Louise Arbour en el Senado

Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se reúne con senadores.

Deben civiles vigilar al Ejército.- ONU
La Alta Comisionada de la ONU dijo que las prácticas de protección que tienen militares no siempre son las mejores para operar en áreas urbanas

Daniela Edith Rea, reportera

Reforma, Ciudad de México (6 febrero 2008).- Mientras el Ejército realice acciones propias de los civiles, como la seguridad pública, deberá ser vigilado por instituciones civiles, advirtió la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour.

Durante la reunión que mantuvo con senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Justicia y Educación, la funcionaria reiteró su respuesta al Presidente Felipe Calderón, quien por la mañana había justificado la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública a causa de la descomposición de las policías locales."No subestimo los retos de cumplimiento de la ley al que se tienen que enfrentar en México actualmente (...) No voy a juzgar la sabiduría de tener este recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército (...)."Mi punto de vista es que si el Ejército lleva a cabo funciones civiles, deben de estar bajo una vigilancia civil, bajo alguna autoridad, deben de tener una responsabilidad ante los espacios de justicia civiles cuando estén llevando a cabo lo que los policías o civiles tendrían que hacer", dijo la funcionaria.

Louise Arbour, quien vino a México para firmar un convenio de extensión de labores de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que las prácticas de protección utilizadas por los militares no siempre son las mejores para operar en áreas urbanas grandes, donde los civiles se comportan de forma errática, pero no son combatientes.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, refrendó su compromiso con legisladores para impulsar la Reforma Constitucional, que pretende elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos, misma que permanece en discusión en el seno del Congreso.
Al mismo tiempo ofreció el apoyo de la ONU y la oficina que preside para brindar orientación y dar a conocer las experiencias de otros países, a fin de que se llegue a la mejor legislación, para México, en materia de derechos humanos.
Durante el encuentro con un grupo plural de senadores, Louise Arbour, declaró que México tiene liderazgo importante en la escena internacional sobre la protección de derechos humanos. De ahí, agregó, la importancia de la mejora y el reto de elevar los derechos humanos a nivel constitucional.
La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, vicepresidenta del Senado de la República, consideró pertinente que en México se realicen políticas públicas y avances legislativos que vayan en consonancia con el diagnóstico sobre derechos humanos que se realizó en diciembre de 2003. Sin embargo, explicó que se han tenido avances, tal es el caso de los derechos de la mujer, de la que destaca la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por su parte, el senador Pablo Gómez Álvarez, PRD, le solicitó a la Comisionada su apoyo y atención en dos problemas fundamentales: la represión política y la defensa de los derechos de migrantes. La senadora Rosario Green Macías, PRI, se refirió al valor agregado que tendría para México la apertura de una oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aún cuando México posee la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, organismo que posee autonomía.
El senador Ángel Alonso Díaz Caneja, PAN, afirmó que es preciso que se promueva en países desarrollados la legislación que brinde protección a los derechos humanos. Por otro lado, el senador Alejandro González Alcocer, PAN, aclaró que en México no hay presos políticos y pidió la opinión, de la Alta Comisionada, sobre el asunto de que el ejército desarrolle tareas de seguridad pública. Asimismo, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, PAN, solicitó mayor difusión sobre los derechos civiles, políticos y culturales del ser humano, ya que existe una gran confusión entre ellos.
Ante las inquietudes de los senadores, Louise Arbour, señaló que respecto del tema de los presos políticos es un asunto que debe discutirse de manera interna, entre los mexicanos, ya que la definición de los delitos es variable. Arbour, reconoció que la Convención Internacional de los Derechos Humanos no ha quedado ratificada por los países desarrollados, situación que no ha favorecido la protección de los derechos de los migrantes.
Con relación al valor agregado de la presencia de una oficina en México, dijo, que sería una forma de tener mayor presencia a nivel mundial fuera de Ginebra que es donde se alberga la sede.
En tanto, al trabajo del ejército en labores de seguridad pública, comentó que un derecho fundamental es el de la seguridad e integridad de la persona y que es obligación del Estado de cumplir con el equilibrio perfecto entre el deseo de estar seguros y el de ser libres.
La senadora Rosalía Peredo Aguilar, PAN, cuestionó a la comisionada sobre capacitación a las fuerzas armadas y las experiencias mundiales en el tema de los conflictos armados y la protección de la paz.
La senadora Adriana González Carrillo, PAN, recordó que el Senado ha firmado acuerdos de cooperación en la materia que muestran un compromiso firme del Estado Mexicano. Por ello, se interesó en el procedimiento para resolver temas que tienen que ver con otras comunidades que no son las occidentales y en cómo se fortalecen los derechos humanos sin imponer valores a otras culturas. Finalmente, se interesó por la opinión de la funcionaria sobre la no participación de México en operación para el mantenimiento de la paz a nivel internacional.
Por su parte, la senadora panista Martha Leticia Sosa Govea, cuestionó sobre los comentarios presentados por las legislaturas pasadas, durante la visita realizada en 2005. Sobre todo porque consideró que México ha avanzado en la protección de los derechos humanos gracias al trabajo en la legislación nacional.
Finalmente, la senadora Rosario Ybarra de la Garza, PT, aseguró que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos en sus diversas modalidades, a pesar de los discursos oficiales.
Louise Arbour explicó que Naciones Unidas cuenta con un total de 130 mil tropas para apoyar en el mantenimiento de la paz alrededor del mundo. Ofreció compartir la experiencia de la organización en cuanto a la capacitación ante conflictos armados, pero explicó que los mayores retos para la protección de los derechos humanos se encuentran en aquellos países que viven conflictos armados.
Dijo que actualmente se busca lograr un proceso transparente y equitativo cuando se evalúa el avance de la protección de los derechos fundamentales ya que se inspeccionará 48 países por año, iniciando con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Al referirse a las diferencias culturales, dijo que la Ley Internacional de los Derechos Humanos protege las diferencias nacionales e identidades colectivas, pero aseguró que el principio de que todos los humanos nacen libres e iguales en derechos y en dignidad está presente en todas las culturas y religiones. Invitó a los senadores a apoyar el fortalecimiento de la universalidad de la carta de los derechos humanos, para dejar de lado la creencia de que eso es un proyecto neocolonial de occidente, sino un proyecto humano.
Sobre la participación de México en misiones de paz, se declaró incapaz de emitir una opinión pues desconocía los antecedentes, pero reconoció que la ONU siempre necesita contribuciones para sus tropas. Aseguró que la nueva convención sobre protección ante desapariciones es una señal política muy fuerte, pero que los Estados deben tomar una posición más intensa para evitarlas. Reconoció que el volumen de las desapariciones es importante porque la posición fundamental es proteger siempre ante esas violaciones, y eso se logrará sólo con la movilización de todos los Estados, pues cada caso merece la solidaridad y apoyo de todo el mundo.

