Tras casi una semana de puertas cerradas, los reporteros de CNN y MS NOW volvieron a pisar los jardines de la Casa Blanca. Sin embargo, el fin del veto impuesto por el presidente Trump no llegó sin sobresaltos. Apenas unas horas antes, y pese a la orden contundente de un juez federal para restituirles el pase, la seguridad del recinto les había bloqueado el paso a ellos y a los corresponsales de Politico. En el aire flotaba la duda: ¿era un desafío deliberado de la administración al mandato judicial o una simple confusión en las garitas?
La batalla legal se libró a contrarreloj. Durante la noche, el juez Timothy J. Kelly, desde Washington, había dictado la apertura inmediata de las puertas. Ante el rechazo matutino del jueves, los abogados de los medios exigieron una audiencia de emergencia. El mazo judicial no se hizo esperar: el juez Kelly dio a la Casa Blanca un ultimátum para responder antes de las 10:30 horas
Al final, la libreta y la cámara lograron cruzar de nuevo la verja.
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El desmoronamiento del “megadecomiso” en San José Iturbide trasciende el mero error de cálculo táctico; es la radiografía exacta de un aparato de justicia asfixiado por la urgencia del aplauso mediático. En su prisa por ofrendar un trofeo de alto impacto durante la gira presidencial, la maquinaria institucional construyó un espejismo de 59 millones de litros de huachicol que se evaporó al primer roce con el rigor jurídico. Lo que quedó al descubierto es un sistema que, trágicamente, prioriza la tinta del boletín sobre la solidez del expediente.
El cese fulminante de Juan Francisco Vera como delegado de la FGR en Guanajuato —como detalla hoy Reforma— ilustra la implacable y fría anatomía del poder: cuando el teatro colapsa, el hilo siempre se rompe por lo más delgado.
Entregar su cabeza opera como el sacrificio ineludible, el cortafuegos diseñado para blindar a la fiscal Ernestina Godoy y contener la onda expansiva hacia el gabinete de seguridad. Sin embargo, este despido es apenas un fusible provisional. Resuelve la incomodidad de la mañana, pero no logra explicar cómo una revisión administrativa rutinaria a las instalaciones de SIMSA mutó, desde la comodidad de un escritorio, en el “mayor golpe al crimen organizado del sexenio”, uno que curiosamente no dejó un solo detenido ni un triste sello de clausura en las válvulas.
En esta trama de simulaciones, el ruido más ensordecedor proviene del vacío de las áreas de inteligencia del Estado. Desplazar semejante océano de hidrocarburo exige una logística monumental —miles de pipas en tránsito constante, redes aduaneras corrompidas, un rastro bancario inocultable— que resulta imposible de invisibilizar.
Que este castillo de naipes haya nacido del hallazgo fortuito de una sola pipa en San Luis de la Paz, y que el secretario Omar García Harfuch haya tenido que tragar saliva en la mañanera en Irapuato para justificar un predio fantasma bajo la frágil promesa de que las capturas "vendrán después", expone a un Estado estrictamente reactivo, rehén de sus propias contradicciones.
El arrebato del expediente por parte de la FEMDO no es otra cosa que la confesión tácita del fracaso local; un intento desesperado por aplicarle respiración artificial a un caso que nació muerto. Al final, el exceso de entusiasmo y la urgencia por fabricar una victoria exprés arrastraron a la presidenta Sheinbaum a una posición de profunda vulnerabilidad.
Al asegurarle la fiscal Godoy que existían "investigaciones muy avanzadas" para sostener el espectáculo en Guanajuato, la cúpula de procuración de justicia cruzó una línea sumamente peligrosa: la frontera entre el optimismo burocrático y el engaño directo a Palacio Nacional.
El saldo de este episodio deja una primera fractura en la credibilidad del nuevo mandato. Si la estrategia para desmantelar el multimillonario negocio del huachicol fiscal va a sostenerse sobre expedientes armados al vapor y escenografías desechables, la impunidad tiene asegurada la victoria en los tribunales. Un desenlace que, a la luz de la justicia y del sentido común, resulta simplemente patético
.En su habitual mañanera, la presidenta Sheinbaum puso freno a las especulaciones sobre los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato. Tras contactar directamente a la fiscal Ernestina Godoy, reveló que el estatus del cargamento aún es incierto.
"Me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento", relató.
Ante la insistencia de si se trata de huachicol, la mandataria optó por la cautela y dejó el veredicto final estrictamente en manos de las investigaciones de la Fiscalía.
Mmm.
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De acuerdo con la información publicada por la reportera Liliana Estevez en Milenio, a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la FGR confirma que el caso sigue sin registrar una sola sentencia condenatoria firme. El balance oficial destaca por la liberación de múltiples implicados y el giro hacia nuevas acusaciones por encubrimiento de alto nivel.
Cifras del proceso judicial (al corte de agosto 2026):
Resoluciones: 3 sentencias absolutorias y 41 personas liberadas por falta de elementos para ser procesadas.
Estado de los implicados: 94 personas sujetas a proceso, 67 investigadas y 38 imputadas.
Órdenes de aprehensión: De 271 solicitadas, 173 han sido ejecutadas, 19 siguen pendientes y 21 fueron canceladas o revocadas.
El giro en la investigación:
El reportaje detalla que la fiscal Ernestina Godoy abrió una nueva línea de investigación enfocada en la destrucción deliberada de evidencia. Se trata de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, que habrían captado a policías interceptando el autobús Estrella de Oro 1531.
Aunque la versión inicial justificó la pérdida de los videos por "fallas técnicas", dictámenes forenses y testimonios de testigos protegidos confirmaron que el material sí existió y fue extraído en octubre de 2014.
Con base en estos testimonios, detalla la nota, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por presuntamente ordenar la sustracción y destrucción de estas grabaciones.
Finalmente, el texto adelanta que, antes de que se cumpla el duodécimo aniversario este 26 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará un informe ampliado detallando estos recientes hallazgos, las pruebas que los sustentan y el estado de las líneas de investigación vigentes.
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Las columnas políticas hoy, jueves 24 de septiembre de 2026
Templo Mayor/ REFORMA
LA DETENCIÓN del alcalde morenista Miguel Sánchez descabeza la red criminal en Juchitán y significa un duro golpe político para el gobernador Salomón Jara. El mandatario oaxaqueño nunca hizo nada ante las innumerables denuncias por la inseguridad en la región del Istmo y en las que le señalaban las implicaciones del edil detenido. Lo que ocurría era que Sánchez era uno de los operadores del gobernador en la zona. Aunque quien es considerado su jefe político es Emilio Montero, otro estrecho colaborador de Jara y el responsable del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca (IEEPO).
