27 jul 2010

Corrupción en ceresos

Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT condenaron la corrupción que prevalece en el Centro de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacios, Durango, en el que reos de ese penal contaron con el respaldo de autoridades para realizar venganzas por encargo, e incluso, dispusieron de armas de los custodios y vehículos oficiales, por lo que exigieron se castigue de manera ejemplar y se inicien líneas de investigación en varios estados en donde se han realizado ejecuciones similares.
El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado (PRI), dijo que debe haber un castigo ejemplar para los responsable del CERESO de Gómez Palacio, Durango, por dejar salir a internos a realizar venganzas por encargo, además debe haber una línea de investigación en penales de otras entidades que pudieran tener el mismo modus operandi.
“Esto obliga a una revisión puntual de todos los reclusorios, incluyendo los federales, de todos los estados para ver la vulnerabilidad que se tienen ahí. Se destapa un sistema de corrupción que asusta y nos obliga necesariamente a revisar todo el sistema penitenciario, ya que no sabemos qué es lo que está pasando en otros reclusorios”, señaló.
Luego de que la PGR y la Secretaría de Gobernación revelaran que en el caso hubo complicidad de las autoridades penitenciarias, el legislador manifestó que si realmente se quiere avanzar en contra de una de las armas que ha utilizado el crimen organizado, que es la corrupción, se tiene que ir en contra de quien sea porque si no cualquier esfuerzo que se haga va a topar con malos funcionarios, lo que hace imposible el avance de cualquier esquema institucional.
Vargas Fosado sostuvo que la sanción contra la directora del Cereso, Margarita Rojas Rodríguez, y de otros funcionarios inculpados, debe ser ejemplar, no obstante advirtió que para evitar ese tipo de casos. “Se necesitan más esquemas de control de confianza para quienes están al frente de una responsabilidad tan importante, como son los penales”.
Por su parte, tras calificar el hecho de caricaturesco, incluso surrealista, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón (PAN), exigió que se revise a fondo a las instituciones de impartición de justicia, y se inicien líneas de investigación similares a las del penal del CERESO número 2 de Gómez Palacio, para atender averiguaciones previas sobre diversos asesinatos con un modus operandi similar.
“Es una situación caricaturesca que un reo que se encuentra supuestamente recluido para cumplir una sanción, salga y los custodios le presten las armas para asesinar otra persona, es surrealista.”, consideró el legislador de Acción Nacional.
Dijo que demuestra con claridad la corrupción de las instituciones de impartición de justicia, por lo que se debe revisar a fondo su funcionamiento y “abrir líneas de investigación para atender averiguaciones previas sobre diversos asesinatos.”, subrayó.
En entrevista, Ovando Patrón exigió a los gobiernos estatales que fortalezcan a las instituciones de su localidad. “Que hagan la parte que les corresponda para que acaben con la corrupción que existe en ese orden, porque es el que impacta a los ciudadanos”, señaló.
Al respecto, la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), propuso que el Poder Legislativo cree una comisión especial que “investigue a fondo el sistema carcelario mexicano.
“Refleja que la corrupción está cercenando las instituciones, que no hay hueso sano en el Estado y se habla de una situación crítica y preocupante, por lo que se debe formar una comisión integrada por los diputados y senadores de justicia y seguridad pública para hacer una investigación a fondo de lo que pasa en el sistema carcelario mexicano”, planteó.
Cuestionó la labor de los gobiernos locales, ya que “cada vez meten menos las manos “, en la impartición y el sistema de justicia nacional. “Creo que debe haber una reflexión seria, no hay coordinación porque demuestra esto que el problema de la inseguridad es de falta de coordinación política”.
En tanto, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Pablo Escudero Morales (PVEM), calificó de grave que exista un autogobierno en los Centros de Readaptación Social por parte del crimen organizado, pues urge que el gobierno federal asuma la actitud y el compromiso en el control en los centros penitenciarios.
Escudero Morales manifestó que es urgente una labor inmensa por parte del Estado para tomar el control, por lo que el grupo parlamentario del PVEM prepara un documento para hacerle una propuesta al Ejecutivo federal, con el objetivo de establecer los indicadores y parámetros de la estrategia de combate contra el crimen organizado. “Debemos ver qué funciona y qué no, para partir de ahí e iniciar una nueva estrategia”.
Posteriormente, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) lamentó que la gran parte de la inseguridad en el país deriva por la corrupción en los altos mandos policiacos, lo que responde a la falta de una estrategia de combate contra el crimen organizado integral, como es el caso de los centros penitenciarios.
Di Costanzo Armenta indicó que hasta no castigar de manera ejemplar a los responsables, las leyes siempre estarán al margen de la situación, por lo que el Ejecutivo debe hacer que se cumplan éstas. “Si no puede que renuncie”.