Boletín de prensa del Senado

Louise Arbour en Los Pinos

El Presidente Calderón en el evento entorno a la Visita de la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Miércoles, 6 de Febrero Discurso

Muy buenas tardes.
Señora Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bienvenida a su casa.
Señor Diputado Cristian Castaño, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Señor Comisionado de los Derechos Humanos en el Distrito Federal.
Señoras y señores legisladores, diputadas, diputados, senadoras y senadores.
Señoras y señores embajadores.
Distinguidos integrantes del presídium.
Señoras y señores:
Es un honor para mí darle la bienvenida a nuestro país a la señora Louise Arbour y expresarle el reconocimiento del Gobierno de México por su decidida labor en defensa de los derechos humanos en todos los rincones del planeta.
Este año celebraremos el sexagésimo aniversario de la adopción, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por eso, Comisionada Arbour, su visita es particularmente significativa para México y da mucho mayor relevancia al acuerdo que hoy suscribimos para que la oficina de representación a su cargo continúe con sus actividades, y cuente siempre con todo el apoyo del Gobierno Federal.
Quiero refrendar aquí el sólido compromiso de mi Gobierno con la protección de los derechos humanos y con la sujeción a estándares internacionales en la materia.
Este acuerdo refrenda ese compromiso con el respeto absoluto de los derechos humanos en nuestro país y estoy convencido de que la vitalidad de la democracia se sustenta en su plena vigencia.
Es por ello que en el Plan Nacional de Desarrollo, que es base de las políticas públicas de esta Administración, se planteó el objetivo de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y se articuló, para lograrlo, una política de Estado basada en cuatro líneas de acción.
Primera. Actualizar el marco normativo para reflejar los compromisos internacionales que hemos asumido y evitar que por deficiencias de la ley se violen los derechos humanos.
Segunda. Establecer un programa federal para fortalecer el respeto a los derechos humanos.
Actualmente mi Gobierno trabaja en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, con la participación de 29 instituciones del Gobierno Federal, de centros académicos y de la sociedad civil.
Este programa es una contribución al pleno respeto a la dignidad de la persona, como condición de gobernabilidad democrática a la que aspiramos los mexicanos.
Tercera. Dar prioridad a la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos fundamentales.
Por citar un ejemplo, puedo decirle que en abril de 2007 se instaló el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres.
Además, recientemente fue nombrada la nueva Fiscal para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, aquí presente, la licenciada Morfín, quien tendrá calidad además de Agente del Ministerio Público de la Federación, y podrá investigar y perseguir delitos.
Y cuarta. Promover campañas para generar en la ciudadanía una cultura de respeto a las garantías individuales.
En este rubro, quiero destacar el trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, su titular aquí presente, don Luis Álvarez, en la difusión de los derechos indígenas a través de instrumentos, como el Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia y la actualización, en septiembre de 2007, del libro electrónico: La Vigencia de los Derechos Indígenas en México.
Debo decir que ningún otro Plan Nacional de Desarrollo desde que la Ley General de Planeación fue adoptada en la década de los 80, había dado a este tema la centralidad y la importancia que ahora registra.
Como ha dicho también la Canciller, México mantiene un liderazgo en los foros internacionales de derechos humanos, porque todos los actores, tanto gubernamentales, como de la sociedad civil, estamos y queremos colaborar de manera responsable y transparente y logrando algunos avances.
En primer lugar, con el respaldo del Poder Legislativo, se ha aprobado en los últimos meses la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la reforma constitucional en materia de derecho a la información pública; la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y las reformas al Código Penal Federal y al Código Civil Federal, para despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injuria.
Actualmente, en el marco de la Reforma del Estado y de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, se discuten en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que consideran cambios, como otorgar rango constitucional a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales suscritos por México, y establecer un nuevo modelo de justicia penal que incluya las figuras de presunción de inocencia y el establecimiento de los juicios orales en nuestro país.
Y coincido con usted que este nuevo sistema de justicia penal podrá dar mayor transparencia a la impartición de justicia y mayor claridad en la defensa de los derechos de todas las personas.
