El recuento de los daños en Colombia sigue arrojando cifras que duelen. Un nuevo balance difundido este martes por la Asociación de Alcaldes confirma lo que se temía: al menos 169 muertos y más de 600 heridos por el embate del sismo.
El occidente colombiano se ha convertido en el epicentro del desastre, castigando brutalmente a ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Los alcaldes reportan 165 edificios colapsados, pero la verdadera tragedia no es de concreto, sino humana: hay un número indeterminado de desaparecidos, y el tiempo, en este momento, es el peor enemigo bajo los escombros.
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Tienen mansión en EU ex jefes de Aduanas
Iván Alamillo y Verónica Ayala Especial/MCCI/Reforma..
Con un sueldo de 60 mil pesos mensuales netos, Araceli Hernández Perea, ex directora de compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el sexenio de AMLO, se asoció en Estados Unidos con su pareja, Alejandro Enrique Arcos Romero, y ahora tienen empresas y una residencia de más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas.
Arcos es identificado por los gobiernos de EU y México como uno de los operadores financieros de Florian Tudor, líder de la mafia rumana en México que clonaba tarjetas de turistas en Cancún y Los Cabos, fue secretario particular de Rafael Marín Mollinedo en la ANAM, y ahora es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
Como directora de Recursos Materiales durante las gestiones de Horacio Duarte y Marín Mollinedo en la ANAM, Hernández Perea tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas del país.
El sueldo de Araceli Hernández era de 60 mil pesos netos al mes.
Según documentos a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en junio y noviembre de 2024, la ex directiva de Aduanas constituyó en Texas las empresas Quiereme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC, en las que está asociada con Arcos Romero, presunto operador financiero de la organización delictiva encabezada por Tudor.
Simultáneamente, también en junio de 2024, Hernández Perea adquirió una casa por 902 mil 588 dólares -unos 15.6 millones de pesos- ubicada en The Dominion, uno de los conjuntos residenciales más lujosos y exclusivos de la ciudad de San Antonio, Texas, donde los precios reales parten de 1.2 millones de dólares.
Aun así, para comprar esa residencia hubiera tenido que destinar 22 años de su sueldo íntegro.
REFORMA y MCCI publicaron ayer que como parte de la Operación Caribe, que buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Arcos en febrero de 2021.
Las acciones contra esta banda dedicada a clonación de tarjetas fueron coordinadas con las autoridades de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó al gobierno mexicano el bloqueo de cuentas de Arcos Romero y de otros integrantes de la organización criminal, como reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en una primera entrega.
El hijo de Araceli Hernández Perea, Diego Pérez Hernández, también trabaja en la ANAM, donde actualmente es Analista de Investigación y Fiscalización Aduanera.
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Ayotzinapa, hoy: El sobre amarillo, las cintas rotas y la misma pregunta de siempre
Por Fred Alvarez Palafox..
México carga con heridas que el tiempo no logra cerrar, y las recientes revelaciones periodísticas han vuelto a tocar el nervio más expuesto de nuestra historia reciente: Ayotzinapa.
Lo que documentan Daniela Wachauf y Abel Barajas es un viaje a las entrañas del poder en el Guerrero del otoño de 2014. Nos muestran a un Ángel Aguirre despojado de la investidura institucional, revelándose como el amo y señor de la plaza. Según esta indagatoria, la ley y el crimen organizado caminaban de la mano bajo su sombra, respondiendo a una sola voz. Nadie cuestionaba una orden; el silencio y la obediencia se imponían a través de la herramienta más antigua y cruel de todas: el terror.
En esta crónica de la impunidad hay un punto de quiebre que hiela la sangre. Todo se reduce a un simple sobre de papel amarillo. Adentro, un disco con las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Blanca Estrada, entonces visitadora del tribunal, narra que en esas imágenes latía la verdad pura y dura: los normalistas sometidos, con las manos en la nuca, obligados a cambiar de autobús mientras gente armada custodiaba la maniobra.
Esa mujer, acorralada por el miedo —y aquí se responde la lógica pregunta de por qué no acudió directamente al Ministerio Público—, le habría llevado el sobre a la máxima autoridad del estado: el gobernador Aguirre. Él la mira y le suelta una pregunta clave: "¿Pero tú ya lo viste?". Cuando ella le contesta que no, la respuesta del mandatario sella el destino del caso: "No te preocupes, me encargo de eso".
Y vaya que se encargó. El expediente oficial, que hoy pone a Aguirre en el centro de la tormenta, detalla cómo dio la orden directa a su círculo más íntimo —su sobrino Ernesto; el procurador Iñaki Blanco; el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; y la presidenta del Tribunal, Lambertina Galeana— de hacer pedazos los equipos informáticos. El objetivo era destruir cada rastro, cada video que demostrara su nexo con el grupo criminal Guerreros Unidos y las instrucciones dadas esa trágica noche.
No obstante, la experiencia en el análisis de nuestro sistema de justicia nos obliga a la cautela. La investigación no se sostiene, hasta el momento, en nuevos hallazgos periciales o documentales, sino en la fuerza de los testimonios. Las declaraciones vertebrales provienen, precisamente, de exfuncionarias como Blanca Estrada y Lambertina Galeana, quienes actualmente negocian criterios de oportunidad con la justicia federal. Es decir: como ocurre a menudo en la política judicial, estas palabras tendrán que ser respaldadas por evidencias sólidas; de lo contrario, correrán el riesgo de desmoronarse en los tribunales.
Los expedientes filtrados, sin embargo, no son papel muerto; son la presunta confirmación de algo terrible. No solo desaparecieron a 43 estudiantes; el propio aparato del Estado operó en las sombras para asesinar también la verdad. Creyeron que rompiendo las cámaras se borraba la historia. Se equivocaron.
