámite.
En contraste, cuentan que el aspirante de la alianza PRI-PVEM y Panal, José Antonio Meade, se va a esperar hasta el último día, el domingo 18 de marzo.
Y quién sabe si sea por estrategia o por cábala, pero los priistas están tomando la ruta opuesta a la de Enrique Peña Nieto quien, hace seis años, se registró justo al principio de ese proceso.
Resulta interesante que, hasta en eso, marcan sus diferencias los dos aspirantes. Porque no es lo mismo aplicar el refrán: "al que madruga, Dios lo ayuda", que el de: "no por mucho madrugar, amanece más temprano”.
Por cierto, en el PRI también se están tomando su tiempo para decidir y presentar las listas de candidatos plurinominales al Poder Legislativo.
Aunque en días recientes han circulado por mail y WhatsApp listados con nombres de tricolores que supuestamente irían a las Cámaras, en el partido que encabeza Enrique Ochoa van a irse hasta el límite del periodo de registro.
Y, mientras tanto, como decía Fidel Velázquez: "el que se mueve no sale en la foto".
Quienes parece que han hecho buen "click" desde que comenzaron a trabajar juntos son el candidato presidencial frentista, Ricardo Anaya, y el ex secretario de Desarrollo Económico de la CDMX Salomón Chertorivski.
En la convención de banqueros, le preguntaron al panista si ya sabía quién lo acompañaría en su equipo económico de llegar a Los Pinos y, luego luego, nombró al también ex secretario de Salud federal con Felipe Calderón, quien estaba en primera fila.
Sobra decir que al colaborador de Anaya le vieron una de esas sonrisas que no se borran ni con cirugía plástica.
Todo indica que esta es una mala época para ser priista en Guadalajara.
El viernes, en la inauguración del Festival Internacional de Cine, se proyectó un video en el que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, daba un mensaje de bienvenida... que fue recibido con fuerte música de viento y abucheos del respetable.
Y ayer, le tocó a José Antonio Meade sentir la animadversión de los tapatíos por el PRI. Al acudir al evento anual de la firma de nutrición y salud del empresario Jorge Vergara en el estadio en el que juegan las Chivas, el suspirante de los tricolores escuchó varios gritos de "¡fuera, fuera!", mientras hablaba a los participantes. ¡Ouch!
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TRASCENDIÓ/ Milenio
Que ayer el CEN del PRI, que preside Enrique Ochoa, desmintió una lista de presuntos candidatos plurinominales para el Senado y la Cámara de Diputados que circuló en redes sociales.
Aseguró que el instituto político cumplirá en tiempo y forma con la publicación de las listas apegado a la normatividad electoral y los estatutos, por lo que aún analizan los mejores perfiles. A ver.
Que quien se está tomando muy en serio su papel de coordinador regional para la defensa del voto de Morena es Ricardo Monreal, quien se adelantará al resto de los coordinadores y lanzará el 01-800-SOY-AMLO, con el que pretende agilizar el registro de "vigilantes del voto" y de representantes de casilla para el día de la elección al menos en los ocho estados de la segunda circunscripción en el norte del país.
Y es que Monreal tiene la tarea de reforzar la presencia de Morena en aquellos estados, como Guanajuato, en que los comités estatales y municipales son prácticamente inexistentes.
Que el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, busca un encuentro urgente con los otros candidatos independientes a quienes, al igual que él, el INE ya les dio entrada como aspirantes sin partido a la Presidencia de la República. Con la idea de que juntos, pero no revueltos, son más fuertes, el objetivo es reclamar asuntos relacionados con la equidad, pero también con la claridad, sobre todo después de que sus registros siguen condicionados a la validación total de sus firmas. La propuesta es que el encuentro tenga lugar el próximo jueves.
Por cierto que Margarita Zavala y su ex correligionario Ricardo Anaya acudirán hoy al INE a registrar su candidatura; sin embargo, no se verán las caras porque ella estará ahí seis horas después.
Que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, finalmente nombrará secretario de Seguridad en el estado, encargo que recaerá en el comisario de la Policía Federal José Luis Pliego Corona.
El nombramiento se verificará a finales de marzo por acuerdo de la Segob con el nuevo gobierno de aquella entidad y la PF, y se prevé que asista, entre otros, Manelich Castilla, comisionado de la PF.
Que el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, estuvo en Nuevo León el viernes y el sábado, donde encabezó un convivio con un grupo de 50 generales y sus esposas.
Esta vez tocó a la Séptima Zona ser la sede de esta reunión de militares que durante la actual administración federal el general Cienfuegos Zepeda ha convertido en una sana costumbre.
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Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL
Atasco en el Senado
La congestión de asuntos sin atender, ni siquiera ver, en el Senado permite que muchos anticipen que en las restantes 14 sesiones del pleno, los senadores no tengan capacidad para aprobar la agenda que convinieron con los diputados, y que se les atasque gran parte de los 76 nombramientos que deben pasar por el voto de la asamblea senatorial. Abajo del fiscal general y del especializado en Anticorrupción están magistrados anticorrupción, agrarios, electorales; consejeros de múltiples entes, y hasta un par de comisionados del Inai, así como un titular del nuevo organismo descentralizado en materia de Justicia Laboral. Pero, nada se mueve, y ya transcurrieron diez sesiones de simple trámite o simple grilla, dimes y diretes, que no arrojan nada positivo. La oposición le echa la culpa al PRI, que comanda Emilio Gamboa Patrón, quien insiste que "ellos suman mayoría", en referencia a los grupos que encabezan Fernando Herrera Ávila, Manuel Bartlett y Luis Sánchez Jiménez...
Tropieza el PRI con fracturas
Los focos rojos de alerta se prendieron en el PRI. Por si algo más le hiciera falta al tricolor, en Puebla el Partido Verde y el Panal lo dejaron sólo y no habrá alianza, por lo que el ex diputado federal Enrique Doger va a tener que disputar la gubernatura sólo con el emblema del partidazo. Nos cuentan que el panorama para el PRI es negro debido a que, por más que a los integrantes de la dirigencia los alertaron para que no se fracturara la alianza, no tomaron los avisos. Cabe recordar que en 2012, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo en Puebla, a pesar de que ya gobernaba el panista Rafael Moreno Valle. Además, en algunos sondeos por la actual gubernatura, el senador Luis Miguel Barbosa está bien posicionado, junto a la panista Martha Erika Alonso, esposa de Moreno Valle y quien también disputa el Ejecutivo local.
Tricolores se comen las uñas
Esta semana que arrancará será definitiva para varios priístas, porque sabrán si entran o no a las listas de plurinominales al Congreso. Pero sobretodo por el lugar de la lista en que quede cada quien. Por lo pronto ya hay varios nombres que circulan para la Cámara de Diputados y el Senado. Pero las listas se están afinando y ya nada más queda una semana para que se haga el destape y se vea finalmente quién se cuela y quién queda fuera. Pero el PRI se inquietó por los nombres que andan circulando por todos lados, por lo que ayer oficialmente dijo que si alguien ve algunas listas, pues son falsas.
AMLO aprendió la lección
En 2006, Andrés Manuel López Obrador le dio la vuelta a los debates. Las encuestas lo ponían en los cuernos de la luna, por lo que se dio el lujo de desdeñar el cara a cara con sus adversarios. Ahora, el tabasqueño no sólo se alía con los impensables, sino que ha dicho sí a los tres debates que organizará el INE.
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FRENTES POLÍTICOS /EXCÉLSIOR
I. Avance. José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, celebró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara los debates en el periodo de intercampañas. Hizo un llamado a los demás candidatos a debatir y poner sobre la mesa sus proyectos. Dijo que la decisión del Tribunal reivindica su posición jurídica y subrayó que estará atento y preparado para encontrarse con sus oponentes. Va para todos: si de verdad quieren apuntalarse en las encuestas, es el momento. Pero recuerden, México ya no quiere atole con el dedo.
II. Lío internacional. Policías italianos arribaron a México para apoyar en la búsqueda de tres napolitanos desaparecidos en Jalisco. El gobierno de Italia ya se involucró en el caso, y envió una delegación de investigadores. En los próximos días, los familiares de los italianos, de los que no se sabe nada desde el pasado 31 de enero en Tecalitlán serían recibidos por el presidente de Italia. Francesco Russo, padre de uno de los desaparecidos, se reunió con el canciller italiano Angelino Alfano, quien a su vez habló con su homólogo Luis Videgaray. ¿Y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval? ¿Ni siquiera tantita pena?
III. Confianza. Hoy Mikel Arriola Peñalosa quedará registrado como abanderado del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Va sin alianzas, con la certeza de que sus propuestas son las mejores. Presentará un fuerte mensaje en contra del caos generado en la capital del país en los últimos 20 años. Recuperar los valores de la familia, deseo de las mayorías, es la carta fuerte del aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX. Ni legalización de la mariguana ni la adopción de menores entre parejas del mismo sexo. El exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social es sensible a los retos de la ciudad.
IV. Ilusos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los recursos no ejercidos por los partidos políticos tendrán que ser devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de este ejercicio. Ordenó al Instituto Nacional Electoral crear los lineamientos en los que se fijen los procedimientos del cálculo, determinación, plazos y formas de cómo tendrán que ser regresados a la Federación los remanentes del financiamiento público ordinario permanente y de actividades específicas no devengados o no comprobados, para que sean reintegrados al erario público. Desde ahorita: regresarán centavos; si acaso.