En segundo lugar. México ratificó recientemente, en el marco de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en días próximos ratificará la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Por otra parte, y como ya se dijo aquí, un miembro del Servicio Exterior Mexicano presidió el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en un proceso clave en la transición institucional de dicha Comisión.
Puede estar segura, señora Alta Comisionada, que la Comisión y la Organización de las Naciones Unidas seguirá contando con todo el respaldo del Gobierno de México para continuar con su acertada labor.
En tercer lugar. Se crearon diferentes direcciones generales de Derechos Humanos, entre otras, la muy importante Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se suma a todas las áreas especializadas en la materia que ya existen en el Gobierno Federal.
Además, en julio pasado se estableció el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que recae en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ello en cumplimiento también a lo establecido en el Protocolo Facultativo a la Convención de la ONU contra la Tortura que está en vigor en el país desde 2006.
En cuarto lugar. Mi Gobierno ha refrendado y refrenda el compromiso de colaboración y apoyo hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual a través del ejercicio autónomo que le confiere nuestro orden jurídico, ha sido fundamental para consolidar la transición a una política de Estado en materia de Derechos Humanos.
Así, en México, sociedad y Gobierno e instituciones, avanzamos juntos para transformar y fortalecer el marco legal en favor de una mejor defensa y protección de los derechos humanos.
Uno de los mayores retos que hemos asumido los mexicanos es combatir la delincuencia y promover una cultura de respeto a la ley.
El día de ayer hice un llamado a los Tres Poderes de la Unión, a los diversos órdenes de Gobierno y a la sociedad entera, para celebrar un pacto nacional por la legalidad y la seguridad.
Hoy, cuando el país sufre los embates del crimen organizado, mi Gobierno está firmemente decidido a garantizar la seguridad de los mexicanos y el Estado de Derecho y en consecuencia, por supuesto, la garantía total a los derechos humanos consagrados en las leyes y en la Carta Universal.
Estamos combatiendo al crimen y a la violencia con toda la fuerza del Estado, pero estamos, al mismo tiempo, plenamente conscientes de que esta lucha debe darse siempre y sin excepción, con pleno respeto a los derechos humanos.
Yo estoy convencido, Comisionada, de que en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado, cuyas acciones han segado la vida de muchos inocentes, incluyendo periodistas, jueces, así como de muchos policías, soldados y marinos, ya cientos, que han fallecido en el último año en el cumplimiento de su deber.
Esta mañana, el Coronel de Infantería Fortino Castillo León, Comandante del XC Batallón de Infantería, fue asesinado de manera artera en Apatzingán, Michoacán.
Yo desde aquí expreso mis profundas condolencias a sus deudos y a sus compañeros de armas, porque ésta es una valiosa vida que pierde la Patria en la defensa de la seguridad de los mexicanos.
Hoy quiero decir que así como las Fuerzas Armadas tienen la instrucción del Presidente, el compromiso y la convicción propia de cumplir su labor con absoluto respeto a los derechos humanos, también cuentan con el apoyo del Gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país y de colaborar en la patriótica labor de preservar la seguridad de las familias mexicanas.
En la lucha contra la delincuencia es indispensable y urgente contar con el apoyo de gobiernos locales, de ayuntamientos, para fortalecer y modernizar a las policías estatales.
Estoy convencido de que contaremos con el apoyo del Congreso, de la sociedad civil, de los gobiernos estatales y municipales, a fin de depurar y fortalecer los cuerpos policíacos y el Ministerio Público en todo el país, a fin de que el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad sea cada vez menos necesario.
Debemos recordar que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria, que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica.
Señora Alta Comisionada:
Su visita es testimonio de su personal compromiso y de la Organización de las Naciones Unidas con los derechos humanos.
También testifica el compromiso de México con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, y muy especialmente del Gobierno con los esfuerzos que realiza su oficina aquí en el país y en todo el mundo.
Los mexicanos estamos trabajando con objetivos claros, nuestro propósito es hacer de México un país en el que los derechos humanos sean una realidad para todos.
Sin duda los trabajos de su oficina en México, el acuerdo que hoy suscribimos, y muy especialmente su presencia entre nosotros, nos ayudan y nos alientan en ese propósito.
Cuente usted con el apoyo del Gobierno mexicano y sea muy bienvenida en nuestro país.

