El penal del Altiplano ha recibido a un huésped que encarna las profundas paradojas del poder en México: el Contralmirante Fernando Farías Laguna. Vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, su caso trasciende la nota roja para instalarse en el corazón de la política.
Junto a su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto, forman una dupla ineludible por un lazo familiar clave: ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, el Almirante Rafael Ojeda Durán.
La narrativa de la Fiscalía General de la República describe un ajedrez criminal de "huachicol fiscal" operando con precisión en las aduanas de Altamira y Tampico. Se documenta el paso de al menos 31 buques y sobornos millonarios gestionados por el aún prófugo Capitán "Sol". Fue precisamente la presión de esta maquinaria judicial lo que empujó a Fernando a una fuga desesperada, escondido tras un pasaporte guatemalteco falso, hasta ser capturado en Buenos Aires y deportado la semana pasada.
Sin embargo, esta crónica judicial nos ofrece contrastes que exigen una lectura crítica. Mientras el proceso de su hermano fue conducido públicamente el año pasado por un juez de carrera, el de Fernando se ha blindado a puerta cerrada. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega —llegada al cargo mediante el inédito voto popular— utilizó el mazo de la "seguridad nacional" para cerrar la sala.
Una opacidad que, sin un fundamento técnico riguroso, inevitablemente se convierte en caldo de cultivo para la sospecha.
El abogado defensor, Epigmenio Mendieta, ha puesto el dedo en la llaga apelando a la simple lógica institucional. Resulta inverosímil que dos marinos de mando medio tuvieran la capacidad operativa y el poder político para doblegar la voluntad de dependencias enteras como Pemex, la Secretaría de Energía, la Sedena y la Guardia Nacional. Un entramado de esta magnitud requiere, invariablemente, el cobijo de las cúpulas.
Las filtraciones ministeriales ya apuntan hacia arriba. Durante las audiencias, el Ministerio Público verbalizó testimonios que hablan de llamadas urgentes a un tal "Andy" para destrabar buques atorados en Guaymas, y de muelles estratégicos controlados por el compadre de "un político ( ex gobernador) muy importante de Tabasco".
El hilo judicial se está rompiendo por los mandos medios, pero la verdadera interrogante no es si estos marinos operaban la red, sino a quiénes, desde las sombras del poder, les estaban rindiendo cuentas. Ver menos
El silencio de unas bodegas en la alcaldía Miguel Hidalgo ha comenzado a gritar verdades incómodas. La maquinaria del llamado huachicol ferroviario ya no es un fantasma de vías y trenes nocturnos; hoy tiene rostro, firmas y actas de asamblea. El reciente cateo anunciado por la fiscal Ernestina Godoy desvela que el gran fraude a la nación no solo se operaba en la clandestinidad del desierto, sino en despachos de cuello blanco. La empresa Ingemar, vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, se erige ahora no como un ente aislado, sino como el corazón de una telaraña de simulación comercial urdida junto a otras once compañías.
Hablamos de quince millones de litros de combustible internados por Matamoros, una operación de contrabando masivo, tolerada o ignorada, hasta que los vagones terminaron resguardados en Coahuila. Aquí cabe la exigencia crítica: desarticular esta red de veinticinco implicados es un paso obligado, pero exhibe también las enormes grietas de nuestro sistema aduanero. El robo mediante el disfraz del comercio exterior exige llegar a los beneficiarios finales, a esos cómplices sistémicos que permitieron que los trenes cruzaran la frontera sin levantar sospechas.
Mientras la evidencia documental se acumula, el drama humano y legal se endurece tras los muros de El Altiplano. La defensa del exmandatario y su familia sostienen una narrativa de vulnerabilidad, denunciando tratos indignos y pugnando por una prisión domiciliaria. Sin embargo, el revés en Toluca, que desechó los amparos por supuesta tortura psicológica, y la firmeza de la Fiscalía al sostener que sus cuidados médicos están garantizados, marcan una línea clara: la justicia no debe ceder ante presiones mediáticas, pero tampoco puede permitirse la menor sombra en el respeto a los derechos humanos del procesado. Todo debe ceñirse al rigor de la ley.
El mensaje institucional es contundente: "Donde haya impunidad, habrá investigación". Como observadores diarios del quehacer público, nos toca vigilar celosamente que esa promesa no se quede en el papel. El caso de la red de Ingemar no debe terminar como un trofeo judicial de temporada, sino como el parteaguas real para desmantelar, de una vez por todas, esas estructuras que por años han saqueado el desarrollo nacional desde la cómoda y aparente legalidad de un escritorio.
Comunicado FGR 573/26
26 de agosto, 2026 CDMX,
Mensaje de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, sobre avances en investigaciones de red criminal de contrabando de combustible
Me dirijo al Pueblo de México, para dar a conocer el reciente aseguramiento de información que abrirá nuevas líneas de investigación, en los trabajos que realiza la Fiscalía General de la República contra una compleja red de contrabando de combustible por vías férreas. Delito conocido como "huachicol fiscal".
Derivado de los avances de la investigación, que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada realiza con estricto apego al debido proceso y a la técnica jurídica, se solicitó y obtuvo de un Juez de Distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, una orden de cateo para dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
En ese inmueble, ministerios públicos y peritos de la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal. Además de documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya investiga esta Fiscalía. Toda esta información se encontraba oculta en ambas bodegas.
El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes, sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible. Red criminal con la que estarían vinculados Ernesto "N" y 24 personas más, de las cuales, nueve ya han sido detenidas.
Es importante subrayar, a partir de algunos argumentos observados en la conversación pública, que la Fiscalía General de la República respeta a cabalidad la presunción de inocencia y el debido proceso. Cada uno de los vinculados a proceso cuenta con las garantías de ley para ejercer su defensa, frente a los documentos que -como los dados a conocer hoy- integran las carpetas de investigación.
De igual manera, informo que, hasta este momento, la Fiscalía no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto "N", haya solicitado el cambio de medida cautelar a efecto de que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria. En cambio, tenemos información que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente sus derechos.
Continuaré informando al pueblo de México con toda oportunidad, los avances en la desarticulación de esta y otras redes dedicadas al huachicol fiscal. Nuestro compromiso es sumar esfuerzos, para que los productos derivados del petróleo impulsen el desarrollo nacional y no sean ganancias ilegítimas en manos de unos cuantos.
Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias.
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La gobernadora del cielo…
La "austeridad republicana" se nos vendió como el pilar ético de toda una transformación; una promesa inquebrantable de gobernar con los pies en la tierra, sintiendo el polvo del camino junto a los ciudadanos. Sin embargo, al levantar la vista hacia Quintana Roo, el discurso oficial choca de frente con una realidad que, literalmente, vuela demasiado alto. Los registros migratorios que documentan cientos de movimientos de la gobernadora Mara Lezama, su familia y aliados —como su posible sucesor Eugenio "Gino" Segura— en jets privados, incomodan profundamente la narrativa de la igualdad.
Hablemos de aritmética básica, porque volar en la exclusividad exige respuestas terrenales. Operar una de estas aeronaves ronda los 6 mil dólares por hora. Un solo escape a esquiar a la nieve de Vail, Colorado, equivale a casi ocho meses íntegros del sueldo oficial de la mandataria (102 mil pesos mensuales). Las cuentas simplemente no cuadran: se estima un gasto de 20 millones de pesos en vuelos ejecutivos hacia Estados Unidos, una cifra que pulveriza por completo el patrimonio total que ella misma declaró (3.4 millones). Lezama argumenta que el erario está intacto y que los paga de su bolsillo, pero, de manera conveniente, sus declaraciones patrimoniales de 2024, 2025 y 2026 están sumidas en la opacidad dentro de la Plataforma Digital Nacional.
Lo más alarmante no es solo la ostentación de quien pasó de los micrófonos de la locución a las costumbres del jet-set, como lo documenta hoy Reforma.. La documentación revela que varios de estos lujosos trayectos se realizaron en aeronaves de Seguritech, una empresa proveedora de su propio gobierno. Esto trasciende la frágil excusa de usar aviones como "logística" para combinar la maternidad con la política; cruza la peligrosa línea del conflicto de interés, abriendo de par en par la puerta a la sospecha de favores y futuros contratos.