Corrupción en ceresos

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, aseguró que se debe hacer una revisión integral en los Centros de Readaptación Social de las 32 entidades de la República, debido a los actos de corrupción que se detectaron en el penal de Gómez Palacio, Durango.
“Todo se lo cargamos a una procuraduría federal y damos por entendido que es él quien tiene que resolver los problemas, mientras que las entidades federativas no hacen su tarea, el sistema estatal no hace su tarea y esto es parejo para todos los partidos o signos que tengan gobernadores, yo creo que tiene que haber una revisión integral en las 32 entidades federativas”, dijo.
En entrevista, el legislador consideró que el principal problema de estos hechos radica en que el sistema penitenciario es “viejo y corrupto”, en el que urgen cambios no sólo en la reclusión sino en la readaptación, así como en las políticas públicas al interior de cada centro penitenciario. “Hay centros penitenciarios que son para dos mil personas, no obstante podemos encontrar que hay hasta seis mil u ocho mil hacinadas, desde ahí empieza un problema que puede convertirse en un problema mayor, al estar mezclados reos sentenciados por un delito menor, con aquellos de alta peligrosidad”, señaló.

La carta se la habría entregado Toño a la PGR

El caso Diego
No puedo describirte el infierno que vivo... no sé cuánto aguante más: Diego
Fernández de Cevallos pide a su hijo que se pague ya el rescate
Me dicen que te hicieron una propuesta y no has contestado
He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor, asegura el Jefe
Carta escrita supuestamente por el político panista que circuló en la red, en la que dice a su hijo Diego que el paso de los días no moverá a sus captores, por lo que le llama a hacer su mejor esfuerzo por reunir el dinero del rescateFoto Imagen tomada de Twitter
Imágenes de Diego Fernández de Cevallos en cautiverio, las cuales han circulado en Internet y que al parecer fueron subidas a la red por sus secuestradores. La primera se dio a conocer el 20 de mayo pasado y la segunda ayer
Nota de Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 2
Una fotografía y una carta manuscrita presuntamente redactada por Diego Fernández de Cevallos fueron difundidas la tarde de ayer a través de la cuenta de Twitter del periodista José Cárdenas, quien informó que el mensaje le fue entregado mediante el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.

Columna Serpientes y Escaleras

Por qué se desentendió Felipe Calderón?/ Salvador García Soto
Columna Serpientes y Escaleras
El Universal, 17 de julio de 2010
Una Procuraduría General de la República manejada completamente por el cuestionado ex procurador Antonio Lozano Gracia, un Estado que claudicó su obligación constitucional de investigar un delito por consideraciones sentimentales y de amistad, un gobierno federal que atrajo una investigación del fuero común sólo para suspenderla, una familia desesperada por reunir 50 millones de dólares para cambiarlos por la vida de su patriarca y un Presidente ausente al que no parece importarle el secuestro de más alto impacto cometido en su gobierno son los saldos de 75 días del cautiverio de Diego Fernández de Cevallos.
Ayer, con la segunda fotografía difundida del político panista y una dramática carta en la que el humillado Diego clama porque su familia pague su rescate, revivieron también los cuestionamientos sobre la lamentable actuación que el gobierno federal ha tenido en este asunto, en el que, violando flagrantemente las leyes, han permitido que los intereses de un grupo político y de abogados secuestren la procuración de justicia en el país.
Desde que le estalló este secuestro, Calderón pasó de la peligrosa sobrerreacción que tuvo en un principio —cuando mandó helicópteros, perros y un fuerte despliegue policiaco a peinar el rancho de Fernández de Cevallos, con lo que puso en riesgo la vida del ex candidato presidencial— a una indolencia y una indiferencia que llaman la atención. Es como si, con el argumento de cuidar la vida de Diego, el Presidente se hubiera quitado de encima la responsabilidad legal y política que tiene para indagar y esclarecer ese caso.
Una cosa es que, públicamente, para cumplir con la exigencia de los secuestrados y no arriesgar la integridad del secuestrado, la PGR haya anunciado que se retiraba de las indagatorias. Pero otra muy diferente es que el gobierno, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública federal, las áreas de inteligencia militar, hayan dejado de investigar para saber quiénes son los autores de este secuestro, cuáles fueron los motivos reales para cometerlo y qué amenaza representan grupos como el que tiene a Diego para la seguridad nacional.
En lugar de eso, el Presidente se lavó las manos y le entregó la PGR a Antonio Lozano Gracia —sí, el mismo de La Paca y la osamenta de El Encanto— y al resto del grupo cercano a Diego: Juan Miguel Alcántara, Francisco Molina y al mismísimo Fernando Gómez Mont. Porque en la PGR todos saben que el jefe del procurador Arturo Chávez es Lozano Gracia y que el ex procurador —que se basó en una vidente para encontrar un cadáver y montó evidencia falsa para justificar su teatro en el caso Ruiz Massieu— es actualmente quien manda en la Procuraduría General de la República y en las indagatorias del caso Diego.
El Presidente, pues, “haiga” sido por amistad, por ineptitud o por indiferencia, abdicó de su responsabilidad en este caso, y si eso hace frente al secuestro de un político connotado y miembro del grupo gobernante, ¿qué puede esperar un simple ciudadano de a pie?
NOTAS INDISCRETAS… ¿Novatez u oportunismo? De la oficina del secretario de Gobernación, Francisco Blake, llamaron la semana pasada a la del senador Manlio Fabio Beltrones para confirmar la comida que el lunes 19 de julio tenía agendada el legislador con el secretario. “Perdón, pero la comida es con el licenciado Gómez Mont, no con el licenciado Blake”, dijeron en la oficina del Cresista. “Si el nuevo secretario quiere comer con el senador, déjenos revisar la agenda”… Nada nuevo en el discurso y la propuesta de AMLO. Va por su mismo voto duro e incondicional y hasta ahora no parece buscar nuevos votantes ni a los que en algún momento se desencantaron de él… Los dados mandan Serpiente. Mal empieza la semana