V. Sube y baja. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien busca una candidatura independiente a la Presidencia de México, señaló que, si al final de su campaña no ve un panorama que lo favorezca, en la recta final podría declinar; aunque eso sí, aclaró que sólo lo haría a favor de otro aspirante independiente. El también gobernador con licencia de Nuevo León recordó que los independientes pactaron no agredirse. “Hemos platicado, y creo que no vale la pena que entre nosotros tengamos que competir, vamos a trabajar de manera conjunta, de manera unida, cada quien con su posibilidad”. ¿Por qué no se ponen de acuerdo de una vez? Es pregunta.
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AMLO: ¡o gano o el caos!/ Ricardo Alemán
Milenio
No se requiere más que el sentido común elemental para entender que la advertencia del candidato de Morena, a los banqueros, fue un ultimátum de guerra.
Les dijo con todas sus letras: "Si hay fraude -en las elecciones de julio próximo-, me voy… pero a ver quién amarra al tigre".
Para empezar, todos saben que en el diccionario de Andrés Manuel López Obrador la palabra "derrota" es sinónimo de "fraude". También saben que en todas las derrotas electorales y políticas que ha vivido López Obrador la responsabilidad siempre ha sido del horroroso fraude que imaginarias máquinas de guerra imponen.
De igual manera, debemos recordar que en la derrota presidencial de 2006 AMLO respondió con un plantón simulado -que paralizó Ciudad de México-, a manera de venganza contra los empresarios y, en general, contra los ciudadanos que votaron por el PAN y el PRI.
Y para justificar la venganza poselectoral, Obrador dijo que debió abrir el espacio del plantón para dar cauce a la inconformidad social que, según su mentirosa versión, pretendía la revuelta. Lo cierto es que al segundo día de instalado el plantón, los acarreados llevados a las guardias lo dejaron solo.
Hoy, Obrador olfatea su derrota. Por eso vuelve a la carga. Y lo hace frente al nervioso sector de los banqueros, a quienes Obrador promete que no habrá expropiación ni represión, pero a los que asusta con el petate del muerto, tirar el aeropuerto, que es la mayor inversión en la historia, y el patético: ¡o gano o viene el caos!
Esa es la traducción del amenazante "si hay fraude, me voy, pero a ver quién amarra al tigre". Amenaza idéntica a la que Hugo Chávez lanzó a los banqueros y a los venezolanos, en general, a quienes dijo que no habría nacionalización y menos represión, siempre y cuando la elección fuera legal. Lo curioso es que el tiempo, siempre terco, le dio la razón a quienes advirtieron de la amenaza adelantada del locuaz John Ackerman -asesor de AMLO-, quien en su perorata para la televisión rusa dijo que si perdía López Obrador en la elección presidencial, "habrá madrazos".
Está claro. Debemos entender que López Obrador apuesta a la revuelta social si es que la componenda -y no los votos- no le regala la Presidencia.
Y el mensaje no lo ven y no lo escuchan solo quienes cierran los ojos y los oídos. AMLO dice que habrá violencia social si lo derrota la democracia. Y es que ya olfatea el olor de la derrota.
¿Y qué dice ahora el intelecto mexicano, ciego y sordo a las pruebas de que un solo hombre intenta destruir la democracia mexicana? ¿No es Obrador un peligro para la democracia mexicana?
Al tiempo.
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Hierba mala
La estación/GERARDO GALARZA
Excelsioe..
Lo que muy pocos tienen claro es que el sistema político mexicano ya dio de sí y hoy es de las causas principales de los problemas de este país
Muchos mexicanos analistas políticos, columnistas, comentócratas, opinadores, contertulios de café o de tragos, y también escribidores tienen más o menos claro que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha llegado al fin de, digámoslo de alguna manera, su vida útil (que fue utilísima para muchos de los que se dedican a la política, incluidos algunos que ahora militan en la oposición).
Lo que muy pocos tienen claro es que el sistema político mexicano (el régimen de la Revolución) definido como “la dictadura perfecta” y, décadas antes, considerado “la dictablanda mexicana”, ya dio de sí, como popularmente se dice, y hoy es de las causas principales de los problemas de este país.
El sistema presidencialista mexicano fue hábilmente diseñado para repartir, pero también mantener, el poder político entre las facciones que reclamaron el triunfo en la Revolución Mexicana: una Presidencia de la República todopoderosa, con extensas facultades constitucionales, pero sobre todo metaconstitucionales, que gobernantes y gobernados aceptaron porque su duración era de seis años, y nadie que no perteneciera al partido oficial podría aspirar a ella.
Don Daniel Cosío Villegas definió a ese sistema, cuando hacerlo era mucho más que un riesgo, como “una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal”, que hoy es obsoleto para la realidad nacional.
El presidencialismo extremo es, sin duda alguna, la esencia de la cultura política mexicana, la de los gobernantes y los gobernados, la de los políticos y la de los votantes, origen del corporativismo, el clientelismo, el paternalismo, el populismo, el asistencialismo, a su vez precursores y productores de buena parte de la corrupción nacional.
Ese sistema es la esencia del priismo nacional —el que está en el PRI, fuera del PRI, en el que aspira ser como el PRI y en los que quieren regresar al PRI, al de antes—, que añora el trono monárquico de la presidencia imperial.
Y está vigente y tan campante. Una somera ojeada y hojeada a las actividades públicas y un poco de atención a las palabras de los, hasta hoy, tres candidatos presidenciales revelan que ellos no aspiran a ser presidente de una República, sino reyes sexenales de un país de súbditos. Quieren, como sus antecesores de antes del año 2000, que las hojas del árbol de la política nacional sólo se muevan cuando ellos los ordenen. Las muestras son múltiples, pero hay perlas que los evidencian.
Ricardo Anaya, candidato del Por México al Frente, promete que de ser Presidente de la República, va a meter a la cárcel al actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. ¿De veras? ¿Y la autonomía de la fiscal nacional que su partido, el PAN, dice promover y defender? ¿Quiere ser presidente o procurador? Él cree que el presidencialismo mexicano se lo garantiza y que él decidirá cómo se aplica la justicia
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, promete revocar las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto (especialmente, la Educativa y la Energética). ¿De veras? ¿Y el Congreso de la Unión y los congresos de los estados? ¿Quiere ser presidente o legislador supremo? Él cree que el presidencialismo mexicano le garantiza hacer su única voluntad. Más todavía, sabedor del poder del monarca mexicano dueño de la posteridad, ya le prometió a Peña Nieto que pasará a la historia, si no hay fraude electoral; claro, no a juicio de la historia, sino del suyo, que establece que la elección será limpia siempre y cuando la gane él.
José Antonio Meade, el PRI —partido que lo postula— y el propio presidente Peña Nieto ejercen el poder del absolutismo mexicano y públicamente utilizan las instituciones, en este caso la Procuraduría General de la República (PGR), con fines político-electorales contra Ricardo Anaya. Ellos saben que el presidencialismo mexicano les garantiza ese poder, y el poder, dicen, es para ejercerlo, aunque ese ejercicio no será ni correcto ni democrático.
¿Y los ciudadanos, los votantes? El lugar común diría que se mantienen como espectadores desplazados, pero no. Para desgracia del país, muchos de ellos comparten la creencia política de aquellos candidatos, sean los de ellos o no, y cada seis años, como ahora, esperan la llegada de un tlatoani, un caudillo, un mesías que les resuelva, de una vez por todas, su problemas personales y, de paso si se puede, los del país; nunca votarán por un gobernante de una República, es más fácil que un monarca decida... Y en México esta creencia no es de ahora, vamos, ni del siglo o siglos pasados, es de siempre, perenne como la hierba mala.
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Vidas desgarradas/Enrique Krauze
Reforma , 11 Mar. 2018
A partir de mañana, en varias salas cinematográficas de Cinépolis en todo el país, se proyectará la película documental Beyond Borders, Más allá de las fronteras. Se trata de una coproducción de Clío y el Independent Production Fund, compañía dirigida por Alvin Perlmutter, experimentado productor que ha ganado varios Emmys. El proyecto tardó una década en concretarse. Finalmente, con el apoyo principal de BBVA Bancomer y Cemex, otras instancias privadas y públicas, y el aporte generoso de Jaime Dávila, realizamos el documental. Lo que se recabe en taquilla irá al programa de la Fundación BBVA "Por los que se quedan".
La película hilvana varias historias. Durante años, Julissa Arce temió que alguien, en cualquier momento, advirtiera su condición de indocumentada. Perdería su carrera como vicepresidente en la casa de bolsa Goldman Sachs en Nueva York, sería deportada a México y quizá nunca podría regresar a Estados Unidos. Constreñida por un sistema "que obliga a tomar decisiones que nos convierten en criminales", compró documentos falsos. Así pudo acceder a un trabajo y pagar sus estudios. Al hacerlo honraba los sacrificios que sus padres habían hecho por ella. Aquella decisión cambió su vida.
