Milenio...., 18 de enero de 2018
Desde que la oposición en el sexenio anterior bloqueó al constitucionalista Raúl Cervantes Andrade, exprocurador general de la República para que fuera fiscal general, primero, y ministro de la Suprema Corte de Justicia después, con el pretexto de que había sido diputado y senador plurinominal del PRI, he insistido en que entraña una perversa tontería pretender que un aspirante a cargos relevantes en el servicio público carezca de filias y fobias políticas e ideológicas.
Contra el “fiscal carnal” se emprendió una ominosa embestida y se privó al país de tener en esos cargos a una persona de primera en la persecución del delito y en el Pleno del máximo tribunal.
Esa estulticia es aplicada por los opositores de hoy para descalificar a algunos que aspiran a la Fiscalía por sus ligas con Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo al maestro Bernardo Bátiz.
De Gyves es abogada penalista y ducha en materia de amparo. Fue magistrada y titular de la Primera Sala Penal en el Poder Judicial capitalino. Gertz ganó medallas en los gobiernos de José López Portillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles y Vicente Fox como titular de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural y primer director general del Instituto Técnico de la PGR, primer coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico en la Operación Cóndor y secretario de Seguridad del antiguo DF y de la federación.
Los tres cumplen los requisitos legales (reforma de 2014): ser mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años al día de la designación, contar con un mínimo de 10 años de experiencia como licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito doloso. O sea que Verónica de Gyves, Alejandro Gertz y Bernardo Bátiz, al margen de sus preferencias políticas o ideológicas, no tienen impedimento alguno para ocupar la Fiscalía.
De los tres, el exprocurador de Justicia en la capital es el más identificado con AMLO y, por esto mismo, el políticamente “vulnerable” pero, vaya paradoja, el idóneo para el cargo porque, contra la voluntad de López Obrador, demostró ante todo ser un abogado probo, capaz de actuar con irreprochable y loable independencia.
Entre los casos relevantes que sorteó, el más delicado fue el de la muerte de Digna Ochoa que, contra poderosas presiones políticas, empezando por la del entonces jefe de Gobierno (el actual presidente), quien creía el cuentazo de que se trató de un “crimen de Estado”, apoyó la conclusión de la investigación ministerial: que la defensora de los derechos humanos se había suicidado.
La grilla de los políticamente “correctos” llegó a tal grado que el subprocurador que resolvió el caso, Renato Sales Heredia (excomisionado Antisecuestros y de Seguridad Nacional) presentó su renuncia pero Bátiz, contra el público criterio de López Obrador en contra, hizo prevalecer la verdad oronda y lironda, la verdad sin adjetivos, como la que se requiere del inminente fiscal...
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