El caso Ayotzinapa no soporta una simulación más. La búsqueda de la justicia exige que estas nuevas órdenes de aprehensión se procesen con un rigor jurídico impecable, lejos de las narrativas de revancha política y estrictamente apegadas al esclarecimiento de los hechos, que es lo que las familias llevan exigiendo por más de una década.
Al final, entre expedientes filtrados, testimonios negociados y videos destruidos, la única pregunta que sigue retumbando, implacable, es la misma de siempre: ¿Y dónde están los muchachos?
(Con información de Reforma y El Universal
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Las columnas políticas hoy, martes 11 de agosto de 2026
Templo Mayor/ REFORMA
LLAMA LA ATENCIÓN el silencio que han guardado la dirigencia nacional de Morena y el gobierno federal, ante la revelación de que uno de los precandidatos morenistas al gobierno de Quintana Roo tiene en su equipo a un señalado operador de la delincuencia.
NO ES COSA MENOR que Rafael Marín Mollinedo traiga como un cercano colaborador a Alejandro Enrique Arcos Romero, quien es señalado por Estados Unidos y por México de estar vinculado a la mafia rumana. Y no sólo eso: antes de sumarse a la precampaña guinda, ya se había incrustado en la 4T, vía la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) cuando Marín Mollinedo era director.
LA PROPIA lideresa de Morena, Ariadna Montiel, ha insistido en que su partido será muy cuidadoso en revisar no sólo la popularidad de sus precandidatos, sino que también se les investigará sobre posibles relaciones peligrosas con los malosos.
SIN EMBARGO, resulta increíble que hasta ahora nadie entre los morenistas haya notado la presencia de Arcos Romero en la campaña de Marín Mollinedo. Miopía selectiva, le llaman.
POR CIERTO, ante la laxitud del gobierno con sus propios cuadros, resultan sorprendentes las nuevas reglas en contra del lavado de dinero dadas a conocer ayer por la Secretaría de Hacienda.
LO QUE ESTÁ haciendo la dependencia que encabeza Édgar Amador es endurecer las reglas y aumentar la carga burocrática a los particulares... debido a las fallas de las autoridades ante las regulaciones internacionales. Lo que se busca es cumplir con los requerimientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuya evaluación resulta fundamental para la confianza de los inversionistas.
CON LAS NUEVAS REGLAS recaerá sobre un grupo específico de empresas y de giros verificar que ¡sus clientes! no estén lavando dinero. Entre quienes tendrán esta responsabilidad están inmobiliarias, joyerías, notarías, agencias de autos, casas de empeño y hasta asociaciones sin fines de lucro que reciban donativos.
A SUS CLIENTES o donadores, entre otras cosas, les tendrán que aplicar un análisis de "enfoque basado en riesgo", lo cual implica desde evaluaciones semestrales hasta contar con un auditor certificado por la UIF.
EL COLMO ES que mientras las reglas le imponen a los privados metodologías, plazos, auditorías y sanciones, a la autoridad no le imponen ninguna métrica, ningún plazo, ninguna consecuencia... nada.
PARECE CHISTE... pero una vez más es anécdota. La ministra María Estela Ríos se puso a leer un proyecto que no tocaba discutir, pero sus compañeros de la Suprema Corte, de plano, ya mejor la dejaron concluir, pese a que alteraba tanto el orden de la sesión como la posible integración de los votos. Y no sólo eso: había un amparo que se debía discutir, pero con la pifia de la morenista, se quedó en el cajón para otro día.
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La dueña de México/Héctor De Mauleón
El Universal, | 11/08/2026 |
En el marco del Día Internacional de las Comunidades Originarias la presidenta manda renombrar el histórico Paso de Cortés, que atraviesa las faldas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl: el lugar desde el que, acompañado por los aliados indígenas que poco después le ayudarían a tomar la capital del imperio mexica, Hernán Cortés vislumbró por primera vez Tenochtitlan.
Para valorar la memoria de los pueblos que atravesaron por ese camino antes que Cortés, la presidenta manda que se le llame Paso de los Pueblos Indígenas.
Dice Claudia Sheinbaum que los comentócratas que han criticado la necesarísima e impostergable decisión, tendiente sobre todo a desviar la atención de los graves problemas y el tremendo desgaste que enfrenta su administración, “veneran a Hernán Cortés”.
Alega, en cambio, que “nosotros estamos en un momento distinto en la historia de México, de reconocer a los pueblos indígenas, ya reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho pleno”, y que ahora “hay que reconocer en la historia”.
La presidenta omite mencionar que en el último reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda se le redujeron casi 3 mil millones de pesos al presupuesto aprobado para el desarrollo de estos pueblos que la presidenta quiere honrar, aunque sea solo de palabra.
De acuerdo con datos del Inegi, las comunidades originarias registran los mayores rezagos en infraestructura básica en el país. Pero pueden sentirse contentas, porque Sheinbaum ha ordenado que el célebre paso sea bautizado con su nombre.
A casi dos años de su llegada al cargo, la presidenta actúa como propietaria. Decide qué nombres deben estar en los mapas y manda a su inefable consejera jurídica a que explore posibilidades para que esto se lleva a cabo.
Hace unos días, con aire que pretendía ser juguetón y divertido, el secretario de Educación Mario Delgado grabó un video para decir que “ya cayó el dinerito”, 2,500 pesos, que la presidenta les manda a 10 millones de niños “como apoyo para útiles, uniformes o, por qué no, un buen libro”.
Así que el presupuesto público, el dinero de los impuestos, es propiedad también de la presidenta, y es ella quien se lo manda a los niños.
No solo eso, ella misma ha admitido en una reciente “mañanera” que el dinero público se usa de manera patrimonialista.