TAMBIÉN debe estar preocupado por esta detención el senador Antonino Morales, que domina la región del Istmo de Tehuantepec y ha tenido señalamientos de vínculos con actividades de huachicol que, obviamente, ha negado.
EL ALCALDE Miguel Sánchez siempre calificó de falsas las acusaciones en su contra y ahora ya está en la cárcel.
LO OCURRIDO ayer en Juchitán es un cisma político que estremece al Palacio de Gobierno de Oaxaca.
CUENTAN que en las oficinas de la Secretaría de la Defensa analizan modificar el proyecto del Museo del Ejército que se pretende construir en una zona arbolada aledaña al Bosque de Chapultepec. La revisión del proyecto tiene que ver con su viabilidad y su ubicación. Y de continuar con la idea del Museo, se haría en una zona que ya tenga construcción y no impacte ambientalmente, según revisan los mandos castrenses, así que es casi un hecho que el Museo no se construya en el Bosque de Chapultepec.
EL CANCILLER mexicano Roberto Velasco salió a aclarar que su intervención en nombre del gobierno mexicano en la Asamblea General de Naciones Unidas será mañana viernes. Se espera que ahí venga una respuesta a los agresivos dichos del presidente Donald Trump en la sesión del martes pasado que, como se dice, dejó a la víbora chillando. No está fácil la encomienda para Velasco dada la delicada situación en la relación comercial con Estados Unidos.
¿NO TENDRÁ asuntos más importantes que tratar la bancada de MC en el Senado que el tema del ascenso y descenso en el futbol profesional?
LA LIGA MX y el negocio del futbol atañen a empresas que invierten y, si les va bien en el campeonato, les podría ir bien en sus finanzas. No hay, o no se ha visto por ahora como sí ocurría antes, dinero público en los equipos. En algún tiempo el IMSS tuvo al Atlante pero eso ya no existe.
¿DEBE HABER ASCENSO Y DESCENSO? Es una decisión de los dueños de los equipos. Arreglar ese tema en el Congreso no necesariamente puede ser la solución.
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Estrictamente Personal
Necedad (necesaria) y fracaso/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El Financiero, septiembre 24, 2026 |
Más de un año llevan la presidenta y dos fiscales tratando de evitar que la corrupción en los altos mandos de la Marina, hundidas en el contrabando de combustible, termine de ahogar al exsecretario, el almirante Rafael Ojeda. Y más de un año con desgaste creciente, donde el encubrimiento político asoma una cara de complicidad y su defensa inquebrantable cada vez inculpa más al gobierno de Claudia Sheiunbaum. ¿Por qué la necia protección? La respuesta es simple: Ojeda forma parte del club de apestados, como el senador Adán Augusto López y el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, a quienes la presidenta protege pese a evidencias de su malestar con ellos, para evitar que lleguen a incriminar a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos Andy y Gonzalo.
El caso Ojeda tiene metido en un pantano al gobierno. No hay una investigación en su contra, lo que es un logro político, aunque jurídicamente no hay forma de exculparlo. El almirante tendría que estar en la cárcel, acusado de complicidad en el contrabando de combustible que operaban sus sobrinos políticos, pero los gobiernos de la ‘4T’ quieren esconder su responsabilidad, e incluso pensaron en ocultar los nombres de sus sobrinos políticos de la investigación del huachicol fiscal. Lo impidió que los nombres los llevaba el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando visitó a Sheinbaum el 3 de septiembre del año pasado, y que la operación para purgarlos del caso se frustró porque en X se revelaron los planes.
Los hechos, las revelaciones periodísticas y las falsedades en las que han incurrido las autoridades muestran la debilidad y vulnerabilidad de la defensa gubernamental de Ojeda en espiral descendente desde finales de febrero del año pasado, cuando se difundió un audio donde el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar le describía en una carta al aún secretario la trama criminal del contrabando de combustible. Epigmenio Mendieta, abogado de los sobrinos políticos de Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, dijo en su momento que el audio no formaba parte de la investigación del asesinato de Guerrero Alcántar, meses después de ese encuentro. La Secretaría de Marina informó a Aristegui Noticias, que reveló el audio y apuntó que fue grabado el 14 de junio de 2024, que no conocían de ningún material que involucrara a Ojeda.
El almirante no sabía en ese momento que el esfuerzo para protegerlo y deslindarlo de las corruptelas de sus sobrinos políticos se iba a caer a pedazos el 7 de septiembre de 2024, cuando en una de las últimas mañaneras del expresidente López Obrador, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, explicando el audio, dijo que el almirante se había presentado en sus oficinas “hace casi dos años” (2022) para decirle que había problemas de corrupción en varias de las áreas de la secretaría y contrabando de combustible.
Es decir, Ojeda sabía de esos delitos un año antes de que se mostrara sorprendido por la denuncia de Guerrero Alcántar. Gertz Manero, defendiéndolo, lo hundió. La razón por la que el exfiscal lo exoneró fue porque la investigación sobre los Farías Laguna llegaba a Andrés y Gonzalo López Beltrán, y querían que ahí topara, lo que ha sucedido hasta ahora, aunque esa muralla se está cayendo a pedazos. Nunca hubo intención de investigar al almirante, y el gobierno ha buscado contener el crimen en otros mandos de la Marina, principalmente en sus sobrinos políticos.
A finales de septiembre del año pasado, Sheinbaum le pidió al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, seguir con el caso del contrabando de combustible de la mano de la Fiscalía General, donde estaban involucrados y judicializados 45 elementos que debían haber sido separados de sus cargos o detenidos, porque era, además, una presión de Estados Unidos. Sus resultados, en ese entonces y ahora, bajo la titularidad de Ernestina Godoy en la Fiscalía General, han sido limitados.
La presidenta buscó proteger a Ojeda, y le pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que hablara con el almirante para informarle la estrategia para deslindarlo, con la advertencia de que si no funcionaba, tendría que hacerse responsable de las irregularidades durante su gestión. En este contexto, el secretario Morales se reunió con Guerrero Alcántar en su oficina el 10 de octubre del año pasado. La Marina confirmó la cita, que dijo fue a petición del contralmirante, para felicitarlo, expresarle su lealtad y proponerle un esquema para una mejor recaudación en las aduanas.
Guerrero Alcántar, de acuerdo con documentos internos de la Marina sobre las redes de corrupción en aduanas, descritos en este espacio, formaba parte de los altos mandos navales que habían puesto los hermanos Farías Laguna en las aduanas marítimas. Los sobrinos de Ojeda lo hicieron administrador en la aduana de Veracruz, y el último puesto que tuvo fue director general de Recaudación de Aduanas, las instalaciones centrales de la Secretaría de Marina.
