Ni un peso más para los exmandatarios/

Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018...
Ni un peso más para los exmandatarios/
ÁLVARO DELGADO
Una prebenda inconstitucional llegó a su fin: pagar las onerosas pensiones de los expresidentes de México será, de ahora en adelante, un delito, tal como lo establece la reforma al artículo 127 de la Constitución, promovida por el diputado Pablo Gómez. Si Peña Nieto les quiere pagar este mes a los exmandatarios (o a sus viudas), “va a correr un riesgo”, advierte el morenista. Para Ernesto Villanueva, autor con Hilda Nucci del libro Los parásitos del poder, de Ediciones Proceso, lo que urge ahora es legislar sobre los conflictos de interés en que incurren los exmandatarios.

Se acabó: los privilegios inconstitucionales e ilegales de los expresidentes de México, emblemáticos del patrimonialismo y el abuso del dinero público de la alta burocracia, han sido jurídicamente eliminados en vísperas de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado.
Pero más que el ahorro económico por estos privilegios, estimado en 5 millones de pesos al mes, esta decisión marca el inicio del desmantelamiento del “Estado corrupto”, advierte el diputado federal Pablo Gómez Álvarez, autor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en vigor desde el martes 6, que ha cimbrado a la alta burocracia.
“Para luchar contra el Estado corrupto (…) se debe empezar pegándole a los mecanismos emblemáticos del Estado corrupto”, subraya el legislador de Morena, quien afirma que los desproporcionados ingresos de los expresidentes eran ofensivos ante la miseria del sistema pensionario de México. 
“En la cúspide de la burocracia dorada estaban ellos y el simbolismo de quitarles la pensión es acabar con esa concepción de que la burocracia dorada tiene derecho a todo”, subraya el también autor de la reforma constitucional que, desde 2009, prohibía estos abusos y que, con la nueva ley, establece que pagar las pensiones implica delito, inclusive para Enrique Peña Nieto.

“Las pensiones siempre han sido ilegales, pero hace nueve años, cuando entró en vigor la reforma al artículo 127 de la Constitución, quedaron en condición de inconstitucionalidad y ahora pagarlas es delito. Entonces si Peña les quiere pagar noviembre, va a correr un riesgo.”
–¿Incurriría en responsabilidad?
–Puede… podría.
La ley define –en sus artículos 127 bis y 127 ter– los delitos que se cometen por el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, que se castigan inclusive con cárcel.
El 127 bis establece que “además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita (…) el servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley”.
Como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional, dispone en su artículo 10 que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, las pensiones presidenciales quedaron proscritas.
Ahora, conflictos de interés
Y es que los privilegios de los expresidentes se fundaron, desde su origen, en simples acuerdos que ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por lo que nunca tuvieron validez legal. 
A partir de 1976, al concluir el sexenio de Luis Echeverría, los expresidentes disfrutan, además de una pensión equivalente a la de un secretario de Estado –205 mil pesos actuales–, de aviones, vehículos blindados, funcionarios con sueldos de hasta subsecretario, cientos de guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial (EMP), servicio médico militar, pago de predial, telefonía, choferes y hasta jardineros (Proceso 2163).
En ningún país, ni en Estados Unidos, existen los privilegios de los que han gozado José López Portillo y Miguel de la Madrid, ya fallecidos, así como Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes ahora deberán vivir sólo con sus propios recursos.
A excepción de Echeverría y Salinas, Zedillo, Fox y Calderón siguen trabajando y perciben ingresos.
Calderón cobró 8 millones 267 mil 515 pesos por honorarios sólo en 2016, como declaró su esposa, Margarita Zavala. Es miembro del consejo de administración de Avangrid, empresa ligada a la española Iberdrola.
Fox, además de controlar los donativos y negocios del Centro Fox, tiene ingresos como conferencista e inversionista en el sector energético, en la empresa EIM Capital, y él mismo ha anunciado que, una vez que se legalice, incursionará en el negocio de la mariguana.