La "paquetera" Elia Cano tiene una empresa de mensajería en Queens, Nueva York. "Un mini-UPS", dice su hija, Isamar Padilla. Sus clientes son mexicanos, la mayoría indocumentados, que hacen envíos a sus familias en el estado de Tlaxcala. Cada semana, desde hace 15 años, Elia vuela de Nueva York a México y viaja después en autobús a Tlaxcala, para entregar los paquetes y recibir otros que las familias envían de regreso. Pero su labor no se limita a entregar y recibir paquetes: conoce a los familiares, habla con ellos, les transmite sus mensajes, los abraza, les toma fotografías. Es un puente entre las familias separadas por la migración. Isamar ayuda a su madre. Ahorra para cursar su maestría, pero su situación no es definitiva: los llamados "DACA kids" están en un registro de Migración y son rehenes de la política migratoria. Para Trump son moneda de cambio.
Los clientes de Elia cuentan historias tristísimas pero llenas de temple. Don Raúl, por ejemplo, envía un dije a su esposa por su cumpleaños. Llevan casados 29 años, pero no se han visto en ocho. Está atrapado en Estados Unidos, no puede circular libremente. Pero su trabajo permite una vida digna a su familia en México: sus dos hijos estudian ya en la universidad.
Judith Zambrano e Ismael Amaro tienen una pequeña casa con jardín y un columpio en Tuscaloosa, Alabama. Él lava albercas, ella se dedica al hogar. Sus tres hijas son ciudadanas estadounidenses por nacimiento. Llevaron una vida normal hasta la promulgación de la ley HB 56 en 2011, que facultó a la policía para investigar la residencia legal de cualquier persona. La gente empezó a gritarles en la calle "¡lárgate a tu país!". Dejaron de salir para evitar a la policía. Tuvieron que confesar a sus hijas que un día cualquiera su padre o su madre podrían no regresar de la calle. "No entiendo por qué no nos quieren aquí", dice una de ellas. La respuesta la da un senador republicano: "Haría todo contra ellos, salvo fusilarlos". En un momento, como varios otros mexicanos del lugar, la familia decidió emular a Martin Luther King. Se incorporaron al movimiento "Somos Tuscaloosa". Pero la llegada de Trump ha plantado nuevamente la angustia. Habitan una zona de racismo extremo.
Alicia vivió 30 años en Estados Unidos. Allá se casó y tuvo dos hijos. Un día no respetó un semáforo en rojo. Tuvo que presentarse ante un juez y éste ordenó su deportación. Llegó a Tijuana sin conocer a nadie y con sólo siete dólares en el bolsillo. Han pasado seis años y no pierde la esperanza de volver con sus hijos. Algo similar le ocurrió a Yolanda Varona. Cuando se vio deportada y lejos de sus hijos pequeños, sintió que era mejor morir. Ahora sólo puede verlos a través de la reja que se extiende por la frontera, apenas pueden tocar sus manos cuando se encuentran. "No somos criminales -clama Yolanda-, nos fuimos buscando un futuro mejor, una vida segura para los hijos". Y concluye: "se están destruyendo familias, se están destruyendo vidas".
Más allá de las fronteras es un testimonio de esas vidas mexicanas, heroicas, precarias, desgarradas. Viven allá, sobreviven allá. Sus raíces están acá, sus parientes, sus muertos. La zozobra es su estado cotidiano. Viven marcados. Con la X en la frente....
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Así comienza el caos/Luis Rubio
Reforma, 11 Mar. 2018
¿En qué momento se jodió México? Así comienza Conversación en la Catedral, la novela de Vargas Llosa, preguntándose por el momento en que empezó el declive de su país, el Perú. Ahora parece que el gobierno está empeñado en que los mexicanos sepamos que ese proceso comenzó al inicio de 2018, promovido conscientemente desde su seno. La pregunta es ¿en aras de qué, a qué costo?
En un país normal, el gobierno representa, y debe su función, al conjunto de la ciudadanía, no sólo a los de su preferencia o que votaron por él. Su obligación es desempeñar sus actividades dentro del marco de la ley, sin abusar de sus facultades ni emplear las instituciones del Estado para fines particulares. Sin embargo, a lo largo de más de cinco años, el gobierno del presidente Peña ha evadido sus responsabilidades en múltiples ocasiones, ha recurrido a recursos sesgados y viciados para eludir la ley y justificado actos de patente corrupción con razonamientos y mecánicas concebidos para que sus funcionarios no paguen por los errores o potenciales delitos en que hayan incurrido. El desprestigio e impopularidad de que goza no es producto de la casualidad.
A pesar de ello, actúa como si estuviera en pleno control, como si las instituciones del Estado funcionaran de manera imparcial y profesional y como si su prestigio estuviese en su zenit. Vaya, un gobierno que ya ni siquiera pretende tener el monopolio de la fuerza -lo que define al Estado- se ha arrogado la misión de perseguir a un candidato a la presidencia como si fuese un asunto de seguridad nacional, como si se tratase de una plaga pública y no de un contendiente que, con todos sus atributos y defectos, tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a competir por la presidencia siempre que lo haga por la vía legal.
Cuando se abandona hasta la pretensión de civilidad, lo único que queda es el caos o, como escribiera Diderot, "del fanatismo a la barbarie sólo media un paso". Y el gobierno parece decidido a dar ese paso, sin reparar en las consecuencias de su actuar, es decir, de manera absolutamente irresponsable. Así es como comienza el principio del fin. Lo extraño, aunque no tanto, es que sea el propio gobierno -el supuesto garante de la paz- quien se empeña en empujar los límites de la civilidad en un país que ya de por sí vive no sólo una polarización extrema, sino una ausencia total de legitimidad en las instituciones gubernamentales.
En La República de Platón, Sócrates y Glaucón discuten el apuro de la gente encadenada en una cueva en la que los prisioneros intentan comprender las sombras que transitan en la pared frente a ellos. Recurro a la Alegoría de la Cueva para intentar comprender la lógica gubernamental en su actuar frente a un contendiente presidencial al que, poco a poco, están convirtiendo en mártir.
Parece claro que la estrategia radica en crear una sensación de miedo a cualquier cambio como vía para preservar lo existente. Como estrategia electoral, la promoción de una determinada emoción constituye un mecanismo perfectamente legítimo y todos los partidos y candidatos en el mundo lo hacen de manera consciente y sistemática. El asunto aquí es que no es un partido o candidato quien está promoviendo esa emoción, sino el gobierno haciendo uso faccioso de las instituciones para avanzar su propio proyecto político, como si estuviésemos en los cincuenta del siglo pasado. Imposible no recordar la famosa admonición de Talleyrand: "no aprendieron nada ni olvidaron nada".
No aprendieron de los riesgos de la polarización, no aprendieron de las consecuencias del intento de desafuero en 2005 y no aprendieron de lo que ha ocurrido en naciones como Venezuela, Zimbabue y tantas otras que, por actos y decisiones gubernamentales, condujeron al caos. Una vez dado ese paso, se torna cada vez más difícil recuperar la paz y la tranquilidad de la población, haciendo imposible gobernar.
La sociedad mexicana está enojada y esa es precisamente la emoción que no conviene al gobierno atizar, pues conduce a decisiones electorales radicales. En esto, contrasta con naciones como China, donde el miedo al caos ha llevado a su gobierno, a lo largo de varias décadas, a acelerar el paso en sus reformas para satisfacer a la población y evitar situaciones caóticas. En México, el propio gobierno se ha atrincherado, dinamita la estabilidad de la que es responsable y se defiende como si el enemigo fuese la sociedad.
La democracia es menos sobre elecciones que sobre cómo resolver las disputas que se presentan en la sociedad y tomar las decisiones que se requieran para construir el futuro. El uso faccioso y sesgado de las instituciones conduce a la destrucción de las pocas instituciones con que cuenta el país y, peor, cuando quien avienta la primera piedra (y la segunda y la tercera) es un gobierno extraordinariamente desprestigiado por asuntos de corrupción que son infinitamente más graves de los que se acusa al susodicho candidato.
Por supuesto que debe combatirse cualquier acto de corrupción o presunta ilegalidad, pero lo que el gobierno del presidente Peña está haciendo recuerda otra frase famosa de Talleyrand, el estadista francés del siglo XVIII: "Ha sido peor que un crimen, ha sido una estupidez".
@lrubiof
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Panista-independiente, Margarita...
Excelsior..
Dejó las filas del otrora partido de la gente decente hasta haber visto cancelada
Aun cuando no será sino hasta el cierre del mes, el jueves 29 para ser exactos, cuando el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova Vianello formalizará el registro de todos y cada uno de quienes contenderán por la Presidencia en julio, Margarita Zavala Gómez del Campo concurrirá esta tarde a las instalaciones del INE para entregar su solicitud como candidata panista, independiente, perdón, o para decirlo de manera más precisa y en los hechos, como (ex) panista independiente…
Como aspirante panista-independiente sí, porque si bien la exdirigente juvenil blanquiazul y del sector femenino dejó formalmente las filas de Acción Nacional en octubre pasado, luego de más de tres décadas de militancia efectiva, lo cierto es que ni su formación en el humanismo trascendente, en principios y valores tales como la defensa de la vida y la familia, la libertad de religión, la lucha contra el sistema impuesto por el PRI-gobierno o contra corrupción e impunidad, han dejado de ser el móvil de su activismo político…
Panista-independiente, diría alguno de sus más cercanos, porque si bien es verdad que dejó las filas del otrora partido de la gente decente, ello no ocurrió sino después de haber visto cancelada toda posibilidad de competir, de manera abierta y democrática, por la nominación presidencial de cara al 2018, cuando la totalidad de las encuestas le posicionaban como primera en una eventual contienda interna y, en su momento también, como la única capaz de ganar —“como abanderada del PAN, se entiende”— a Andrés Manuel López Obrador, el indiscutible puntero, aún hoy, en la puja por la sucesión de Enrique Peña Nieto.
