Reacciones al informe de la CNDH

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, rechazó las afirmaciones vertidas por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y asegura que la dependencia que dirige Eduardo Medina Mora no rechaza “sistemáticamente” las recomendaciones del organismo y que tampoco la averiguacioón previa relacionada con el caso Pasta de Conchos haya sido enviada “indebidamente” a la reserva.

Comunicado de la CNDH CGCP/015/09
México, D. F., a 28 de enero de 2009
Entre las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República ha sido la excepción de la regla al rechazar e incumplir sistemáticamente con las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La actitud de no investigar ni fincar presuntas responsabilidades en casos que le expone la CNDH abona la impunidad y la falta de respeto a las garantías fundamentales, lamentó hoy el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
En vez de confrontarse con el órgano constitucional autónomo y tomarlo como si fuera el enemigo a vencer, hubiera sido deseable que la PGR buscara el fin superior de hacer justicia, en vez de eludirla, como sucedió en los casos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Atenco, Pasta de Conchos –del que no se solicitó “reabrir la mina”, sino reabrir la averiguación previa-- y en el del homicidio del periodista Bradley Roland Will.
Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde acudió a presentar el Informe de Actividades 2008 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el diputado César Duarte, Soberanes Fernández recordó que la PGR ha rechazado, entre otras, las Recomendaciones relativas a los casos arriba mencionados.
Tras señalar que en el caso del periodista Brad Will el Poder Judicial de la Federación dio la razón a la Comisión Nacional al poner en libertad a una persona a la que se imputaba la muerte del camarógrafo, Soberanes Fernández respondió que no le corresponde opinar acerca de si el Procurador General de la República debe renunciar.
Cuestionado también sobre las expresiones del gobierno estadounidense acerca de la violencia interna y los presuntos riesgos que ésta representa para el vecino país del norte, consideró que Estados Unidos ejerce medidas de presión sobre México lo que no es nada nuevo y en nuestro país estamos conscientes de la situación que aquí se vive y también de lo que significan las actitudes del gobierno vecino.
Durante el Informe Anual de Actividades 2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Soberanes Fernández reiteró la urgencia de poner un alto a la criminalidad desbordada que amenaza la paz social. Alertó que varias regiones del país sufren severas crisis de gobernabilidad, como resultado de los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se ha apoderado de ellas.
Señaló que si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal se advertiría que con ellas es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y a la delincuencia organizada. Subrayó que cualquier otro camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes –incluso el aumento de penalidades, que puede ser hasta de 70 años o el de buscar que se implante la pena de muerte— opera como una distracción, no para aprender a enfrentar a la delincuencia, sino para evadir la realidad.
La impotencia social generada por la inseguridad es tal, dijo, que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a derechos humanos, que proponen abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial, aprehensión de personas bajo el supuesto de que “parecen sospechosos”, que permiten el arraigo domiciliario e incluso medidas “irracionales e inútiles” como la pena de muerte.
Tras apuntar que la CNDH presentó su II Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, puntualizó que el Organismo nacional será aliado de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios en favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública, sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad.
Recordó que dicho Informe contiene cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia del a estrategia nacional de seguridad pública; en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito, y en recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Ante diputados y senadores reunidos en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, Soberanes Fernández presentó el informe anual de la CNDH, de conformidad con lo que establece el artículo 102 constitucional. Enfatizó que las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las fuerzas armadas en tareas policiales que no son de su competencia, con lo que se ponen en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales y el reconocimiento que con muchos años de trabajo y esfuerzo labró el Ejército Nacional.
“Esa presencia y acción directa de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad pública –recordó— debe ser temporal. No hagamos de lo excepcional algo normal, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual –estoy seguro— nadie desea”.
Soberanes Fernández mencionó que durante 2008 la CNDH proporcionó más de 40 mil servicios al público en el Distrito Federal y atendió más de cinco mil personas en sus oficinas foráneas, y como consecuencia de lo anterior se registraron seis mil cuatro quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en que las autoridades más señaladas fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 1,230; IMSS, 1,007; PGR, 769; PFP, 284; INM, 258; ISSSTE, 256; SEP, 237; Prevención y Readaptación Social, 216; SSP, 191 e Infonavit, 189.
Dijo que durante el año pasado la CNDH emitió 676 Recomendaciones cuyos principales destinatarios fueron Sedena, 14; INM, 7 y SSP federal, 5, en tanto que algunas autoridades las rechazaron, como la PGR y los gobernadores de Baja California, Sinaloa y Guerrero, lo que en nada contribuye a combatir la impunidad y sí abre la puerta para que otras autoridades cometan abusos sin señalamiento y castigo alguno.
Luego de señalar que la CNDH acepta muchas de las observaciones tendentes a mejorar su trabajo y está abierta al diálogo y a la cooperación, expuso que la institución cuenta con un alto nivel de confianza social ganada en 19 años de trabajo institucional, y es reconocida por la ciudadanía como una de las primeras cinco instituciones más confiables del país.
Agradeció el compromiso de los legisladores y ombudsman locales en favor de la CNDH, y puntualizó que no obstante algunas descalificaciones personales hacia el Ombudsman nacional, siempre hubo firmeza en las decisiones y compromiso activo de estricto apego a la ley y de nunca rehuir la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad, como fueron los casos de desaparición forzada de personas en la década de los 70 y los feminicidios en Juárez, donde las autoridades no cumplieron con los señalamientos, por falta de voluntad y de capacidad para afrontar la problemática y los resultados de la investigación. “Por los dos casos señalados, dijo, persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares”.
“Nuestro más alto deber es apostar por el Estado de Derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento. Actuar cada año guiado por esa convicción –manifestó Soberanes Fernández— ha sido mi obligación y, al mismo tiempo, el mayor privilegio que he tenido como servidor público”.