Diversas intervenciones en el evento en torno a la Visita de Louise Arbour

-MODERADOR: Toma la palabra la ciudadana Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores.
-SECRETARIA PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO: Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; excelentísima señora Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, señoras y señores embajadores del cuerpo diplomático acreditado en México, señoras y señores.
El Gobierno de México se encuentra sumamente honrado con la visita a nuestro país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Su presencia en este acto nos alienta a continuar avanzando por la ruta de la consolidación de los esquemas más amplios para la promoción y protección de los derechos humanos.
Nos compromete a seguir trabajando para superar los obstáculos que impiden todavía la realización de todo aquello que asegure la plena dignidad del ser humano.
La protección de los derechos humanos, propósito de las Naciones Unidas, es concebida hoy, junto con la erradicación de la pobreza en su más amplia acepción, como un componente esencial de la paz y la seguridad internacionales.
El Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha realizado importantes esfuerzos para construir una nueva cultura de derechos humanos, orientada a garantizar el Desarrollo Humano Sustentable en el marco del respeto al Estado de Derecho y a la seguridad de todos.
La política exterior de México busca contribuir a tales esfuerzos, prueba de ello lo constituye el liderazgo que desempeña México en los foros internacionales de derechos humanos tanto de carácter universal como regional.
Las contribuciones de México al sistema de protección de los derechos humanos son ampliamente reconocidas. Un ejemplo de ello lo constituyó la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos en la persona del Embajador Luis Alfonso de Alba con la responsabilidad de conducir las negociaciones que culminaron en la construcción institucional de dicho órgano.
México está convencido de que las nuevas herramientas con que cuenta el Consejo, tales como el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal, habrán de propiciar un tratamiento objetivo y solidario de las distintas situaciones nacionales, a fin de fortalecer la cooperación y la asistencia entre las Naciones Unidas y los Estados miembros.
La participación de México en los foros multilaterales ha privilegiado siempre el desarrollo del derecho internacional en materia de derechos humanos y el establecimiento de los sistemas tutelares que se han creado en la ONU y en la Organización de los Estados Americanos.
Somos Estados parte de la inmensa mayoría de los instrumentos jurídicos, y como expresión de una voluntad soberana, hemos aceptado la competencia obligatoria de los órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales en la materia.
El ejemplo más reciente lo constituye el establecimiento, hace menos de un año, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que permitirá prevenir y sancionar con mayor eficacia la comisión de una práctica odiosa y aberrante que la conciencia de la humanidad reprueba, cualesquiera que sean sus motivaciones.
Es por ello que la cooperación de México con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, tiene como fin último la instrumentación de los estándares internacionales a nivel nacional.El Gobierno que encabeza el Presidente Felipe Calderón, se propone ir más lejos y ha trazado las siguientes directrices:
En primer lugar, una política de plena apertura y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Su visita, señora Alta Comisionada, se inscribe en este propósito y ha sido precedida en 2007 por las misiones realizadas por tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos y por el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2008, México recibirá al Relator sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y al Subcomité contra la Tortura.
Durante el último año se han registrado importantes logros en materia legislativa en relación con los derechos de las mujeres, la trata de personas y el derecho a la información.
Estos son tan sólo algunos ejemplos de la decisión del Gobierno mexicano de elevar el goce de los derechos humanos de toda la población.
Otras iniciativas de gran trascendencia están siendo consideradas en el Congreso, entre las que destaca una propuesta de reforma constitucional para conceder rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos de los que México sea Estado parte.
En este contexto, deseo destacar que el establecimiento de la Oficina de Representación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, en 2002, respondió a la solicitud que formuló el Gobierno de México y es, hasta el día de hoy, el único país en situación de paz y estabilidad interna que ha tomado una iniciativa de esta índole.
Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento al trabajo de esta Oficina, que ha contribuido a apoyar los esfuerzos que México realiza.
Nuevamente señora Alta Comisionada, sea usted muy bienvenida a México.
Muchas gracias.
-MODERADOR: Toca el turno en el uso de la palabra a la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
-SRA. LOUISE ARBOUR: (TRADUCCIÓN DE CORTESÍA)
Es un gran placer para mí visitar una vez más México y me siento honrada por la invitación formulada por su Gobierno.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer el compromiso de México en la promoción de los principios de derechos humanos a nivel internacional.
En este sentido quisiera también destacar el papel de liderazgo que ha asumido México como miembro del Consejo de Derechos Humanos, particularmente mientras ejerció su Presidencia, durante un delicado pero exitoso periodo de negociaciones sobre los nuevos mecanismos de trabajo y las modalidades de funcionamiento del Consejo.
Estoy particularmente complacida por el interés y la voluntad del Gobierno por continuar su cooperación con mi Oficina, formalizada a través de la firma de este acuerdo sobre la continuidad de la presencia y actividades de mi Oficina de País en México, que fuera establecida en 2002.
Este acuerdo provee claras definiciones y prioridades para la continuación de nuestra asistencia a los esfuerzos nacionales por promover y proteger los derechos humanos.
La cooperación entre mi Oficina y México ha producido ya resultados concretos y alentadores. Entre los más significativos, deseo mencionar el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de 2003, el cual sirvió como base para la preparación del Programa Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2004-2006. Estos ejercicios son ampliamente considerados como dos pasos claves hacia el establecimiento de una política de Estado basada en los derechos humanos.
Deseo igualmente resaltar la estrecha relación de trabajo que mi Oficina ha establecido con el Congreso de la Unión, en aras de promover la integración de los estándares de derechos humanos en la legislación nacional, así como con la Suprema Corte de Justicia, que ha igualmente solicitado asistencia técnica en materia de derechos humanos.
En el marco del Acuerdo que estamos firmando hoy, mi Oficina trabajará en estrecha cooperación con todos aquellos en el Gobierno y en la sociedad civil, en el ámbito Federal como estatal, que están comprometidos en el impulso de los derechos humanos para todas las personas en este país.
Las iniciativas en curso para fortalecer la protección de los derechos humanos en la Constitución, y reformar sustancialmente el sector de la justicia penal, soy muy importantes. A través de ellas y del desarrollo de un nuevo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos espero ver la totalidad de los principios internacionales de derechos humanos que México ha ratificado plenamente reflejados en su Constitución, su legislación federal y estatal y en la práctica cotidiana de todos los funcionarios y funcionarias del Estado.
Estas reformas deben igualmente recoger las legítimas aspiraciones del público en el sentido de que las instituciones democráticas proveerán justicia en una sociedad realmente basada en el Estado de Derecho.
Estoy muy alentada por la determinación expresada por el Presidente en promover los estándares más altos de derechos humanos en México. Estoy deseando avanzar con nuestra cooperación en curso, y reitero mi compromiso, y el de mis colegas, tanto en México como en Ginebra, para asistir al Gobierno y a la sociedad civil en superar los retos y aprovechar las oportunidades para una vida con seguridad y libertad para todas las personas en México.
Muchas gracias.
-MODERADOR: En estos momentos se realizará la Firma del Convenio de Cooperación entre México y la Alta Comisionada.
Firman, la ciudadana Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores, asimismo, la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El submarino ¡no es tortura!; CIA