Zedillo, a su vez, ha sido miembro de la Junta Directiva de Citigroup, del consejo ejecutivo de Procter & Gamble, de la fundidora de aluminio Alcoa y de Union Pacific, concesionaria de Ferrocarriles Nacionales de México; mantiene en secreto el monto de sus honorarios.
Justamente por eso Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor, con Hilda Nucci, de Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, anticipa que, una vez que se acabaron los abusos de los que han ocupado la Presidencia de México, es urgente legislar sobre sus conflictos de interés.
“Un tema muy importante que se ha dejado de lado ante la avalancha y lo oprobioso de los privilegios de los expresidentes, pero que está en la lógica del cumplimiento del estado de derecho y de las mejores prácticas internacionales, es el tema del conflicto de interés”, subraya y pone el caso de Zedillo, quien trabaja para empresa de ferrocarriles que él privatizó.
“Resulta que es una empresa trasnacional que invirtió en México y de pronto el señor Zedillo se va de miembro del consejo de administración y gana una cantidad impresionante”, reprueba el académico, y afirma que, por la información privilegiada que tiene un expresidente, es necesario que sea regulada su actividad, así como la de los miembros de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“Es una segunda batalla. Hay también que regular esto. Eso todavía nadie lo ha identificado, pero va a ser el segundo paso. Ellos creen que ya terminó todo, al fin que nadie se ha dado cuenta, pero vamos sobre eso”, subraya Villanueva, y puntualiza que los expresidentes, como Peña, que ya no recibirá ni un mes de pensión, tienen que trabajar para vivir. 
“Que trabajen como lo hace Bill Clinton, con conferencias, y el propio Barack Obama”, aconseja el académico; señala que, aunque la ley es sólida, podría haber jueces que presenten impugnaciones que, “en una lógica absurda”, ellos mismos se resuelvan mutuamente. 
Y más: “La estrategia del Poder Judicial, hasta donde sé, es buscar que sean organismos internacionales los que hagan presión al gobierno de Andrés Manuel para que desista en el caso del Poder Judicial, argumentando o tratando de identificar independencia judicial con altos sueldos, que nada tiene que ver”. 
“Estado corrupto”
Gómez Álvarez y Villanueva coinciden, en entrevistas por separado, que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde el martes 6 –a menos de un mes de la toma de posesión de López Obrador–, tiene solidez jurídica y pone punto final a los abusos presidenciales.
En el caso de las pensiones, Salinas y Zedillo renunciaron a ellas; Calderón donó el monto total, a partir de febrero de 2017, a la fundación Aquí Nadie se Rinde, que atiende a niños con cáncer, mientras que las viudas de López Portillo y de De la Madrid, Alejandra Acimovic Popovic (Sasha Montenegro) y Paloma Cordero Tapia, reciben 80% neto del sueldo total.
Las pensiones pudieron haberse proscrito desde que, en 2009, se aprobó la iniciativa de Gómez, cuya fracción IV del artículo 127 dispone que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.
Esta última parte, la referida a la seguridad, la propuso el PRI en las negociaciones, pero pasó el tiempo y nada se hizo, pese a que la propia disposición ordenaba al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados expedir leyes para hacer efectivo el contenido de ese artículo y para sancionar su incumplimiento.
“¿Quién cumplió? Nadie, ni un estado ni el Congreso de la Unión. ¡Nueve años de omisión, de desobedecer este precepto! Además, el transitorio del decreto de aprobación del artículo 127 les daba un plazo de 180 días al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. ¡Pasaron nueve años! Y todavía están de chillones, no querían que se aprobara”, cuenta Gómez.
–¿Quiénes se opusieron?
–El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, todos.
Aunque está contento con la eliminación de las pensiones a los expresidentes, “ya se acabó”, Gómez advierte que lo complejo será aplicar la ley a los funcionarios del sistema financiero del Estado que reciben, también “ilegalmente”, pensiones millonarias, como a José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y ahora secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
“Están fuera de la ley”, dice, “porque se liquidaron y se pensionaron sólo mediante disposiciones internas aprobadas por sus órganos de gobierno”.