Dijo la presidenta que hay medios que no quieren a su gobierno, “pues porque no les damos ‘chayote’, así, tan sencillo como eso”.
Agregó que hay medios a los sí se les distribuye dinero “a partir de sus audiencias, es el esquema que tomamos”.
Y luego confesó: “Hay algunos a los que no les damos: TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, EL UNIVERSAL tampoco. Abiertamente lo digo (…) Pero todos los demás medios reciben a partir de sus audiencias”.
Se trata de una de las declaraciones más desafortunadas que la mandataria ha emitido en sus “mañaneras”. Sheinbaum sostiene que las críticas a su gobierno provienen de quienes dejaron de recibir recursos, y luego enumera a tres medios que le resultan incómodos y a pesar de sus constantes embestidas han mantenido un carácter crítico.
Estos no reciben publicidad “a partir de sus audiencias”, muy superiores a las de algunos medios que incluso son groseramente obsecuentes. Sheinbaum lo dijo “abiertamente”: no reciben porque “no nos quieren”.
El problema para la presidenta es que, por ley, la publicidad no puede repartirse según el número de aplausos. No puede entregarse a partir de criterios oscuros, sino transparentes y susceptibles de ser verificados. El presupuesto no es patrimonio de la presidenta: ella no puede decir a quién sí y a quién no se le entrega, aunque ya dijo “abiertamente” que sí lo hace.
Hace casi medio siglo que José López Portillo acuñó la frase “No pago para que me peguen”, cuando le cortó la publicidad oficial a la revista Proceso. La frase no ha sido olvidada en casi 50 años: se volvió emblema de uno de los momentos más oscuros de la relación entre prensa y poder en México. Al intentar responder a una pregunta sembrada por un conocido palero de la 4T, puso de manifiesto su verdadero talante “democrático” y la manera en la que, a casi dos años de su llegada al cargo, ha comenzado a actuar como si fuera dueña de México.
Todavía está fresco el debate que desataron sus lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que dejan abierta la puerta para que una comisión reguladora integrada por gente elegida por su gobierno decida qué se puede decir y qué no, nos diga qué información es falsa y cuál ha sido sacada de contexto.
Justo cuando Sheinbaum intentaba convencernos de las bondades de sus lineamientos, ingenuamente nos muestra su verdadero rostro. El rostro de la dueña de México.
@hdemauleon
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Señales
Manuel J. Jáuregui EN REFORMA
Reforma, 11 agosto 2026;
Aclaramos que, pese al título del presente opus, éste NO trata para nada sobre la película de M. Night Shyamalan del mismo nombre, protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, gran éxito taquillero de principios del milenio. Cuando hablamos de "señales" nos referimos a las que de manera OBVIA el Gobierno norteamericano le está mandando al mexicano para conminarlo a que se alinee cooperando con el llamado a la justicia que los vecinos al norte del Bravo le han extendido a los narcopolíticos de nuestro País. Llamado que la Administración actual, en protección a correligionarios notables y sus padrinos, se ha REHUSADO a atender.
Aparte de lo dicho por Terry Cole, director de la DEA, y por el propio Presidente Trump, fustigando a México y su narcopolítica, las señales a las que nos referimos son las siguientes: 1.- Culpan a la lechuga mexicana de un brote de ciclosporiasis y suspenden su importación. 2.- Después de un tiempo afirman que no, que no es la lechuga (de Taylor Farms México), y que los chiles serranos son investigados por un posible vínculo con un brote de salmonella en EU. 3.- Días después resulta que tampoco fueron los chiles, pero por lo pronto no hubo guacamole. 4.- Casi simultáneamente y SIN AVISARLE al Gobierno mexicano, retiran a los inspectores de Agricultura de los huertos y empacadoras de aguacate de Michoacán, frenando de cuajo la exportación del "oro verde". Sumadas y en lo individual, las medidas unilaterales tomadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos GOLPEAN la economía del agro nacional.
Es un despliegue del arsenal que tiene en sus manos la Administración Trump para presionar a nuestro País a fin de que cumpla con sus peticiones. Resulta, entre otras cosas -algo que no se ha difundido mucho-, que los cárteles mexicanos han logrado desarrollar mediante mezclas una droga aún más destructiva que el fentanilo. Ésta es de la familia de los nitazenos y es considerada hasta 10 veces más potente que el propio fentanilo. El más común de los nitazenos que se está propagando no sólo en Estados Unidos, sino en Europa es uno que llaman "Iso", que se consume en polvo, pastillas, sprays o inhalado en vapeadores.
Les recordamos, estimados amigos, que al fentanilo lo consideran hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. De lo anterior podrán ustedes medir el peligro que enfrentan la Administración estadounidense y, en general, las naciones europeas. Decir que les preocupa sobremanera la irrupción en su sociedad, entre los jóvenes, de esta nueva droga más potente es poco: les causa pánico absoluto, ya que estos químicos se mezclan con otros de tal suerte que el usuario ni siquiera se entera de qué es lo que está ingiriendo, lo cual le puede significar una dosis mortífera. Por ello, le urge al Gobierno de EU no sólo frenar el flujo de narcóticos desde nuestro territorio, sino DESMANTELAR TODA LA RED DE PROTECCIÓN de la que gozan los cárteles, los cuales ya fabrican fentanilo y poseen la capacidad de mezclar el letal "Iso".
Nos da la impresión, por cosas que se dicen en EU, que el Secretario Harfuch SÍ ENTIENDE la magnitud del problema. La que parece no entender, o no quiere hacerlo, pues su prioridad es salvar a sus correligionarios requeridos por la justicia norteamericana, es la Gran Jefa Claudémoc. De ahí que las SEÑALES que le mandan sean tan duras y evidentes, seguramente con la expectativa de hacerle ver que le costará demasiado a MÉXICO tan sólo intentar salvar a los protectores de los delincuentes que, con las drogas que procesan y exportan, ponen en riesgo la salud de la población de EU.