Poco después de la reunión con el almirante Morales solicitó vacaciones y, por procedimiento, dijo a dónde iría: Mazatlán y Manzanillo. El 8 de noviembre, casi un mes después de su conversación con el secretario, fue ejecutado en Manzanillo. Aunque la Marina reportó un contenido inocuo en su plática, la Fiscalía General infiirió en la causa penal sobre su asesinato, una relación directa con esa reunión, donde “posiblemente” le habló de las denuncias que formuló en la carta que entregó a Ojeda, sugiriendo que había sido un trabajo interno, porque solo el personal de la Marina sabía fechas y lugares exactos de sus estancias.
No hay más detalles de la investigación, pero el audio permitió hacer la línea de tiempo que muestra las inconsistencias e incongruencias en que incurrió Gertz Manero al salir en la defensa de Ojeda, que tampoco sabía que una grabación que misteriosamente llegó a la opinión pública, fundiría el blindaje y obligaría a que el gobierno dijera haber iniciado una investigación contra el exsecretario por su presunta vinculación con toda la corrupción durante su administración. Fue una mentira porque, de acuerdo con la presidenta y la fiscal, no hay ninguna en su contra.
La dirección del caso parece unidireccional: entre más se protege a Ojeda, más señalamientos públicos lo incriminan. El principal, dicho por sus sobrinos políticos, que originalmente se habían negado a involucrarlo en el negocio criminal, y que ahora se sabe, por sus dichos y documentos internos de la Marina hasta ahora soslayados, nunca podría haberse hecho sin su autorización o conocimiento.
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Claudia la dura y censora/Salvador García Soto
El Universal, | 24-09-26 |
En vísperas de la toma de posesión de la doctora Sheinbaum, cuando aún era presidenta electa, un actual funcionario de su gobierno me dijo, en una plática informal, que lo que se venía con ella era un gobierno mucho más duro y autoritario. “Si López Obrador les parecía duro, aún no han visto nada; espérense a ver a la señora, ella sí que es radical. Vienen cosas fuertes y todavía no han visto nada de lo que es un gobierno autoritario”.
Su comentario me rondó desde entonces, y conforme han transcurrido estos dos años de gobierno, que se cumplen ya la próxima semana, se confirma lo que en su momento me pareció un comentario exagerado, a la luz de la imagen conciliadora y hasta algo moderada que había vendido la entonces presidenta electa, de quién muchos mexicanos esperaban un gobierno más moderado y basado más en la ciencia, los datos y en la técnica, que en la ideología y el fanatismo que predominaron en el sexenio de su antecesor.
En efecto, una vez que se puso la banda presidencial, el estilo de la doctora dejó ver que lo de científica era sí una descripción curricular, pero a la hora de ejercer el poder ella no sólo continuó por la línea ideológica y autoritaria que había trazado López Obrador, sino que se dedicó a ahondarla y a consumar muchos de los planes para aumentar la concentración de poder en el régimen de la 4T, violentando y desapareciendo todos los equilibrios y contrapesos constitucionales que se habían logrado construir en los últimos 30 años de alternancia democrática en México.
Con la consumación de la atroz y manipulada Reforma Judicial, que se aprobó en los primeros meses de su gobierno y las reformas a la Ley de Amparo, Sheinbaum abrió la puerta para una elección ilegal, manipulada y dirigida completamente por Morena, con la complacencia de un INE también colonizado por la 4T, y con las reformas a la Ley de Amparo, limitó y acotó los efectos del único instrumento real con el que contaban los ciudadanos mexicanos para frenar abusos y excesos del gobierno.
El resultado hoy evidente fue la politización y la improvisación en un Poder Judicial de la Federación conformado ya en su mayor parte por jueces, magistrados y ministros “del bienestar” que hoy están siendo utilizados abierta y cínicamente para favorecer en todo a los intereses del gobierno, en contra de la justicia imparcial e independiente para los ciudadanos y de la incertidumbre y el temor que eso causó a los inversionistas nacionales y extranjeros, que han congelado y frenado nuevas inversiones en la economía nacional.
Fue también la doctora la que ordenó y consumó, con su sumisa y borrega mayoría morenista, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, como el INAI, el IFT, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Todas las funciones de esas instituciones, cuya creación fue impulsada en su mayoría por grupos civiles y ciudadanos, fueron absorbidas por el Gobierno Federal con la promesa de que se seguirían garantizando los derechos, trámites y vigilancia que realizaban.
Pero en los hechos, si bien crearon nuevos organismos burocráticos para sustituirlos, derechos como la transparencia y el acceso a la información se han entorpecido y dificultado a través de la Secretaría Anticorrupción, que difícilmente otorga solicitudes de información que afecten al mismo gobierno al que pertenece; y en otros casos, como en el tema de la competencia económica o la regulación energética, las nuevas decisiones que se toman ahora desde el aparato gubernamental son sesgadas, casi siempre en favor del gobierno y difícilmente para darle la razón a particulares.
Lo mismo pasa en materia educativa y en política social, donde la desaparición del Coneval y la Mejoredu ha cambiado y manipulado los diagnósticos e informes en cuanto a calidad de la educación o el impacto de políticas sociales, con evaluaciones que buscan siempre favorecer la actuación del gobierno, más que dar indicadores reales para eficientar o corregir ambas políticas públicas. Un buen ejemplo de esto último son los resultados de la prueba PISA, con el retroceso que sufrió la educación mexicana en matemáticas y comprensión lectora, un dato que nunca reportaron ninguna de las instancias gubernamentales.
Pero si se pensaba que la Presidenta sólo se concretaría a consumar los planes alfabéticos que le heredó su antecesor, claramente también se estaba en un error. Al desequilibrio de poderes, por el dominio que ya tiene el Ejecutivo del Poder Judicial y el sometimiento que practica en el Legislativo, y a la extinción de los órganos autónomos y de sus derechos y funciones, se suman ahora una serie de reformas constitucionales ideadas por la Presidenta y sus asesores que van incrementando cada vez más los controles y el poder del gobierno, ya no sólo sobre derechos ciudadanos, actividades económicas o políticas públicas, sino ahora también sobre libertades y derechos constitucionales.
Como ya concentra todo el poder y se asume y actúa no sólo como la Jefa del Estado mexicano, sino también como la Jefa Política de Morena y guardiana de su movimiento, la doctora encubre y protege casos de corrupción flagrante de morenistas, defiende a políticos vinculados al narco y cuida que no se toque a los hijos de su antecesor, con un discurso que un día sí y el otro también cuestiona y ataca cualquier tipo de disidencia u oposición a su gobierno, mientras ensalza y convierte el discurso presidencial en propaganda a favor de su movimiento.