“Pasaban por los bancos, porque los presidentes los mandaban ahí a terminar su carrera de financieros del Estado, y les contaban la antigüedad de todos los puestos que habían tenido en Hacienda y en las secretarías. A Gurría le contaron desde que iba por las tortas, siendo estudiante, en la Secretaría de Hacienda, ahí empezó a trabajar.”
–¿Implica mucho dinero?
–Es bastante. Tienen su propio sistema pensionario, pero como no hay decreto legislativo ni ley, son resoluciones tomadas por los órganos de gobierno del sector financiero, de la banca y de las demás dependencias financieras del Estado, no sabemos ni siquiera cuántos son ni quiénes son.
Advierte: “Eso se va a acabar, porque están fuera de la ley, aunque ya estaban fuera de la Constitución. Cuando yo decía esto, me respondían: ‘Bueno, pero como no hay ley reglamentaria y tampoco hay sanciones, nos vale’. Ahora ya las hay. Las sanciones administrativas ya las puedes ver en la ley y penales también ahí”. 
Y concluye: “No se trata de dejar de gastar solamente por la cuantía, sino por la indecencia del gasto. No son prestaciones decentes cuando la inmensa mayoría de los servidores públicos tienen pensiones muy bajas, ni se vale que tengan pensiones que no hay en ninguna parte del mundo para servidores públicos”.
Gómez afirma que la eliminación de las pensiones presidenciales es sólo una parte del proceso de desmantelamiento del “Estado corrupto”, que incluye la eliminación en la Constitución de la partida secreta presidencial y del Ramo 23.
“Queremos eliminar el Ramo 23 también como un símbolo”, dice, y se emitirán leyes como la de austeridad y de la administración pública, que en el caso de los delegados en los estados sean enlaces de los gobiernos estatales ante la Federación.
“Lo que queremos evitar son las mordidas, el tráfico de influencias, el influyentismo, la tracalería. Porque el Estado corrupto es un fenómeno que, en buena medida, ­consiste en que la corrupción se convierte en forma de gobierno. Ese es el punto. En ­todos los Estados hay corrupción, pero no todos los Estados son corruptos. El mexicano sí es un Estado corrupto y, como tal, articula la gobernanza mediante la corrupción. 
Calderón, el exceso 
En Los parásitos del poder (Ediciones Proceso, 2015), Villanueva y Nucci acreditaron que los privilegios de los expresidentes de México no se tienen ni en los países más ricos. El volumen señala que los privilegios de los expresidentes nunca tuvieron sustento jurídico y por eso es fácil eliminarlos con la ley, pero lo que ayudó también fue el cambio en el reglamento del EMP que hizo Calderón el último día de su sexenio, cuando se aumentó a 425 los efectivos para el resguardo y seguridad de él y de sus familiares. 
Michoacano como Calderón, a Villanueva le consta el despliegue del EMP para cuidar a la madre del titular del Ejecutivo: “Era un pelotón completo afuera de la casa de la señora, en el centro de Morelia. Y estas personas tenían que comer, se hospedaban en un hotel cercano, si bien de tres estrellas, pero había que pagar lavado de ropa y otros gastos”.
Era ostensible también el despliegue del EMP que cuidaba a Luisa María Calderón, sobre todo cuando fue candidata a gobernadora de Michoacán, en 2011 También Margarita Zavala era resguardada por muchos elementos, como a Villanueva le tocó verla en Veracruz este mismo año.
“Me tocó causalmente. Yo estaba en el mismo hotel y la gente que trabaja conmigo en seguridad identificó a toda la gente de seguridad disfrazados de paisanos. Contamos, nada más adentro, unos 25, además de los que estaban afuera, otros 10 por lo menos.”
Villanueva minimiza los señalamientos de personeros de Calderón en el sentido de que quitarle la custodia del EMP a los expresidentes pone en riesgo su vida y que el responsable será López Obrador.
