Un solo caso ha reportado el 37 por ciento de los mil 117 millones de pesos pagados a través de los acuerdos reparatorios gestionados por el OEMASC
Noroeste / Redacción, 19/08/2018
Foto: Noroeste
Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado, presumió lo que para él es un logro histórico: haber obtenido 7 millones de pesos en devolución de parte de Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud. Sin embargo, la cifra no es como tal histórica.
De acuerdo con el diario Reforma, en el mes de marzo Rafael Mateos Poumián, titular del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias en Materia Penal (OEMASC) de PGR, informó que esta herramienta ahora permite recuperar recursos en el corto plazo.
Un solo caso ha reportado el 37 por ciento de los mil 117 millones de pesos pagados a través de los acuerdos reparatorios gestionados por el OEMASC.
Se trata de 421 millones de pesos desviados por Javier Duarte y que dos empresas devolvieron al Gobierno de Veracruz, de acuerdo con lo informado por Leticia Soto Acosta, responsable del organismo de mediación.
De las investigaciones de la unidad, perteneciente a la Subprocuraduría de Delitos Federales, sólo se habían derivado dos acuerdos reparatorios suscritos hasta ese mes, pero las personas acusadas cubrieron 759 millones 808 mil 390 pesos, el 68 por ciento del total de los daños cubiertos a través del OEMASC.
Incluida la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, son 10 áreas de la PGR las que integraron investigaciones que, en términos de reparación del daño, significaron mil 50 millones 290 mil 330 pesos con 41 centavos, es decir, el 94 por ciento del total alcanzado desde el 2014.
En el caso de Echeverría Aispuro, a él se le acusó del desvío de 14 millones 775 mil pesos de Servicios de Salud y ahora pagará en tres plazos 7 millones de pesos para evitar la prisión.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a un juez de Control y Enjuiciamiento una suspensión condicional del proceso, figura jurídica que permite evitar la cárcel siempre y cuando se cumplan medidas de reparación.
El ex Secretario tendrá que pagar 7 millones de pesos, no salir del País, residir únicamente en su casa ubicada en el fraccionamiento La Primavera, de Culiacán, y firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares cada tres meses.
Ese proceso deberá cumplirlo en un periodo de seis meses, y si incumple alguna de esas medidas volverá a reponerse el proceso para que sea juzgado con cárcel.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer a través de un comunicado los dichos por Ríos Estavillo, a partir de una entrevista que concedió a medios de comunicación.
Los delitos que se le señalaron son desempeño irregular y ejercicio indebido del servicio público, los cuales podrían tener una pena de hasta 9 años de prisión en conjunto, sin embargo, la Fiscalía tenía la opción de solicitar una duplicidad en la pena.
La Fiscalía Anticorrupción estableció que se tienen más de 20 pruebas, la mayoría documentales, para hacer la acusación ante el juez correspondiente.
En esos documentos se indicó que la empresa beneficiada con una adjudicación directa ya brindaba los servicios de mastografía, ultrasonidos y rayos X a los hospitales generales de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis y al Hospital Integral de Sinaloa de Leyva.
Además, las pruebas documentales constan, según se detalló por uno de los agentes del Ministerio Público en la audiencia inicial, de informes, copias y documentos contables obtenidos de la Auditoría Superior del Estado, informes de peritos contables, de investigaciones policiales en calle y documentos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y de Catastro.
Ese contrato es el número SS/20/2016, el cual fue firmado por el ex Secretario de Salud Echeverría Aispuro y la ex directora administrativa de Servicios de Salud, María Alejandra Gil, a favor de la empresa Herramientas Médicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, constaba en pagar 18 millones de pesos por servicios de imagenología para los hospitales generales de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, además del hospital integral de Sinaloa de Leyva.
Dicha empresa que se contrató era cercana a Echeverría Aispuro, pues fue representante legal de la misma en conjunto con la familia Salido. (dueñas de El Debate).
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