Pero no conforme con eso, su nueva prioridad ahora es garantizar que Morena se mantenga en el poder y gane la mayoría constitucional en los comicios del 2027, cosa que no tendría nada de extraño, si no fuera porque en ese afán, la Presidenta violenta todos los equilibrios y las reglas de la contienda democrática para favorecer a su partido. No sólo permitió y favoreció la colonización del INE con la elección de consejeros militantes de Morena que hoy tienen la mayoría en el Consejo General, también, con la elección judicial se encargó de domesticar al Tribunal Electoral de la Federación, con lo que hoy ella y su movimiento político tienen el control total de las elecciones y de su calificación.
Para cerrar la pinza, la Presidenta también ahondó la censura y el chantaje a los medios de comunicación para que suavizaran su línea y se limitaran en la crítica. A través del presupuesto público, que está regulado por una ley federal, la mandataria determinó que sólo daría publicidad a medios dóciles mientras castigaba al periodismo crítico y ella misma confesó que, como lo hacían los presidentes priistas más rancios, ella tampoco “paga para que le peguen”. Detrás de su discurso de respeto a la libertad de expresión, se esconde no sólo el uso patrimonial e ilegal del presupuesto para medios y difusión del gobierno, sino también acosos, ataques, auditorías fiscales y un discurso que todos los días estigmatiza y ataca al periodismo que no se le somete.
Y como ya logró domesticar a la mayoría de los periódicos y televisoras que se plegaron a cambio de presupuesto o contratos públicos, ahora la Presidenta va por el único reducto que no puede controlar y que es fuente de la mayor crítica hacia su gobierno y su partido: el internet y las redes sociales. Sus dos iniciativas ya presentadas y aprobadas una de ellas en el Senado, que con argumentos pueriles de proteger “la propiedad intelectual, la imagen de funcionarios públicos y la identidad del gobierno” –todo eso ya regulado por leyes federales— buscan aumentar la censura y aplicarla ya no sólo a periodistas, moneros o creativos, sino a cualquier ciudadano que haga mofa, sátira política o hasta los memes, utilizando inteligencia artificial o cualquier otro medio para criticar, cuestionar o reírse de los personajes públicos y de los gobiernos.
Eso que intentó fallidamente en 2014 el PRI de Peña Nieto, y que por cierto criticaron duramente López Obrador y la propia Sheinbaum que publicaron mensajes en redes sociales condenando la “censura y la cancelación de la libre expresión", ahora lo propone la Presidenta y su mayoría de Morena lo aprueba en fast track, pero con reformas mucho más agresivas, censoras y represoras de las que intentó el peñismo, porque ahora se proponen penas de cárcel de hasta 10 años y multas por hasta 10 millones de pesos, para quien ose burlarse del gobierno, de los políticos y funcionarios o de cualquier imagen del oficialismo.
La tradición de la sátira y el humor político se remontan a hace 200 años cuando se publicaron en la prensa independentista las primeras caricaturas criticando y burlándose de la monarquía española. Y el humor político ha sobrevivido en México a dictaduras como la de Porfirio Díaz y a la dictadura priista de 75 años, a pesar de que hubo épocas negras de censura y persecución a quienes se atrevían a hacer chistes o burlas de los gobernantes y políticos. Hoy, cuando se cumplen dos siglos de esa tradición democrática que es parte inherente de la libertad de expresión y señal de una democracia sana, la presidenta Sheinbaum, al estilo de los dictadores y tiranos, quiere regresarnos a las épocas de cárcel y persecución a la libre expresión.
No cabe duda que aquel morenista que vaticinaba que no habíamos visto nada con López Obrador y que la doctora nos sorprendería, no precisamente con un mejor gobierno, se está confirmando con las reformas autoritarias y censoras que se dedica a imponer la presidenta Sheinbaum.
Los dados mandaron una Doble Serpiente. Caída para la libertad de prensa y expresión.
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El chantaje de los enanos
Carlos A. Pérez Ricart
REFORMA, 24 septiembre 2026
Monté un circo, dice el refrán, y me crecieron los enanos.
Se dice del proyecto que se escapa de las manos, del hijo que sale respondón, del perro que acabó durmiendo en la cama.
Describe, también, a quien levanta una carpa para lucirse y termina rehén de los artistas que contrató como relleno. Cobran más que la atracción principal y amenazan con irse la noche del estreno.
El dueño puede correrlos. Lo que no puede es dar la función sin ellos.
En eso consiste el chantaje: en lo que cuesta correrlos, nunca en lo que valen.
Los enanos tienen nombre: se llaman Partido Verde y Partido del Trabajo, y llevan todo septiembre en lo mismo: banderas retiradas de los presídiums, amenazas veladas, y la sombra del camarada Alberto Anaya, que exige encuestas justas desde una dirigencia que nadie ha medido desde 1990.
En fin, que hubo Grito, hubo desfile, y a últimos de septiembre la 4T todavía no puede nombrar a sus candidatos en siete estados.
La unidad nacional resultó más fácil que la del movimiento.
Viva México, mientras no toque repartir.
López Obrador armó el circo.
Destruyó a sus adversarios aparentes, el PRI y el PAN, y engordó, con distritos plurinominales y dinero público, a quienes nunca -pensó- iban a disputarle nada.
A eso le llamó unidad del movimiento, y nadie en Morena discutió el precio mientras la suma alcanzara para los dos tercios.
Los enanos no crecieron solos, y al subir al escenario aprendieron a calcular cuánto vale su número en el programa.
El ensayo general fue en marzo, y se cocinó a puerta cerrada. La reforma electoral de la Presidenta se cayó en la Cámara con el voto de sus propios aliados, porque tocaba los plurinominales y el financiamiento público, materia en la que ambos han desarrollado -hay que reconocérselos, eso sí- una notable sensibilidad doctrinal.
Salió gratis. Comprobado que la amenaza servía y que nadie la castigaba, faltaba medir su alcance. La temporada arrancó en septiembre, y el precio de la entrada ya es otro.
Está todo en los periódicos. En San Luis Potosí el Verde pretende imponer a Ruth González, esposa del gobernador Gallardo, pese a la regla antinepotismo de Morena. En Chihuahua, Arturo Escobar le tuerce el brazo a Morena para imponer a Cruz Pérez Cuéllar en un estado donde el Verde no llega ni al cinco por ciento.
Quintana Roo ya se lo llevaron: la coordinación quedó en manos de la gente del Niño Verde, que a los cincuenta y tantos sigue siendo niño y sigue siendo dueño. En Zacatecas el PT descubrió su vocación por las encuestas el día que Morena designó a una excuñada de los Monreal. En Baja California, quien perdió la interna amaneció posible candidata del partido. Faltan siete candidaturas por definir, y son las que más importan.