Informe del Ombudsman Soberanes

Este miércoles 28 de enero se presentó en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el informe de la CNDH del periodo 2008;

Recibieron al Ombudsman nacional una Comisión de legisladores, a saber: Luis Alberto Villarreal García, al señor diputado Rubén Escajeda Jiménez, al señor diputado Tonatiuh Bravo Padilla, al señor diputado Manuel Portilla Diéguez y al señor diputado Cuauhtémoc Velasco.

El doctor José Luis Soberanes Fernández:

Señor diputado César Duarte, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Diputada Omeheira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados.
Señoras legisladoras federales, señores legisladores federales, señoras consejeras del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señoras y señores, el conocimiento, promoción e impulso de los derechos humanos en nuestro país hoy en día son parte esencial de la deliberación democrática, desde muy diversos enfoques doctrinarios. Lo mismo en la academia que en los partidos políticos, los poderes públicos y los medios de comunicación.
Este hecho representa un avance indudable que contrasta, sin embargo, con la situación de escaso respeto que, con notables claroscuros en todo el país, sigue dándose alrededor del cumplimiento de los derechos fundamentales.
Durante 2008 se presentaron hechos que evidenciaron esa realidad contradictoria de avances y retrocesos, y se generó un amplio debate en la opinión pública, dejando algunas importantes enseñanzas para el fortalecimiento de las garantías fundamentales.
Varios de estos casos fueron asuntos que abordó la CNDH y de manera sucinta mencionaré algunos.
El caso de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, quien con gran valentía denunció la discriminación que sufren muchas mujeres indígenas en Oaxaca al intentar ejercer sus derechos políticos. No debe dejar de ser tema de reflexión pues caracteriza conductas y actitudes discriminatorias persistentes dentro de la sociedad mexicana que prolonga la desigualdad con motivos de género.
Otro caso relevante en 2008 fueron los casos de tortura con los que se pretendía capacitar a los policías municipales de León, Guanajuato y que mostró la facilidad con la que muchos servidores públicos pueden seguir anclados a una práctica absurda y cruel y confundirla con un método de aprendizaje que, en los hechos, no los hace estar más capacitados ni mejor organizados para enfrentar a la delincuencia, pero que puede convertirlos en verdaderos maestros del desprecio a los derechos fundamentales de las personas.
Un tema que también generó un gran debate fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización del aborto. Una vez más expreso mi reconocimiento y respeto a quienes fueron partícipes de esa discusión y argumentación con sus mejores razonamientos.
Ojalá que ese hecho constate que los mexicanos estamos dispuestos a debatir con tolerancia y civilidad aspectos torales para la convivencia y la armonía sociales, sin caer en la descalificación personal o en el denuesto que encona y agravia, pero nada esclarece.
La principal preocupación de los mexicanos sigue siendo sin lugar a dudas la seguridad pública. La delincuencia organizada parece empecinada en demostrar que tiene capacidad para enfrentar con toda su fuerza al Estado con actos de extrema violencia y atemorizar a la población decapitando personas o cometiendo actos que ponen en riesgo la vida y la libertad de los mexicanos.
Ante este desafío, el reclamo de los actores sociales no se ha hecho esperar. A lo largo y ancho del país seguimos escuchando como una sola voz a la sociedad que exige la posibilidad de vivir en paz. Miles de personas se han manifestado por distintos medios para reclamar medidas gubernamentales que detengan la ola delictiva de secuestros, feminicidios y muertes, consecuencia de la acción de bandas criminales que sienten que pueden quedar impunes.
Legisladores, autoridades y sociedad civil se comprometieron a impulsar acciones para modificar las estructuras de la procuración y administración de justicia, con la finalidad de superar el flagelo de la impunidad y poner coto a la corrupción y a la marcada ineficacia de las policías.
Es tan grande la impotencia social generada por la inseguridad que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a los derechos humanos, como proponer abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial, aprehensiones de personas bajo el supuesto de que parecen sospechosos, el arraigo domiciliario, incluso otras medidas tan irracionales e inútiles como la pena de muerte.
Si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal advertiríamos que es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y la actividad de la delincuencia organizada.
Cualquier camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes o incluso el simple aumento de las penalidades, que pueden ser hasta de 70 años, podemos caer como sociedad en una simple forma de distracción no para aprender a enfrentar mejor la realidad de una delincuencia actualmente desbordada, sino para evadirla.
A pesar de las críticas, algunas figuras delictivas fueron modificadas por nuestros legisladores. Otras no han prosperado gracias al esfuerzo de grupos sociales e instituciones que por años han trabajado por hacer valer los derechos fundamentales.
En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sigue siendo aliada de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios a favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública pero sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad.
Así como defendemos el derecho al uso legítimo de la fuerza cuando se apega a los principios y a las reglas que la permitan, nos opondremos a aplaudir el abuso como método de trabajo de cualquier agente de la autoridad o asumir que una situación excepcional puede ser considerada como parte de la normalidad social o de la vida cotidiana.
Discutamos de manera civilizada y abierta cualquier tema de interés público, incluso las propuestas sobre la pena de muerte. Pero hagámoslo con gran honestidad y sobre bases de la mayor objetividad posible.
Todos los días de 2008 fuimos testigos y a la vez actores de la búsqueda ciudadana para corregir acciones de autoridad que transgredan las garantías individuales. Así, durante 2008 la comisión nacional prestó más de 40 mil servicios al público del Distrito Federal y atendió a más de 5 mil personas en nuestras oficinas foráneas en diversos puntos de la república. Como consecuencia de lo anterior registramos 6004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades que generaron el mayor número fueron: La Secretaría de la Defensa Nacional, con 1230; el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 1007; le siguieron la Procuraduría General de la República, con 769; la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, con 284 y el Instituto Nacional de Migración, con 258.
