El espejismo de los 59 millones: la pifia detrás del "golpe histórico" al huachicol

El espejismo de los 59 millones: la pifia detrás del "golpe histórico" al huachicol

Por Fred Alvarez Palafox

"Ni golpe ni histórico; falla FGR con huachicol". Con esta contundencia lo publicó la primera plana del diario Reforma, bajo la firma de Mario López, desnudando la puesta en escena de un Estado que quiso proyectarse implacable frente al mercado negro.

Con bombo y platillo, el comunicado 623/26 de la Fiscalía General de la República (FGR) presumió el 17 de septiembre un decomiso sin precedentes: 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato. Sin embargo, al contrastar el fervor del discurso oficial con la fría bitácora de los hechos, el espejismo se desvanece y la narrativa se perfila como una pifia monumental.

La primera gran grieta de este relato oficial asoma en el calendario. Mientras las autoridades montaron su escenografía mediática a mediados de mes, el operativo real en la terminal de San José Iturbide se había ejecutado, según los registros, casi dos semanas antes, el viernes 4 de septiembre.

En la anatomía de un decomiso legítimo de semejante envergadura, el protocolo es inamovible: la actividad del lugar se paraliza en el acto. Pero aquí la realidad desmintió al boletín. El combustible jamás abandonó los diez colosales tanques, no se colocaron cintas restrictivas ni se impuso un solo sello de clausura. De hecho, para el 10 de septiembre, la planta operaba con absoluta normalidad.

¿El saldo de detenidos tras esta publicitada hazaña táctica? Cero.

Todo indica que las autoridades patearon la puerta equivocada a causa de un profundo tropiezo técnico. Los agentes exigieron a SIMSA los permisos de importación del hidrocarburo, asumiendo erróneamente que la empresa era la dueña del producto. Los expertos en energía lo explican de forma sencilla: esta planta funciona, en términos prácticos, como una inmensa pensión. SIMSA solo presta el servicio de almacenamiento. Los verdaderos propietarios del combustible —y titulares de los permisos— son sus clientes, gigantes corporativos como Pemex, ExxonMobil, Shell y Ferromex.

De este error de cálculo se desprende una paradoja logística insalvable. Si ese océano de combustible realmente fuera irregular, la falla original no radicaría en Guanajuato, sino en las aduanas. Que semejante volumen de hidrocarburo de contrabando cruzara hasta el corazón del Bajío implicaría una omisión colosal por parte del Ejército y la Guardia Nacional en las fronteras.

Ante el embate oficial y el colapso de la narrativa, el grupo empresarial no se quedó de brazos cruzados. A través de un desplegado en la página 5 de Reforma firmado por Daniel Hernández Hernández, Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. (Grupo SIMSA) puso sus cartas sobre la mesa: aclararon que no son dueños del producto, explicaron la naturaleza lícita de su operación y desglosaron los oficios que los avalan.

El eco de este desastre retumbó ayer en la mañanera de Irapuato.

—¿Cómo se explica, Presidenta, este decomiso sin que haya habido un solo detenido? —soltó el reportero Israel Aldave, de Radio Fórmula, poniendo el dedo en la llaga.

Para responder, la Presidenta le cedió el micrófono a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien intentó apagar el fuego con una promesa recurrente: "las detenciones vienen después".

El funcionario se apegó al guion oficial. Argumentó que el hilo conductor de este caso nació en julio de este 2026 con el aseguramiento de una pipa —repitiendo al calce lo que ya dictaba el boletín—, pero estando al micrófono tuvo que admitir lo inverosímil: al llegar al inmenso predio, no había absolutamente nadie.

—¿Ni siquiera alguien vigilando? ¿Les dieron el pitazo? —insistió el reportero.

Harfuch atajó el golpe argumentando que la movilización de fuerzas fue tan grande y evidente que provocó la huida masiva del lugar. Una excusa difícil de tragar.

—¿Pertenece a un grupo delictivo o este predio era operado por el Cártel de Santa Rosa de Lima? —volvió a la carga la prensa, buscando ponerle nombre al fantasma.

—Lo va a dar a conocer la Fiscalía... porque ahorita dar una información incorrecta o especular sería una irresponsabilidad de mi parte —respondió García Harfuch, en un intento por justificar el vacío operativo pidiendo, una vez más, paciencia.

Fue entonces cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, leyendo entre líneas el desastre táctico, decidió tomar las riendas y mover el foco hacia donde realmente importa: el rastro del dinero.

—¿Cuánto combustible se ha decomisado en su administración y cuántos detenidos hay, incluyendo funcionarios? —se le cuestionó directamente a la mandataria.

—A ver si la FGR nos da ese dato —esquivó de entrada Sheinbaum, pero de inmediato marcó la línea a seguir—. Pero sobre el caso de ayer, hablé con la fiscal (Ernestina Godoy). No basta con asegurar el lugar; queremos saber quién tiene el negocio, si el combustible fue robado o importado ilegalmente al país, y a qué gasolineras se distribuía. Queremos detenciones.

La Presidenta remató asegurando que la Fiscalía le reportó investigaciones "muy avanzadas" que pronto darán resultados. Y así, dejó claro que la estrategia real del Estado no pasa por aplaudir ante bodegas vacías, sino por rastrear en los fríos escritorios del SAT y la UIF a las gasolineras que venden más combustible del que le compran legalmente a Pemex.

Todo por las prisas...

La prisa por anunciar el "golpe" levanta inevitables suspicacias políticas. Como bien apuntó la columna Templo Mayor en su edición de este sábado 19 de septiembre, queda flotando una duda razonable: ¿el delegado estatal de la FGR, Juan Francisco Vera, se lanzó a "clausurar" —es un decir— instalaciones sin sustento solo para entregarle un trofeo a la Presidenta durante su visita a Guanajuato? Si operó por la libre, cegado por el afán de reflectores, el asunto es gravísimo. Quizá por eso la propia FGR decidió abrir un paracaídas legal al final de su comunicado, curándose en salud al advertir que las investigaciones continúan "en caso de que no se acredite la propiedad".

De confirmarse este desatino, la gravedad de la pifia institucional sería mayúscula. El Estado terminó presumiendo un mar de combustible incautado sin incautar, en un operativo fantasma que tropezó con su propio desconocimiento sobre cómo respira la cadena de suministro energético en el país.

Hoy, las preguntas son ineludibles: ¿Qué dirá la FGR para enmendar este tropiezo monumental? Y, sobre todo, ante un operativo armado a ciegas, ¿dónde quedó la inteligencia del Estado? Más allá del desastre en el terreno, es claro que la FGR tiene un severo problema de comunicación. Antes, sus comunicados rendían cuentas: daban detalles, santo y seña, hora y lugar exacto de los hechos. Hoy operan en la ambigüedad, lanzando boletines inflados para intentar sostener con saliva hazañas que se caen a pedazos.

Y el asunto, apenas inicia.