Un "Iso" puede acabar casi en lo que sea: en un analgésico, en una bebida energética, en un dulce, en una vitamina; no exageran los vecinos cuando la consideran un "arma de destrucción masiva". Las señales resultan bastante obvias, ojalá y las capten nuestros líderes cuatroteros, sobre todo cuando pretenden renegociar un Tratado comercial que se convertirá en el más grande garrote que México ha visto jamás. Pero más que eso, ojalá y midan objetiva y correctamente el costo-beneficio de su maniobra de impunidad versus el futuro económico de la nación: lo están apostando todo a cambio de nada.
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Rocha: cien días de impunidad/Jorge Fernandez Menéndez.
Excelsior,
Se cumplieron cien días de que la justicia estadounidense pidió la detención con fines de extradición del gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios sinaloenses, entre ellos, el senador Enrique Inzunza (que aspiraba a ser el sucesor de Rocha en las elecciones del año próximo).
Dos de los acusados, el ex secretario de seguridad, Gerardo Mérida y el ex secretario de finanzas, Enrique Díaz, se entregaron a la justicia estadounidense y están colaborando con las autoridades. Los otros ocho acusados están protegidos por el gobierno federal que ha insistido en que no hay pruebas en su contra y ha negado la detención pedida por la fiscalía del sur de Nueva York, poniendo con ello la relación con los Estados Unidos en una situación que, de no tener cambios, ser tornará intransitable.
No es verdad que no existan pruebas en contra de Rocha y los otros acusados. Desde la propia elección de 2021 se acumulan las pruebas de la intervención del crimen organizado en apoyo a Rpcha: el día de las elecciones todos los operadores de la oposición fueron secuestrados; la elección se financió con recursos tanto del grupo de El Mayo Zambada como de los Chapitos; también hubo participación de Sergio Carmona, el asesinado rey del huachicol; hay transferencias bancarias desde Tamaulipas a la campaña de Sinaloa (el actual gobernador Américo Villareal era el representante de Morena en los comicios sinaloenses y un año después ganó, también con todos esos apoyos, los comicios estatales); existen testimonios de acuerdos, aquí los hemos publicado desde 2022, entre la administración Rocha Moya y los chapitos en distintos ámbitos entre ellos la entrega a ese grupo criminal de las principales juntas de agua del estado.
Lo sucedido hace dos años cuando fue extraído Zambada, pone de manifiesto esa complicidad. Zambada va a esa reunión con Joaquín Guzmán López, su ahijado, porque se suponía que era para acabar con las diferencias entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, entonces diputado federal electo y ex rector de la UAS (también excoordinador, con Rocha, de la precampaña para los comicios de 2024 de Adán Augusto López), se iba a reunir con ellos y con Iván Archivaldo Guzmán. La ruptura entre Rocha y Cuén, amigos y aliados durante años, se dio porque Rocha en la división que se dio en el cártel desde el juicio de El Chapo Guzmán, donde el hermano y el hijo del Mayo testificaron contra el Chapo, apoyó a los Chapitos y Cuén estaba aliado con su amigo de muchos años, el Mayo Zambada.
Ese día, el 25 de julio de 2024, Rocha dice que no fue a ninguna reunión y que viajó en un avión privado a Los Angeles con su familia. Nunca ha podido demostrarlo. Más allá de eso, ese mismo día, la fiscalía del estado exhibió un montaje tratando de hacer pasar el asesinato de Melesio Cuén como un intento de robo en una gasolinera en la noche, cuando en realidad había sido asesinado durante el secuestro de Zambada. Rocha primero avaló el montaje, luego cuando fue descubierto por la carta que divulgó Zambada, lo único que hizo fue aceptar la renuncia de la fiscal del estado, colmándola de elogios y jamás se investigó lo ocurrido. Por cierto, al momento del asesinato de El Mayo, también fueron muertos, están desaparecidos desde entonces, dos de sus custodios, ambos policías judiciales del estado, uno de ellos comandante de esa corporación.
La administración Sheinbaum ha dilapidado su relación con Estados Unidos defendiendo a Rocha e Inzunza a cambio de nada: la justicia de ese país sabe todo lo que debe saber de la narcopolítica mexicana y sinaloense, con muchos testigos protegidos o colaboradores del más alto nivel, entre ellos dos de los acusados, nada menos que el responsable de seguridad y el de las finanzas, Mérida y Díaz, y los principales líderes del cártel de Sinaloa, el propio Mayo, Ovidio Guzmán y muchos otros, que están colaborando con la justicia de ese país. Hasta el piloto que transportó Zambada, que estuvo detenido en México y fue enviado a la Unión Americana, es uno de los principales colaboradores y testigos de la fiscalía del sur de Nueva York, cuyo jefe, Jay Clayton, dejó ese cargo hace unas semanas para ser designado nada más y nada menos que director de toda la inteligencia estadounidense, 18 agencias que van desde la CIA y la NSA hasta las de la DEA y el Pentágono.
La estrategia de Estados Unidos busca acabar, y tienen razón, con los líderes y operadores de los cárteles pero también con sus beneficiarios, colaboradores y cómplices políticos y económicos. Como dijo el director de la DEA, Terry Cole la semana pasada, la agencia estadounidense perseguirá “de forma agresiva” a los funcionarios y políticos mexicanos que utilicen sus cargos públicos para proteger al narcotráfico y al Cártel Jalisco Nueva Generación y “ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”.