Frente a esta profunda disonancia ética, el doble rasero desde Palacio Nacional resulta ensordecedor. La presidenta Sheinbaum, quien en 2021 fulminó sin titubeos a Paola Félix Díaz por un solo vuelo a Guatemala sentenciando que "aquí nadie puede subirse a aviones privados", hoy despliega una red de tolerancia. Aquel decálogo partidista de mayo de 2025, que prohibía expresamente la aviación privada para mantener la humildad, parece haber sido archivado.
En un país marcado por tantas deudas sociales y carencias cotidianas, la opulencia es políticamente insostenible. La promesa de caminar junto al pueblo se desmorona cuando las cúpulas justifican el aire elitista, demostrando que la guillotina de la austeridad es implacable para los mandos medios y los adversarios, pero sorprendentemente flexible para los aliados intocables.
Para la historia inmediata.
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Templo Mayor/ Reforma
¡COSAS VEREDES en elecciones, Sancho! Lo que hasta hace unos meses era imposible, ahora resulta que es más que posible. ¿Qué cosa? Que surjan en los estados alianzas opositoras para hacerle frente a Morena.
EL DIRIGENTE nacional panista, Jorge Romero, puso la mesa para que el PAN vaya de la mano con otros partidos, pero no en una alianza general a nivel nacional, sino caso por caso en los 17 estados en los que se renovarán gubernaturas.
ESO ES música para los oídos de panistas y priistas en estados como Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Zacatecas y otras entidades donde juntos pueden darles un buen susto a los guindas y naranjas.
SON APENAS atisbos de lo que podría suceder en 2027, pero de que las cosas ya se están moviendo, ni duda cabe.
TAL PARECE QUE el efecto positivo que logró Movimiento Ciudadano en Sonora con placear a Luis Donaldo Colosio e insinuar que puede ser candidato naranja a gobernador en esa entidad fue abollado con la integración de Alejandro López Caballero a sus filas.
LA DIRIGENTE estatal sonorense de MC, Natalia Rivera, renunció ayer a su cargo de líder y a la militancia naranja en desacuerdo con la llegada de López Caballero. ¿La razón? El nuevo fichaje fue el brazo financiero en el gobierno panista de Guillermo Padrés (2009-2015), quien está bajo proceso en libertad por lavado de dinero y defraudación fiscal.
PARA RIVERA se trata de una "entrega" del partido al grupo padresista, tan desprestigiado en Sonora. La fama que adquirió López Caballero no fue la mejor, tanto que, por malos manejos en la Secretaría de Hacienda estatal, llevó a su jefe a proceso penal. Y tal parece que, aunque Padrés todavía tiene un brazalete electrónico, sigue activo en la grilla política.
A QUIEN LE CAYÓ de perlas el asunto fue al aspirante panista a la gubernatura, Antonio Astiazarán, reconocido alcalde de Hermosillo, porque esas deserciones naranjas debilitan a Colosio y pueden caer en el bloque albiazul y priista que le apoya.
OJALÁ QUE algún día sea posible visitar el mundo fantástico en el que vive el senador Enrique Inzunza. El morenista ve la vida color de rosa y tiene una autoestima envidiable, porque se ve a sí mismo, casi, casi, como un Benito Juárez sinaloense.
AYER dio a conocer una carta en la que tras una laaarga reflexión decide, finalmente, separarse no de su escaño, ¡sino de la bancada de Morena! El senador refrenda en su texto todo el evangelio morenista, se dice víctima de una persecución (obvio) de la derecha y hasta afirma que el verdadero objetivo es alguien más arriba (AMLO).
LA DECISIÓN se da a cuatro días de que Rubén Rocha Moya fue obligado a dejar nuevamente la gubernatura. Se esperaba que Inzunza también pidiera licencia, pero el miedo no anda en burro y decidió quedarse protegido por el fuero de legislador. ¡Así se las gastan!
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¿Cocinan desafuero para Inzunza?
Bajo Reserva/El Universal
El senador Enrique Inzunza decidió entrar al juego de las vencidas contra la Presidenta de la República y la dirigencia nacional de Morena. Mientras su partido quería que pidiera licencia mientras se le realizan las investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado, don Enrique decidió, sin dar previo aviso al partido, separarse de la bancada morenista en el Senado y declararse legislador independiente y mantener su fuero. Nos hacen ver que el senador quizá no supo leer las señales que enviaron el gobierno y el partido, pues en el caso de Rubén Rocha Moya, quien decidió irse por la libre y retornar a la gubernatura, a la que había pedido licencia tras la solicitud de arresto con fines de extradición solicitada por gobierno de Estados Unidos para que enfrentara cargos en aquella nación por nexos con el narcotráfico, tuvo que dar marcha atrás a su regreso cuando supo que desde su propio movimiento político se preparaban para ir por su desafuero. Ahora, habrá que ver si el insubordinado Inzunza no pierde la pulsada, y a él sí lo llevan al callejón del desafuero.
Mónica Soto: un adiós por la puerta de atrás
Ni embajada ofrecida ni salida digna tuvo la magistrada Mónica Soto del Tribunal Electoral, ni palabras a su trabajo dirigidas por sus compañeros magistrados. Su renuncia anticipada no sólo se envuelve en los señalamientos que desde la oposición le han hecho: haber defendido y prácticamente pactado con Morena sus resoluciones, sino también en una franca enemistad con sus compañeros magistrados, a quienes ni siquiera acompañó en lo que hubiera sido su última sesión como magistrada en la Sala Superior del Tribunal. Nos hacen ver las grandes y marcadas diferencias que tuvo la salida de la magistrada Janine Otálora Malassis, a quien la misma Soto le reconoció su imparcialidad y conocimiento judicial. Toda indica que, esta vez, la Cuarta Transformación no pagará con amor, el amor ciego que le profesó doña Mónica.
Dos golpes a la censura
Tras un rechazo social casi unánime a su versión original, ayer el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó con importantes modificaciones los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Para la industria de la radio y la televisión en estos lineamientos aprobados “existe un balance entre libertad de expresión, regulación y viabilidad económica de la industria mexicana de la radio y la televisión”. Ayer mismo, en el Tribunal Electoral, por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior modificaron los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Monitoreo de Medios para el Proceso Electoral 2026-2027, mismos que contenían medidas en contra de la libertad de expresión. La magistrada Claudia Valle Aguilasocho, promovente de la resolución, señaló que los lineamientos limitaban el debate de ideas y la formación de opinión en el marco del proceso electoral, al señalar que iban a clasificarse expresiones “sarcásticas” y de “ironía” en medios de comunicación, pero sin marcar parámetros específicos. Ayer, fue un buen día, pero las amenazas a la libertad de expresión nunca duermen, así que habrá que estar al alba.
Gertz ve la tormenta desde Londres
Nos hacen notar que a quien se le ve relajado y gozando de las mieles de la diplomacia en una de las embajadas del llamado “Circuito Revlon” es el embajador y exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Don Alejandro, jefe de la misión de México en Reino Unido, reapareció para presentar una exposición sobre Frida Kahlo, y apenas ayer posó en la embajada para una foto con un funcionario de Yucatán. Sonriente, Gertz posa con el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán. Muy lejanas desde Londres se ven las tormentas que tiene hoy encima la Fiscalía General de la República con casos como el del excontralmirante Fernando Farías Laguna acusado de operar una red de huachicol o el caso Rocha Moya. No son lo mismo las lluvias de Londres, que las tormentas en México.
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El Panteón de los muertos ilustres/Héctor De Mauleón
El Universal, | 27-08-26 |
La noche del 7 de abril de 1907, el expresidente de Guatemala Lisandro Barillas fue asesinado a puñaladas en la calle del Seminario, a espaldas de la Catedral Metropolitana. El crimen causó consternación en la ciudad. En memoria de ese hecho, la calle donde este se cometió fue bautizada como Guatemala.
Los agresores, Florencio Morales y Bernardo Mora, enviados a cometer el crimen por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, concretamente por el general José M. Lima, fueron juzgados y sentenciados a muerte en septiembre de 1907.