Un portavoz del gobierno de EE UU declaró este miércoles 6 de febrero que la técnica de interrogación conocida como el submarino -ahogamiento simulado- no es tconsiderado tortura, sino que es una técnica legal. Incluso se ha dicho que el presidente George W. Bush podría autorizar la técnica contra sospechosos de terrorismo en el futuro si fuera necesario.

El martes pasado, el gobierno norteamericano reconoció públicamente por primera vez que usaba esa técnica.

El fiscal general Michael Mukasey, quien comparecerá ante la Comisión Jurídica del Senado, dijo al presidente del comité Patrick Leahy en una carta el martes que había revisado las técnicas actuales de la agencia de inteligencia para interrogar a sospechosos de terrorismo y las halló legales. En tanro, el director de la CIA Michael Hayden, interpelado por el Congreso, reveló que tres presuntos terroristas fueron sometidos a ese método: Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubayda y Abd al-Rahim al-Nashiri, en los años 2002 y 2003.
Leahy, demócrata de Vermont, y otros legisladores presionaron en reiteradas oportunidades a Mukasey en sus audiencias de confirmación el año pasado y más tarde para que diga si consideraba al ‘submarino’ como una forma ilegal de tortura, como piensan muchos grupos de derechos humanos y otros críticos.
Human Rights Watch, ha calificado la técnica del submarino como una forma de tortura, señaló que el testimonio de Hayden "es un reconocimiento explícito de actividad criminal".

¿Qué diablos es el Submarino?

Consiste en atar a un sospechoso a una silla o a una mesa, cubrirle el rostro con un trapo y arrojarle agua. A medida que el trapo se empapa, se va ajustando al rostro del detenido y le causa una sensación de ahogo. El Submarino fue uno de los métodos más populares utilizados por la Inquisición en España para interrogar presuntos herejes, y era conocido como la "pena del ansia", por la angustia que causa al que la sufre.