Panista-independiente, igualmente, porque a la vista, el evidente abandono de que está siendo objeto la doctrina tradicional del blanquiazul por parte de una dirigencia más empeñada en congraciarse y asumir como propia la ideología y propuestas de la izquierda más decadente y pragmática que en la defensa de aquella, nada parece más claro sino que, si alguien representará y defenderá los principios y valores del partido fundado por Manuel Gómez Morin en las próximas presidenciales, ésa será la señora Zavala Gómez del Campo y no, al menos en los temas más polémicos, ni el ahora cuestionado candidato presidencial de la antinatural (alianza electoral) coalición Por México al Frente ni, menos, una larga lista de militantes de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, a quienes poco o nada importan aquéllos… cuando no sea para desdibujarlos o, peor, dejarlos de lado en el actual debate electoral.
O, sólo para ejemplificar lo anterior, ¿se imagina usted a la cuestionadísima exmorena (funcional) y ahora anayista Alejandra Barrales Magdaleno levantando la voz en defensa de los valores tradicionales del panismo…. o, en la contraparte, al simpatizante tradicional del blanquiazul votando por ella en la Cuidad de México?
Es pregunta, que conste…
ASTERISCOS
* En medio del “vendaval” que han suscitado los señalamientos sobre su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero ante las que, huelga decir, poco o nada ha aclarado y sí, claramente, se ha “victimizado”, Ricardo Anaya alista un nuevo viaje a Alemania para, presumiblemente, conversar con la (¡¡¡ufff!!!) reconfirmada canciller Angela Merkel y otros liderazgos de la otrora Internacional Demócrata Cristiana…¡de Centro ahora!
* Al cierre de la semana, presumiblemente, el Revolucionario Institucional dará a conocer, finalmente, el listado de sus aspirantes por vía plurinominal a la Cámara y al Senado. Se da por sentado que personajes como el exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong o el exdirigente Manlio Fabio Beltrones estarán en la misma, igual que Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Massieu, aunque no se descartan algunas “sorpresas tecnocráticas”…
Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP
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Videgaray y Meade, copartícipes de una multimillonaria estratagema electoral/
CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
Revistas Proceso # 2158, 11 de marzo de 2018..
Después de que la Secretaría de Hacienda y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, protagonizaran un pleito público por 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, el economista Juan Moreno analizó cómo se han manejado esos cuantiosos recursos. En entrevista, el también asesor parlamentario revela que, en efecto, se aplican de forma discrecional –probablemente con propósitos electorales– y que de la misma manera los manejó el exsecretario José Antonio Meade, ahora candidato “ciudadano” del PRI a la Presidencia. En juego han estado y seguirán estando decenas de miles de millones de pesos.
Resulta que José Antonio Meade, el ciudadano “apartidista”, con fama de honesto y servidor público incorruptible, y que juega como candidato presidencial de la coalición Todos por México, de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, no es nada inmaculado.
El movimiento que emprendió en enero el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la Secretaría de Hacienda la entrega de 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FFF) –incluido en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación– que habían pactado a finales de 2017, permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar de manera totalmente discrecional cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos electorales.
Así lo dice el doctor en historia económica y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez después de hacer una revisión exhaustiva del FFF, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en la Cuenta Pública Federal de los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Explica el especialista en programación financiera que dicho fondo fue introducido de manera subrepticia por la SHCP –cuando el titular era Luis Videgaray Caso– en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2016, dentro del “Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”, con un monto de mil 481 millones de pesos.
Sin embargo, el revisarse los analíticos de la Cuenta Pública para 2016 se encontró que las erogaciones por ese concepto habían alcanzado la insólita cifra de 62 mil 258 millones de pesos, monto 42 veces superior al aprobado en el PEF.
Al siguiente año, los funcionarios de Hacienda encargados indebidamente de elaborar el dictamen del PEF –por ley, esto les corresponde a los diputados– introdujeron un monto de 3 mil 243 millones de pesos en ese fondo del Ramo 23. De nuevo, según el cierre preliminar del PEF para 2017, el gasto reportado asciende a 55 mil 482 millones de pesos, 17 veces por encima de lo incluido en el PEF.
Dice Juan Moreno: “Pero esas enormes desviaciones del gasto público, respecto a lo incluido en el PEF, no son lo más preocupante, sino la total discrecionalidad con que la SHCP maneja esos enormes montos de recursos públicos, así como su dudosa legalidad”.
Vale la pena recordar que Meade asumió el cargo de secretario de Hacienda el 7 de septiembre de 2016. De hecho, el paquete económico para el siguiente año ya estaba confeccionado, impreso inclusive, y a él sólo le correspondió entregarlo a las cámaras del Congreso de la Unión.
Es decir, no tuvo injerencia en el contenido original ni de la Ley de Ingresos ni del Presupuesto ni de los Criterios Generales de Política Económica. Pero sí le tocó encabezar las negociaciones con los diputados y dictaminar las respectivas leyes y decretos para sacar adelante el programa económico de 2017.
Moreno, economista por la UNAM y doctor por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), cuenta cómo se introdujo el FFF en el Ramo 23 para 2016, lo que se repitió en los presupuestos aprobados para 2017 y 2018.
“El Fondo para el Fortalecimiento Financiero fue introducido por primera vez por los funcionarios de la SHCP que indebidamente elaboran los dictámenes del PEF, en el correspondiente al ejercicio de 2016. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo no estaba incluido el citado fondo.
“Pero, como lamentablemente ya se ha hecho costumbre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, encargada de ‘dictaminar’ el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, no sólo no revisó ni dictaminó nada, sino que ‘aprobó’ por mayoría, sin siquiera conocerlo, el dictamen elaborado por la SHCP. Ese dictamen fue conocido por los diputados hasta que se había iniciado el pleno de ese organismo legislativo, que terminó aprobándolo.
“Fue precisamente en ese dictamen elaborado por la SHCP donde se introdujo por primera vez el FFF, con un monto de mil 481 millones de pesos. En el decreto del PEF aprobado no se señala el objeto, propósito y posibles reglas de ese fondo. Sólo cuando la SHCP integró el PEF aprobado y dio a conocer todos los detalles del mismo, en el apartado Estrategia Programática correspondiente al Ramo 23, se mencionó de manera muy escueta: ‘Fortalecimiento Financiero. Para atender las solicitudes de las entidades federativas en el concepto de Fortalecimiento Financiero’.
“Durante la discusión del PEF para 2017 –que ya le correspondió a Meade– se repitió exactamente la misma historia. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, de nuevo no se incluyó el FFF. Pero al presentarse el dictamen elaborado por los funcionarios hacendarios se introdujo un monto de 3 mil 243 millones de pesos para ese fondo.
“Respecto al PEF para el actual ejercicio de 2018 –que ahora sí le tocó confeccionar y negociar a Meade–, se hizo lo mismo por tercer año consecutivo. En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo tampoco se incluyó nada para el FFF. En el dictamen elaborado por Hacienda, y luego aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, se metió un monto de 2 mil 538 millones de pesos en ese concepto.
“Al revisar la distribución de los recursos del FFF ejercidos durante 2016 y 2017, se puede apreciar con toda claridad la gran discrecionalidad con que se maneja la SHCP.”
Por ejemplo, dice que en 2016, de los 62 mil 258 millones de pesos que finalmente constituyeron el FFF de ese año –y no los mil 481 millones aprobados–, 7 mil 206 millones de pesos (11.6%) se fueron al Estado de México; a Oaxaca, 4 mil 538 millones (7.3%); a Puebla, 4 mil 309.7 millones (6.9%); a Guerrero, 3 mil 5 millones (4.8%) y a la Ciudad de México, 2 mil 941.2 millones de pesos (4.7%).
Esos estados fueron los que mayores recursos del FFF recibieron; los que menos, Zacatecas, 580 millones (0.9%); Campeche, 415.2 millones (0.7%) y Tamaulipas, 129.4 millones (0.2%).
En 2017 las cosas fueron muy parecidas. El Estado de México se llevó el mayor monto: 8 mil 519 millones, el 15.4% de los 55 mil 482 millones 354 mil 100 pesos ejercidos por el oscuro Fondo de Fortalecimiento Financiero.
Acota el especialista: “No hay que olvidar que ese insólito monto de recursos se otorgó durante un año electoral, en el cual el gobierno del Estado de México resultó acusado, de manera reiterada, de usar ilegalmente recursos públicos”.
Le siguieron Guerrero, con 3 mil 792.2 millones (6.8%); Michoacán, 3 mil 772 millones (6.8%); Ciudad de México, 3 mil 385.4 millones (6.1), y Chiapas, con 3 mil 328.5 millones de pesos (6%).
En la cola quedaron, con los menores apoyos, Tlaxcala, con 330 millones 778 mil pesos (0.6%); Nuevo León, con 330 millones (0.6%), y Chihuahua, con apenas 68 millones 822 mil 700 pesos (0.1%), según datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre preliminar del Presupuesto de Egresos de 2017.
Premios y castigos
Juan Moreno no sólo elaboró los cuadros correspondientes a la distribución del FFF en 2016 y 2017, sino que hizo un comparativo de cómo se realizó esa distribución entre gobiernos de distintos partidos, como puede verse en el Cuadro 3.