El cuerpo del expresidente Barillas fue inhumado en el Panteón del Tepeyac, situado a un lado de la Capilla del Cerrito, en la Villa de Guadalupe. Luis Reed Torres afirma que este cementerio es el más antiguo de la ciudad de México. Hay datos de que en 1660 ya se llevaban a cabo enterramientos en ese sitio.
Tal y como hoy lo conocemos, el Panteón del Tepeyac fue abierto en febrero de 1865 y el primer cuerpo que cruzó sus rejas fue el de su fundador: el canónigo Juan María Quintana y Ronda. Era uno de los cementerios más caros de la ciudad: la perpetuidad costaba 250 pesos.
Al Panteón del Tepeyac lo favoreció la clausura del que era entonces el cementerio más solicitado de México: el Panteón de San Fernando. El del presidente Juárez fue el último cadáver que se inhumó ahí, en julio de 1872. Durante el medio siglo siguiente, muchos de los personajes que protagonizaron las tormentas políticas en que México estuvo sumergido, bajaron a la nada en el Tepeyac.
En 1931, el historiador José L. Cossío –su libro Del México viejo debería ser reeditado–, recordaba que el 21 de julio de 1876, parado en una esquina al lado de su padre, vio pasar un pobre entierro: un féretro que solo era seguido por un coche. En el féretro iba el cuerpo del viejo general Antonio López de Santa Anna, del que Nemesio García Naranjo escribió: “El tipo más peligroso en la América española es aquel que injerta en su ser algunos elementos de héroe con ciertas cualidades de histrión. Las multitudes se enamoran de los payasos épicos. Por eso México se enamoró de Santa Anna, el clown heroico de las primeras revoluciones”.
Unos meses antes de morir, decrépito, sordo, cojo y casi ciego, Santa Anna visitó a la Virgen de Guadalupe, de la que era muy devoto, y logró que quitaran el cristal que la protegía para poder besar el ayate. Ordenó ser sepultado en el Tepeyac, y que su caja la llevaran solo cuatro cargadores.
Diez años después lo alcanzó su esposa, la bellísima (según se ve en el cuadro pintado por Juan Cordero) Dolores Tosta, 35 años más joven que él y célebre por su afición a los lujos, las fiestas, los saraos. Ambos descansan en la fosa 17 del Lote A.
En el mismo cementerio están los restos del arquitecto favorito de Santa Anna, Lorenzo de la Hidalga, uno de los introductores del neoclasicismo en México y uno de los arquitectos más desgraciados, pues la mayor parte de su obra ha desaparecido: el Teatro Nacional, el Mercado del Volador, la casa de los Escandón en la Plaza de Guardiola y una columna dedicada a la Independencia de la que solo se hizo el zócalo (y por eso llamamos de ese modo a la Plaza de la Constitución).
De la Hidalga murió de “fiebres perniciosas” en el palacete que él mismo se había construido en un tramo de Puente de Alvarado y que fue derribado para abrir una calle.
El periodista Victoriano Agüeros, fundador del periódico católico El Tiempo, y editor de los 78 tomos de la Biblioteca de Autores Mexicanos; Vicente García Torres, el legendario fundador del gran diario liberal El Monitor Republicano, que registró la vida de México entre 1844 y 1896 –y en el que colaboraron las grandes plumas de entonces, Manuel Payno, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Juan A. Mateos y José María Vigil–, así como Filomeno Mata, quien se encargó de abrir una de las grandes trincheras contra el Porfiriato, a través de las páginas de El Diario del Hogar, y quien pasó la mitad de su vida en la redacción y la otra mitad en la tenebrosa cárcel de Belén, también fueron al Tepeyac a poner fin a sus trabajos: García Torres en 1894, Mata y Agüeros en 1911.
El coronel Miguel López, cuya triste celebridad, escribe Alonso Junco, se debe a que entregó por unas monedas las llaves de Querétaro al general Mariano Escobedo, con lo que salvó la vida a cambio de las del trágico emperador Maximiliano y de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, fue sepultado en el Lote M en 1891, luego de llevar en la frente durante un cuarto de siglo el estigma de traidor.
Muy cerca de su tumba está la del general Pedro A. González, uno de los jefes del Regimiento de la Emperatriz, que odiaba al coronel Miguel López porque una vez lo vio huir de la batalla de San Salvador, y luego lo encontró escondido en una troje. González vivió casi un siglo y murió cuando la Guerra de Reforma, el Porfiriato y la Revolución habían terminado y Álvaro Obregón llegaba al poder.
El historiador Alfredo Chavero, el bibliófilo Genaro García (editor de la Colección de documentos inéditos o muy raros para la historia de México), el periodista Joaquín Piña (autor de las memorias apócrifas de Victoriano Huerta), el general Bernardo Reyes (el primer muerto de la Decena Trágica) y Luis Segura Vilchis (fusilado tras atentar contra Álvaro Obregón).
El general Lauro Villar (que al desatarse el cuartelazo en contra del gobierno de Madero rescató con un puñado de reclutas el Palacio Nacional), el director de Minería, Manuel María Contreras, el torero Ponciano Díaz (que sobrevivió a una terrible cornada pero no a la enfermedad hepática que le provocó su afición al alcohol), el doctor Rafael Lucio (el médico que firmó el certificado de defunción de Juárez y dirigió durante años el hospital de leprosos de San Lázaro), el expresidente Félix Zuloaga: media historia de México podría escribirse caminando por las tumbas del Panteón del Tepeyac.
Perdida en un rincón, invisibilizada por mausoleos, cenotafios y toda clase de sepulcros, encuentro la tumba de Xavier Villaurrutia, muerto en condiciones oscuras durante la Navidad de 1950.
“Dicen que he muerto. No / Moriré jamás ¡Estoy despierto!”, se lee en su epitafio.
Corre el silencio en el Tepeyac. Se está haciendo tarde. Solo algunas gentes con flores en las manos caminan entre las tumbas.
Cuando llegue la noche, ¿de qué platicarán estas personas?
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Los Rocha que vienen/Javier Martín Reyes
EL UNIVERSAL
¿En qué se parecen la situación de Rubén Rocha y los procesos internos de Morena para nombrar a los “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”? De entrada, en que ambos son burdos casos de simulación, situaciones donde las autoridades se niegan a aplicar las normas jurídicas y los dejan en un limbo que le resulta políticamente conveniente al oficialismo.
Por un lado, Morena y el gobierno no se ponen de acuerdo en qué hacer con Rocha. Si de verdad creyeran que es inocente y que las acusaciones en su contra no son más que un descarado injerencismo de Estados Unidos, deberían dejarlo regresar a la gubernatura. Si Rocha nada debe, el oficialismo nada debería temer por su regreso.
Si, por el contrario, el oficialismo creyera que hay indicios de que Rocha sí es responsable (como es evidente que los hay), tendría que actuar en consecuencia. Podría, por ejemplo, pedirle la renuncia, para que deje de jugar a que un día regresa al cargo para recuperar el fuero y al siguiente lo vuelve a abandonar. Podría, mejor aún, exigirle a la FGR una investigación seria que desemboque, en su caso, en una solicitud de vinculación a proceso. O podría, cuando menos, cumplir con la solicitud de detención provisional con fines de extradición que formuló Estados Unidos, para que, ahora sí, con Rocha detenido, corra el plazo que fija el tratado y lleguen entonces la petición formal y las pruebas que la sustenten. Si México no quiere juzgarlo, que al menos pueda hacerlo Estados Unidos.
Por el otro lado, algo parecido ocurre con los procesos internos de Morena. Si pensara, de verdad, que estos procesos no buscan definir a los candidatos del partido antes de los tiempos legales de las precampañas y al margen del marco normativo, los árbitros electorales —el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF)— tendrían que aplicar las normas con rigor. Eso los llevaría a concluir que hay actos anticipados, a imponer sanciones y, en ciertos supuestos, incluso a cancelar registros.
Pero si el oficialismo aceptara lo que todos vemos y ellos niegan (esto es, que son precampañas anticipadas), por elemental vergüenza debería impulsar reformas para cambiar las reglas del juego. Si quieren que las precampañas empiecen antes, pueden hacerlo. Si quieren aumentar los montos que se gastan en estos procesos, también. Morena, el PT y el Verde tienen los votos para modificar tanto la Constitución como la ley y redefinir, como lo han hecho en tantos otros casos, las reglas del juego.
