Ángel Aguirre y las funerarias mandan el ‘caso Ayotzinapa’ a punto muerto

Ángel Aguirre y las funerarias mandan el ‘caso Ayotzinapa’ a punto muerto

A 12 años del ataque y desaparición de los estudiantes y a dos de la llegada de Sheinbaum al poder, languidece el caudal de nuevas pistas sobre el paradero de los 43 normalistas

Pablo Ferri

El País, México - 22 SEPT 2026 -

La detención de Ángel Aguirre y la controvertida tesis de las funerarias dominan el panorama en la investigación por el caso Ayotzinapa, del que este sábado se cumplen 12 años. El artero ataque contra un grupo de estudiantes de una escuela normal rural, en Iguala, Guerrero, en 2014, y la desaparición de 43 de esos estudiantes siguen siendo presa del misterio en México, culpa en buena parte de la incapacidad, la negligencia o la mala praxis de los gobiernos encargados de las pesquisas, sobre todo el primero, presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). El tiempo pasa y las posibilidades de avanzar languidecen. A día de hoy solo se han encontrado pequeños fragmentos de hueso de tres de los 43.

Casi dos años después de la llegada de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, el Gobierno prepara la presentación de un nuevo informe sobre el caso. La detención de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero en la época del ataque, ha dominado el universo semántico de Ayotzinapa en los últimos meses. La Fiscalía lo acusa de ocultar pruebas claves sobre la embestida y, por tanto, de entorpecer la búsqueda de los jóvenes. La tesis de las funerarias ha estado igualmente sobre la mesa estos años, la posibilidad de que el grupo criminal que perpetró el ataque, Guerreros Unidos, usara crematorios de funerarias para deshacerse de sus cuerpos, una explicación que las familias de los estudiantes ven con sospecha.

El informe manejará otros puntos, según ha podido saber EL PAÍS, importantes para los actuales encargados de la investigación, el fiscal Mauricio Pazarán, cabeza de la UEILCA, la unidad especial para el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), y un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que dirige Omar García Harfuch. El personal de la SSPC se encarga de hecho de uno de los vectores relevantes estos meses, un nuevo análisis de las comunicaciones de todos los actores implicados en el ataque, víctimas y victimarios, estudio que además enlaza con la tesis de las funerarias y las ocho detenciones realizadas al respecto desde finales de 2025.

La duda, como siempre, apunta al relato: qué pasó en realidad la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente en Iguala, qué fue de los muchachos y por qué les atacaron. Al principio, los investigadores de Peña Nieto concluyeron que el grupo Guerreros Unidos, coludido con policías de Iguala y otros municipios, mataron a los 43 y los quemaron en el basurero del pueblo vecino de Cocula. Análisis de ese lugar realizados por peritos independientes rechazaron esa tesis. Detalles descubiertos por periodistas e investigadores independientes (el GIEI, comisionado a México por la CIDH) construyeron la idea de que el Gobierno de Peña, tortura de detenidos mediante, había tratado de cerrar en falso el caso para evitar desgaste político.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia (2018-2024), las investigaciones recibieron un nuevo impulso. El mandatario creó una comisión ad hoc, la COVAJ, que investigó de cero el caso junto al GIEI y la UEILCA, recién creada también. Las pesquisas avanzaron. La justicia de Estados Unidos mandó un paquete de intervenciones de las comunicaciones de Guerreros Unidos, organización que la DEA investigaba desde Chicago por su negocio de tráfico de heroína, antes, durante y después del ataque. Esas comunicaciones dibujaban la colusión de autoridades con el grupo criminal, militares incluidos. Además, los investigadores encontraron restos de dos de los estudiantes en un escenario alejado casi un kilómetro del basurero de Cocula. La COVAJ encontró también documentos de espionaje militar que contenían conversaciones de perpetradores hablando del destino de los normalistas, en las horas posteriores al ataque, y en días posteriores.