De entrada, destaca que de un año a otro los gobiernos priistas y sus aliados fueron los más beneficiados con los recursos del FFF: 32 mil 983 millones 419 mil 600 pesos en 2016 y 33 mil 230 millones 677 mil 200 pesos, un aumento de 247 millones 257 mil 500 pesos, el 0.7%.
En cambio, los gobiernos del PAN, el PRD y otros opositores recibieron menos recursos del FFF, simplemente por decisión de la Secretaría de Hacienda: 29 mil 274 millones 710 mil 200 pesos en 2016 y 22 mil 251 millones 676 mil pesos, una reducción de 7 mil 23 millones de pesos, es decir, 24% menos en 2017 que en 2016.
Y por pura discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda.
Del Cuadro 3, su autor señala:
“Es el más ilustrativo. Para comparar lo erogado entre 2016 y 2017, se agruparon los gobiernos de las distintas entidades federativas entre las encabezadas por el PRI-PVEM y las gobernadas por la oposición PAN-PRD-independientes.
“Se puede observar que mientras el total disminuyó en 10.9%, los recursos canalizados a los gobiernos del PRI-PVEM crecieron en 0.7%. En contraste, las transferencias otorgadas a los gobiernos de oposición cayeron en 24.0%. Entre los primeros, además de Estado de México, se destacan los gobiernos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Sonora y Yucatán. Los gobiernos de oposición más castigados fueron el de Chihuahua (primer lugar, con -95.3%), Nuevo León (-72.8%), Puebla (-56.3%), Morelos (-53.4%), Durango (-49.9%), Tabasco (-47.0%), Guanajuato (-43.3%) y Quintana Roo (-41.4%).
“Los números resultan demasiado evidentes y cualquier comentario adicional sale sobrando. El uso, no sólo discrecional, sino claramente faccioso por parte de la SHCP, no deja lugar a ninguna duda.
“Respecto al fundamento legal del multicitado Fondo para el Fortalecimiento Financiero, se recurrió a los convenios suscritos entre la SHCP y el gobierno del estado de Chihuahua, dados a conocer por el gobernador Javier Corral el pasado mes de enero. Como base de este análisis se utilizó el convenio firmado por 700 millones de pesos.
“Para empezar, en la fracción III de los Antecedentes se señala que los recursos referidos en ese convenio son ‘subsidios’, agregando que se trata de ‘asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación’.
“Aquí aparece el primer problema, ya que los citados recursos del FFF para Chihuahua NO están en el PEF, encontrándose sólo, como se señaló antes, un monto sin distribuir y sin que se señalen criterios para hacerlo.
“En la fracción IV de los Antecedentes se indica que el otorgamiento de los referidos ‘subsidios’ se sujetará a lo señalado en los artículos 74 a 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Sin embargo, lo señalado en los artículos invocados no parece sustentar la manera como la SHCP distribuye y asigna los citados recursos.
“En el artículo 74 de la LFPRH se señala que los subsidios deberán estar aprobados ‘con cargo a las dependencias y, en su caso, de las entidades’. El Ramo 23, donde se ubica el FFF, es un ramo ‘general’, no incluido en ninguna dependencia o entidad. En el artículo 75 de la citada ley se señalan los criterios a que deben sujetarse los subsidios. El indeterminado FFF no cumple con ninguno de los mismos.
“En los artículos del 76 al 78 de la LFPRH se agregan requisitos que deberán observar las dependencias y entidades que otorgan subsidios, lo cual tampoco parece aplicar para un monto de recursos sólo enunciado en el Ramo 23.
“Por último, en el artículo 79 de la LFPRH se señala lo siguiente: ‘El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de Egresos y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los sectores social y privado’.”
Como resulta evidente, advierte Moreno Pérez, la base legal invocada para el FFF no parece sólida, por decir lo menos, y sería muy importante escuchar lo que pueda opinar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al respecto.
“Como conclusión –termina–, sólo queda alertar sobre lo que puede esperarse en este año electoral. En el PEF están incluidos 2 mil 537 millones de pesos del FFF. La SHCP puede fácilmente inflar esa cifra hasta 50 o 100 mil millones de pesos y distribuirlos discrecionalmente con criterios electorales, sin que exista actualmente ningún control.
“La ASF podría presentar una primera revisión de lo ejercido en 2017, mediante el FFF, en junio del presente año, apenas unos días antes de la elección. Pero lo que se gaste durante 2018 se conocerá hasta el siguiente año. Para entonces podrán señalarse las ilegalidades cometidas, pero el daño ya estará hecho y, como se dice coloquialmente, ‘palo dado, ni Dios lo quita’.”
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Revista Proceso # 2158, 11 de marzo de 2018..
Las mexiquenses, bajo el "chantaje rosa”/
VENERANDA MENDOZA
Para acceder al Salario Rosa –el principal programa social del gobernador mexiquense, que le dará 2 mil 400 pesos bimestrales a las amas de casa carentes de ingresos– las mujeres del Estado de México deben presentar, requisito indispensable, su credencial de elector. Y además, violando todas las vedas de tiempos electorales, el gobernador Alfredo del Mazo ha entregado las Tarjetas Rosas en actos masivos, que bien podrían confundirse con mítines políticos. El “chantaje rosa” –en otras palabras, la compra del voto– está en marcha.
TOLUCA, Edomex.- La operación del Salario Rosa, el programa social estrella del gobernador Alfredo del Mazo, concentra recursos 32 veces superiores a los destinados este año para atender la alerta por violencia de género en el Estado de México. Y el registro en el padrón de beneficiarias requiere presentar la credencial de elector. Las mujeres que tengan menos suerte recibirán sólo un apoyo bimestral; las más afortunadas, 12.
Hasta el viernes 9, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem) había admitido la procedencia de 71 mil registros, pero hasta ese día ninguno aparecía ya en el padrón de beneficiarias.
Este año el programa Familias Fuertes-Salario Rosa le costará al erario más de 967 millones de pesos, según un informe de enero pasado sobre la aplicación de los recursos y evolución de los programas sociales. El monto rebasa en 73.5 millones lo asignado en 2017 (894 millones) a su antecesor: el programa Mujeres que Logran en Grande (MLG), que operaba por medio de la tarjeta La Efectiva.
La inversión de 2018 en los 11 principales programas sociales estatales será de más de 4 mil 768 millones de pesos, 500 millones más que en 2017, cuando se presupuestó poco más de 4 mil millones.
En contraste, el Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2018 apenas dispone que dentro de los recursos otorgados a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos “se considera la cantidad de 30 millones de pesos para llevar a cabo acciones para la mitigación de la Alerta de Género declarada en 11 municipios”.
Los recursos para la Tarjeta Rosa (la que se da a las beneficiarias del programa Salario Rosa) son 32 veces superiores a los previstos para atender la alerta por violencia de género, pese a que en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró al Estado de México como la entidad con mayor número de este tipo de crímenes, con 301 denuncias; seguido por Guerrero, con 219; Chihuahua, con 212; Baja California, con 211, y Guanajuato, con 159.
Hasta dos años
Algunas beneficiarias que han recibido la Tarjeta Rosa podrían obtener apoyo por sólo 2 mil 400 pesos –un bimestre– o acceder al beneficio por un máximo de dos años, cuando habrán recibido 28 mil 800 pesos.
Las reglas de operación reconocen que el beneficio implicará “transferencia de recursos monetarios, de una hasta doce ocasiones, de manera bimestral, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal”.
El programa, ofrecido durante la campaña del priista Alfredo del Mazo como un beneficio generalizado para reconocer el trabajo no remunerado de las amas de casa mexiquenses, ya se había acotado al establecer entre los requisitos de afiliación que no perciban pago alguno y tengan entre 18 y 59 años.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social admite que en 2016 la entidad albergaba 8 millones 230 mil 200 personas en pobreza (47.9% del total de la población), 7 millones 173 mil 242 padecía pobreza moderada (41.7%) y 1 millón 56 mil 958 vivía en pobreza extrema (6.1%).
De quienes para entonces se registraron en pobreza extrema, el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social identifica 378 mil 960 mujeres con tres o más carencias sociales y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. No obstante, el programa fue creado para atender a menos de la tercera parte: 111 mil mujeres.
Como “mecanismos de enrolamiento”, las reglas de operación disponen la obligatoriedad de “presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México y original para su cotejo”.
Eric Sevilla, titular de la Sedesem, informó el viernes 9 que ya han sido aprobadas 71 mil solicitudes.
A la fecha, el gobierno estatal ha convocado a una decena de actos masivos para la entrega del Salario Rosa; a las alrededor de 4 mil beneficiarias por evento les han obsequiado playeras y gorras, banderitas y globos con la leyenda “Yo amo el Salario Rosa”. Y en las principales vías de comunicación de la entidad se han desplegado anuncios espectaculares para difundir el programa.
El gobernador de las mujeres
“Soy el gobernador de las mujeres”, asegura Del Mazo en cada entrega masiva del monedero electrónico. Las asistentes corean: “Ya se vio, Alfredo sí cumplió”, y alguna incluso manifestó en público: “Todas nos queremos casar con usted porque sí cumple”.
Para 2015 la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó 8 millones 353 mil 540 mujeres, que significaban para entonces 51.6% de la población mexiquense.