El chantaje funciona por la asimetría de las pérdidas. El aliado arriesga unos puntos que nunca fueron suyos; el gigante arriesga una gubernatura cerrada o la mayoría calificada. Quien tiene poco que perder negocia mejor.
Sin Morena, el PT perdería la mitad de su bancada y el Verde volvería a ser lo que era antes de 2018. Ninguno ha ganado jamás nada por cuenta propia. Amenazan con irse a un lugar que no existe.
¿Por qué Morena no rompe? Por la unidad, responden en Palacio Nacional. Que ahí quiere decir conservar los dos tercios a cualquier precio.
La unidad entendida así niega la política. Si el resultado está pactado de antemano, no hay nada que discutir ni que ganar. Se sustituye la deliberación por el reparto.
Un movimiento que solo sabe sumar aliados termina gobernado por el más pequeño, que es el único capaz de amenazar con restar.
Hacer política era otra cosa: convencer a quien no está convencido, construir mayorías cada vez que hacen falta y aceptar que a veces no se consiguen.
Romper con el chantaje le costaría a Morena la mayoría calificada, dos o tres gubernaturas cerradas y la obligación de negociar cada reforma. Nada de eso es una catástrofe; es la descripción exacta del oficio.
Además, tendría una ventaja: el día que se desmonte la carpa sabremos, por fin, de qué tamaño eran los enanos.
@perezricart
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Censura a la sátira y a la risa/Héctor De Mauleón
El Universal, | 24-09-26 |
Constantino Escalante, el gran caricaturista político del siglo XIX, se vio obligado a huir de la ciudad de México en 1863, cuando el mariscal Forey suspendió la publicación del periódico satírico “La Orquesta”, e inició una virulenta persecución en contra de este bisemanario.
El caricaturista se refugió durante unos meses en Real del Monte, pero en agosto de ese año fue ubicado y detenido por soldados franceses. De acuerdo con su primer biógrafo, el periodista y escritor Hilarión Frías y Soto, Escalante fue conducido a la ciudad de México en una jaula, “como una fiera”.
Había cometido el pecado de dibujar al ministro francés Dubois de Saligny, quien se había presentado completamente ebrio a una exposición celebrada en Palacio Nacional, dentro de un frasco de coñac.
Mediante el recurso de la caricatura, una de las armas de denuncia más efectivas en una sociedad con altos índices de analfabetismo, La Orquesta, fundada en marzo de 1861 por Hesiquio Hiriarte, Manuel C. de Villegas y el propio Constantino Escalante, se convirtió muy pronto en uno de los periódicos más leídos y solicitados de su tiempo. En 1869 tenía dos mil suscriptores, frente a los mil con que contaba el Monitor Republicano y los 800 que tenía El Siglo Diez y Nueve, los dos periódicos más grandes de aquel siglo.
Escribía Hilarión que la república recibía en las mañanas, con una carcajada, los trabajos de Escalante. El caricaturista había creado “un género nuevo, enteramente suyo”, “una sátira viva, animada, personal y punzante”.
Su arma era la risa. El objeto de su sátira, según Frías y Soto: “El ministro torpe e impopular, el diputado exótico, el especulador de la causa pública” quienes “eran fotografiados por el lápiz de Constantino con toda la verdad política, más aún moral, en que el caricaturizado aparecía en toda la deformidad de su semblante”.
Algunas reputaciones quedaron enterradas de manera permanente tras el fogonazo crítico, a veces hiriente, del aplaudido caricaturista. La culpa no era de este, escribió su amigo y editor Hilarión Frías y Soto: el mal estaba en quienes pisaban, mentían, robaban traicionaban y se enriquecían. Los trazos de Escalante eran el reclamo tanto de los lectores como de los iletrados.
Y, sin embargo, el perseguido no era el político corrupto y ladrón, sino, en este caso, el caricaturista, exhibido en una jaula como si fuera el animal de un circo.
Tras la trágica muerte de Escalante a los 32 años, a consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en Tlalpan, que cobró también la vida de Carmen, su mujer, La Orquesta sufrió cierres, suspensiones y persecuciones. Sin embargo, con la voluntad de sus editores y “las migajas de libertad de imprenta” que los gobiernos le arrojaron, logró sobrevivir durante 17 años.
Sobrevivió a la ruptura ideológica con Juárez y a la animadversión de este, a la abierta persecución de Lerdo de Tejada, a las acusaciones de que incitaba a la guerra y a la rebelión, a las leyes “contra los excesos a la libertad de expresión”, al miedo que los políticos –documentado claramente en el tiempo de Santa Anna– le han tenido siempre a la sátira y a la risa.
Constantino Escalante y La Orquesta, como ocurriría más tarde con otros perseguidos y encarcelados en las bartolinas de la cárcel de Belén, se convirtieron en las grandes banderas de la izquierda.
Quién iba a pensar que esa misma izquierda, y sus impresentables aliados políticos, a través de la redacción de una ley mañosa y ambigua, de supuesta protección industrial y defensa del derecho de autor, dejarían abierta una puerta para castigar –puesto que la iniciativa aprobada por Morena no especifica que no será así— a quienes continúen la tradición crítica de la caricatura.
A quienes realicen parodias y memes con “cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno”, y a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno para inducir a error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.
¿Qué se considerará una violación a la ley, qué un engaño o un fraude? Lo que consideren los mariscales Forey y los ministros Saligny de hoy. Seguramente, como en los tiempos de Frías y Escalante, lo que decida “el ministro torpe e impopular, el diputado exótico, el especulador de la causa pública”.
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Claudia la dura y censora/Salvador García Soto
El Universal,. | 24-09-26 |
En vísperas de la toma de posesión de la doctora Sheinbaum, cuando aún era presidenta electa, un actual funcionario de su gobierno me dijo, en una plática informal, que lo que se venía con ella era un gobierno mucho más duro y autoritario. “Si López Obrador les parecía duro, aún no han visto nada; espérense a ver a la señora, ella sí que es radical. Vienen cosas fuertes y todavía no han visto nada de lo que es un gobierno autoritario”.
Su comentario me rondó desde entonces, y conforme han transcurrido estos dos años de gobierno, que se cumplen ya la próxima semana, se confirma lo que en su momento me pareció un comentario exagerado, a la luz de la imagen conciliadora y hasta algo moderada que había vendido la entonces presidenta electa, de quién muchos mexicanos esperaban un gobierno más moderado y basado más en la ciencia, los datos y en la técnica, que en la ideología y el fanatismo que predominaron en el sexenio de su antecesor.