Recibimos 256 quejas por deficiencias en la atención a derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 237 de la Secretaría de Educación Pública.
Por su parte se presentaron 216 quejas contra el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, 191 y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 189.
En el mismo periodo emitimos 67 recomendaciones. Los principales destinatarios de éstas fueron: La Secretaría de la Defensa Nacional, con 14; el Instituto Nacional de Migración, 7 y la Secretaría de Seguridad Pública, 5.
Algunas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de la CNDH, entre ellas el Procurador General de la República y los gobernadores de los estados de Baja California, Sinaloa y Guerrero. Al lamentar estas decisiones consideramos que en nada contribuyen a combatir la impunidad, por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y testigo alguno.
Permítanme, al margen que anoche recibimos una comunicación del Procurador General de la República, rechazando la recomendación de Pasta de Conchos, donde como ustedes saben murieron 65 mineros. Con este rechazo del Procurador General de la República veremos que estos homicidios volverán a quedar impunes.
En el 2008 continuamos impulsando el acercamiento entre el quejoso y la autoridad responsable, en un esfuerzo por pactar acuerdos de conciliación entre las partes y promover una cultura de diálogo y compromiso. De esta manera se concretaron 272 casos en los cuales las autoridades en cuestión aceptaron llegar a soluciones conciliatorias, siempre a favor del quejoso y restituirlos en sus derechos que habían sido conculcados.
Firmamos 558 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada, en su mayor parte para realizar actividades de capacitación.
Aunque nuestra función principal es conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, los ombudsman también buscamos consolidar una cultura de respeto a éstos, para fortalecer la senda de la democracia. Por ello durante el 2008 impulsamos las tareas de promoción, divulgación y estudio, mediante la difusión de más de 1 millón 700 mil impresos de diversos tipos.
Asimismo, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los distintos sectores y grupos de la población en materia de capacitación se realizaron mil 463 acciones, entre cursos, diplomados y talleres que beneficiaron a más de 84 mil personas.
Debido a los alarmantes problemas de inseguridad ?ya mencionados?, el ombudsman nacional presentó el segundo informe especial sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública.
En esta investigación se elaboraron cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia de la estrategia nacional de seguridad pública, en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito y recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Es muy importante subrayar la necesidad de salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales de los periodistas. Uno de los grupos más vulnerables por la delincuencia organizada y algunas autoridades, mediante ataques, hostigamiento y homicidios.
Sigue siendo apremiante que se haga efectivo el compromiso de respetar su trabajo, porque ellos contribuyen a reforzar el pluralismo y son piedra angular en el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante el periodo de actividades que hoy informamos, radicamos de oficio seis casos relacionados con actos presuntamente violatorios de los derechos humanos en perjuicio de periodistas, en ocho casos más se ejerció la facultad de atracción.
En 2008 presentamos una acción de inconstitucionalidad para reclamar la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores infractores del estado de Guerrero. Esta acción fue motivada por el notorio incumplimiento a la reforma a la Constitución Federal de la República que estableció un sistema integral de justicia para adolescentes, reforma que no fue acatada en tiempo y forma por las autoridades guerrerenses.
Conscientes de que en México cada año miles de personas son víctimas de esta nueva forma de esclavitud, que es la trata de personas, instalamos comités regionales en las ciudades de Tijuana, Nogales, Aguascalientes y Campeche, con el objeto de atender el problema con un enfoque institucional, jurídico y social.
Señoras y señores, no obstante los avances en materia de derechos humanos, aún contamos con innumerables rezagos y tareas pendientes. Sólo en un marco de colaboración y tolerancia cambiaremos el horizonte de abusos y vejaciones que ensombrece a la república.
La labor del ombudsman nunca estará exenta de cuestionamientos, como la de cualquier institución en un régimen democrático. En la CNDH aceptamos muchas de las observaciones tendientes a mejorar nuestro trabajo, estamos siempre abiertos al diálogo y a la cooperación. Pero no aceptaremos críticas sin fundamento, cuya finalidad innegable sea vulnerar la confianza social ganada durante los casi 19 años del trabajo institucional.
Esta confianza ha quedado acreditada en las numerosas encuestas de confianza ciudadana que desde 2001 no sitúan entre los 5 primeros lugares a nivel nacional. Estamos convencidos de que nuestro esfuerzo mantendrá a los derechos humanos como parte de la agenda prioritaria para el desarrollo de México. Ésta es nuestra convicción y el mandato que nos otorga nuestra Carta Magna.
Señoras legisladoras y señores legisladores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo del Estado mexicano fuerte y profesional. El camino para lograrlo ha sido largo y nada fácil, pero hoy podemos decir que la sociedad mexicana nos reconoce como una institución confiable y dedicada enteramente a defender sus derechos.
Esto no sería posible sin el trabajo y el empeño de cada una de las personas que laboran en la CNDH, para ellas mi agradecimiento, porque en su labor cotidiana radica la clave de la solidez fe nuestra noble institución.
Cuando me fue asignada la alta encomienda constitucional de velar, proteger y difundir los derechos humanos en el país, estábamos en un periodo histórico distinto y sin precedentes. Por primera vez en todos los espacios de representación política se vivía la experiencia de la transición democrática que terminó por cerrar el ciclo de dominio de una sola fuerza partidista en el Poder Ejecutivo federal.
Eran tiempos de gran esperanza ciudadana de cambio en todos los órdenes. Este clima también se vio reflejado en el desarrollo del ombudsman nacional, iniciada su etapa como organismo público autónomo. La elección de su titular fue por vez primera y sería, en lo sucesivo, una designación de la Cámara de Senadores, previa auscultación entre las organizaciones sociales y por medio de una votación calificada.