Ese tipo de apremio físico ha sido condenado por numerosos países y está prohibido por la Convención de Ginebra, que protege los derechos de los detenidos.Hayden prohibió la técnica en el 2006 para los interrogadores de la CIA, el Pentágono ha prohibido a sus empleados usarla, y el director del FBI Robert Mueller dijo que sus investigadores no usan tácticas de coerción cuando interrogan a sospechosos de terrorismo.Demócratas en el Senado exigieron que se realice una investigación penal tras la revelación de Hayden.

Michael McConnell

El resurgimiento del EPR y la violencia ejercida por las organizaciones del narcotráfico son las dos principales amenazas que enfrenta el presidente Calderón, sostiene un reporte de inteligencia entregado al Senado de los EE UU.

El reporte, denominado Annual Threat Assessment of the Director of National Intelligence for the Senate Select Committee on Intelligence. 5 February 2008 entregado por Michael McConnel a un comite del senado norteamericano hace un elogioso balance de la lucha antidrogas emprendida por el presidente Calderón: “El presidente(...) arrancó su administración con una agresiva ofensiva contra las drogas en la que ha desplegado entre 20 mil y 30 mil policías federales y elementos del Ejército en diez estados del país.

Además. “la migración ilegal, el trasiego de drogas, la violencia asociada a esta actividad criminal y el tráfico de seres humanos, también continúa amenazando la seguridad interna de México y de la frontera sur de Estados Unidos”, detalla el informe.
En su reporte McConnell asegura que Calderón ha extraditado a narcotraficantes de alto nivel hacía EE UU.
Destaca también que “en México el panorama en general es positivo. El presidente Calderón ha tenido un fuerte inicio que se caracteriza por una agresiva ofensiva antidrogas, el fortalecimiento de una relación de trabajo con la oposición, asegurando el sistema de pensiones del gobierno y empujando en el Congreso un paquete de reformas fiscales de alta prioridad”.
“El gobierno también enfrentó una rejuvenecida amenaza de un pequeño grupo de insurgentes locales. Los ataques a los ductos de petróleo y de gas marcaron el regreso a la violencia por parte del radical e izquierdista EPR. En respuesta, el Presidente Calderón fortaleció la seguridad en los ductos”.
En este reporte, los servicios de inteligencia estadounidenses también prevén que Cuba permanecerá estable tras la muerte de su líder Fidel Castro, aunque advirtieron que los posibles errores de gobierno de su hermano Raúl puedan desencadenar en “una emigración masiva” de la isla caribeña.

Este es el informe en ingles:

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/national/20080205_testimony.pdf