Pero resulta que no. En ambos casos el limbo resulta más conveniente. A Rocha ni le exigimos que vuelva ni lo investigamos ni le retiramos en definitiva el fuero. A las anteprecampañas de Morena ni las sancionamos como actos anticipados ni cambiamos las reglas para regularlas en serio. El limbo jurídico como política constitucional.
Lo peor del caso es que de esos limbos saldrán los próximos candidatos de Morena, que muy probablemente nos gobernarán. Saldrán de procesos simulados en los que nadie sabe cuánto se gasta, de dónde sale el dinero ni qué intereses se cuelan, desde los legítimos hasta los ilegítimos (como muy probablemente ocurrió en el caso de Rocha). Y saldrán de procesos formales en los que la evaluación de riesgo de las candidaturas (esa que debería decirnos si alguno tiene vínculos con el narcotráfico) quedará en manos de una FGR que se niega a investigar en serio a Rocha y de una comisión del INE que ya mostró que no piensa cumplir con las reglas más elementales para la competencia.
La duda, por tanto, no es si se aplicará la ley en esos procesos. Esa respuesta ya la tenemos. No, la ley no se aplicará. La duda es cuántos Rubén Rochas saldrán de ellos. Y de cuántos serán directamente responsables estas autoridades que se niegan a hacer su trabajo.
Javier Martín Reyes. Investigador en el IIJ-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
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La burla/Carlos Loret de Mola
El UniveRSal, +
El gobierno y Morena quieren hacer como que no tienen nada que ver con Rubén Rocha Moya.
Nos quieren vender la idea de que la presidenta Sheinbaum dio un golpe de mando para sacarlo del poder, pero Rocha está libre.
Nos quieren vender la idea de que todos los morenistas de todos los niveles le han dado la espalda, pero llevan 119 días repitiendo como loros que “no hay pruebas” para acusarlo de narco.
Nos quieren vender la idea de que su compinche Inzunza ya no es de la bancada de Morena, pero sigue siendo senador y está totalmente alineado con la 4T.
Nos quieren vender la idea que la nueva gobernadora interina va a limpiar la casa, pero ella era del gabinete de Rocha Moya, una de sus cercanas.
Y la más reciente: nos quieren vender la idea de que la candidata de Morena al gobierno de Sinaloa, Imelda Castro, no tiene nada que ver con Rocha, que implica cortar de tajo con ese grupo político.
Reviso el archivo digital. “¡Hola, Sinaloa! Somos Rubén Rocha Moya e Imelda Castro”, dice ella en un spot de su campaña conjunta al Senado en el 2018. “Los que suscriben, senadores Rubén Rocha Moya, Imelda Castro...”, rezan los varios puntos de acuerdo que presentaron juntos en la Cámara. “Felicito a Rubén Rocha Moya”, dice un tuit. “Un rico café y una excelente charla con el doctor Rubén Rocha Moya”, dice otro que incluye foto. Uno más: “Tarde de té y agradable conversación en la Ciudad de México con mi estimado amigo y gobernador electo de Sinaloa”. Foto también. “Rubén Rocha Moya encabeza la esperanza de cambio”. Y el más contundente: “¡Es un honor estar con Rocha hoy!”.
Basta de simulaciones. Háganse responsables de su Rocha. Ustedes lo pusieron, ustedes lo impulsaron, ustedes se taparon los ojos cuando se denunció la colusión con el cártel de Sinaloa, ustedes lo protegieron y ustedes lo siguen manteniendo impune.
Háganse responsables y empiecen por ofrecer una disculpa. No hagan como que no tuvieron nada que ver con Rocha: han sido muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos desempleados en Sinaloa.
Porque lo que están haciendo es una burla. Una burla al estado que más ha padecido las consecuencias criminales del “abrazos no balazos”.
Le entregaron el mando del Estado a un cártel y cuando el cártel se peleó no supieron cómo recuperar el poder. Sinaloa es el ejemplo más tangible de qué pasa cuando apuestas por la pax narca. Por entregar la soberanía a un manojo de delincuentes. Y hoy quieren vendernos la idea de que ellos no hicieron nada. Para su mala suerte, sus huellas están por todos lados.
SACIAMORBOS
¿Qué estaría diciendo Morena si la oposición hubiera hecho candidato a gobernador al esposo de una consejera del INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama?
historiasreportero@gmail.com
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¿Qué hacemos con Lenia?/Salvador García Soto
El UniveRSal | 27-08-26 |
La pregunta incómoda ronda lo mismo en los pasillos del Poder Judicial de la Federación que en los círculos políticos y empresariales del país. Y tiene que ver ya no sólo con la preocupación y el temor que genera entre los grandes inversionistas del país la posibilidad de que la ministra Lenia Batres pueda llegar a asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en medio de la antinomia que hoy existe entre los artículos 94 y 87 constitucionales, sino también con los constantes errores, gazapos, exhibiciones de ignorancia jurídica y actuaciones ideologizadas de la autonombrada “ministra del pueblo”.
Porque Batres Guadarrama cumple ya tres años desempeñando el cargo de ministra, entre los dos años que duró en la antigua integración cuando la designó directamente el entonces presidente López Obrador y el año que ya cumple como parte de la nueva Corte que resultó de la controvertida Reforma Judicial y la elección de los acordeones. Pero esos tres años de ejercer el más alto cargo público al que puede aspirar cualquier jurista al parecer no le han servido a la ministra para entender, aprender y dominar la delicada responsabilidad que se le ha otorgado, y en la que sigue cometiendo errores de principiante y asumiendo posiciones que desafían y contradicen las normas básicas de la administración de la justicia.
Los ejemplos sobran y el más reciente tuvo lugar ayer. En la sesión del pleno de la Corte que, por ausencia momentánea del presidente Hugo Aguilar Ortiz, tuvo que asumir la presidencia la ministra Batres, hubo un episodio que volvió a mostrar el desconocimiento y la falta de preparación que acusa el personaje en cuestión. La presidenta en funciones quiso someter a votación un asunto que se había presentado sobre una “contradicción de criterios” pero se olvidó de consultar antes a sus pares ministros para escuchar su posicionamiento sobre el proyecto que se discutía.
Como Batres no se enteraba de que estaba violentando el procedimiento de discusión y votación en el pleno, tuvo que intervenir el ministro Irving Espinosa para explicarle que antes de pedir el voto de los integrantes del pleno, debía escuchar los posicionamientos de los ministros. “Antes de votar yo si quisiera hacer consideraciones con relación al punto número 23 que es la contradicción de criterios 84/2026, antes de someterlo a votación porque en el caso particular yo no comparto el proyecto que se pone a consideración por parte de la ministra ponente, y antes de votar si quisiera hacer las consideraciones y escuchar las de los ministras y ministros”, dijo Espinosa corrigiéndole el error de procedimiento a la presidenta.
Por supuesto que es entendible que la ministra en funciones temporales de presidenta se equivoque, como le puede pasar a cualquiera. El problema es que ese tipo de errores, que muestran desconocimiento del proceso jurídico, son frecuentes y constantes no sólo en Lenia Batres, sino también en algunas otros de sus compañeros que recién llegaron a la Corte por la vía del voto y los “acordeones”, sólo que en su caso ella tuvo ya una curva de aprendizaje de tres años que parecen más que suficiente para que, si llego a ese cargo sin estar plenamente capacitada, ya debería de haber aprendido y dominar la ministra, que además cuenta con todo un equipo de asesores, secretarios y personal jurídico de apoyo que tiene carrera judicial y conoce a la perfección los procedimientos que ella debe dominar.
Y ojalá el problema fuera solo de desconocimiento e ignorancia de los procedimientos judiciales. El mayor cuestionamiento que le hacen a Lenia Batres sus críticos y detractores, es que no se apega al respeto irrestricto de lo que dicta la norma jurídica, la Constitución, las leyes y el estado de derecho al momento de presentar sus proyectos de sentencia, en los que, ya en varias ocasiones, introduce propuestas, razonamientos o planteamientos jurídicos que violentan principios básicos y torales del estado de Derecho y de la certeza jurídica a la que está obligada la Suprema Corte en sus interpretaciones y fallos constitucionales.