En efecto, una vez que se puso la banda presidencial, el estilo de la doctora dejó ver que lo de científica era sí una descripción curricular, pero a la hora de ejercer el poder ella no sólo continuó por la línea ideológica y autoritaria que había trazado López Obrador, sino que se dedicó a ahondarla y a consumar muchos de los planes para aumentar la concentración de poder en el régimen de la 4T, violentando y desapareciendo todos los equilibrios y contrapesos constitucionales que se habían logrado construir en los últimos 30 años de alternancia democrática en México.
Con la consumación de la atroz y manipulada Reforma Judicial, que se aprobó en los primeros meses de su gobierno y las reformas a la Ley de Amparo, Sheinbaum abrió la puerta para una elección ilegal, manipulada y dirigida completamente por Morena, con la complacencia de un INE también colonizado por la 4T, y con las reformas a la Ley de Amparo, limitó y acotó los efectos del único instrumento real con el que contaban los ciudadanos mexicanos para frenar abusos y excesos del gobierno.
El resultado hoy evidente fue la politización y la improvisación en un Poder Judicial de la Federación conformado ya en su mayor parte por jueces, magistrados y ministros “del bienestar” que hoy están siendo utilizados abierta y cínicamente para favorecer en todo a los intereses del gobierno, en contra de la justicia imparcial e independiente para los ciudadanos y de la incertidumbre y el temor que eso causó a los inversionistas nacionales y extranjeros, que han congelado y frenado nuevas inversiones en la economía nacional.
Fue también la doctora la que ordenó y consumó, con su sumisa y borrega mayoría morenista, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, como el INAI, el IFT, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Todas las funciones de esas instituciones, cuya creación fue impulsada en su mayoría por grupos civiles y ciudadanos, fueron absorbidas por el Gobierno Federal con la promesa de que se seguirían garantizando los derechos, trámites y vigilancia que realizaban.
Pero en los hechos, si bien crearon nuevos organismos burocráticos para sustituirlos, derechos como la transparencia y el acceso a la información se han entorpecido y dificultado a través de la Secretaría Anticorrupción, que difícilmente otorga solicitudes de información que afecten al mismo gobierno al que pertenece; y en otros casos, como en el tema de la competencia económica o la regulación energética, las nuevas decisiones que se toman ahora desde el aparato gubernamental son sesgadas, casi siempre en favor del gobierno y difícilmente para darle la razón a particulares.
Lo mismo pasa en materia educativa y en política social, donde la desaparición del Coneval y la Mejoredu ha cambiado y manipulado los diagnósticos e informes en cuanto a calidad de la educación o el impacto de políticas sociales, con evaluaciones que buscan siempre favorecer la actuación del gobierno, más que dar indicadores reales para eficientar o corregir ambas políticas públicas. Un buen ejemplo de esto último son los resultados de la prueba PISA, con el retroceso que sufrió la educación mexicana en matemáticas y comprensión lectora, un dato que nunca reportaron ninguna de las instancias gubernamentales.
Pero si se pensaba que la Presidenta sólo se concretaría a consumar los planes alfabéticos que le heredó su antecesor, claramente también se estaba en un error. Al desequilibrio de poderes, por el dominio que ya tiene el Ejecutivo del Poder Judicial y el sometimiento que practica en el Legislativo, y a la extinción de los órganos autónomos y de sus derechos y funciones, se suman ahora una serie de reformas constitucionales ideadas por la Presidenta y sus asesores que van incrementando cada vez más los controles y el poder del gobierno, ya no sólo sobre derechos ciudadanos, actividades económicas o políticas públicas, sino ahora también sobre libertades y derechos constitucionales.
Como ya concentra todo el poder y se asume y actúa no sólo como la Jefa del Estado mexicano, sino también como la Jefa Política de Morena y guardiana de su movimiento, la doctora encubre y protege casos de corrupción flagrante de morenistas, defiende a políticos vinculados al narco y cuida que no se toque a los hijos de su antecesor, con un discurso que un día sí y el otro también cuestiona y ataca cualquier tipo de disidencia u oposición a su gobierno, mientras ensalza y convierte el discurso presidencial en propaganda a favor de su movimiento.
Pero no conforme con eso, su nueva prioridad ahora es garantizar que Morena se mantenga en el poder y gane la mayoría constitucional en los comicios del 2027, cosa que no tendría nada de extraño, si no fuera porque en ese afán, la Presidenta violenta todos los equilibrios y las reglas de la contienda democrática para favorecer a su partido. No sólo permitió y favoreció la colonización del INE con la elección de consejeros militantes de Morena que hoy tienen la mayoría en el Consejo General, también, con la elección judicial se encargó de domesticar al Tribunal Electoral de la Federación, con lo que hoy ella y su movimiento político tienen el control total de las elecciones y de su calificación.
Para cerrar la pinza, la Presidenta también ahondó la censura y el chantaje a los medios de comunicación para que suavizaran su línea y se limitaran en la crítica. A través del presupuesto público, que está regulado por una ley federal, la mandataria determinó que sólo daría publicidad a medios dóciles mientras castigaba al periodismo crítico y ella misma confesó que, como lo hacían los presidentes priistas más rancios, ella tampoco “paga para que le peguen”. Detrás de su discurso de respeto a la libertad de expresión, se esconde no sólo el uso patrimonial e ilegal del presupuesto para medios y difusión del gobierno, sino también acosos, ataques, auditorías fiscales y un discurso que todos los días estigmatiza y ataca al periodismo que no se le somete.
Y como ya logró domesticar a la mayoría de los periódicos y televisoras que se plegaron a cambio de presupuesto o contratos públicos, ahora la Presidenta va por el único reducto que no puede controlar y que es fuente de la mayor crítica hacia su gobierno y su partido: el internet y las redes sociales. Sus dos iniciativas ya presentadas y aprobadas una de ellas en el Senado, que con argumentos pueriles de proteger “la propiedad intelectual, la imagen de funcionarios públicos y la identidad del gobierno” –todo eso ya regulado por leyes federales— buscan aumentar la censura y aplicarla ya no sólo a periodistas, moneros o creativos, sino a cualquier ciudadano que haga mofa, sátira política o hasta los memes, utilizando inteligencia artificial o cualquier otro medio para criticar, cuestionar o reírse de los personajes públicos y de los gobiernos.
Eso que intentó fallidamente en 2014 el PRI de Peña Nieto, y que por cierto criticaron duramente López Obrador y la propia Sheinbaum que publicaron mensajes en redes sociales condenando la “censura y la cancelación de la libre expresión", ahora lo propone la Presidenta y su mayoría de Morena lo aprueba en fast track, pero con reformas mucho más agresivas, censoras y represoras de las que intentó el peñismo, porque ahora se proponen penas de cárcel de hasta 10 años y multas por hasta 10 millones de pesos, para quien ose burlarse del gobierno, de los políticos y funcionarios o de cualquier imagen del oficialismo.