“El presidente de la República no puede garantizar la seguridad de los expresidentes. Eso no está establecido en la Constitución ni en la ley, y en ningún lugar del mundo. Ese es simplemente un argumento psicológico, efectista para tratar de justificar lo injustificable y más en el caso Calderón.”
Además, dice, él debe hacerse cargo de las decisiones que tomó al margen de la ley, como el “michoacanazo” y la muerte que jamás se comprobó del narcotraficante Nazario Moreno. “Una persona debe ser responsable de lo que hace y más si lo hace al margen de la legalidad”.
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Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018...
Fox en su paraíso/VERÓNICA ESPINOSA...
SAN CRISTÓBAL, Gto.- Aquí las vidas del expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, no tienen sobresaltos. Esta comunidad es su hogar, la sede del centro de estudios y biblioteca que construyeron; en ella pusieron también el ojo como patrimonio turístico-social que explotan mediante su hotel, su restaurante, eventos sociales…
La agenda de los Fox transcurre entre la organización de foros y conciertos y el reciente congreso CannaMex (para promover productos elaborados con mariguana).
La carretera de León a Cuerámaro es una hasta el acceso a San Cristóbal, y otra de ahí en adelante. Señalamientos frecuentes del Centro Fox, ampliación a dos carriles, iluminación, repavimentación regular, enmarcado todo en las enormes torres que conducen la energía eléctrica y la torre de radiocomunicaciones ubicada a la entrada de la comunidad.
De la transformación de la vialidad y del aspecto de la comunidad ha dado cuenta Proceso en diversas ocasiones, desde que Fox ganó la elección presidencial y, desde Los Pinos, viajaba domingo a domingo a descansar en la casita situada unos kilómetros antes de San Cristóbal, convertida hoy en cabaña con lago artificial y un edificio anexo –construido a costa del erario– para el personal al servicio del expresidente.
En San Miguel, con el espaldarazo del gobierno que encabezó el actual diputado­ federal del PAN Ricardo Villarreal, la fundación construyó el nuevo edificio del centro de rehabilitación Crisma, obra en la que se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos y cuyo terreno fue entregado por el municipio.
En Crisma, según la información oficial del portal del Centro Fox, se atiende a más de 200 niños con problemas de discapacidad neurológica y motora. Vamos México divulga en la página del Centro Fox datos sobre lo que supuestamente dona u otorga a asociaciones, particulares o comunidades.
Fox, por su parte, celebró a principios de octubre en el Centro Fox la cumbre de negocios Citek. Fue la quinta realización de este foro, esta vez con el rimbombante título de “Ciudadano global: una ética de ciudadano para el mundo”.
En los últimos años de su mandato, el exgobernador panista Miguel Márquez fue un asiduo asistente a las actividades del centro. Su sucesor, el también panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, asistió como invitado especial e inauguró el foro Citek, a pocos días de iniciado su sexenio.
Desde ahora, el Centro Fox promueve la siguiente edición de CannaMex. Como férreo promotor de la legalización de la mariguana, el exmandatario se mueve holgadamente en el círculo de políticos, activistas y empresarios que han encontrado en la comercialización de la cannabis una veta. Antes, Fox promovió la reforma petrolera e incursionó en la agenda de negocios de los inversionistas privados cuando ésta entró en vigor. 
“Hoy sigo trabajando firme por mi país. Desde mi hogar, San Cristóbal, donde trabajamos, en Centro Fox y Fundación Vamos México, proyectos de liderazgo, filantrópicos y educativos”, resumió en la carta que hizo pública el jueves 8, en la que dio a conocer su postura ante la eliminación de las pensiones para los expresidentes. 
Aseguró: “No hay piedras en el camino; al contrario, estamos quitando las que encontramos desde nuestro andar. Mi compromiso jamás cambiará, con o sin pensión, será siempre el mismo: Yo seguiré trabajando desde Centro Fox por México y por su gente”.
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Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018...
Lo que se lleva Peña Nieto/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Enrique Peña Nieto es el presidente que ha tenido el salario más alto de la historia de los mandatarios mexicanos; con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos será el primero que no pueda cobrar nada después del viernes 30, al concluir su administración.