Los ejemplos de los disparates jurídicos de Lenia, que son más bien posiciones políticas o ideológicas personales, como buena integrante que es del ala más radical de Morena, sobran: desde intentar revivir casos que ya fueron juzgados y sentenciados por la Corte, violentando el principio de la “cosa juzgada”, hasta asumir posiciones abiertamente adversas a empresas litigantes en adeudos con el fisco (el polémico caso de la empresa coreana Samsung) o incluso quejarse de que sus compañeros rechacen sus proyectos o voten en contra, acusándolos de tener “razones personales” contra ella o de estar enojados porque ella impugnó el presupuesto solicitado para sus ponencias.
Lo de la ministra Lenia con sus constantes errores y equivocaciones o con sus posiciones ideológicas y antijurídicas, es algo que ya rebasa lo anecdótico y que amenaza con convertirse en un problema serio para la propia Corte y para la credibilidad y seriedad del Poder Judicial de la Federación. En lo político, sus yerros y radicalismos ya le generaron a la presidenta Sheinbaum una queja directa de los 12 empresarios más ricos del país que, en la reunión privada que tuvieron los magnates mexicanos con la mandataria allá por el mes de mayo pasado, le dijeron claramente que la posible presidencia de Batres Guadarrama en la Corte les genera temor, rechazo e incertidumbre para sus millonarias inversiones en el país.
Ante tal preocupación de los poderosos empresarios, la Presidenta respondió con lo que ya ha expresado públicamente en sus conferencias, en las que ya reconoció que sí existió dicha reunión y las quejas y preocupaciones que le expresaron los empresarios. “Que sea la propia Corte la que defina cómo se debe elegir a su próximo presidente”, dijo la doctora salomónicamente para no enfrentarse al poder que tiene el apellido Batres en el ala más radical de la llamada 4T.
Y hasta ahora, en la definición que tendrá que tomarse a más tardar en agosto del próximo año 2027, antes del 1 de septiembre de ese año, no hay una definición clara de si se aplicará el artículo 94 reformado, que dice que la Presidencia de la Corte corresponde al segundo lugar en votación, una vez que termine la actual de Hugo Aguilar Ortíz, o si se impone el artículo 97 que establece que al presidente del pleno judicial lo deben elegir los propios ministros por mayoría entre cualquiera de sus integrantes que se postule para la Presidencia.
En espera de que llegue esa definición y de la incertidumbre que hoy permea a las inversiones nacionales y extranjeras por el actuar de los nuevos integrantes de la Corte, hay dos certezas: la primera, que Lenia Batres está obsesionada con convertirse en presidenta, como parte de un plan político para aumentar su influencia en las decisiones judiciales; y la segunda, que la “ministra del pueblo” se está quedando sola y sin el apoyo de sus compañeros para esa o cualquier otra aspiración, ante sus constantes exhibiciones de ignorancia, soberbia y desconocimiento de la materia jurídica.
Así que la pregunta sigue flotando en el ambiente jurídico, político y empresarial del país: ¿Qué hacemos con Lenia?, que se va a convertir en otra “Roncha” -y no precisamente Moya- más para el gobierno de la 4T.
NOTAS INDISCRETAS…
Una de dos: o el senador Enrique Inzunza es muy valiente, como para desafiar el “consejo” que le dio la presidenta Sheinbaum para que se retirara del Senado con una licencia definitiva ante las investigaciones en su contra, o de plano el sinaloense es temerario y se siente muy protegido por algún poder más grande que el de Palacio Nacional. Porque su decisión de no solicitar licencia al cargo de senador y en cambio renunciar a la bancada de Morena para declararse senador independiente, sin duda puede tener alguna base legal en la independencia y autonomía que la Constitución les da a los miembros del Senado, en tanto representantes de uno de los tres poderes, pero lo que no tiene esa decisión del cuestionado Inzunza es ni sentido común, ni sensibilidad política y mucho menos lealtad al partido en el que milita y que lo postuló para ese cargo. Vaya, que Inzunza decidió, como antes lo hizo su compadre Rocha Moya, irse por la libre y rebelarse a la autoridad presidencial y al consejo que le daban sus propios compañeros de bancada. Veremos si a él, que está plenamente identificado en Sinaloa como el operador real en la relación entre el gobierno de Rocha Moya y una de las facciones del Cártel sinaloense, si le dejan pasar su acto de rebeldía o si correrá la misma suerte que su amigo que hoy está políticamente desahuciado. La pregunta es si el senador Insunza se sigue sintiendo protegido e intocable, aún ya con el desconocimiento de la Presidenta y de Morena, ¿cuál es el poder que lo hace sentir tan impune? La respuesta es más que obvia…La designación de Santiago Nieto para convertirse en el futuro candidato de Morena al gobierno de Querétaro causó sin duda reacciones inmediatas en el panismo queretano. Y aunque los panistas descalifican a Nieto y lo acusan de tener falta de pertenencia y presencia en la entidad queretana, lo cierto es que en el blanquiazul saben que la marca de Morena les puede dar pelea en la elección estatal del 2027. Quizá por ello el gobernador Mauricio Kuri, que sabe que no puede confiarse si no quiere terminar como otros panistas que han entregado sus estados al morenismo, ya empezó a operar y negoció para que se diera una reconciliación que dividía al panismo de su estado entre el exgobernador Francisco Domínguez y el actual senador Ricardo Anaya. Los traían en un pleito añejo e irreconciliable, pero con la operación de Kuri, que les pidió dejar atrás sus reyertas y diferencias, para enfrentar a Morena en el 27, parece que esa fractura del panismo queretano ya empezó a cicatrizar…Y es que no sólo los gobernadores del PRI han sido acusados de doblar las manos ante López Obrador y entregar sus estados a Morena. En el PAN también hay exmandatarios estatales que están bajo sospecha de traición por parte de sus correligionarios. Es el caso de Mauricio Vila, ex gobernador de Yucatán que perdió el estado en las elecciones del 2024 y le entregó la gubernatura a Morena después de que las encuestas no le daban mayores posibilidades al actual gobernador Huacho Díaz, que además es de origen panista. Vila en su momento no quería al candidato del PAN, Renán Barrera, con quien tiene fuertes diferencias, pero ante la popularidad y competitividad del exalcalde de Mérida en tres ocasiones, tuvo que aceptar la decisión del CEN panista para que Renán fuera el candidato. Pero resulta que al final, con todo y su buena imagen y calificación de los yucatecos, el PAN perdió el gobierno estatal y Vila se fue como senador de la República y luego se tomó el tiempo para irse a estudiar una maestría a una universidad del extranjero. La historia viene a cuento porque justo esta semana Renán Barrera anunció su renuncia al CEN del PAN, donde colaboraba con Jorge Romero, acusando la incongruencia del dirigente nacional panista que ofreció “abrir el partido a los ciudadanos y permitir las candidaturas de nuevos perfiles” pero en el caso de Yucatán, acusó Barrera, los operadores de Mauricio Vila en el estado afirman que ya tienen entregadas y designadas 72 candidaturas para las elecciones de 2027, las cuales habrían sido decididas por el exgobernador para sus cuates y amigos. ¿Y entonces el discurso de Romero de que cualquier ciudadano podría ser candidato del PAN si tiene el perfil adecuado era pura propaganda? Por lo pronto el exalcalde de Mérida abandonó el CEN y acusó que el “cacicazgo de Mauricio Vila y su grupo sigue vigente en Yucatán y quieren imponer ellos a los candidatos panistas”, es decir, que Jorge Romero es pura lengua y miente cuando habla de apertura del partido a la sociedad, pero premia y mantiene como cacique local en Yucatán al gobernador que perdió el estado para su partido y se lo entregó a Morena. Vaya congruencia la del señor Romero…Los dados mandaron Escalera Doble. Subimos.
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Sinaloa, fragilidad e improvisación/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior,
Para mi hermana Silvia, con todo el cariño que crece en la distancia
Los datos duros de Sinaloa: tres gobernadores en cuatro meses, un intento frustrado de regreso al gobierno de Rocha Moya, evidentes enfrentamientos internos en Morena, los personajes centrales del poder estatal procesados en Estados Unidos, el ex secretario de finanzas y el de seguridad entregados a la justicia de la Unión Americana y convertidos en colaboradores.