La tradición de la sátira y el humor político se remontan a hace 200 años cuando se publicaron en la prensa independentista las primeras caricaturas criticando y burlándose de la monarquía española. Y el humor político ha sobrevivido en México a dictaduras como la de Porfirio Díaz y a la dictadura priista de 75 años, a pesar de que hubo épocas negras de censura y persecución a quienes se atrevían a hacer chistes o burlas de los gobernantes y políticos. Hoy, cuando se cumplen dos siglos de esa tradición democrática que es parte inherente de la libertad de expresión y señal de una democracia sana, la presidenta Sheinbaum, al estilo de los dictadores y tiranos, quiere regresarnos a las épocas de cárcel y persecución a la libre expresión.
No cabe duda que aquel morenista que vaticinaba que no habíamos visto nada con López Obrador y que la doctora nos sorprendería, no precisamente con un mejor gobierno, se está confirmando con las reformas autoritarias y censoras que se dedica a imponer la presidenta Sheinbaum.
Los dados mandaron una Doble Serpiente. Caída para la libertad de prensa y expresión.
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Censura a la sátira y a la risa/Héctor De Mauleón
El Universal | 24-09-26
Constantino Escalante, el gran caricaturista político del siglo XIX, se vio obligado a huir de la ciudad de México en 1863, cuando el mariscal Forey suspendió la publicación del periódico satírico “La Orquesta”, e inició una virulenta persecución en contra de este bisemanario.
El caricaturista se refugió durante unos meses en Real del Monte, pero en agosto de ese año fue ubicado y detenido por soldados franceses. De acuerdo con su primer biógrafo, el periodista y escritor Hilarión Frías y Soto, Escalante fue conducido a la ciudad de México en una jaula, “como una fiera”.
Había cometido el pecado de dibujar al ministro francés Dubois de Saligny, quien se había presentado completamente ebrio a una exposición celebrada en Palacio Nacional, dentro de un frasco de coñac.
Mediante el recurso de la caricatura, una de las armas de denuncia más efectivas en una sociedad con altos índices de analfabetismo, La Orquesta, fundada en marzo de 1861 por Hesiquio Hiriarte, Manuel C. de Villegas y el propio Constantino Escalante, se convirtió muy pronto en uno de los periódicos más leídos y solicitados de su tiempo. En 1869 tenía dos mil suscriptores, frente a los mil con que contaba el Monitor Republicano y los 800 que tenía El Siglo Diez y Nueve, los dos periódicos más grandes de aquel siglo.
Escribía Hilarión que la república recibía en las mañanas, con una carcajada, los trabajos de Escalante. El caricaturista había creado “un género nuevo, enteramente suyo”, “una sátira viva, animada, personal y punzante”.
Su arma era la risa. El objeto de su sátira, según Frías y Soto: “El ministro torpe e impopular, el diputado exótico, el especulador de la causa pública” quienes “eran fotografiados por el lápiz de Constantino con toda la verdad política, más aún moral, en que el caricaturizado aparecía en toda la deformidad de su semblante”.
Algunas reputaciones quedaron enterradas de manera permanente tras el fogonazo crítico, a veces hiriente, del aplaudido caricaturista. La culpa no era de este, escribió su amigo y editor Hilarión Frías y Soto: el mal estaba en quienes pisaban, mentían, robaban traicionaban y se enriquecían. Los trazos de Escalante eran el reclamo tanto de los lectores como de los iletrados.
Y, sin embargo, el perseguido no era el político corrupto y ladrón, sino, en este caso, el caricaturista, exhibido en una jaula como si fuera el animal de un circo.
Tras la trágica muerte de Escalante a los 32 años, a consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en Tlalpan, que cobró también la vida de Carmen, su mujer, La Orquesta sufrió cierres, suspensiones y persecuciones. Sin embargo, con la voluntad de sus editores y “las migajas de libertad de imprenta” que los gobiernos le arrojaron, logró sobrevivir durante 17 años.
Sobrevivió a la ruptura ideológica con Juárez y a la animadversión de este, a la abierta persecución de Lerdo de Tejada, a las acusaciones de que incitaba a la guerra y a la rebelión, a las leyes “contra los excesos a la libertad de expresión”, al miedo que los políticos –documentado claramente en el tiempo de Santa Anna– le han tenido siempre a la sátira y a la risa.
Constantino Escalante y La Orquesta, como ocurriría más tarde con otros perseguidos y encarcelados en las bartolinas de la cárcel de Belén, se convirtieron en las grandes banderas de la izquierda.
Quién iba a pensar que esa misma izquierda, y sus impresentables aliados políticos, a través de la redacción de una ley mañosa y ambigua, de supuesta protección industrial y defensa del derecho de autor, dejarían abierta una puerta para castigar –puesto que la iniciativa aprobada por Morena no especifica que no será así— a quienes continúen la tradición crítica de la caricatura.
A quienes realicen parodias y memes con “cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno”, y a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno para inducir a error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.
¿Qué se considerará una violación a la ley, qué un engaño o un fraude? Lo que consideren los mariscales Forey y los ministros Saligny de hoy. Seguramente, como en los tiempos de Frías y Escalante, lo que decida “el ministro torpe e impopular, el diputado exótico, el especulador de la causa pública”.
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Al combatir y afectar la doble nacionalidad ignoraron la doble ciudadanía / Heriberto M. Galindo
La Jornada, 24 de septiembre de 2026
Tras la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados, respetuosamente expongo que escuché y leí las expresiones relacionadas con la doble nacionalidad, empezando con las que pronunció la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respaldando su iniciativa de reforma para impedir las aspiraciones y las intenciones político electorales de las personas que poseen la doble nacionalidad y que quisieran acceder a posiciones políticas de distintos niveles en nuestro país viviendo en el extranjero; también me enteré que se le hicieron algunos ajustes de última hora a la iniciativa original para propiciar ciertas flexibilidad o apertura, pero también observé que la argumentación se sustentó de manera parcial y sesgada, y que en un debate muy pobre únicamente se mencionó, por cierto que hasta la saciedad, la pretensión presidencial de afectar los derechos de quienes poseen la doble nacionalidad, y ello se hizo con suma ignorancia jurídica y con la deliberada afectación política hacia las y los migrantes poseedores de la doble nacionalidad, dejando de lado el concepto de la doble ciudadanía que, dicho sea de paso, debería ser lo más importante a esgrimir en este alegato.