Encabezar a la CNDH en su nueva faceta de autonomía y rendición de cuentas ante los Poderes de la Unión representó un gran desafío pues hubo de consolidar su funcionamiento y presencia en la sociedad.
Este proceso implicó, por un lado, transformar su diseño institucional y administrativo a fin de adecuarlo a las normas constitucionales y legales. Por otro, fortalecer a la institución para que las personas tuvieran la certeza de contar con un defensor frente a los abusos del poder.
Teníamos claro que la ola democrática no traería un cambio inmediato ni automático en la cultura política y habría resistencias de muchas autoridades a considerar a los defensores de derechos humanos, como adversarios políticos o un estorbo en sus decisiones.
Iniciamos nuestra labor con gran responsabilidad y entusiasmo. Aprovechamos la experiencia acumulada de la comisión nacional, los grupos de la sociedad civil y los organismos internacionales, y emprendimos un plan de trabajo para consolidar el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos en México.
Esta estrategia contempló la creación y la ampliación de diversos programas especiales de protección, defensa, promoción y observancia dotándolos de mayores recursos materiales y de personal, con la finalidad de atender la problemática de sectores de la sociedad de alta vulnerabilidad.
Es el caso de los programas de Atención a Víctimas del Delito, Migrantes, Igualdad entre Mujeres y Hombres, VIH/sida, Trata de Personas; y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el que encabezamos por invitación del Estado mexicano.
Digno también es de mencionarse la creación del Centro Nacional de Derechos Humanos, brazo académico de la comisión.
Establecimos oficinas regionales de atención en varios puntos de la República Mexicana, sobre todo en aquellos lugares donde existe una permanente exposición a la violación de las garantías individuales, migrantes mexicanos e inmigrantes extranjeros, sobre todo, latinoamericanos.
De igual forma innovamos en los recursos y en las herramientas para hacer respetar los derechos humanos con la emisión de informes especiales y recomendaciones generales.
También gracias al compromiso de los legisladores por fortalecer la autonomía de la CNDH y los ombudsman locales fue posible adicionar la Carta Magna para otorgar la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad a fin de impugnar cualquier ley o tratado internacional que vulnere los derechos humanos.
Ésta ha sido mi convicción durante el tiempo que he estado al frente del organismo. No obstante las descalificaciones de las que algunas veces fuimos objeto, siempre hubo firmeza en las decisiones y un compromiso activo de estricto apego a la ley y de nunca rehuir la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad.
Muestra de lo anterior fueron las distintas recomendaciones que muchas veces pusieron a la institución y a los derechos humanos en el centro del debate público, entre ellas, la primera recomendación emitida a un presidente de la república, por la desaparición forzada de personas, ocurrida en la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, y el grave asunto de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En ambos casos las autoridades no cumplieron ni remotamente con los señalamientos. A veces por la simple falta de voluntad, y otras, por la falta de capacidad para afrontar los problemas y los resultados de las investigaciones.
En los dos casos señalados persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares, y un lastre para la consolidación de la democracia en nuestro país.
Algunas organizaciones sociales cuestionaron nuestras resoluciones por esos hechos. Nos acusaron de falta de independencia e inacción, afirmaron que perderíamos legitimidad en nuestro trabajo frente a asuntos similares que se presentaran el futuro. Sin embargo, los hechos han confirmado lo contrario, así lo muestran los estudios de opinión en los cuales, como ya señalamos, la institución cuenta con un alto nivel, y estable, de confianza ciudadana.
Es urgente poner un alto a la criminalidad desbordada porque ésta amenaza la paz social. Hay regiones de la república que sufren severas crisis de gobernabilidad. Ahí están los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se vive en varios puntos del país.
Las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales que no son de su competencia, poniendo en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales, así como el reconocimiento que con tantos años de trabajo y esfuerzo labró nuestro ejército nacional.
Esta presencia y acción directa de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deben ser temporales. No hagamos de lo excepcional algo normal a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual estoy seguro que nadie desea.
Seguiremos insistiendo en las acciones necesarias para mitigar la pobreza, porque ésta niega los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a millones de mexicanos. Abatir la marginación es una demanda ancestral en nuestro país, ante la cual no podemos cejar.
Las demandas sociales que surgen con la globalización han replanteado paradigmas en torno a las minorías, los grupos vulnerables y los derechos colectivos, obligando a reformar nuestras leyes.
Hay que estar a la vanguardia y abiertos a los cambios, a fin de evitar que en este contexto se tome el camino de la intolerancia y la privación de las libertades fundamentales.
La defensa de los derechos humanos no es una moda, tampoco puede ni debe responder a ideologías o visiones partidistas. Ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de los derechos humanos; por el contrario, se trata de una conquista de todos los mexicanos y de una responsabilidad compartida entre autoridades, grupos de la sociedad civil e instituciones académicas.
Si aspiramos a hacer de nuestro país un referente internacional en materia de derechos humanos, si queremos que nuestra voz tenga autoridad y peso en el debate global, es necesario, primero, resolver la situación dentro de nuestras fronteras. Una y otra vez, desde el año 2000 y a lo largo de todo el 2008 hemos sostenido que no podemos exigir a los demás lo que no estamos dispuestos a cumplir con nosotros mismos.
Nuestro más alto deber es apostar por el estado de derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento. Actuar cada año guiados por esa convicción ha sido mi obligación y al mismo tiempo el mayor privilegio que he tenido como servidor público. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes Fernández cuando desee retirarse de este recinto.
Se turna el informe del doctor José Luis Soberanes Fernández a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