La hora de la Nación: Calderón

En la ceremonia del XCI aniverrsario de la Constitución Política de 1917, el presidente Calderón convocó a los Poderes de la Unión, a los tres órdenes de Gobierno, y a la sociedad a un pacto nacional por la legalidad y la seguridad.
Acompañado de gobernadores de todos los partidos políticos, el presidente expresó las palabras de Venustiano Carranza, al afirmar que sólo “acabando con todas nuestras rencillas” y aplicar la obligación de la Ley Suprema se llevará a “vivir la vida tranquila de los pueblos libres, por el respeto a la libertad y al derecho de cada uno”.
El mandatario estuvo acompañado, del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del presidente interino del Instituto Federal Electoral, Andrés Albo Márquez.
Ceremonia del XCI Aniversario de la Constitución Política de 1917
Querétaro, Querétaro, 5/02/2008; discurso:
Ciudadano Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Diputado Arnoldo Ochoa González, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
Señoras y señores, y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Maestro Andrés Albo Márquez, Presidente del Instituto Federal Electoral.
Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Honorables integrantes del presídium.
Señoras y señores legisladores.
Señores gobernadores.
Señoras y señores integrantes del Poder Judicial, de los Poderes Judiciales en las entidades federativas.
Señoras y señores presidentes municipales.
Invitados especiales.
Señoras y señores:
Hoy conmemoramos el XCI Aniversario de la Promulgación de la Constitución General de la República. En este mismo recinto, legisladores de ideologías diferentes y provenientes de las distintas regiones del país sesionaron para otorgar al pueblo la Ley Suprema que garantizara sus derechos, que forjara los cimientos institucionales de México y que permitiese dar paso a la convivencia ordenada y armónica entre los mexicanos por la vía de la legalidad.
Aquí se reunieron los constituyentes para establecer un Estado de Derecho que rigiera a nuestro pueblo y cuyo pilar sería nuestra Carta Magna.
Hoy rendimos homenaje a José Natividad Macías, a Francisco J. Mújica, a Heriberto Jara, a Cándido Aguilar, Félix Palavicini, a Alfonso Cravioto, Paulino Machorro, Froylán Manjarrez, Gabriel Rojano, Román Rosas, Arturo Méndez, Jesús Romero Flores y a todos los legisladores de aquél Congreso Constituyente que actuaron con un alto sentido de patriotismo y responsabilidad con la historia.
Aquí, en el Teatro de la República, estos patriotas actuaron con altitud de mira, teniendo plena conciencia de que el bienestar del país estaba por encima de cualquier diferencia ideológica o política, legislaron para el futuro y, al mismo tiempo, retomaron lo mejor de nuestro pasado.
Establecieron en la Ley Suprema las garantías individuales, los principios de igualdad y libertad, el federalismo y la división de Poderes; incorporaron, entre otras cosas, la soberanía de la Nación sobre sus recursos naturales, así como las reivindicaciones sociales enarboladas por los líderes de la Revolución Mexicana.
En este día reconocemos estos principios como nuestro gran legado histórico. El orden constitucional que nos heredaron nuestros antepasados es el patrimonio más importante que tenemos los mexicanos.
La Constitución del 17 es la síntesis de la historia del pueblo mexicano en busca de su organización; es la síntesis del pueblo de México en la búsqueda de un Estado que rigiese nuestra convivencia y nos lleve a un futuro de prosperidad y bienestar.
Honrar a la Constitución es reconocer el pasado que nos formó como Nación y los ideales sobre los que se ha cimentado el país. Es reconocer el proyecto nacional que nos legaron los fundadores y forjadores de la Patria.
En nuestra Carta Magna encontramos los ideales de independencia, soberanía e igualdad, enarbolados por los Insurgentes; así la Constitución del 17 es digna heredera de la de Apatzingán del 14, cuya consigna era lograr que los mexicanos conquistaran para sí la libertad y así dejar de ser súbditos para convertirse en ciudadanos de un país de leyes.
Es también digna legataria de la de 1824, que estableció los lineamientos para un sistema de Gobierno democrático y republicano, regido por los principios de división de poderes, una federación con estados libres y soberanos.
La Constitución del 17 refrendó lo que ahora orgullosamente somos: una República, una República representativa, democrática y federal.
La Ley Suprema también retomó el espíritu liberal de la Constitución del 57 al consagrar las libertades de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa y de enseñanza, así como las garantías de igualdad y legalidad.
La historia nacional está marcada por la lucha de nuestro pueblo por consolidar un pacto social, por la gesta de nuestra Nación para llegar a acuerdos fundamentales y defender el orden constitucional con la fuerza del Estado mismo.
Así, en este día recordamos también con gratitud la lucha de don Benito Juárez por preservar el Estado de Derecho frente a cualquier amenaza.
Como afirmó y creyó siempre el Benemérito de las Américas: la prosperidad de la Nación, decía, sólo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes.
Reconocemos también en esta fecha la gesta de don Francisco I. Madero, quien se levantó contra la violación continua de la Constitución por parte de la dictadura.
Su sacrificio nos recuerda que los gobernantes somos los primeros obligados en cumplir la ley y que los ciudadanos deben siempre exigir sus derechos.
Sólo preservando el Estado de Derecho avanzaremos en nuestro proyecto de Nación, sólo por la vía de la legalidad nos acercaremos a los sueños e ideales de nuestros próceres.
Por eso, y como ha dicho aquí el señor Gobernador de Querétaro, la suprema razón del Estado, es la ley.
El poder del Estado y del Gobierno que lo representa es el poder la de ley, el poder de la Constitución; la razón del Estado es la Constitución y los valores y principios que sustenta.
Y por eso también son tres las obligaciones fundamentales que protestamos cumplir todos los servidores públicos de la República: la primera es cumplir la ley, la segunda es hacer cumplir la ley, la tercera es mirar en todo por el bien y la prosperidad de los gobernados.
Por ello siguen vigentes las palabras de Carranza, quien al protestar la Constitución de 1917 en este mismo recinto, dijo:
Ahora sólo queda la obligación de ir a la práctica de la Ley Suprema, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá la paz y la prosperidad, y que, acabando con todas nuestras rencillas, nos llevará a vivir la vida tranquila de los pueblos libres, por el respeto a la libertad y al derecho de cada uno.