Ese es un capítulo innegociable para la administración Trump y la protección del gobierno federal a Rocha Moya y los otros causados de Sinaloa, lo único que genera es un daño económico, político y social al país que terminará siendo intolerable. Hay muchas razones que se esgrimen para proteger a Rocha, pero la principal es sólo una: la relación con Andrés Manuel López Obrador y los suyos. A ellos es a los que se trata de proteger.
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Estrictamente Personal
Rocha Moya, otra vez al rojo vivo/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, agosto 11, 2026 |
En las últimas semanas se levantaron alertas en el gabinete de seguridad por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Una comunicación enviada por el gobierno de Estados Unidos informó que el Departamento de Justicia está ampliando las acusaciones en su contra para incluir el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, con quien tenía un viejo diferendo, donde vincularían el crimen con el delito de conspiración para distribuir y comercializar droga en Estados Unidos, lo que elevaría de manera significativa la incriminación en su contra.
La comunicación no establece el tiempo en el que podría darse a conocer la nueva acusación, si puede construirse, pero, de concretarse, dejaría muy mal parados a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que colocaron una red de impunidad para Rocha Moya, a quien nunca le abrieron una carpeta de investigación por el asesinato de Cuén, luego de que el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reveló que la fiscalía de Sinaloa fabricó una caso que ocultó quiénes y por qué lo ejecutaron.
El asesinato de Cuén fue realizado el mismo día en que un comando estadounidense capturó a Ismael El Mayo Zambada, y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y los entregó a las autoridades en Texas (fue a autoridades del FBI y en Nuevo México).. Cuén, según la versión oficial, había acudido a una reunión en una finca en Culiacán a petición de Guzmán, para reunirse con Rocha Moya, en donde Zambada, amigo de ambos, serviría de mediador en un conflicto por el control de la Universidad de Sinaloa. La versión dice que López traicionó a Zambada, que es su padrino.
Aquella reunión fue programada para el 25 de julio de 2024 en la finca “La Higuerita”, en un fraccionamiento de residencias llamado “Huertos del Pedregal”, en las afueras de Culiacán, que era una zona controlada por el Cártel de Sinaloa. Nueva información sobre lo que sucedió ese día a la que se tuvo acceso menciona que Zambada llegó un día antes y se hospedó en la casa de una de sus hijas, cerca de donde sería la reunión, a la cual llegó a pie, discreto como siempre había sido, acompañado de cuatro escoltas. Zambada se dirigió a una especie de palapa donde sería la reunión, mientras sus escoltas, como las de los demás, permanecían a distancia.
De acuerdo con esta nueva información, el comando estadounidense tomó por asalto la propiedad, eliminó a los guardaespaldas de Zambada y dejó vivo al de Rocha Moya, que decía tener un acuerdo con Estados Unidos. Solo se llevaron a Zambada y Guzmán López a la casa de la hija de El Mayo, que tenía un viejo aeródromo clandestino inhabilitado hace años, en donde aterrizó el turbohélice Beechcraft King Air, en donde los trasladaron a Estados Unidos. El avión había estado previamente en un aeródromo a unos 20 minutos de ahí, controlado por el Ejército, en donde, según esta nueva información, le cambiaron la matrícula y borraron prácticamente todas las marcas que pudieran identificar su historia. Y desde ahí realizó el vuelo a la casa de la hija de Zambada.
Otro comando, según esta versión, llegó a hacer la “limpieza” –llevarse los cuerpos de los guardaespaldas eliminados–, y dejó a Cuén malherido con un disparo en la pierna. Lo último que se supo del diputado federal es que lo subieron a uno de los vehículos que iban con Rocha Moya. El gobernador siempre ha negado que haya estado en la reunión, y dijo que ese día había viajado a Los Ángeles en un avión que le había prestado el empresario Jesús Vizcarra. En este espacio se informó en su momento que, en efecto, viajó la familia y cercanos a Rocha Moya, que se llevaron su celular para poder establecer una coartada de que no había estado en ese encuentro.
La fiscalía de Sinaloa investigó el asesinato y concluyó que Cuén había sido asesinado en una gasolinera en un intento de robo. Sin embargo, la fiscalía de Gertz Manero la desmintió y señaló que el crimen había ocurrido en “La Higuerita”. Quien fabricó la mentira fue Claudia Zulema Sánchez, actual fiscal en Sinaloa, por instrucciones de su jefa en ese tiempo, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez, contra quien no se inició ningún proceso por falsificar la investigación.
El encubrimiento absoluto a Rocha Moya por temas verificables, como la fabricación fallida sobre el asesinato de Cuén, agrega indirectamente a las acusaciones que alista el Departamento de Justicia contra él, que previamente lo imputó junto con nueve servidores públicos sinaloenses, de haber facilitado las operaciones del Cártel de Sinaloa –en particular de Los Chapitos– a cambio de que los ayudaran con dinero y acciones para amedrentar y secuestrar a candidatos de oposición en las elecciones de 2021, que le permitieron ganar la gubernatura.
Estas acusaciones tomaron también un vuelo diferente en las dos últimas semanas, cuando también se recibió información de que el exfiscal de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, Jay Clayton, donde se formularon las acusaciones contra Rocha Moya y los nueve servidores públicos, estaba considerando retomar esas acusaciones desde su nuevo puesto, como director de Inteligencia Nacional, un cargo en la Casa Blanca que procesa toda la información de los servicios de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos, para alertar al presidente y hacer recomendaciones de política.
El tema de Zambada y de Rocha Moya volvió a ser un asunto de interés para Estados Unidos, que en sus diferentes reuniones con funcionarios mexicanos lo han estado ventilando, sin aportar mucha información de lo que se traen entre manos, pero suficiente para prender las alertas en Palacio Nacional.