El caso Miguel Badillo en la Permanente

Este miércoles 28 de enero el Dip. Cuauhtémoc Vélasco de partido Convergencia presenetó en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente Propuesta de Punto de Acuerdo como de urgente u obvia resolución;

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión tutelada en el artículo 7o., constitucional.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que resuelva la queja presentada, relacionada con los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, respecto del acoso del que son objeto en el ejercicio de su profesión.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República para que integre debidamente la averiguación previa correspondiente por la denuncia existente por las amenazas que han recibido dichos periodistas.
Quisiera agregar una cuarta, derivada de un hecho que hoy se dio a conocer a la opinión pública, que está planteada en los siguientes términos y que someto a la consideración de este pleno.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su rechazo a los actos de intimidación mediante supuestas acciones legales que han sufrido varios medios de comunicación, como es el caso del amago de embargo al Diario Monitor y que igualmente constituyen un atentado contra la libertad de expresión.
Es cuanto, señor presidente. Entrego a usted el agregado del punto número cuatro y le ruego someter a votación para que se determine si es de aceptarse que sea de urgente u obvia resolución.

Se somete a votación:

La Secretaria diputada Marcela Cuen Garibi: "No hay dos terceras partes, señor presidente. Fueron 9 y 8."

Fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados

La propuesta original, léida en tribuna:

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los derechos humanos.

El diputado Cuautémoc Velasco Oliva: Compañeros y compañeros, una de las más representativas libertades de los sistemas democráticos es precisamente el derecho del individuo a exponer sus pensamientos y opiniones, por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción, sin autorizaciones previas o censura de la autoridad y sin más limitación que lo que la ley establece.
Esos límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como el respeto al orden público. Lo anterior viene al caso, porque recientemente hemos visto con profunda preocupación, que una de las manifestaciones de esta libertad, la de expresión, tutelada en el artículo 7o. de la Constitución, se ha visto vulnerada en la persona de dos periodistas: Miguel Badillo, director, y Ana Lilia Pérez, reportera, ambos de la revista Contralínea.
¿Cuál es el delito que han cometido para ser perseguidos y acosados? Ninguno. El verdadero motivo parece ser un mal entendido o sentimiento de revancha, y por qué no decirlo con todas sus letras "parece ser un acto de autoritarismo", con el uso faccioso de las instituciones del estado de derecho para castigar a quien en ejercicio de un derecho informó a sus lectores en febrero de 2008 que Juan Camilo Mouriño Terrazo, como funcionario público, organizaba negocios privados, beneficiando a compañías de su familia.
Hace unos días Miguel Badillo fue detenido unas horas, como consecuencia de las denuncias que ha realizado como parte de su trabajo. La periodista Ana Lilia Pérez por su parte investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel.
Hoy se encuentra oculta como medida de seguridad ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por daño moral, entre comillado, interpuesta por empresarios gaseros, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en su contra por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuvo conocimiento.
La revista publicó que Jesús Alfonso Zaragoza López, socio mayoritario del presidente del Consejo de Administración del poderoso consorcio Z Gas, integrado por 80 empresas, había comentado que en el sexenio de Fox, el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa lo recibió en sus oficinas para ayudarle en sus negocios y que a cambio él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República.
La periodista realizó una serie de relevaciones que incomodaron al empresario Jesús Alfonso Zaragoza López, pese a existir grabación de ellas, así la reportera señaló que dicho empresario le reveló como los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos mucho antes de que se hablara de una reforma energética.
Cómo el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerizola le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex le vende a él, y él a su vez distribuye a millones de consumidores.
Detalló como soborna a alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas, aún contra de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documento de los pobladores.
Lo anterior da lugar a que en agosto de 2007 el empresario presentara la primera demanda en contra de la revista Contralínea, del subdirector Miguel Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez.
Los mismos reporteros han denunciado públicamente una serie de irregularidades en el juicio, pese a que durante el juicio Zaragoza reconoció como suya la voz de las grabaciones que los periodistas exhibieron como prueba que éstas no fueron debidamente valoradas.
El empresario no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones. Los reporteros presentaron, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldaban las investigaciones periodísticas publicadas, incluidas los que el denunciante les proporcionó, algunos de ellos emitidos por Calderón Hinojosa.
Al denunciante se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armados, y a Ana Lilia Pérez no se le permitió declarar. El juez la declaró confesa.
Compañeras y compañeros ¿hasta cuándo vamos a permitir que la sola expresión de las ideas y el ejercicio de una profesión dé paso al acoso y a las amenazas?
Ana Lilia Pérez es contundente cuando afirma: "No maté, no robé, no violenté ley alguna, mi única arma es la palabra y con ella hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado".
Por tales motivos consideramos extremadamente grave que se presenten este tipo de hechos, pues lo que está de por medio es la defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a estar informado.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 28 de enero de 2009
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)

El caso Lucía Morett en El Congreso

El pasado 21 de enero el Dip. Carlos Altamirano Toledo - y varios legisladores más del PRD- presentaron un Punto de Auerdo (como de urgente resolución) para exhortar a la Procuraduría General de la República declare el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez.