El 9 de septiembre se cumplirán dos años de una guerra abierta entre las dos fracciones en que se dividió el cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayitos, desatada tras la extracción de Ismael El Mayo Zambada. Las cifras acumuladas de víctimas de esa guerra, oscilan entre tres mil y cinco mil asesiandos, además de miles de personas desaparecidas y otros miles de desplazados, mientras la economía local está paralizada. Ayer en la mañanera se dijo que ese dato era mentira, pero según el Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI, la tasa de homicidios dolosos en Sinaloa aumentó 75 por ciento en 2025 respecto al 2024, la cifra ha disminuido en 2026 respecto al año anterior, pero sigue siendo muy superior a cuando comenzó la guerra interna en el cártel.
En ese escenario llega al gobierno sinaloense Graciela Domínguez Nava, una diputada que fue secretaría de Educación de Rocha Moya y formó parte, desde hace años, de su equipo. Llega sin una base de poder propia y con un gabinete que heredó del propio Rocha, lo mismo que la mayoría del congreso local; y de la fiscalía y el poder judicial que responden a otro encauzado, el senador Enrique Inzunza, que ayer salió de la bancada de Morena en la cámara alta, alegando su inocencia y argumentando que, en realidad, a quien persiguen es a López Obrador (no lo ayudes, compadre).
Domínguez Nava no tendrá margen alguno de operación en temas de seguridad, una tarea que recae sobre todo en las fuerzas militares desplegadas en la entidad, en donde no pueden confiar en las policías locales porque saben que están penetradas por las fracciones del cártel, lo que reduce las capacidades de operación pese al despliegue de miles de elementos. Todo deja un sabor de improvisación y falta de eficiencia que se acrecienta porque las elecciones serán en nueve meses.
Es evidente que existe un enfrentamiento entre las fuerzas que responden a Rocha e Inzunza, que siguen teniendo peso e influencia en el estado, y la presidencia de la república. Ayer se designó como virtual candidata de Morena a la senadora Imelda Castro, que no es del grupo de Rocha, es muy cercana a Gerardo Vargas, el ex alcalde de Ahome que fue perseguido por Rocha, pero que debe construir un equipo propio que hoy no tiene. Me imagino que terminará recurriendo al propio Vargas y a funcionarios que trabajaron con el ex gobernador Mario López Valdez, Malova, porque tampoco ha crecido en Sinaloa una base de operadores de la presidenta Sheinbaum.
La candidatura de Castro, de todas formas, estará atada a los resultados que se puedan obtener en estos meses y a cómo evolucionen las acusaciones de Estados Unidos contra políticos sinaloenses y de otros estados. La justicia de la Unión Americana no quitará el dedo del renglón en el tema de Rocha Moya y los otros acusados: al contrario, tanto los ex funcionarios que están colaborando con la fiscalía de NYC, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, como los líderes y oepradores del crimen organizado que también están colaborando con la justicia, desde Joaquín y Ovidio Guzmán López hasta el propio Mayo Zambada, le otorgan a la fiscalía del sur de Nueva York, la más poderosa del país, que es la que lleva la investigación, un inagotable arsenal de pruebas contra los acusados.
La negativa del gobierno federal a entregarlos y la negligencia que ha mostrado hasta ahora la FGR en las investigaciones, incluso en casos tan evidentes como el asesinato de Héctor Melesio Cuén, alimentan la sensación de inestabilidad y fragilidad de un gobierno estatal que no tiene de qué asirse.
Es demasiado lo que está en juego y demasiado poco lo que pueden ofrecer las autoridades de aquí a las elecciones de junio próximo. Sinaloa seguirá viviendo en un vendaval.
Las otras candidaturas
Mientras tanto, Morena designó más virtuales candidatos para el 2027: para Querétaro, una de las elcciones más difíciles que tendrá que afrontar ese partido, lanzó a Santiago Nieto, el ex director de la UIF, distanciado con los sectores duros de la 4T; para Campeche, a Pablo Gutiérrez Lazarus, un ex panista que forma parte del proyecto personal de la gobernadora Layda Sansores; en Colima la candidata también ha sido colocada por la gobernadora Indira Vizcaino, es la ex alcaldesa Rosi Bayardo; en Campeche, en otra elección que tendría que ganar el PAN por su presencia histórica, la candidata es una militante de izquierda de toda la vida, Nora Ruvalcava.
En estos días habrá más destapes en Morena donde la convicción es que de los 17 estados en disputa, diez candidaturas sean para mujeres y siete para hombres. Pero la pregunta no es esa, no es el género: es saber cuántos candidatos serán de la presidenta Sheinbaum y cuántos de López Obrador o de los gobernadores comprometidos con él.
En el PAN, mientras tanto, ya hay aspirante para Chihuahua: será el alcalde la capital, Marco Bonilla. Y en Baja California Sur, profundamente contaminado el gobierno morenista de Víctor Castro Cosio por el síndrome de Rocha Moya, el aspirante panista, con posibilidades reales de recuperar el estado para el PAN, será Francisco Pancho Pelayo.
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La obsesión por López/Carlos A. Pérez Ricart
REFORMA, 27 agosto 2026
Si no se enteró, se lo cuento.
La semana pasada, algunas columnas y programas de televisión ofrecieron una explicación de envidiable precisión para el breve regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa: habría sido una represalia de López Obrador contra Sheinbaum.
El expresidente se habría irritado ante la supuesta falta de respaldo de la Presidenta a la carta que Andrés López Beltrán envió a Donald Trump. Desde Palenque, habría respondido ordenando el regreso del gobernador para exhibirla.
Palenque contra Palacio. El Maximato en funciones.
Una inferencia montada sobre otra, y las dos sobre una tercera. Una construcción admirable de varios pisos, pero ningún cimiento.
Cero documentos. Ninguna fuente con nombre. Ni una evidencia que estorbe la narración. Puro chisme (hoy llamado trascendido), sostenido por un prodigio metodológico: cuanto menos se demuestra, mejor escondida está la conspiración.
La crisis de Sinaloa exige otra columna. Aquí me interesa el relato construido a su alrededor: delata, por enésima vez, la obsesión de buena parte de los analistas por leer México en clave López Obrador.
No voy a mentir. Durante seis años, el método funcionó demasiado bien. La voluntad presidencial explicaba todo lo que ocurría y una transcripción de la mañanera bastaba para pronosticar la semana.
El instrumento servía porque había sido hecho a la medida del objeto. El objeto cambió; sus intérpretes, sin embargo, prefirieron conservar la medida.
El resultado es un anacronismo analítico. El poder pasa hoy por la Presidencia, 32 gubernaturas, dos Cámaras y una coalición de tres partidos. La comentocracia opositora, sin embargo, conserva el esquema concebido para un gobierno que cabía en un solo hombre. Ese hombre, para colmo, vive en la selva.
Actualizar esa lectura exigiría volver a estudiar México. Demasiado trabajo para una explicación que ya lo explica todo.
Hay algo muy gracioso en todo esto. Al sostener que en México una sola voluntad decide y todo lo demás obedece, los críticos del señor López terminan suscribiendo la teoría del poder del expresidente. Le conceden desde fuera la omnipotencia que sus más fieles le atribuyen desde dentro.
Comparten el modelo; apenas invierten el signo. Los extremos -decía el clásico- siempre se tocan.
El filósofo de la ciencia Karl Popper dedicó parte de su obra a una pregunta: cómo distinguir una teoría que puede ponerse a prueba de otra blindada contra cualquier refutación. Su respuesta fue sencilla: una teoría seria debe indicar qué hechos la harían falsa. Debe arriesgarse a perder. Decir que un equipo puede ganar, empatar o perder el domingo es irrefutable, pero inútil. Afirmar que ganará por dos goles sí arriesga algo: el lunes sabremos si falló. Una explicación compatible con cualquier resultado sirve para otra cosa: tener siempre la razón.
Apliquemos el criterio a nuestra conversación pública. Si la Presidenta coincide con López Obrador, obedece. Si se aparta, hay ruptura secreta. Si guarda silencio, la disimula. Si desplaza a un obradorista, empieza el quiebre; si no lo desplaza, es que no puede.