Por cierto que no leí ni vi ni escuché en los medios de comunicación social ni en las Cámaras legislativas ni en las conferencias mañaneras hablar del espectro completo; es decir, de los dos conceptos que tienen que ver con este asunto cuyo debate debió de ampliarse antes de que la iniciativa fuese votada en el pleno legislativo, para que se hubiese discutido con mayores seriedad y abundamiento y se esclarecieran los conceptos sobre lo que es la doble nacionalidad y lo que es la doble ciudadanía, que no se ventilaron ni siquiera de manera superficial y mucho menos a profundidad, y esto es grave porque al parecer a la Presidenta de la República no se le explicó ni orientó debidamente al respecto, ya que tener doble nacionalidad es un derecho que no debe proscribirse, reducirse o menos aún eliminarse o afectarse políticamente en contra de quienes habiendo nacido en el extranjero pero siendo hijas, hijos o descendientes de padres mexicanos que residen fuera de México pero tienen sus derechos a salvo.
El problema se generaría con quienes tengan la ciudadanía extranjera y la ciudadanía mexicana, es decir la doble ciudadanía, situación que se presenta en menor escala y sobre todo en las fronteras, por la existencia de compatriotas nacidos en el territorio mexicano o en el extranjero y tienen doble residencia, con negocios en ambos países, con inversiones y pago de impuestos lo que les permite poder obtener la ciudadanía, e inclusive hay quienes tienen las acreditaciones electorales y suelen votar en las elecciones de las dos naciones lo cual podría ser discutible y sujeto de una controversia jurídica, pero se dan casos de esta naturaleza.
La prohibición legal existe y debe continuar existiendo para quienes tienen la doble ciudadanía y aspiran a participar en política en México más no para quienes poseen la doble nacionalidad y pretenden buscar posiciones de tipo político y electoral. Estos últimos tenían y deberían continuar con sus derechos a salvo.
Quien tiene doble ciudadanía y desea participar en la vida pública mexicana debe renunciar a la ciudadanía extranjera. Eso está vigente en la legislación actual.
Me siento obligado a exponer que en mi desempeño como diputado federal integrante de la 56 Legislatura del Honorable Congreso de la Unión que aprobó el otorgamiento de la doble nacionalidad, voté a favor de que se otorgara este derecho a los descendientes de nuestros compatriotas que viven en el extranjero, por haber considerado a aquella iniciativa como un avance por su significado en el otorgamiento de mayor justicia y como una extensión de los derechos que les corresponden a nuestros descendientes que son nuestros connacionales que nacieron y viven en el extranjero pero que tienen ascendencia mexicana.
Como cónsul general de nuestro país en Chicago, Illinois, tuve el honor y la satisfacción de hacer entrega de los primeros certificados de nacionalidad a muchos paisanos, mujeres y hombres que tienen raíces mexicanas pero residían y residen en Estados Unidos.
La ciudadanía en cambio la otorga legalmente el país donde se reside y en el que no se nació, pero ello procede después de haber obtenido la visa de residente y después de cumplir con una serie de requisitos conforme lo establecen las leyes y los intereses de cada país.
Tengo la esperanza y el deseo de que el Senado de la República tome nota y valore estas reflexiones con el fin de que se legisle correctamente y no se afecte a tantos millones de descendientes mexicanos que verían lesionados sus derechos.
Como muestra de mi congruencia y de mi coherencia expreso que durante el tiempo en el que me desempeñé como Senador, defendí y exalté la labor, el esfuerzo y el honor de los migrantes mexicanos muchos de los cuales son madres, padres y abuelos de quienes poseen la doble nacionalidad.
#)No habia necesidad de reformar la Constitción…;
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Narcopartido
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento /
REFORMA, 24 septiembre 2026;
"¿Qué es la libertad de expresión? Sin la libertad de ofender no existe". Salman Rushdie
La decisión la tomó la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral en una sesión "extraordinaria urgente de carácter privado" el pasado 21 de septiembre. Los consejeros votaron por censurar a Alejandro Moreno, al PRI y a "diversas personas identificadas públicamente como dirigentes, legisladoras, militantes o vinculadas con dicho partido político, por la difusión de publicaciones en redes sociales y un promocional pautado para radio y televisión que a juicio del denunciante contienen expresiones presuntamente calumniosas".
La censura se aplica a "diversas publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como 'narcogobierno', 'narcopartido', 'narcoestado', 'narcopolíticos', 'mafiosos', 'cómplices de los cárteles del crimen organizado' y 'morenarcos', 'cártel de Morena' y otras de contenido equivalente, acompañadas de imágenes, videos, entrevistas, comunicados institucionales y demás recursos audiovisuales dirigidos a reforzar esa imputación".
La esencia de la política en una democracia es la libre expresión y debate de las ideas. Cuando se aplica la censura, sobre todo para proteger de la crítica al gobierno y a los partidos en el poder, la democracia se extingue. Yo no sé si Morena es un narcopartido o si la 4T es un narcogobierno, pero el tema debe discutirse, no ocultarse.
No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que el presidente Donald Trump de Estados Unidos ha declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas que México es "el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga". Tampoco podemos olvidar que el gobierno de México se ha negado a detener con fines de extradición a 10 políticos de Sinaloa, miembros o relacionados con Morena, que han sido imputados en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, uno de los acusados, quien según la imputación fue apoyado por el Cártel de Sinaloa para ganar la elección de 2021, fue aclamado en octubre de 2024 por los legisladores de Morena en el Congreso que corearon "No estás solo". Hay buenas razones para hablar de un narcopartido o de un narcogobierno.
Tanto el régimen como Morena pueden presentar argumentos de que no son cómplices del narco. La presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han presentado información que señala que, aunque no lo diga su retórica, México mantiene la guerra contra las drogas. Entre el 1 de octubre de 2024, cuando empezó el sexenio, hasta el 30 de agosto se han asegurado 534 toneladas de droga, principalmente cocaína, metanfetaminas y fentanilo; han sido detenidas 67,200 personas vinculadas a delitos de alto impacto y 207 líderes de la delincuencia organizada; y se han desmantelado 2,725 centros de producción de drogas sintéticas. El gobierno de México no solo sostiene el combate contra las drogas, sino que lo hace con más ahínco y mejores resultados que el de Estados Unidos. El mismo Trump dijo en la ONU sobre México: "Ellos tampoco quieren a los cárteles".
Sin embargo, una cosa es presentar argumentos y otra muy distinta censurar a la oposición, como está haciendo el INE. La penetración del narco en la política mexicana es uno de los temas más relevantes de las elecciones de 2027. Censurar a quienes cuestionan al gobierno o al partido hegemónico por tener lazos con el narco es mutilar el proceso democrático desde la raíz.
IMPUNIDAD
Tiene razón la presidenta Sheinbaum: "Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas". Este consumo genera la demanda para el narcotráfico. Sin embargo, no tiene razón cuando añade: "Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas". Las armas son legales en Estados Unidos y están prohibidas en México, pero nuestro país es mucho más violento. El problema no son las armas sino la impunidad.
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