La propuesta fue turnada a a Primera Comisión.

Este miércoles 28 de enero la Permanente aprobó en votación económica el siguiente dictamen:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al titular de la Procuraduría General de la República se sirva informar a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa iniciada en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez, PGR/SIEDO/UITA/028/2008.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se sirva informar a esta soberanía si existe algún procedimiento de extradición del gobierno de Ecuador en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se sirva remitir a esta soberanía la información que disponga de los mexicanos Verónica Natalia Vázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles mencionados en los sucesos de la República de Ecuador en el mes de marzo de 2008 y, en su caso, las gestiones que haya realizado esa secretaría sobre el particular.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 27 de enero de 2009.

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Proceso Legislativo de la Propuesta:
Consideraciones
1. El primero de marzo de 2008, a las 00:30 horas, aproximadamente, el ejército colombiano atacó con bombas de fragmentación y misiles de alto poder un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), situado en la provincia de Sucumbíos, a dos kilómetros de la frontera colombo-ecuatoriana, en las cercanías del río San Miguel y la localidad de Granada, en territorio Ecuatoriano.
Posteriormente, entre la 1:00 y las 3:00 horas de la madrugada, tropas colombianas aerotransportadas fueron desembarcadas en el lugar y remataron a personas heridas, retiraron cadáveres y aparatos de comunicación. Permanecieron unas doce horas y se retiraron a territorio colombiano.
2. Como resultado de ese ataque murieron alrededor de 24 personas, entre las cuales se encuentran 4 estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, y al menos tres resultaron heridas, entre ellas Lucía Andrea Morett Álvarez.
Los estudiantes mexicanos se encontraban en ese lugar con el propósito de realizar investigaciones sobre la problemática político-social en esa región.
3. El 25 de marzo del año en curso, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal AC, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad Mejor Gobierno AC, presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable de diversos ilícitos, a la cual se le asignó el número PGR/SIEDO/UEITA/028/2008, misma que ratificó, el pasado 11 de abril, y en la que involucra a Lucía, conjuntamente con los estudiantes fallecidos en el ataque del ejército colombiano a territorio ecuatoriano.
La Procuraduría General de la República inició de oficio otra averiguación previa en la que se investiga la probable comisión de delitos en contra de mexicanos en el extranjero, la cual hasta el momento no ha presentado ningún avance; y ni la Representación Social de la Federación ha realizado actuación alguna que busque salvaguardar los derechos de Lucía o los familiares de nuestros connacionales asesinados en Sucumbíos, como víctimas de diversos delitos.
4. A diez meses sobrevivido al avieso ataque en Ecuador, Lucía Morett regresó a México en diciembre pasado, después de que la Procuraduría General de la República no encontrara ningúna prueba de las imputaciones formuladas en su contra, pero sin que determinara el cierre de la indagatoria que pesa sobre ella; situación que constituye un terrible atentado en contra de los derechos humanos de Lucía, pues la ubica en una situación de zozobra e incertidumbre continua; es en el reconocimiento de la inocencia de Lucía en donde el Ministerio Público de la Federación también se ha visto omiso.
5. El 5 de enero pasado trascendió en diversos medios de comunicación que el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesantes, señaló que su oficina había iniciado ya los trámites para peticionar al gobierno mexicano la extradición de Lucía hacía su país; en el cual un juez local de la provincia de Sucumbíos había dictado, en contra de esta última, una orden de llamamiento a juicio por la probable comisión del delito de atentar en contra de la seguridad interior del Estado ecuatoriano. Ésta resolución judicial contraviene la firme actitud del presidente Rafael Correa, quien desde abril de 2008 señaló que Lucía no había cometido delito alguno.
6. Más allá de que Lucía no ha cometido ningún delito, la acusación que sobre ella pesa tiene un carácter esencialmente político y ese es la naturaleza del injusto penal que se le imputa. Este último hecho hace improcedente la petición de extradición en términos de lo que dispone el tratado que sobre la materia tiene celebrado nuestro país con la República de Ecuador.
7. Así, Lucía es víctima de una persecución política en la que el gobierno mexicano debe exigir y velar con toda firmeza por el respeto a los derechos humanos de Lucía Morett, considerando que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y que la resolución del juez local de Sucumbíos en la que requiere a la propia Lucía, no representa la postura oficial del gobierno ecuatoriano.
Por todo lo anterior, ponemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que declare el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/2008 por no existir prueba alguna en contra, y con la finalidad de salvaguardar sus garantía de libertad y seguridad jurídica.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a que respete los derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica de Lucía Andrea Morett Álvarez, negando la posible petición de extradición del gobierno ecuatoriano, considerando que la acusación que pesa sobre ella es de carácter esencialmente político.
Tercero. Se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores realizar una exhaustiva investigación y las acciones diplomáticas correspondientes, para esclarecer los homicidios de los ciudadanos mexicanos Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles que perecieron en Ecuador en marzo pasado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputados: Aleida Alavez Ruíz (rúbrica), José Antonio Almazán González, José Jacques Medina, Armando Barreiro Pérez, Carlos Altamirano Toledo.