Precisamente ahí, en el archivo castrense, la investigación del Gobierno de López Obrador se desbarató. El GIEI, los abogados de las familias e incluso la COVAJ, con sutileza, demandaron el resto de ese tipo de documentos del espionaje al Ejército, desconocidos hasta entonces. El Ejército liberó unos cuantos, pero los investigadores reclamaron, con argumentos en la mano, los restantes, alrededor de 800 fojas. Pero nunca se liberaron. El Ejército dijo que no existían, López Obrador cerró filas con los generales y el asunto quedó en un limbo. Es cierto que era difícil que esos documentos faltantes contuvieran información clave, necesaria, para dar, ocho o 10 años después, con los muchachos. Pero no imposible.

La colusión de militares con Guerreros Unidos, que dibujaban los mensajes interceptados por la DEA, y la negativa castrense a entregar nuevos documentos, por inexistentes, negativa amparada en Palacio Nacional, enconó las posturas, como había ocurrido a finales de los años de Peña Nieto. Luego llegó Sheinbaum y una nueva promesa de reiniciar la investigación. La UEILCA había cambiado de naturaleza y se dedicaba a litigar los casos pendientes; la COVAJ se centraba en realizar búsquedas en campo y el GIEI, acabado su mandato, había dejado el caso. La SSPC entró a las pesquisas para encargarse de la vía telefónica, ya estudiada durante la primera etapa de la COVAJ, situación que ha seguido hasta ahora.

Los Rueda

La tesis de las funerarias es la que más fortaleza ha adquirido en estos años para los investigadores. A finales de 2025, las autoridades detuvieron al dueño de Funerarias El Ángel, con sede en Iguala, Rodolfo Rueda. En la época del ataque, Rueda tenía además la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) en la región de Iguala. En ese tiempo, El Ángel estaba en un predio y el Semefo en otro, separados por 300 metros. Con los años, trasladaron la funeraria junto al servicio forense. Además de Rueda, las autoridades detuvieron a su hijo y a un empleado en la época, Irving Arroyo. Con el testimonio de un testigo protegido, alias Neto, el registro de llamadas de la época y un cateo en la misma funeraria, les acusan de colusión con Guerreros Unidos. A Rueda le acusan de colaborar en la desaparición de los 43. A los otros dos, de desaparición forzada.

Con los meses, el caso se amplió. En abril, los investigadores detuvieron al secretario local de salud en tiempos del ataque, al director estatal del Semefo y a su coordinador, a la esposa de Rueda y a su hija. A todos los acusaron de desaparición forzada, sin especificar las víctimas. En el primer semestre del año, las familias de los 43 supieron también que, durante los cateos en El Ángel, los investigadores habían encontrado una bolsa con restos óseos en las instalaciones de la funeraria, rotulada con la leyenda “2014”. Esto provocó cierta tensión: ¿qué criminales iban a dejar los restos quemados de sus víctimas en una estantería de una funeraria, rotulando además la bolsa? Luego resultó que esos restos eran de una investigación distinta, encabezada en la época por la subprocuraduría de Derechos Humanos, sobre los restos humanos desenterrados en la zona, mientras se buscaba a los 43.

El episodio anterior, el de la bolsa, bebe de la tesis de los investigadores, tesis que asumió el mismo López Obrador, a partir del testimonio de Neto. La tesis dice, de acuerdo al testigo, que él y sus compinches de Guerreros Unidos llevaron a quemar cuerpos al “crematorio de los Verdes” la noche de los hechos. En una diligencia ministerial, todavía en años de López Obrador, los investigadores acudieron con Neto para que reconociera el lugar, cosa que el testigo hizo. El problema es que Neto reconoció el predio del Semefo como el lugar donde llevó los cuerpos. En la época del ataque, El Ángel aún funcionaba en otro predio y en el Semefo no había crematorio alguno. La duda ahora es si Neto cambiará su testimonio sobre el lugar al que supuestamente llevó cadáveres aquella noche. Según ha podido saber este diario, el testigo ha seguido declarando en estos últimos años.

