EL ASALTO A LA RAZÓN/CARLOS MARÍN
Milenio
Un retorcido concepto de la “democracia participativa” se aplicó en la fraudulenta “consulta popular” que mató la planta cervecera en Mexicali. La misma fórmula condenó a chatarrizarse las obras del aeropuerto en Texcoco, con un tercio de avance (y que dejó en la calle a casi 40 mil trabajadores), con la diferencia de que la fábrica dinamitada llevaba 70 por ciento de adelanto.
En vez de repetir frases de próceres sacadas de los libros de texto gratuito, los devotos de la 4T debieran aprender de Polibio (Grecia, 200-118 a. C) la diferencia entre pueblo y populacho; que si la democracia requiere del conocimiento, la oclocracia se alimenta del rencor y la ignorancia, o que la fantasiosa “voluntad popular” satisface los deseos de manipuladores de masas que no razonan: obedecen.
México viene padeciendo sobresaltos por lo que con buen humor se lamenta con el “Éramos muchos y parió la abuela”.
Hoy con la pandemia y cuando se avizora una ruina económica de dimensiones catastróficas, se cancela una importante fuente laboral.
La constante del mayor Poder de los Poderes es el desatino.
¿Dónde estaba la secretaria de Economía (Graciela Márquez Colín), cuando debió alertar al presidente de lo insensato que era someter a una “consulta” patito una inversión de mil 500 millones de dólares?
¿Por qué la titular de Energía (Norma Rocío Nahle García), no le dice a su jefe que, aparte de innecesaria y onerosa, la refinería en Dos Bocas será uno de los más contraproducentes “negocios” de la agonizante Pemex?
¿Qué tal el secretario de Comunicaciones y Transportes (Javier Jiménez Spriú), siguiendo el juego del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y alzando las manos ante el ocurrente tren maya que ningún maya contemporáneo imaginaba?
¿Cuál es la función real del secretario de Salud (Jorge Alcocer Varela), cuyo desempeño virtual es de florero pero cuya responsabilidad jurídica es innegable en la catástrofe del sistema público de salubridad?
O la secretaria de Bienestar (María Luisa Albores González), quien mantiene agónicas o muertas nueve mil 500 estancias infantiles y priva de su educación inicial a casi 350 mil niñas y niños.
Después de la “consulta” en Mexicali, ¿en qué papel queda el jefe de la Oficina de la Presidencia (Alfonso Romo Garza) frente a su gremio, el empresarial, cuando se le supone figura clave en la recuperación de la confianza y la atracción de inversiones?
¿Y el subsecretario de Relaciones (Jesús Seade Kuri), copartícipe del nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá que, como el TLC aún vigente, obliga a respetar y no traicionar los compromisos?
El representante jurídico del Poder Ejecutivo (Julio Scherer Ibarra), ¿tampoco previno al presidente de las consecuencias legales, jurídicas y económicas de la cancelación de la planta de la trasnacional que produce la tan exportable y emblemática de México cerveza Corona?
Por mera dignidad, siquiera una o alguno debiera renunciar…
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