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Comisión Permanente del H Congreso de la Unión

El Secretario senador Ramiro Hernández García: Dictamen con punto de acuerdo en relación con el caso de Lucía Andrea Morett Álvarez.
Punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al titular de la Procuraduría General de la República se sirva informar a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa iniciada en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez, PGR/SIEDO/UITA/028/2008.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se sirva informar a esta soberanía si existe algún procedimiento de extradición del gobierno de Ecuador en contra de la ciudadana Lucía Andrea Morett Álvarez.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se sirva remitir a esta soberanía la información que disponga de los mexicanos Verónica Natalia Vázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles mencionados en los sucesos de la República de Ecuador en el mes de marzo de 2008 y, en su caso, las gestiones que haya realizado esa secretaría sobre el particular.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 27 de enero de 2009.

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El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, senador secretario. Está a discusión el punto de acuerdo y ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Por lo tanto se le concede. Es del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. En realidad hasta ahí dio el acuerdo en la Primera Comisión de la Comisión Permanente, porque la proposición con punto de acuerdo hace algunos señalamientos un poco más exigentes hacia la autoridad federal, y sin embargo, quiero decir que en términos generales estamos de acuerdo.
En principio señalar, en este caso, que existe un principio universal de derechos que indica que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y me parece que en este tema las acusaciones sin fundamento que pesan hacia la ciudadana Lucía Morett van manchadas por ausencia de elementos, ausencia total de elementos. Hay que recordar que los denunciantes utilizan notas periodísticas para elaborar esta denuncia.
Hasta la fecha desconocemos mayores detalles de las imputaciones hechas a esta compatriota Lucía Morett. Por ello, y ante el vacío de información que existe, es que la comisión resuelve solicitar esta información a las instancias pertinentes del gobierno federal, como son la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, en la proposición cuyo dictamen hoy se somete a la consideración de este pleno, se menciona en el segundo párrafo del numeral tercero de los considerandos que la Procuraduría General de la República ha iniciado de oficio una averiguación previa en la que se investiga la probable comisión de delitos en contra de connacionales, en contra de mexicanos en el extranjero, misma que, aunque de suyo es un hecho positivo, no parece presentar hasta ahora ningún avance.
Por ello propongo a este pleno que se pudiera adicionar un cuarto resolutivo al dictamen ya que estamos solicitando información y que la PGR ha iniciado una denuncia para investigar sobre presuntos delitos cometidos en el extranjero en contra de ciudadanos mexicanos, que podamos solicitar también, agregando un resolutivo cuarto que diga lo siguiente:
"Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Procuraduría General de la República informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa en la que se investigue la probable comisión de delitos en contra de mexicanos en el extranjero, materia de este resolutivo".
Lo anterior, en razón de dar seguimiento y coadyuvar desde esta soberanía a cumplir con el deber del Estado mexicano por salvaguardar la vida y la integridad de los mexicanos que se encuentren fuera de nuestras fronteras.
Por tal motivo es relevante conocer por este Congreso de la Unión la información que corresponda con relación a los fallecimientos de la y los ciudadanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, quienes resultaron brutalmente asesinados por el Ejército colombiano en suelo ecuatoriano.
Finalmente, y respecto de quienes presentan la denuncia penal a la que se refiere la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/2008 en contra de la ciudadana Lucía Morett Álvarez, es relevante señalar que no sólo no aportaron información que haga llegar a la conclusión de una probable comisión de ningún delito. La mayor evidencia de ello ?como lo decía hace rato? son notas publicadas en la prensa nacional. Se lleva un año con esta denuncia y no se ha hecho nada por parte del Ministerio Público precisamente por la falta de elementos.
Adicionalmente a lo que parecen ser sólo infundios de quienes presentaron dicha indagatoria, resulta importante agregar que estas mismas personas han sido pública y plenamente vinculadas con grupos de extrema derecha, que incluso han atacado públicamente a altos funcionarios del gobierno de Calderón.
Hay que recordar que los mismos denunciantes fueron quienes impulsaron una campaña sucia, una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, en la elección de 2006, y que fueron quienes estuvieron detrás de esta campaña que lo vinculaba con dictadores.
Uno de los denunciantes es presidente de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, que, entre otras actividades, es responsable de financiar esta propaganda negra electoral en medios de comunicación. El otro denunciante es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC., que en su propia página electrónica hace acusaciones públicas sobre la ciudadana Lucía Morett, sin presentar ninguna prueba de su dicho, y más aún, sin utilizar, en todo caso, a las instituciones conducentes para fundamentar su querella.
Podríamos abundar más acerca de quienes hacen la denuncia objeto del primer resolutivo, pero no es materia de esta petición de información que vamos a establecer desde la Comisión Permanente. Sin embargo, el asunto profundo y relevante es garantizar los derechos constitucionales de Lucía Morett, y de cualquier otra u otro ciudadano mexicano al que no se le haya demostrado responsabilidad alguna de ningún delito, y evitar asimismo, a toda costa, la comisión de delitos contra mexicanos en el extranjero.
Dejo a consideración esta propuesta para que la PGR nos informe acerca de esta denuncia que ya ha sido presentada, y así saber qué avances hay en la investigación del brutal asesinato de los ciudadanos antes mencionados. Es cuanto diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Hemos escuchado con atención sus distintos argumentos de propuesta de modificación. Sólo le pediría, señor diputado, que concrete la propuesta de modificación para registrarla y así ponerla consideración de la asamblea.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: Está a consideración la propuesta que hace el diputado Villanueva para incorporar un cuarto apartado que consiste en lo siguiente:
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 45; y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa en la que se investiga la probable comisión de delitos en contra de mexicanos en el extranjero.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: Se pregunta si se acepta la modificación propuesta por el diputado Villanueva. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: No se acepta la modificación y se concreta en los términos del dictamen. En virtud de que no ha habido un orador más que se haya registrado se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

(...)