Durante su sexenio, Peña Nieto gozó de varios incrementos salariales: en 2012, conforme a su declaración patrimonial inicial, ganó 193 mil 478 pesos mensuales. Para diciembre de 2017 sus ingresos se habían incrementado a 242 mil 465 pesos netos; casi 50 mil pesos mensuales más.
Estas cifras se obtuvieron al dividir entre 12 el monto de ingresos netos anuales reportados al portal Declaranet, en el cual los servidores públicos deben publicar sus declaraciones patrimoniales.
Las cifras de la declaración patrimonial contrastan con las reportadas al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot); ahí se ubicaba en alrededor de 205 mil pesos mensuales, al iniciar la administración, su remuneración bruta; son 223 mil pesos mensuales los que se exhiben actualmente, inferiores a lo registrado en Declaranet.
Una consulta realizada el viernes 9 muestra una discrepancia mayor: según el Sipot, Peña Nieto gana 152 mil 334 pesos mensuales netos y no cuenta con ninguna prestación. Suponiendo que a esa cantidad se le sumara un aguinaldo de 223 mil pesos, así como 539 mil 710 pesos del Seguro de Separación Individualizado –que si aparece en Declaranet–, sumaría 2 millones 590 mil 710 pesos anuales, cantidad que no corresponde con la declarada como percepción neta anual asentada en este último portal mencionado, pues asciende a 2 millones 909 589 pesos.
Si bien establecer sus ingresos no es tarea fácil debido a las diferentes imprecisiones, la pensión que le correspondería sería aproximadamente por esos 223 mil pesos mensuales si la mencionada ley, promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, no se hubiera materializado.
Tampoco es que se vaya a ir en blanco. A lo largo del sexenio, una prestación denominada Seguro de Separación Individualizado, que mantuvo la alta burocracia federal y también se suspenderá en el nuevo gobierno, le permitirá salir con una bolsa superior a los 4 millones 200 mil pesos; la mitad viene del presupuesto, la otra mitad, de su salario.
Esta última cifra es un aproximado, pues sólo cuando concluya su administración y emita su declaración patrimonial final, podrá saberse el monto de sus ingresos, ahorros y bienes oficialmente declarados para 2018.
Evolución patrimonial
Con base sólo en sus declaraciones patrimoniales, como servidor público en los primeros cinco años de gobierno, Peña Nieto tuvo ingresos por 14 millones 456 mil 946 pesos.
En el mismo periodo logró incrementar sus ahorros e inversiones sin transparencia en el origen.
Al iniciar la administración, en diciembre de 2012, tuvo ingresos por actividad financiera de 32 mil 500 pesos, en tanto que bajo el concepto “otros” ganó 12 mil 227 pesos. Para mayo de 2013 esos ingresos se habían multiplicado: por actividad financiera declaró 65 mil pesos, mientras que el concepto “otros” se multiplicó 11 veces, para un total de 146 mil 723 pesos.
Las variaciones en sus ingresos se registraron especialmente a partir de su declaración de 2015, seis meses después del escándalo de la “Casa Blanca” que lo forzó a abrir su declaración patrimonial: en mayo de 2014 había reportado ingresos anuales por cargo público, actividad financiera y “otros”, por 3 millones 370 mil 796 pesos, pero para 2015 sus ingresos se redujeron por unos 150 mil pesos en el concepto “otros”.
En noviembre de 2014, tras el mencionado escándalo –la adquisición de una mansión en las Lomas de Chapultepec sufragada por fuera del sistema financiero por Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista favorito del peñismo, oficialmente en 54 millones de pesos–, Peña Nieto dio a conocer los costos y el tipo de operación con el que adquirió nueve inmuebles. Lo hizo en El Noticiero de Joaquín López Dóriga. Luego remitió a Declaranet.