Se trata de una lectura que no prohíbe nada. Cualquier cosa que ocurra mañana ya está contemplada; ninguna la pondrá en apuros. A quienes la sostienen habría que preguntarles qué tendría que pasar en México para que la dieran por falsa.
Preguntémosles qué podría refutar su teoría. Sospecho que hasta la pregunta terminará confirmándola.
En 23 meses, López Obrador ha intervenido públicamente cinco veces. El 1 de junio de 2025 acudió a votar en la elección judicial y, ante la prensa, respaldó a la Presidenta. En noviembre presentó su libro. En enero condenó la captura del presidente Nicolás Maduro. En marzo pidió donativos para Cuba mediante una carta. El 3 de junio envió otra a Trump.
Las dos cartas fueron poco afortunadas; la última, francamente mala. Aun así, frente a los retiros de Fox, Calderón o Salinas, el suyo ha sido casi monástico. Prometió irse y se fue.
Sus críticos también prometieron algo: leer mejor el país sin él.
Ahí siguen, esperando instrucciones de Palenque.
@perezricart
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Crimen de pensamiento
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 27 agosto 2026;
"Al final haremos el crimen de pensamiento literalmente imposible porque no habrá palabras para expresarlo". George Orwell, 1984
SAINT-TROPEZ.- De último momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás ayer la controvertida variable 14 para el monitoreo y valoración de las informaciones de precampañas y campañas. El nuevo criterio pretendía registrar los "mecanismos discursivos indirectos de descalificación". Sin embargo, el simple hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya creado esta variable, que ordenaba entre otras cosas el registro de la ironía y el sarcasmo en la cobertura informativa de los procesos electorales, nos demuestra lo mucho que ha caído esta institución en el barranco de la censura.
Cuando el INE empezó los ejercicios de monitoreo y valoración de las coberturas informativas en 2011-2012, registraba solo seis variables. Para 2023-2024 ya eran 13. Para 2026-2027 quería sumar esta 14ª.
Es bastante cuestionable que un árbitro electoral dedique tiempo y recursos a monitorear y valorar los contenidos de los medios en un país en el que, pese a los parches, la Constitución todavía establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa". Pero registrar y exhibir la ironía o el sarcasmo era llegar a un absurdo.
Mucha gente no lo sabe, pero el INE mide ya los tiempos de transmisión y el género de cada nota, y valora la información; registra su importancia y si se divulgan encuestas o sondeos; revisa el uso de "un lenguaje incluyente y no sexista" (emplear las reglas de la Real Academia es sexista para el INE); determina si hay violencia política "en razón de género"; toma nota del enfoque informativo y la cobertura de candidaturas generadas por acciones afirmativas; determina si se emplean "estereotipos" relacionados con "grupos en situación de discriminación"; registra si hay vínculos de temas de interés público con actores políticos y si hay actos de violencia política contra candidatos.
Para el proceso electoral de 2026-2027 el INE decidió medir también la descalificación indirecta. Estableció la obligación de contabilizar "el número de piezas de monitoreo en las que se identifique al menos una expresión de descalificación, menosprecio o cuestionamiento indirecto hacia una persona precandidata o candidata, mencionada por personas conductoras, locutoras, reporteras, analistas o cualquier voz en off". Pidió que se registraran las expresiones de ironía o sarcasmo, la "minimización" (que reduce la experiencia, capacidad o logros de un candidato), la "infantilización" (que trata a los candidatos como inexpertos, ingenuos o incapaces), el "cuestionamiento implícito de legitimidad" (expresiones que sugieren que un candidato no merece o no está en condiciones de ocupar el cargo que disputa) y la "asociación negativa por identidad" ("expresiones que hacen referencia implícita a la pertenencia de la persona a un grupo -por género, origen étnico, edad, orientación sexual u otra característica- de manera que implique una limitación o descalificación sin enunciarlo explícitamente").
Sí, increíblemente el INE quería registrar y exhibir las expresiones de ironía o sarcasmo. Decía que no tenía el propósito de censurar, pero entonces ¿para qué registrarlo? ¿Para qué gastar millones y millones de pesos en saber si un conductor, entre miles, se refirió con sarcasmo a un candidato?
Esta vez el Tribunal Electoral decidió que la variable 14 viola el artículo sexto constitucional, pero todo el ejercicio quebranta la libertad de expresión. No es función de un árbitro electoral registrar y valorar lo que digan los medios, ni exhibir el "crimen de pensamiento".
· MILLONARIOS
En el gobierno de "primero los pobres" resulta que todos los funcionarios son millonarios y utilizan sus propios recursos para cubrir sus gastos. Resulta difícil creerles. Mara Lezama es solo el último ejemplo.
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Ser más humanos/Jorge Suárez-Vélez
REFORMA, 27 agosto 2026
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La inteligencia artificial nos enfrenta con una pregunta cuya respuesta evoluciona como nosotros: ¿qué nos hace humanos? Durante milenios nuestra inteligencia nos destacaba. Somos la especie que resuelve ecuaciones, escribe código, diagnostica y cura enfermedades, y diseña puentes y obras cuya complejidad fascina. También creamos máquinas que ya nos superan en esas tareas.
Lejos de competir con ellas, su uso nos permitirá alejarnos de tareas repetitivas y rutinarias, y usar ese tiempo para nutrir nuestro espíritu y hacernos mejores. Sólo nosotros podemos darle contexto y significado al conocimiento, distinguir qué importa y ejercer criterio. Lo realmente esencial es nuestra empatía, generosidad, curiosidad, compasión, sentido del humor, capacidad para perdonar y para entender a quien piensa distinto; nuestra afortunadamente irracional capacidad para amar. Atributos que no podemos contar, pero con los que contamos para progresar como humanidad.
Conforme se sofistiquen nuestras máquinas, más importante será estudiar humanidades. Nuestros jóvenes deben leer historia y filosofía, leer a los clásicos, entender el origen de las ideas que sostienen a nuestra sociedad. Aprender a argumentar sin agredir, a escuchar antes de responder, a distinguir un hecho de una opinión y una convicción de un prejuicio. Necesitamos formar personas capaces de hacer buenas preguntas, no sólo de encontrar respuestas.
Una máquina podrá procesar en segundos todo lo escrito por Aristóteles o Shakespeare. Pero jamás sustituirá la experiencia humana de leerlos, de confrontar sus ideas con nuestra vida y de descubrirnos en ellas. Más que nunca necesitamos forjar comunidades para desarrollar acuerdos y democracias. La misma revolución tecnológica que democratiza el conocimiento nos fragmenta. Le hemos delegado al algoritmo la decisión sobre qué vemos, qué leemos y hasta sobre qué nos indigna. Y el algoritmo descubrió que mantenernos furiosos es rentable. Nos encierra en cámaras de eco donde sólo escuchamos a quien piensa como uno y condenamos a quien no lo hace. Dejamos de debatir ideas para juzgar personas.
Convertir al adversario en enemigo, en alguien moralmente inferior, tiene consecuencias. Hace dos décadas, la mitad de la humanidad vivía bajo regímenes autocráticos; hoy son tres cuartas partes. No es casualidad. La democracia se nutre de más que sufragio, de respetar que quien piensa distinto tiene exactamente los mismos derechos que uno. Cuando creemos que nuestros adversarios son perversos, dejamos de rechazar las arbitrariedades contra ellos. Justificamos que se silencie su voz, que las instituciones los persigan, o que se les cierre el acceso al poder. Pero cada excepción crea un precedente que mañana se utilizará en contra nuestra.
Defender nuestra humanidad implica rechazar etiquetas. El valor de una persona no depende del tamaño de su fortuna, de la pigmentación de su piel, de su nacionalidad, género o preferencia sexual; tampoco de su religión o ausencia de ésta. Ser moral no es sinónimo de ser creyente, como ser creyente tampoco garantiza actuar moralmente. La IA agrava estos problemas. Puede manipularnos y vigilarnos. En manos de autócratas, es eficaz instrumento de propaganda y sometimiento.