La protección de López Obrador a Rocha Moya puede entenderse. Fuentes de inteligencia mexicanas sostienen que era su enlace con Zambada, con quien negociaba posiciones electorales. Pero la de Sheinbaum es inexplicable, y ha sido motivo de molestia contra el gobernador, que aún no se traduce en una decisión diferente a la actual: protegerlo. Incluso, en una reciente discusión en el gabinete de seguridad, se planteó la posibilidad de detener a Rocha Moya con fines de extradición, como lo solicitó el Departamento de Justicia, y a políticos más de alto perfil, como parte de una negociación con el gobierno de Estados Unidos a cambio de que futuros casos, si hay información, sean procesados en México. Hasta ahora, la propuesta ha sido rechazada.
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Los gobernadores son un riesgo para Morena/Javier Tejado Dondé
EL UNIVERSAL, | 11/08/2026 |
Los gobernadores en funciones que emanan de Morena son en su mayoría un riesgo para este partido político y para la Presidenta Sheinbaum. Vienen electos de procesos poco claros, incluso aleatorios, tienen poca experiencia en la función pública y su gestión es por lo general mala. Cuando hay desastres naturales sus reacciones son tardías y siempre tienen que ser rescatados por el gobierno federal.
El gobierno federal les ha cedido grandes cantidades de dinero y mucho poder, incluso el haber nombrado a los jueces y magistrados federales en sus respectivas entidades. El único contrapeso que tenían, la justicia federal, ha sido cooptada por ellos. Ese sentimiento de poder absoluto, cual virreyes, les ha dado ínfulas para atacar a la prensa local, a grado tal de ejercer sobre ella una censura no vista en México en décadas. Se han convertido muchos de ellos en un lastre para la 4T y para la Presidenta de México.
Si ya eran un foco de riesgo y enojo constante en Palacio Nacional, las revelaciones de la prensa extranjera —que fue publicada en al New York Times (NYT) por reporteros confiables y probados— en el sentido que una decena de ellos están colaborando como “soplones” con las autoridades norteamericanas, en temas de crimen organizado y narcotráfico, deben de ser tomadas con mayor seriedad por el gobierno federal.
En particular, dado que a los pocos días de la publicación del NYT se filtraron audios de las negociaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, con abogados, gestores y exagentes del FBI en los que ofrece colaborar con la autoridades de los EU, a cambio de resolver sus temas con aquel país: desde recuperar su visa, hasta evitar sanciones legales por su presunto involucramiento con el crimen organizado vía su exmarido, Carlos Torres, de quien se habría divorciado en noviembre de 2025.
La gobernadora ha negado todo. Y parecen creerle en el gobierno federal pues la invitaron al evento en el AIFA, donde la Presidenta premió a las Fuerzas Armadas luego del Mundial. Pero ni se ha distanciado de su “exmarido” —vacacionó con él en Cancún durante el fin de año— y sus explicaciones de los audios filtrados quedan a deber.
El riesgo de tener gobernadores cooperando con la justicia de los EU, a espaldas del gobierno federal, y que no tengan sanción alguna en México hace que todos los gobernadores y muchos otros funcionarios públicos tengan los incentivos para mejor cooperar con aquel país y no en cuidar los intereses del partido del que emanaron. Están colaborando pues hicieron cosas mal habidas y quieren evitar ser sancionados. Para ello van a “aventar” a otras personas. La traición a la soberanía vendrá de estos y los EU le van a sacar “raja” en el momento que más le convenga.
Cambiando de tema: Ahora que hay un gran debate (y que bueno) sobre los derechos de las Audiencias en radio, TV y programadoras hay que recordar de dónde vienen estos: cuando en el 2013 el expresidente Peña quería reformar la Constitución para modificar la operación de Pemex, dentro del “Pacto por México”, la moneda de cambio que pidió el PRD para votar con las reformas en materia energética del PRI fue la inclusión de los derechos de las audiencias en la Carta Magna.
La petición se la hizo al entonces Presidente de la República, el líder del PRD, en aquel entonces, Jesús Zambrano.
Estee quería cobrar venganza a los medios por la cobertura que tuvo el PRD en las elecciones de 2006 y 2012. Peña avaló entonces los derechos de las audiencias para “comprar” el voto del PRD en los temas energéticos. Ese fue el trueque.
El PRD incumplió sus votos en la reforma energética, por lo que una vez que Peña obtuvo el aval a su reforma, pero con los del PAN, ordenó echar para atrás la vengativa redacción sobre los derechos de audiencias. Sabía que el PRD la usaría para cobrar venganza y censurar a los medios de comunicación.
Peña, el PRI y el PAN, tardaron, pero sí cambiaron la ley de telecomunicaciones, en el 2017, justo antes de que se publicasen los lineamientos contra Medios en aquel entonces.
El origen de este tema fue pues la intentona del entonces líder del PRD para sancionar y censurar a los Medios; y, de Peña, el interés en cooptarlos para su agenda económica. Esto explica en buena parte la complejidad de este tema. Es una herencia “maldita” del defenestrado Pacto por México.
X: @JTejado
La Feria
No, la mañanera no es un medio, y qué bueno/Salvador Camarena
El Financiero, agosto 11, 2026 |
Ronda una confusión sobre la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha de aclararse antes de que enrede más la discusión sobre los derechos de las audiencias.
No, la mañanera no es un medio de comunicación, y por ende los lineamientos “a favor de las audiencias” no le aplican.
La prensa acude a las autoridades en búsqueda de información. Éstas a veces solo distribuyen un comunicado, un video, o hacen una mañanera. El periodista asume que la autoridad no va a mentir. Porque no sería a uno al que tratara de engañar, sino a la sociedad. Así que se da difusión al gobernante porque por esos dichos podría eventualmente incurrir en responsabilidades.