En los encuentros masivos, el mandatario estatal se refiere a las transferencias como “un pago” para agradecer y reconocer el sacrificio y trabajo de las amas de casa. “Lo pueden invertir en lo que deseen: estudios de sus hijos, en mejoras para su casa, en alimentación para su familia, en su salud, en medicinas”, enlista, sin detallar que el recurso diario representará apenas 40 pesos (la mitad de un salario mínimo), que el pasaje en transporte público cuesta 10 pesos (20 el viaje redondo), y sin rememorar la escalada de precios en los productos de la canasta básica a partir de los gasolinazos.
Antes de concluir cada acto, el mandatario estatal demanda a las beneficiarias “que se conviertan en voceras del Salario Rosa”, que presuman a sus familias, amigas, vecinas, que les cumplieron; y dice que éste sólo es el principio.
La petición pública ocurre a pesar de que las reglas de operación del programa advierten que éste debe promoverse bajo la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a lo que dispone la ley de la materia”.
Las normas que regulan el programa también prevén la suspensión del apoyo a la beneficiaria que realice proselitismo con él, a favor o en contra de cualquier candidato o partido. También es motivo de suspensión de los apoyos “no participar en actividades comunitarias (que no se especifican) cuando les sea requerido”.
Apenas el jueves 8 Del Mazo reconoció que hay retos para proteger y defender los derechos del género femenino, pero aseguró que su administración trabaja para fortalecer la igualdad.
El gobernador firmó un pacto para promover leyes y políticas públicas con perspectiva de género, acciones para reducir brechas salariales y para la inclusión de las mujeres en puestos de mando medios y superiores. Fundamentalmente, insistió en que el Salario Rosa “empodera” a las amas de casa que viven en pobreza extrema.
Desde el miércoles 7, colectivos feministas, madres de víctimas y organizaciones no gubernamentales marcharon en municipios como Ecatepec y Toluca –ambos con alerta por violencia de género– para demandar seguridad e igualdad, en lugar de Tarjetas Rosas.
Cancha electoral
El pasado 27 de febrero Morena promovió una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador mexiquense y su secretario de Desarrollo Social, en la que además demanda la suspensión inmediata del programa como medida cautelar para evitar la coacción del voto.
Horacio Duarte, presidente estatal de Morena, destacó que la Constitución establece la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad para que no influyan en la equidad de la competencia.
El representante morenista admitió que durante los procesos electorales no se puede suspender la entrega de programas sociales, pero consideró innecesario realizar actos masivos para su distribución durante este periodo. “Al llevar a cabo estos eventos se ponen en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad”, afirmó.
El también representante de Morena ante el INE recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en una tesis jurisprudencial, que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en actos masivos.
El artículo 261 del Código Electoral del Estado de México dispone que “desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”.
Las únicas excepciones, serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Además establece que en época proselitista las autoridades “se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia, debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”.
La norma faculta a la Legislatura para determinar “los programas sociales que por su naturaleza, objeto o fin por ningún motivo deberán suspenderse”.
A pesar de que el próximo viernes 30 se iniciarán las campañas presidenciales, Miguel Sámano, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, aseguró que no hay prisa para definir el catálogo.
Las campañas para la elección de ayuntamientos y diputados locales comenzarán el 24 de mayo; la diferencia puede transformarse en un resquicio jurídico para permitir la operación normal de los apoyos.
Sámano aseguró que la definición de la lista es una prioridad, pero confió en que la toma de decisiones no implicará ningún problema, pues el Salario Rosa no es nuevo, sino la transformación de otro apoyo que funcionó el sexenio pasado. “Es exactamente lo que ustedes conocían como tarjeta MLG”, manifestó. Por lo tanto, consideró que podría tener el mismo tratamiento que se le dio a La Efectiva en el marco de la elección de gobernador del año pasado.
Entonces, el PRI y sus aliados avalaron la operación de más de la mitad de los programas sociales estatales (67 de 102) durante las campañas, con el argumento de que no se podían arrebatar los apoyos a personas que los requerían. La lista no incluyó a La Efectiva; no obstante, en la víspera de la resolución de una acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición, el inventario se redujo a 49 programas.
La nueva relación, promulgada el 29 de mayo de 2017 –a menos de una semana de la jornada electoral mexiquense–, extrañamente incluía entre los programas con permiso para operar el de MLG.
El diputado perredista Víctor Bautista demandó la comparecencia de las autoridades involucradas en la operación del Salario Rosa, al considerar que falta claridad, y denunció que en el oriente de la entidad no existe antecedente de su entrega.
Las reglas de operación de los programas sociales de la nueva administración prevén que la información de los beneficiarios se maneje en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
Adicionalmente, los lineamientos internos del Comité de Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa contemplan una suerte de cláusula de confidencialidad.
El decimoquinto considerando especifica que “las y los integrantes se obligan a guardar secreto sobre la información referente al programa, que sea clasificada como confidencial, y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a éste, aún después de que se concluya su intervención en el Comité”.
Javier Rivera Escalona, representante perredista ante el Instituto Electoral del Estado de México, aclaró que por ahora el PRD no tiene considerado impugnar la Tarjeta Rosa, pues “es responsabilidad de la Legislatura suspender los programas sociales para garantizar equidad en la contienda”.
No obstante, destacó la necesidad de que se hagan públicos los padrones de beneficiarios para cotejarlos con los del PRI, detener las entregas masivas y garantizar que no se condicione la entrega de los apoyos a la credencial de elector o el voto en favor de algún partido político.
Hasta el cierre de esta edición, la página de Transparencia de la Sedesem no había actualizado su padrón; muestra más de 2 millones 158 mil registros, pero relacionados con programas de la administración anterior, fundamentalmente Por una Infancia en Grande.
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Revista Proceso # 2158, 11 de marzo de 2018..
El botín chiapaneco divide a aliados y une a enemigos/ISAÍN MANDUJANO
Aunque la alianza del PVEM y el PRI en Chiapas está vigente en las cúpulas, sus militantes siguen enfrentándose en los municipios. Y esa división, más la deserción de dirigentes verdes y tricolores hacia la coalición Morena-PT-PES y las fuerzas de la malograda alianza Por Chiapas al Frente –donde además existe el riesgo de que la pugna por las postulaciones se resuelva en tribunales–, sólo dejan claro que el PRI está de capa caída, aunque de él provienen los más fuertes aspirantes a la gubernatura.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- A poco más de 100 días de la jornada electoral del 1 de julio para elegir gobernador, 40 diputados locales y 124 alcaldes, Roberto Albores Gleason, Rutilio Escandón Cadenas, José Antonio Aguilar Bodegas y Eduardo Ramírez Aguilar se perfilan para suceder al mandatario local Manuel Velasco Coello.
Escandón Cadenas, que le dio la espalda al PRD en 2012 para apoyar al entonces candidato del PRI y PVEM Manuel Velasco Coello, al triunfo de éste fue designado titular del Poder Judicial del estado. Pero ahora aspira a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT).
Nunca ha ganado una elección, pero su índice de preferencia electoral se basa en el “efecto Andrés Manuel”, que en Chiapas ha sido muy fuerte desde las elecciones de 2006 y 2012.
El pasado jueves 1, Andrés Manuel López Obrador se presentó junto a Escandón Cadenas, ratificó su postulación y dijo que lleva una ventaja de dos a uno sobre sus adversarios. Dijo que todos los partidos en Chiapas hacen encuestas y saben cuál es la tendencia, pero no las publican porque saben cuál es la realidad. “Ya los mariachis callaron”, bromeó.
Ese día López Obrador, acompañado de su enlace empresarial Alfonso Romo, se reunió con la iniciativa privada estatal, sector que, dijo, cada día ve con mejores ojos su proyecto alternativo de nación.
En cuanto al PRI, tras una negociación cupular se decidió postular al senador con licencia Roberto Albores Gleason, hijo de Roberto Albores Guillén, gobernador interino de1998 a 2000, quien se caracterizó por reprimir a las organizaciones sociales, principalmente a las bases de apoyo del EZLN, con el aval del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y de su secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
Albores Gleason empezó su carrera política en el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), donde ocupó varios puestos para después postularse para senador. De esa forma Sabines, quien llegó al gobierno postulado por la coalición del PRD, PT y Convergencia, retribuyó el apoyo electoral que recibió de Albores Guillén, quien en noviembre de 2006 fue expulsado del PRI por darle la espalda al candidato priista, Antonio Aguilar Bodegas.
No obstante, Albores Gleason fue designado candidato del PRI a gobernador. Las complicaciones surgieron cuando las cúpulas del tricolor, el Panal y el PVEM acordaron lanzarlo como representante de su alianza Todos por Chiapas, ya que el líder de los verdes, Eduardo Ramírez Aguilar, impugnó ese acuerdo con el argumento de que no se realizó una consulta interna.
En un intento por quedarse él con la candidatura, Ramírez Aguilar creó el “Movimiento por la Dignidad” para exigir una consulta y, de no realizarse, romper la coalición. A la larga pesó más el acuerdo cupular, en el que se le achaca un papel importante al exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade.
Ramírez Aguilar era el sucesor natural de Velasco Coello, pero para Nuño fue un obstáculo como secretario general de Gobierno y como presidente del Congreso local, ya que apoyó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su rechazo a la reforma educativa.