Lo cierto, sin embargo, es que hay sospechas sobre la familia Rueda. Según detalles de las pesquisas a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los investigadores recuperaron 23 indicios de interés del cateo en el nuevo predio de El Ángel, junto al Semefo. Por un lado, están los restos humanos, la bolsa rotulada con la leyenda “2014”. También dieron con casquillos y documentos, entre los que destaca una libreta, con el nombre “guerreros”, en que hay dos anotaciones de interés. Una es “no meter el pastel al horno, hasta que paguen”. Y la otra, “pagado, dos pasteles al horno”. La tesis aquí de los investigadores es que Guerreros Unidos y los Rueda cremaban cuerpos fuera de registro, de ahí esas anotaciones.

Hay un aspecto más. Rueda aparece constantemente en los mensajes que la DEA interceptó a Guerreros Unidos en 2014, comunicaciones que mandó a México en 2022, en la segunda tanda. Ninguna de las menciones es especialmente incriminadora, algunas veces los presuntos criminales piden su número, otras hablan de un presunto conflicto con otros delincuentes... Pero la presencia de su nombre en las conversaciones del grupo criminal alimenta la tesis de su colusión con ellos.

Ángel Aguirre y la IA

La caída de Ángel Aguirre casi 12 años después del ataque contra los normalistas ha supuesto una sorpresa para las familias de los 43, que siempre señalaron, al menos, las omisiones del exgobernador de Guerrero sobre las actividades del crimen en Iguala y alrededores. El caso contra Aguirre depende de los testimonios de dos extrabajadoras del Poder Judicial estatal, que aseguran que el exmandatario ordenó destruir los vídeos de dos cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala. En la noche de los hechos, dos de los autobuses que los normalistas tomaron para salir del municipio quedaron allí, uno enfrente y otro un poco más atrás. El primero paró ahí porque patrullas de la policía de Iguala lo bloquearon. De ahí, esos y otros policías se llevaron supuestamente a alrededor de una veintena de los 43, para entregarlos a Guerreros Unidos.

Procesado por el juez, Aguirre ha tratado de defenderse y ha dicho que, en realidad, no estuvo en las reuniones en que los testigos dicen que estuvo, en las que le entregaron las grabaciones en cuestión, desaparecidas desde entonces. En la audiencia en que le procesaron, señaló que el día en que, según los testigos, le dieron los videos, él ni siquiera estaba en Guerrero, pues tenía reuniones en Ciudad de México. Pese a ello, el juez lo mandó a prisión, en espera de juicio. Lo curioso es que el juzgador argumentó que las pruebas de descargo presentadas no habían sido suficientes para establecer que los hechos imputados no habían ocurrido. Como si el acusado hubiera de defender su inocencia y no al revés.

Otro asunto interesante son los detenidos de los últimos dos años, algunos parte de la célula de Guerreros Unidos golpeada en los primeros meses de las pesquisas, luego liberados por la tortura que sufrieron. En estos años ha caído el Cholo Palacios, el Pajarraco, El Cepillo, Kalama o La Rana, pero de momento se ignora si han dado información a las autoridades. También ha sido detenido alias Bimbo, parte del mismo grupo, detenido por primera vez este año. Según fuentes cercanas al caso, Bimbo aceptó colaborar e incluso dijo que se deshizo de los cuerpos de alguno de los muchachos en las inmediaciones de Cocula. Pero los investigadores fueron a buscar y no encontraron nada.

Más allá de los detenidos, de Aguirre y las funerarias, el caso pasa por adoptar nuevas tecnologías, según han explicado los investigadores a las familias. El nuevo análisis telefónico trata de entender, por ejemplo, el periplo del teléfono de uno de los 43, Jorge Antonio Tizapa, que, después del ataque, usó la esposa del entonces policía estatal de Guerrero, Marco Antonio Mosso. Este año, las autoridades detuvieron a Mosso, que fungía como director de tránsito en Iguala. La duda, claro, es cómo llegó el teléfono de un muchacho desaparecido a la esposa de un policía estatal. Esta es una de tantas líneas de un caso que cuenta ya más de 3.000 tomos, unos cinco millones de fojas. Los investigadores apuestan ahora por el uso de la inteligencia artificial, paso necesario para tratar de ordenar una investigación colosal.