Señoras y señores representantes de los Poderes de la Unión y de las entidades federativas:
Quienes lucharon por darnos un país de leyes, sabían que la única manera de garantizar que nuestra Nación floreciera como República democrática, organizada como Federación y sustentada en un régimen democrático de libertad, era forjando un auténtico Estado de Derecho.
Esto era indispensable para que la ley fuera la mayor garantía del cumplimiento de la voluntad popular.
Por ello, en esta fecha solemne, subrayo que la mejor forma de honrar la Constitución es cumplir sus mandatos, como piedra angular de nuestro Estado de Derecho.
México es, en efecto, un Estado de Derecho porque nuestra Constitución consagra un principio fundamental que consiste en la sumisión del poder a la supremacía de la ley.
Somos Estado de Derecho porque nuestra Nación se sustenta en la separación de los poderes, en el reconocimiento y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, así como en el principio de legalidad que debe observar todo acto de autoridad.
Nadie puede estar por encima de la ley, así lo ordena la Constitución, el poder del Estado está subordinado al orden jurídico vigente, en un ambiente de respeto absoluto a los derechos de las personas y al orden público.
En un verdadero Estado de Derecho las autoridades se rigen y rigen sometiéndose a las leyes. Sin embargo, no basta que exista una autoridad pública sometida a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, un verdadero Estado de Derecho exige también la sujeción de los ciudadanos al cumplimiento de las normas.
Los ciudadanos deben ver, en el cumplimiento de la ley, la mayor garantía de los derechos, la sociedad debe sujetar su actuar cotidiano al orden legal. Ésta es la base de una auténtica cultura de legalidad.
En un Estado de Derecho la ley es el máximo referente en todo acto de la autoridad y los ciudadanos; sólo ello puede garantizar que la convivencia social y la vida pública se desarrollen en un marco de orden, respeto y prosperidad, lo que es indispensable para que la sociedad viva tranquila y segura.
Nuestra Constitución es y debe ser el primer instrumento de Gobierno, el mecanismo rector de nuestro sistema político y la mayor salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Nuestra Constitución garantiza la unidad de la Patria, fortalece a nuestra democracia como forma de vida, asegura la integridad del territorio, el pacto federal y la fuerza de la identidad nacional.
Por ello reitero que honrar a la Constitución es cumplirla, trabajar en la consecución de los ideales que le dieron origen; honrar a la Constitución es emular el ejemplo de nuestros héroes, quienes ofrendaron hasta la vida en aras de un país de leyes, un México de instituciones.
En su promulgación fue brillante teoría y sólido asidero de la vida colectiva, hoy debe ser práctica sana y generalizada que contribuya siempre a la convivencia pacífica y armoniosa de los mexicanos en la búsqueda del bien común.
Señoras y señores:
El llamado que nos hace la historia es unir fuerzas y trabajar con un elevado sentido del deber, para que los ideales plasmados en nuestra Ley Fundamental cobren vigencia y contribuyan al bienestar de los mexicanos.
El reto de hoy es impulsar el progreso y la prosperidad de la República mediante el cumplimiento irrestricto del orden constitucional, nuestra generación tiene la alta encomienda de luchar por el fortalecimiento del Estado de Derecho para que en México se cumplan los postulados de libertad, igualdad y seguridad jurídica que consagran nuestra Carta Magna.
Debemos hacerlo para que nuestros hijos puedan crecer, estudiar, desarrollarse, ser felices en un país de libertad, en un país seguro y libre de violencia.
Debemos hacerlo para que en nuestra Nación impere el orden, el respeto a los derechos de cada quien y el acceso efectivo a la justicia, para que todo abuso de poder y todo atentado contra la legalidad sean sancionados.
La delincuencia que atenta contra los derechos y contra la seguridad de las familias mexicanas, la corrupción o la impunidad que debilitan el orden público, son males que debemos combatir mediante el cumplimiento de la ley; sociedad y autoridades estamos obligados a conducirnos con apego al marco legal.
En este día de la Constitución, como Presidente de la República hago un llamado a cumplir sus mandatos, este llamado es una convocatoria a formar un frente común por la seguridad de nuestras familias, por las libertades de los ciudadanos, por la prosperidad de México.
Nuestra lucha por un México seguro es una lucha por la legalidad, en la que ninguna autoridad federal, estatal o municipal, ningún miembro de la sociedad puede ni debe quedar excluido.
Todos, todos debemos unir fuerzas para que la ley sea el máximo referente del actuar de las autoridades y de los ciudadanos.
Por eso convoco a los Poderes de la Unión, a los tres órdenes de Gobierno, a la sociedad entera, a un acuerdo por la legalidad y la seguridad.
Desde este recinto, que hace 91 años albergó a la generación de patriotas que dieron a México su Ley Fundamental, hago un llamado a un pacto nacional por la legalidad y la seguridad, un llamado que implica ratificar nuestro compromiso y nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Ley Fundamental.
Nuestro compromiso de someter coincidencias o divergencias al cauce institucional establecido por la Carta Magna.
La Constitución y el Estado de Derecho no deben ser mito esculpido en piedra, sino el ideal que conduzca a la Nación hacia un destino de justicia y prosperidad.
Todos los mexicanos estamos llamados a asumir nuestro papel en la historia nacional y a sumar fuerzas en torno a nuestra delicada tarea de combatir la inseguridad y heredar un país de leyes a las generaciones futuras.
Debemos, en suma, seguir la lucha para hacer prevalecer el orden y combatir a quienes pretenden imponer sus intereses al margen de la ley.
Como lo señalaba el gran liberal José María Luis Mora: la salvación de la República no debe depender de accidentes personales, sino de la imperturbable supremacía de las leyes.
Esta hora de la Nación nos ofrece la posibilidad de llevar a nuestro pueblo hacia un mejor futuro por la vía de la legalidad, seamos la generación de los acuerdos y de la corresponsabilidad.
Seamos la generación que supo construir para el futuro, seamos la generación que supo conducir a México a la prosperidad por los cauces que nos marca la Constitución.