Cerradas las puertas para competir por su propio partido, hasta el viernes 9, Ramírez Aguilar buscaba a los dirigentes del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y otros dos partidos políticos locales, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
Alianzas rotas y cambio de lealtades
El gobernador Manuel Velasco Coello se ha tomado fotos con el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, para exhibirla en las redes sociales y ratificarle ahí mismo su respaldo.
Por eso causa incomodidad en el priismo que el abuelo del gobernador, el octagenario Fernando Coello Pedrero, siempre haya respaldado a López Obrador. En cada ocasión que el tabasqueño llega a Chiapas, Coello Pedrero no se le despega en los actos públicos, sin importarle si los seguidores del aspirante a la presidencia le dirigen rechiflas al enterarse de su parentesco con Velasco Coello.
“Es mi amigo, amigo de la familia, y no lo negaré jamás”, dijo hace unas semanas López Obrador en San Juan Chamula. Recordó que para su campaña por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el abuelo de Velasco Coello le dio un auto: “Fue un Tsurito”, detalló AMLO, y añadió en tono de broma: “El Güero es mañoso, por eso siempre me manda a su abuelo para que yo no hable mal de él”.
La madre del gobernador, Leticia Coello Viuda de Velasco, trabajó en el gobierno del Distrito Federal con López Obrador, por eso se llegó a mencionarla como posible candidata a senadora por Morena, aunque sólo fue una especulación.
El caso es que desde la semana pasada el gobierno de Enrique Peña Nieto empezó a quitar de los cargos en delegaciones federales a los amigos y aliados verdes de Velasco Coello, para sustituirlos por leales priistas. Por ejemplo, fueron cesados Luis Ignacio Avendaño Bermúdez como delegado de la Sedesol y funcionarios del programa Prospera, así como de Sedatu.
El gobernador Manuel Velasco, quien no ha dejado de entregar el Salario Rosa en multitudinarios actos públicos, dijo el miércoles 7, ante miles de mujeres indígenas: “No vengo a reconocer a ningún partido político, El Güero Velasco no tiene color; hoy vengo a reconocer a las mujeres de Chilón”.
En ese municipio se disputan la alcaldía el PRI y el PVEM. Aunque sus dirigencias estatales siguen aliadas, durante las elecciones municipales de 2012 y 2015 los militantes de ambos partidos se enfrentaron con todo y mantienen en más de 100 municipios una rivalidad que incluso ha provocado muertes.
Hasta el viernes 9 Ramírez Aguilar, el amigo de infancia de Velasco Coello, aún no conseguía que un partido o coalición lo postulara para gobernador. El lunes 5 declaró:
“Los de allá arriba se aferran a mantener esta postura. Nosotros podemos decirles que podrán quitarnos unas siglas, pero lo que no nos van a quitar son nuestros sueños y aspiraciones, nuestros deseos, nuestra esperanza y nuestra fe por construir un Chiapas mejor.
“Nuestro movimiento no pertenece a una sigla partidista, por nosotros quédense solamente con eso: una simple y sencilla sigla. La gente, nuestra militancia y los liderazgos, nos van acompañar, porque nuestro movimiento ha tenido invitaciones expresas, formales, de abanderar una gran participación política con una gran participación ciudadana.”
Ramírez Aguilar coqueteó con Morena y se presentó en reuniones con Julio Scherer Ibarra, coordinador del partido en la región, pero hasta la semana pasada buscaba la candidatura de la coalición que conforman PAN, PRD, MV, Chiapas Unido y Mover a Chiapas.
Estos cinco partidos políticos acordaron de último momento, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), impulsar una candidatura común. Sin embargo, José Antonio Aguilar Bodegas argumenta que para esa candidatura se considerará primero a los precandidatos que se registraron en tiempo y forma en sus partidos… como él lo hizo en el PRD.
En dicho partido se registraron asimismo Rubén Velázquez y Diego Valera; en Mover a Chiapas, Enoc Hernández, y en MC lo hizo María Elena Orantes, quien finalmente desistió a buscar la gubernatura para ir por una senaduría.
Ninguno de esos cinco partidos ha registrado como aspirante a Ramírez Aguilar, pero éste ha recibido el apoyo expreso del líder estatal perredista César Espinosa Morales. Ello provocó fricciones internas al PRD, siete de cuyos 11 consejeros estatales apoyan a Aguilar Bodegas, quien perdió por poco más de 6 mil votos la elección de 2006 ante Sabines Guerrero.
Desde el 22 de febrero Aguilar Bodegas denunció desaseo en el proceso de selección de candidato a gobernador por la coalición PRD-PAN-MC. Sin decir nombres, señaló un intento de imponer a un aspirante y de pervertir el proceso de forma ilegal, por lo que exigió un proceso transparente y legítimo para elegir al candidato común.
El pasado martes 6 la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Jeanete Ovando Reazola, destapó a Aguilar Bodegas como su candidato a la gubernatura.
El jueves 8 una facción del PRD, que apoya al mismo precandidato, pidió a su dirigencia nacional que “atraiga” el proceso de selección y acusaron a Espinosa Morales de convocar a un consejo político estatal “espurio e ilegal” para imponer a Ramírez Aguilar.
José Antonio Hernández, Saraín Osorio, Gabriel Gutiérrez Ávila, Roger Narcía y otros líderes de organizaciones sociales y civiles que son bases del PRD, indicaron que hubo una convocatoria para registro de precandidatos y que Ramírez Aguilar no figura entre ellos.
En entrevista, Aguilar Bodegas –quien fue senador y líder estatal del PRI, perseguido por el gobierno de Sabines y secretario del Campo en la gestión de Velasco Coello– señala que no debe haber más perversión de la política ni violación a los marcos jurídicos electorales.
Afirma que la ruptura de la coalición estatal Por Chiapas al Frente es ilegal y que debe restituirse, como se hizo con la alianza PRI-PVEM-Panal. De igual forma, sostiene que no debe haber candidatura común para gobernador, como lo establece la constitución política local, y que de haberla, ya están registrados los candidatos al cargo.
De seguir así, advierte, el proceso electoral en la entidad se irá a la “judicialización” y eso no es “benéfico para un estado que aspire a ser democrático”.
Desde su punto de vista, si el órgano electoral avala una candidatura común donde no entren él, Diego Valera, Rubén Velázquez o Enoc Hernández, “esto se irá a los tribunales” y el IEPC podría ser juzgado como lo fue el anterior consejo electoral, que fue disuelto y aún tiene investigaciones administrativas vigentes de la PGR y el INE.
Al respecto, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, señaló que el instituto estará atento al contexto político y social en la entidad:
“De lo que se trata es de construir las condiciones que permitan el debido desarrollo de las distintas etapas del proceso. No hay manera que la ruta de la organización electoral concluya con éxito a menos que los partidos políticos y los candidatos, las instancias competentes de velar por la seguridad y la gobernabilidad en la entidad, las autoridades electorales, administrativas, penales y jurisdiccionales, así como los entes responsables de garantizar su autonomía presupuestal, asumamos plenamente y con convicción republicana las tareas que nos corresponden.
“En el IEPC somos conscientes que la organización de estos comicios implica un enorme reto, sin precedente en el contexto político-electoral de México. Sabemos que vamos a enfrentar adversidades complejas, pero sabemos también que tenemos herramientas para enfrentarlas.”
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Revista Proceso # 2158, 11 de marzo de 2018..
"El Bronco", un desafío para el INE y el TEPJF/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón se convirtió ya en un problema para las autoridades electorales. El constitucionalista Diego Valadés expone los motivos por los cuales el Instituto Nacional Electoral no debe otorgar el registro al gobernador de Nuevo León. En entrevista con Proceso, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también aborda el sinsentido del periodo de intercampañas que prohíbe los debates, lo cual ha provocado airadas críticas de los concesionarios de los medios de comunicación.
El jurista Diego Valadés es contundente: el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que rechazar el registro de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato independiente a la Presidencia de la República. Su argumento es que el gobernador de Nuevo León con licencia será juez y parte en el proceso electoral a partir del día de los comicios. La única manera de salvar su aspiración, dice, es que renuncie a la gubernatura.
Además de las irregularidades que el INE termine por determinar en el número de firmas que presentó como apoyo a su candidatura –estimadas preliminarmente en 40%–, Rodríguez Calderón tendrá que ser sometido a los criterios fijados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligan a la separación del cargo durante todo el proceso electoral y no sólo los seis meses que dura su licencia.
El problema para Rodríguez Calderón es que la Constitución de Nuevo León no prevé una licencia mayor a ese plazo, por lo que la única manera de salvar el impedimento para registrarse como candidato independiente es que renuncie en definitiva al gobierno de Nuevo León, explica en entrevista el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El INE y el TEPJF tienen otro escollo por delante que exige una solución pronta: la prohibición que tienen los candidatos durante el actual periodo de intercampañas para debatir y expresarse libremente.
Los magistrados del Tribunal Electoral tendrán que resolver en los próximos días los diferentes juicios interpuestos por actores políticos, medios de comunicación y la cámara empresarial de radio y televisión en contra de los lineamientos del INE que impiden la realización de debates entre los candidatos en el actual periodo de intercampañas.
“Esta prohibición no tiene ningún fundamento democrático”, asegura el investigador especializado en derecho constitucional, sistemas representativos y control del poder, quien además ha sido titular de la Procuraduría General de la República y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como embajador de México en Guatemala, además de haber estado al frente del propio IIJ.
Valadés asegura que la candidatura de Jaime Rodríguez “representa un dilema” para las autoridades electorales; administrativa en el INE y judicial en el TEPJF.