¿Que ese contenido ha de sopesarse y agregar contexto, que parte de la obligación es contrastar, contrapuntear e incluso ver si hay antecedentes o conocimiento que lleve a poner en entredicho la versión oficial? Sí, prácticamente de inmediato periodista y medio inician esa tarea. Y no son excluyentes el publicar prontamente lo que dice el gobierno y el ir agregando valor… o incluso restándoselo.
Mas el punto de partida es que si el gobierno es legal y legítimo, su comunicación es moneda corriente y se atiende dado que es una extensión del ejercicio gubernamental, y que como tal estará sujeta a la misma rendición de cuentas que los “hechos” de gobierno.
Los mentados lineamientos han provocado un enorme ruido. Y demasiadas voces han preguntado públicamente por qué no someter a la mañanera a lo que establecen esos artículos en cuanto a veracidad, contexto debido, separar opinión de información, garantizando el derecho de las audiencias a reclamar las fallas al respecto.
Ahora sí que no somos iguales. Una cosa es que el gobierno (éste ahora, como antes otros) busque el control, y otra que cometiéramos el error de creer que la mañanera es algo así como un medio, o, peor aún, nuestra competencia –es decir, un ente al cual ganarle la nota e igualmente buscar que tenga menos audiencia que uno, pues así es la competencia mediática–.
Qué más quisiera el gobierno que cayéramos en esa jugada. No. La mañanera merece atención de la prensa. El gobierno de Sheinbaum reporta desde avances de programas públicos conocidos hasta anuncios coyunturales. A veces incluso responde cuestionamientos. Y, qué obviedad, ahí también hace política. Atender y reportar con prontitud la conferencia de la presidenta es periodismo 101.
No se debe conceder calidad de medio a una conferencia gubernamental porque se le restarían obligaciones. Si un político minimiza el caudal de un río, por ejemplo, y luego se desborda y muere gente, el medio que divulgó la declaración no es culpable, el gobernante en cambio sí ha de responder, incluso penalmente, sobre sus fallas: por qué no alertó oportunamente y arriesgó a la población.
Las audiencias tienen derecho a que lleguemos a cubrir la mañanera de forma que, en tiempo real, separemos la propaganda de lo que es de utilidad para la población; haremos la tarea si evidenciamos las mentiras sin un protagonismo que al final de cuentas sea utilizado por el gobierno para victimizarse. Ser un medio de la ciudadanía para la rendición de cuentas de lo que dicen y hacen en la mañanera, y punto.
Los lineamientos son discrecionales, excesivos y el gobierno es juez y parte. Pero precisamente porque la mañanera es un ejercicio gubernamental, nomás faltaba que la valoración de lo que ahí ocurra se le regale al gobierno vía esos lineamientos. Eso le toca a la sociedad a través, entre otros mecanismos, de la prensa.
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Por decreto, Cortés jamás pasó por ahí
Por Fred Alvarez Palafox..
Hay días en que la política nacional parece moverse por el puro afán de dar la nota o, para ser más exactos, a golpe de ocurrencias. El mítico Paso de Cortés, allá en las alturas de Amecameca donde se miran el Popo y el Iztaccíhuatl —justo en la frontera del Estado de México y Puebla—, dejará de llamarse así. Y poco importa que, en estricto rigor histórico, haya sido precisamente por esa garganta geográfica por donde cruzó el conquistador y sus huestes hace cinco siglos.
Pero ya sabemos que la verdad histórica le tiene sin cuidado a las autoridades.
Ayer, la C. Presidenta Sheinbaum dictó la instrucción de que esa zona pasará a llamarse "Paso de los Pueblos Indígenas". ¿Y cuál fue el gran argumento detrás del borrón? Que los pobladores originarios caminaron por esos rumbos muchísimo antes de que siquiera se asomaran los españoles.
Y para que no quedara duda del fondo del asunto, remató con una confesión ideológica: "Y sí refleja a quién veneramos y a quién no. Entonces, es una propuesta".
¡Órale!
Bajo esa impecable lógica, si el presidente Trump se da el lujo de querer bautizar como "Golfo de América" al Golfo de México, ¿por qué nuestra Presidenta no habría de rediseñar el mapa nacional a su antojo? Total..
El detalle es que la historia suele ser más terca que las narrativas oficiales. Como bien apunta Héctor Aguilar Camín en un post, los "pueblos indígenas" simplemente no existían como tal en esa época. Esa etiqueta es una categoría abstracta; un falso intento de agrupar en un solo saco a señoríos que no solo eran radicalmente distintos entre sí, sino adversarios mortales de la dominación mexica.
Y a este tema, la Presidenta decidió dedicarle varios minutos de su mañanera. Desmenucemos sus joyas argumentativas, con todo respeto.
De entrada, nos recetó la ineludible falacia del falso dilema. "Y quien se molesta, pues venera a Hernán Cortés, ¿no? Esa es su referencia.", declaró.
Sí, en serio lo dijo.
Bajo su lógica, atreverte a cuestionar el borrado de un hito geográfico te convierte, en automático, en presidente del club de fans de Hernán Cortés. O estás incondicionalmente con ellos, o eres un reaccionario colonialista. No hay espacio para los matices.
Luego viene mi joya favorita. Para justificar este repudio a la Conquista, la Presidenta recurre a la máxima autoridad… ¡del Imperio Español! Leyó, muy solemne, un texto de Carlos I de España de 1548. Resulta que la corona que orquestó el sometimiento de Mesoamérica es ahora la fuente moral de la Cuarta Transformación. Un salto triple mortal en la gimnasia histórica.