Aunque Peña Nieto había prometido en campaña hacer pública su declaración patrimonial, decidió abrir esos datos a casi dos años de iniciada su administración, en medio de la cobertura internacional por la residencia que terminó asumiendo como suya la primera dama Angélica Rivera.
Entonces como ahora, la declaración patrimonial no establece los lugares donde se ubican sus propiedades ni exhibe escrituras, documentos contractuales ni otros instrumentos jurídicos que comprueben lo plasmado en el reporte. Sólo establece que seis de las nueve propiedades fueron donadas por su padre y su madre, mientras que una más la heredó de su fallecida esposa, Mónica Pretelini. Únicamente compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años. Según su declaración patrimonial habría comprado una casa en 1982 por 924 viejos pesos. Explicaría después que fue una compra realizada por sus padres pero a su nombre, en ejercicio de la patria potestad.
Como ocurre en este caso, hay otros apartados, fechas y montos inconsistentes.
Por ejemplo, en 1988 su padre le habría donado un terreno de mil metros cuadrados con un valor de 11 mil 200 viejos pesos, de manera que al quitarle los tres ceros quedaría en 11 pesos actuales. Un año después, también su padre le donó un terreno rústico de 2.4 hectáreas por un valor de 647 viejos pesos.
El 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento con un valor de 2.6 millones de pesos (mdp). La herencia tendría que haber ocurrido en vida, pues Pretelini murió seis años después, en enero de 2007.
Peña Nieto compró una casa en diciembre de 2005, apenas iniciado su periodo como gobernador del Estado de México, con un valor de 5.6 mdp. La pagó de contado.
Las dimensiones de las casas y terrenos habían sido explicitadas desde su primera declaración, pero el valor de los inmuebles no está actualizado y sólo se presenta el valor correspondiente a la fecha de celebración de las operaciones.
Luego seguirían las propiedades que adquirió por donación de su madre que, según la explicación, las obtuvo a su vez por donación de su esposo. Se trata de un terreno de 2 mil 547 metros cuadrados, con un valor de 6.9 mdp, donado en 2009. Además, otras tres propiedades donadas en 2011: una casa de 150 metros cuadrados con un valor de 611 mil 253 pesos; otra casa de 338 metros cuadrados con un valor de 455 mil 600 pesos, y un terreno de casi seis hectáreas con un valor de 5.1 mdp y que, según explicó, son tierras de cultivo.
Otros bienes
Peña Nieto no tiene vehículos automotores, según su declaración patrimonial. Pero sí joyas y obras de arte, muebles y otros objetos valiosos, aunque a lo largo del sexenio no ha reportado incremento en ningún concepto, es decir, no ha comprado una joya, obra de arte y ni siquiera un reloj.
En mayo de 2007 habría pagado de contado 1 millón 900 mil pesos en joyas y relojes. Ese mismo año heredó de su fallecida esposa 2 mdp en obras de arte y cuenta con inversiones por 3 mdp en monedas y metales. 
El 8 de diciembre de 2011 su madre le donó más obras de arte por 1 mdp, así como relojes y joyas por otro millón. Además, valuados también en 1 mdp, recibió en donación muebles y objetos varios.
La revisión de cada una de sus declaraciones patrimoniales muestra que en esos conceptos no hay variación y, si nos atenemos a sus ahorros e inversiones declarados, hasta diciembre de 2017 el mandatario habría incrementado sus fondos durante cinco años en 5.9 mdp, pues en 2013 declaró tener 10.48 mdp, y en su última declaración, 16.24 mdp.
Ya sin el cargo público, los ingresos de Peña Nieto se reducirán significativamente, conforme a la información publicada, pues bajo el concepto “otros” y por actividad financiera, reporta apenas 618 mil pesos en todo 2017, su mejor año, lo que equivale a 51 mil 532 pesos mensuales, la quinta parte de su ingreso actual.
Así, el próximo viernes 30, Peña Nieto se irá con su nómina, el aguinaldo, los 4.2 mdp de su seguro para el retiro y los 5.9 mdp que ahorró mientras fue presidente. Un total de 10.5 mdp y nada más.