La IA producirá el mayor incremento de productividad de la historia. Nos ayudará a curar enfermedades, acelerará a la ciencia, mejorará la educación y generará prosperidad sin precedente. Nos regalará algo antes reservado a unos cuantos: tiempo. Tiempo para aprender sin perseguir una credencial, para leer sin buscar utilidad inmediata, para conversar sin mirar el teléfono, para escuchar música, contemplar arte, convivir con nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, conocer a nuestros vecinos. Tiempo hasta para aburrirnos y para pensar.
Esa es la paradoja de la IA. Después de siglos desarrollando máquinas que imitan nuestras capacidades, la máquina nos fuerza a preguntarnos qué capacidades vale la pena que preservemos.
No necesitamos demostrar que somos más inteligentes que ella. Necesitamos confirmar que siempre seremos más humanos.
@jorgesuarezv
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Pies de trapo/Manuel J. Jáuregui
REFORMA, 27 agosto 2026;
Éste era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? ¡Caray, estimados amigos! En este país nos mostramos totalmente incapaces de practicar algo milimétricamente superior a los niveles más inferiores de la política rascuache.
Efectivamente, como en el cuento infantil, políticamente hablando tenemos los pies de trapo y los ojos al revés. O sea, pisamos en falso y además nos rehusamos a ver las graves anomalías que cometen los más prominentes miembros de la burrocracia cuatrotera.
En ocasiones, nosotros, que lo hemos visto casi todo después de medio siglo de practicar el oficio, frecuentemente nos vemos obligados a releer las pentontadas que se dicen y darle un "reboot" al disco duro cerebral, pues no damos crédito a las contradicciones, justificaciones, pretextos y aplicación de una doble vara, un doble estándar, a la hora de repasar las más recientes metidotas de pata en el fango de los altos mandos del oficialismo.
Siempre es más contundente ejemplificar con un solo caso bien contado que con varios relatados por encimita. Vean éste: ayer, en su conferencia matutina, la Presidenta -cuestionada por la enorme cantidad de vuelos en avión privado que ha realizado la Gobernadora de Quintana Roo, la CUATROTERA/morenista Mara Lezama- dijo que ya lo había justificado la Mandataria estatal afirmando que son "recursos propios" los que pagaron estos traslados.
1.- Esto es mentira, para empezar: varios de los vuelos se los brindaron empresas ligadas a un CONTRATISTA del Estado, repartidos entre varias firmas entrelazadas.
2.- Lezama lleva unos 10 años en la política; antes de eso era presentadora/reportera de televisión.
Como conductora no ganó grandes cantidades ni heredó fortunas, y como política y Gobernadora su sueldo es cercano a los 100 mil pesos mensuales. Mientras, los vuelos que realizó -bajita la mano- por su enorme cantidad, distancias cubiertas y aeronaves "rentadas" suman unos VEINTE MILLONES DE PESOS en costo.
¿Cómo puede creer la Presidenta que una presentadora de TV, hecha política de la austeridad, ganando 100 mil pesos, puede desembolsar 20 millones de pesos en renta de aviones? Ello, adicional a todos los demás gastos propios de una esposa y madre de familia.
Lo dicho y afirmado repetidamente: nos creen idiotas, fáciles de engañar, burros que nos creemos todos los cuentos que inventan para tapar sus abusos y corruptelas. Ninguna empresa -ni persona- da algo a cambio de nada. Aquí hay conflicto de interés y abuso de autoridad, como mínimo, o sea, corrupción.
¡Ni las empresas más prósperas gastan esas cantidades, cómo lo va a hacer legítimamente una Gobernadora del partido de la "austeridad republicana"! Este rollo no aguanta ni siquiera un examen... de orina en una veterinaria.
Vean ustedes: checamos con el director de una mediana y exitosa empresa exportadora, y nos confirmó que volar un avión idéntico al que "rentaba" Lezama les costaba 4 millones de dólares al año. ¡Y tuvieron que vender la aeronave por no poder con la onerosa carga de operarla!
¿Por qué se empecina la Presidenta en defender a capa y espada lo indefendible cuando se trata de los cuatreros del oficialismo, pero en cambio se pone muy rígida y justiciera con políticos de oposición que dejaron el cargo hace décadas, a quienes les imputan faltas con escasas pruebas y los meten a la cárcel más rápido de lo que se tarda Adán Augusto en vaciar una caña de tequila?
Sin duda que han sacado la doble vara: para los propios es laxa y flexible; para los "otros", rígida y corta. No entendemos cómo es que no se percatan de que con esas vanas excusas y rollos de chocolate Rocío lo único que logran es perder más y más autoridad moral, credibilidad, respeto, honorabilidad, integridad y capacidad de mando.
Todo ello al tiempo que, dentro de su "movimiento", fomentan conductas INDEBIDAS al taparlas con la manta de la impunidad desde lo más alto. Cuando la señora Sheinbaum hizo el juramento presidencial, solemnemente se comprometió a RESPETAR Y HACER RESPETAR LA LEY, y cierra la protesta con esta lapidaria frase: "¡Y si no lo hiciera, que la Nación me lo demande!".
Señora Presidenta, no está usted cumpliendo con su obligación de respetar y HACER respetar la ley: sépalo y aténgase al juicio de los mexicanos y de la historia.
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Inconstitucionales “lineamientos”
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
La gubernamental Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que sustituyó al extinto, pero autónomo, Instituto Federal del ramo, aprobó ayer los “lineamientos” de radio y televisión maquinados por el régimen dizque “para defender los derechos de las audiencias”, confirmándose que se urdieron para inhibir y castigar la libertad constitucional de información y opinión.
Con el señuelo de alentar “pluralidad, inclusión y accesibilidad”, a radio y televisión se les conmina a incorporar “subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicana para personas con discapacidad auditiva”.
No explica quién determinará la diversidad de contenidos mientras, en siete años de obradorato, los medios del Estado (canales Once, 14, 22, Judicial y del Congreso, Tv Migrante, Radio Educación y las demás estaciones que manipula el degradado Instituto Mexicano de la Radio) vienen usándose como órganos de propaganda cuatrotera.
Lo de subtitular audios es latoso, pero factible, en programas pregrabados de tv, y quizá se pueda hacer en transmisiones en vivo (pese a que representa un mayúsculo problema), pero imponer a la radio el doblaje con gestos para audiencias impedidas de escuchar es una imbecilidad que no requiere explicación.
Más:
––Que radio y tv garanticen “información veraz” y no difundan “deliberadamente información falsa, antigua o descontextualizada presentándola como si fuera actual”.
Ajá.
Y pese a lo subjetivo del término y la gran variedad de “verdades”, la única válida será determinada por el gobierno.
Peor: cuando ante el micrófono se recuerde la pretensión de renombrar el Paso de Cortés por “Paso de los Pueblos Indígenas”, la CRT juzgará “lo antiguo” de aludir a la ocurrencia presidencial, ¿y cuál el riesgo de sanción para la estación o canal si se hace referencia a la muy remota, polvorienta y antigua Conquista?
––Que se diferencien los contenidos utilizando mecanismos visuales o auditivos explícitos (cortinillas, plecas o avisos en pantalla) para que se pueda “distinguir noticia de opinión”.
Pero si lo que usted está leyendo lo estuviera diciendo en tv o radio, ¿cómo podría yo decirle “a las audiencias” lo que es información para que no la confundieran con opinión?
El segundo piso de la 4T insiste en tratar a radioescuchas y televidentes como idiotas, incapaces de distinguir elementalidades o cambiar de canales y estaciones.
Los “lineamientos” de marras deben ser acatados por la radio abierta de amplitud y frecuencia modulada, los servicios de televisión y audio restringido (tv de paga) y las programadoras de uso comercial, público y social (incluidos los medios indígenas y comunitarios).
El “esquema definitivo de sanciones” prevé multas (ojo: inconstitucionales) que irán del 01 al 1 por ciento de los ingresos anuales acumulables de las empresas concesionarias.
Para aplicarlas, este remedo del Comité de Salud Pública de Robespierre que es la CRT irá sumando, de facto, puros pinches pretextos…
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Horror y magia de Tenochtitlan
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio,+
Quienes celebran la grandeza de los pueblos originarios, ¿lo hacen con sangre incluida o sin sangre? ¿Celebran también sus ritos sangrientos o hacen sólo como que no existen?
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