“Desde mi punto de vista, el Instituto Nacional Electoral no debe darle el registro como candidato por el muy sencillo hecho de que ese candidato volverá a ocupar el gobierno del estado el día mismo de las elecciones”, asevera.
Esto significa que a través de sus representantes participará en el cómputo de los votos que inicia el miércoles siguiente a las elecciones, pero lo hará ya como gobernador, pues su licencia de seis meses se vence el 1 de julio de 2018, el mismo día de las elecciones. Ya de nuevo en funciones, podría intervenir en cualquier proceso contencioso que se inicie en su contra o en el caso de que él atribuya actos indebidos a otros. Esa es una irregularidad que ya está prevista por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, apunta Valadés.
Un dilema administrativo-judicial
Tanto el TEPJF como la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo han determinado. El Tribunal Electoral, incluso, con jurisprudencia firme ha establecido que la separación del poder por parte de quienes ocupan un cargo como gobernador debe ser durante todo el proceso electoral, no sólo hasta la fecha de la elección.
El proceso electoral no termina el día de los comicios, sino con la declaratoria formal que valida el triunfo de candidato con mayor número de votos; en el caso de las elecciones presidenciales, es en septiembre.
“Si el Instituto Nacional Electoral le da el registro a quien a partir del 1 de julio incumple ese requisito, creo que sería un fallo técnico jurídico muy relevante”, dice el experto.
Autor de Constitución y política, Constitución y democracia y El control del poder, entre otros estudios, Diego Valadés dice que la solución está en manos del propio gobernador con licencia: “Para seguir adelante en el proceso electoral, tiene una opción que está a su alcance: renunciar”.
–¿Y por qué renunciar?
–Porque la Constitución del estado de Nuevo León no permite que las licencias sean por más de seis meses. Si la Constitución estatal permitiera que fuera un año, entonces podría seguir con licencia. Pero no es el caso.
–¿Cómo es que las autoridades electorales dejaron que el proceso de registro del gobernador continuara?
–El INE lo que hizo fue admitir las solicitudes y dar seguimiento a la obtención de firmas y su correspondiente validación. Pero ya para el registro, el gobernador tendrá que demostrar que su licencia es válida durante todo el proceso electoral. Y si no es así, estimo que el Instituto Nacional Electoral no le puede dar el registro.
–Si el fundamento es la jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿entonces el INE, como autoridad administrativa, debe de negarle el registro?
–Una jurisprudencia firme del TEPJF es vinculante para todos los órganos electorales. Por lo tanto, una eventual negativa del INE no sería una decisión administrativa, sino la aplicación de un criterio de la máxima autoridad judicial en materia electoral.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional y del Colegio de Sinaloa –entidad donde nació hace 73 años–, Valadés explica que en ese caso Rodríguez Calderón no quedaría desprotegido porque puede presentar un recurso ante el Tribunal Electoral y, eventualmente, esa instancia judicial podría modificar su criterio.
“La negativa a su registro como candidato independiente se podría apelar. Nadie está en estado de indefensión y a todos se les debe aplicar la norma en términos razonables”, dice.
Aún antes de esa eventualidad, El Bronco debe sortear la validez de las firmas que presentó al INE como apoyo de su candidatura presidencial independiente. De los tres aspirantes en esa condición, el gobernador de Nuevo León con licencia es el que más apoyos inexistentes habría presentado.
Firmas dudosas
Las revisiones preliminares del INE dadas a conocer el pasado 26 de febrero, indican que de los 2 millones 34 mil 432 firmas que presentó el expriista, 824 mil 472 serían falsas. Es decir, 40.5% del “apoyo” que ostentó sería en realidad una invención.
Para Rodríguez Calderón las firmas falsas son “travesuras”, no un fraude. “La gente puede sacarle copias a una credencial y tomarle la foto y enviarla; esa no cuenta, esa no se aplica que cuente. Eso no es un fraude, eso simplemente es una travesura de alguien”, declaró en enero pasado cuando el INE dio a conocer la persistencia de esa irregularidad en el caso de varios candidatos independientes a distintos cargos de elección popular.
Pero las firmas falsas no son la única manera de hacer trampa por parte de los candidatos independientes. También la presentación de credenciales caducas, credenciales de personas fallecidas o de personas con cambio de domicilio, entre otros recursos.
Después de Rodríguez Calderón, en el número de firmas no validadas está el senador con licencia por Guerrero y experredista Armando Ríos Piter. Presentó 1 millón 765 mil 728. Pero de ellas, 606 mil 214 están bajo escrutinio del INE, lo que representa 34% de su “apoyo”.
Muy cerca quedó Margarita Zavala, la expanista esposa del expresidente Felipe Calderón. Del millón 578 mil 762 firmas registradas, 511 mil 582 serían irregulares; es decir, 32%, según la revisión preliminar. Descontadas las inconsistencias, Zavala sería la que menos firmas logró recabar.
El INE deberá dar a conocer las cifras definitivas antes de que apruebe la distribución del financiamiento público para el gasto de campaña de los independientes, calendarizada para hacerse entre los próximos domingo 11 y domingo 18.
La revisión del INE deberá precisar las irregularidades de las firmas duplicadas, las personas dadas de baja, las no encontradas y otras inconsistencias, como las de las personas que estén en el padrón electoral pero no en la lista nominal de electores, que es en donde están registrados los ciudadanos que solicitaron su ingreso al padrón y tienen credencial de elector vigente.
Los candidatos independientes podrán pedir una revisión de las firmas no encontradas por el INE. En el extremo, en caso de desacuerdo podrían acudir al Tribunal Electoral. Pero no hay mucho tiempo para las diferencias, pues las campañas empezarán formalmente el viernes 30.
Antes de esa fecha, el TEPJF también deberá resolver las impugnaciones que se han presentado contra los lineamientos del INE que impiden la realización de debates entre los candidatos durante el actual periodo de intercampañas.
Esta determinación no tiene fundamento democrático, asegura Valadés. Pero para evitar una nueva reforma electoral y eliminar ese periodo, propone “simplemente interpretar la ley de la manera que resulte más adecuada para los intereses de la democracia”.
Si se quiere que durante este periodo no se puedan hacer campañas, habría que entender éstas en un sentido restrictivo respecto a grandes concentraciones y movilizaciones públicas, explica.
“Hay que entender este periodo para que nos dejen a los ciudadanos respirar un poco después del aluvión de spots que padecimos durante la precampaña y que vamos a padecer durante la campaña. Pero fuera de esas dos limitaciones –que están a favor de la ciudadanía, para que no se nos abrume con los anuncios y no se nos obstaculice la circulación–, los candidatos deben tener absoluta libertad para reunirse entre sí y asistir a programas de televisión, debatir en radio o estar en los medios impresos.
“Los ciudadanos tenemos derecho a valorar a los que vamos a elegir. Este no es un derecho subjetivo de ellos, es un derecho nuestro como ciudadanos que vamos a tomar una decisión muy importante, que es la de decidir más de 3 mil cargos en los niveles municipal, estatal y federal, y necesitamos saber quiénes son ellos; aunque es cierto que esta prohibición está destinada fundamentalmente a los candidatos presidenciales”, apunta.
Pero, ¿por qué razón no podemos estar escuchando en este momento a los aspirantes a diputados o al Senado de nuestros distritos? Es una prohibición que no se aviene con un Estado democrático, insiste.
Las impugnaciones
Para el especialista, no tiene por qué ser tan complicado: “La democracia tiene una regla de tres: todo lo que contribuye al ejercicio de las libertades públicas debe ser válido. Toda limitación a las libertades públicas se contrapone a un sistema constitucional democrático”.
Por eso considera valiosa la contribución de Jorge Castañeda, quien después de haber sido secretario de Relaciones Exteriores entre 2000 y 2003, en el gobierno de Vicente Fox, buscó ser candidato presidencial sin partido en 2006. Después de una queja que promovió contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2012 el Congreso aprobó las candidaturas independientes.
Restricciones como las establecidas para que los candidatos no puedan debatir durante las intercampañas en nada contribuyen a la democracia, asegura Valadés.
El TEPJF ha recibido varias impugnaciones contra los lineamientos del INE que impiden la participación de los candidatos en debates organizados por los medios de comunicación durante el actual periodo de intercampañas.
El 23 de febrero, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión presentó un recurso ante el Tribunal Electoral por considerar que la decisión de la autoridad administrativa electoral limita el trabajo de los comunicadores, además de inhibir el desarrollo de la prensa libre y afectar de manera negativa el libre debate de las ideas, en detrimento de la opinión pública durante el actual proceso electoral.
Una segunda impugnación la presentaron el PRI y su candidato presidencial José Antonio Meade el 27 de febrero, con el propósito de que los magistrados electorales revoquen la decisión del INE y hagan un pronunciamiento sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.
Al cierre de edición, el viernes 2, se esperaba una impugnación más por parte de TV Azteca contra la prohibición del INE de realizar entrevistas, debates y mesas de análisis con los candidatos. La televisora también argumenta que se trata de violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.
El TEPJF tendrá que resolver los distintos recursos antes de que finalice el actual periodo de veda, por lo que los acumulará en un solo juicio y emitirá su veredicto en los próximos días.
Al cierre de esta edición, el TEPJF revocó el acuerdo del INE por ser restrictivo de la libertad de expresión de los candidatos.
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