Permítame, secretario. Con excepción del punto de acuerdo relativo a la importación de vehículos; los demás puntos de acuerdo se votarán en su conjunto. Posteriormente pasaremos a la votación de este tema.
El Secretario senador Ramiro Hernández García: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Cuauhtémoc Cárdenas

Veronica Calderón entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano

El fundador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces aspirante a la presidencia de México habla en entrevista con EL PAÍS
Publicado en El País, 28/01/2009;

Nació en 1934, el mismo año en que su padre, Lázaro Cárdenas del Río, asumió la presidencia de México. Su nombre, Cuauhtémoc, recuerda al último emperador azteca. Su apellido, al presidente que emprendió la expropiación petrolera, la reforma agraria y abrió los brazos al exilio español.
Cuauhtémoc Cárdenas recibió a EL PAÍS en el vestíbulo de un hotel de Madrid. Llegó a esta ciudad para asistir a un homenaje a su madre, Amalia Solórzano, muerta en diciembre del año pasado. Posteriormente se trasladará a Gijón, a donde acudirá a la colocación de una placa en honor de su padre. Sendos actos en recuerdo del exilio español en México. En ellos le gusta recordar que asiste como hijo del matrimonio Cárdenas Solórzano, pese al abultado currículum que le señala como un actor clave en la construcción de la democracia en México. Se le recuerda como el candidato que resultó perdedor tras una avería en el sistema en las elecciones presidenciales de 1988. Como el fundador y dirigente histórico del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el que fue tres veces candidato presidencial. Pero es precisamente en el papel de hijo con el que se refiere al Gobierno de su padre.
-¿Las condiciones históricas definieron al Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río?
-Su Gobierno se enfrentó a una situación internacional en la que era necesario asumir una posición enérgica en varios asuntos. No sólo hablamos de la Guerra Civil Española 1936-1939], sino también de las invasiones de Italia a Etiopía, de la URSS a Finlandia, la anexión de Austria a la Alemania nazi. El Gobierno mexicano fue muy claro y asumió una posición en defensa de los derechos humanos y del diálogo como solución de los conflictos.
P. -Sus decisiones marcaron la política exterior mexicana para los años posteriores. ¿Se mantiene en el actual Gobierno?

-Se había mantenido, con sus altas y bajas, hasta el Gobierno de Vicente Fox [presidente entre 2000 y 2006, por el conservador Partido Acción Nacional (PAN)]. Ahí hubo una clara desviación. Él se distanció de la política mexicana que guardaba respeto a la autodeterminación, a los pactos internacionales. El Gobierno actual no ha tenido aún las circunstancias para probar cuál es su posición.
-¿Y cuál es la posición de la izquierda mexicana?
-Cuando se habla de izquierda en México se debería, por lo menos, hablar de izquierdas. Los enfoques son distintos, aunque es complicado discernir cuál es la "auténtica" izquierda y cuál no. Aún más difícil, dejar a alguien la facultad para discernir entre una y otra. En principio, se defienden los mismos valores, el mismo proyecto de nación y el respeto a la democracia. Y en general se presta atención a las cuestiones de orden internacional.
- ¿Son mejores las condiciones para la democracia?
-Sin duda hay un avance. Hay elecciones de mejor calidad de las que tuvimos durante los años ochenta y noventa. Y claramente es mejor que la que teníamos en 1988. Espero que la democracia no se limite a lo electoral. Para hablar de una democracia amplia, es necesario llevarnos sus valores. Uno de ellos es la igualdad en otros ámbitos. Que haya trabajo para todos, que estén satisfechas sus necesidades básicas. Hemos avanzado en lo electoral, pero no tenemos una democracia electoral perfecta y aún tenemos que mejorar nuestro sistema electoral.
-¿Es posible hablar de una radicalización?
-Salvo casos aislados, las principales fuerzas políticas en México se plantean el cambio por vías democráticas.
-¿Considera suficiente las medidas del Gobierno mexicano contra la crisis?
-Están en el sentido correcto, pero son insuficientes. Deberían ser mucho más enérgicas. Se requiere un mayor presupuesto para atender las cuestiones sociales, se tienen que destinar mucho más refuerzos que recursos, pero hay un claro abandono de aquella política.
-Son nueve años que el PAN gobierna el país, ¿se puede hablar de un cambio?
-No ha habido ninguno desde el Gobierno de Miguel de la Madrid [1982-1988]. Desde entonces las políticas se han alejado paulatinamente de todo aquello que podría significar revoluciones o cambios de rumbos políticos. Desde el 88 y hasta hoy ha sido muy claro que el Gobierno y el PAN o el Gobierno y el Partido Revolucionario Institucional [PRI] han compartido un proyecto político.
-¿Qué se espera de las elecciones de este año?
-Se medirá el voto duro de los partidos. Creo que pesará mucho más el voto duro de los partidos. La renovación de la Cámara no anima mucho. Tal vez la elección será más animada en el caso de que los seis Êstados que eligen gobernador.