Y claro, llegamos al bello arte de gobernar por ocurrencia. En pleno acto, en vivo y a todo color, la Presidenta confesó cómo funciona la maquinaria: “Le pedí a Luisa María que viera cómo… dónde tiene que escribirse eso, si es una propuesta, en qué ley tendría que aprobarse”.
O sea, primero lanza el decreto redentor desde el atril y ya luego le pasamos la bolita a Gobernación para que le busque acomodo legal al capricho. El decreto como estado de ánimo.
¡Qué chingón!
Remató la C. Presidenta con un descubrimiento geográfico sin precedentes: "antes por ahí pasaban los indígenas".
¡Pues claro, Presidenta! Caminaban por sus tierras.
Pero esa garganta quedó marcada en la historia universal porque por ahí desfiló un ejército extranjero rumbo a Tenochtitlan. Es como querer cambiarle el nombre al Estrecho de Bering por "El Paso del Frío".
Al final, presumen con orgullo cómo rebautizaron el Árbol de la Noche Triste como la "Noche de la Victoria", la calle Puente de Alvarado como calzada "México-Tenochtitlan", y al mismísimo Zócalo le colgaron el apellido "Tenochtitlan"; todo esto, afirman, "en un reconocimiento de la historia".
Pero borrar al Paso de Cortés o cambiar placas de lámina en las esquinas no cambia el pasado. Lo suyo es, con todo el respeto que merecen, pura censura cosmética: esconder bajo la alfombra de la demagogia los nombres que incomodan, para entregarnos una historia oficial apta para todo público, simplificada, pasteurizada y lista para consumirse en cápsulas mañaneras.
Cómo nos hacen falta las plumas de Renato Leduc y Carlos Monsiváis para retratar todo esto.
Para la historia inmediata.
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El paso de Cortés
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 11 agosto 2026
"Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia". Joan Sebastian
Cambiar el nombre de un punto de la geografía no resuelve ningún problema, solo demuestra la proclividad del régimen para recurrir a la propaganda.
Este 9 de agosto la presidenta Sheinbaum anunció que cambiará el nombre del Paso de Cortés, un puerto de montaña entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, a "paso de los Pueblos Indígenas... porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes". La Presidenta no sabía qué procedimiento utilizar. Ayer le pidió "a Luisa María [Alcalde, directora jurídica de Presidencia], que viera dónde tiene que escribirse eso". El INEGI está a cargo del Registro de Nombres Geográficos.
No es la primera vez que Sheinbaum cambia un nombre por razones ideológicas. Cuando era jefa de Gobierno de la CDMX ordenó que la calle de Puente de Alvarado fuera renombrada Calzada de México-Tenochtitlan y el árbol de la Noche Triste, árbol de la Noche Victoriosa. Es la misma filosofía que llevó a Donald Trump en 2025 a decretar que el Golfo de México se llamara Golfo de América.
Para respaldar su decisión la Presidenta recurrió a un edicto de Carlos I de España de 1548 contra Hernán Cortés que enumeró los abusos del conquistador contra los indígenas. Añadió: "Y quien se molesta pues venera a Hernán Cortés".
Pero no hay que venerar a Cortés para cuestionar la manipulación. Si Carlos I de España condenó a Cortés por sus abusos, ¿por qué sigue Sheinbaum exigiendo una disculpa a la corona española? Los abusos de Cortés están bien documentados, pero también los de mexicas y otros pueblos indígenas. Cortés cruzó el paso que hoy lleva su nombre en noviembre de 1519 con cuatro mil personas, mayoritariamente guerreros tlaxcaltecas. También lo acompañaba Malintzin, la esclava que el cacique Tabscoob le regaló tras la batalla de Centla.
Si hay que quitar el nombre de Cortés al paso entre los volcanes, ¿no habría que cambiar también el de Tabasco porque el cacique tenía esclavos? ¿Tendríamos que abandonar el nombre de México porque los mexicas esclavizaron y sacrificaron a tlaxcaltecas y a otros pueblos? ¿Hasta dónde llegará la Presidenta en su afán de cambiar nombres? ¿Descartará el de Veracruz, porque Cortés la llamó la Villa Rica de la Vera Cruz? ¿Le pondrá Chalchicueyecan, el nombre náhuatl, o preferirá el que usaban los totonacas, el pueblo local sometido por los mexicas?
El problema es que Sheinbaum y la 4T quieren imponer una visión caricaturizada de la historia en la cual los españoles son todos villanos y los indígenas los pueblos buenos que vivían en un paraíso terrenal sin agresiones ni abusos.
Nadie debe ocultar los abusos de Cortés ni de otros conquistadores, pero no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que 93 por ciento de los mexicanos somos mestizos, provenimos de una fusión de españoles e indígenas. La misma Virgen de Guadalupe que la Presidenta ha exhibido con orgullo en su vestido no es indígena, sino un símbolo del sincretismo de la religión católica y los cultos indígenas.
Cambiar un nombre no modifica la historia. "¿Qué hay en un nombre?", se preguntaba Julieta, el personaje de Shakespeare. "Aquello que llamamos rosa olería tan dulce con cualquier otro nombre".
Despreciar un pasado rico y vibrante porque surgió de la fusión de dos mundos es francamente antimexicano. No puede uno enorgullecerse de ser mexicano y al mismo tiempo rechazar una parte fundamental de nuestra historia y cultura. "Una vez que conocemos nuestro pasado nos comprendemos", me dijo ayer la historiadora Isabel Revuelta. "No existíamos antes de la llegada de los españoles. Ni existiríamos ahora como somos".
· COBRO DE PISO
El gobierno de México actuó con rapidez para apagar las amenazas que recibieron los inspectores estadounidenses del aguacate, lo que ha permitido liberar las exportaciones. Pero no parece existir la misma preocupación con el derecho de piso que cobra el crimen organizado a los agricultores.
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