Columna de Pepe Cárdenas

COLUMNA Ventana | José Cárdenas
Diego es una ficha
EL UNIVERSAL, 23 DE JULIO DE 2010;
(107 comentarios | 77,242 lecturas, al 27 de julio)
La información circula en pasadizos del gabinete de seguridad nacional. No es oficial. Tampoco especulación. Con una vida de por medio no se juega. Algo se ha publicado. Algo no. Nadie ha desmentido nada.
Que Diego Fernández de Cevallos está vivo. Que el ex procurador Antonio Lozano Gracia se comunicó con el secuestrado el domingo 11 de julio. Que Lozano Gracia encabeza las negociaciones. Que la familia vende propiedades, autos y mobiliario del Jefe para reunir los 30 millones de dólares del rescate. Que pedían 50. Que el sacerdote Maximiliano Gómez Muñoz participa activamente. Que “colaboró” en otros secuestros. Que el “padre” se presta de correo e intermediario. Que saben su historia. Que nunca lo han detenido. Que usan e-mail.
Que los plagiarios exigen al gobierno mantener suspendidas las averiguaciones. Que de lo contrario, la víctima será ejecutada. Que la foto humillante fue respuesta de los captores a los primeros intentos de investigación. Que Sedena, PGR y SSP aguardan a un costado.
Que a Diego lo habrían drogado con inyecciones del anestésico Ketalor. Que también usaron Tegrebol. Que fue sacado del país dos días después del secuestro. Que estaría en otro continente.
Que sus plagiarios son un grupo guerrillero extremista asentado en la zona del Bajío desde hace 20 años. Que depende del ERPI. Que es el TDR-EP, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, encabe zado por Constantino Alejandro Canseco Ruiz, alias El Comandante José Arturo o Hugo, y su pareja Blanca Estela, alias La Porta o Frida. Que en el secuestro de Diego, el modus operandi fue el mismo que en los secuestros de Alfredo Harp, Ángel Lozada, Paola Gallo, Jorge Sekiguchi, Ron Lavender y Joaquín Vargas, entre otros. Que el general retirado, Arturo Acosta Chaparro, experto en guerrilla, asesoró al principio. Que el militar fue baleado para alejarlo del caso. Que detrás de los guerrilleros estaría un grupo empresarial de Quintana Roo. Que el fin del secuestro no es meramente económico. Que fue por un pleito profesional. Que hay vicios ocultos.
Que la liberación de Diego está prevista entre septiembre y noviembre. Mínimo dos, máximo cuatro meses. Que antes le harán un juicio revolucionario. Que será condenado. Que le perdonarán la vida. Que se descarta la hipótesis del autosecuestro. Que se refutan rumores de que el panista fue asesinado.
EL MONJE LOCO: Hoy se cumplen 70 días del secuestro. El de más alto impacto que se recuerde en México. Diego es una ficha. Aparece en el registro del Banco Nacional de Personas Extraviadas: www.ssp.gob.mx. Edad: 69 años. Estatura: 1.70 metros. Peso: 65 kilos. Complexión: delgada. Tez: morena clara. Seña particular: cicatriz en la columna vertebral. Desapareció el 14 de mayo en su rancho "La Cabaña" ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. ¿Tiene usted pistas que ayuden a localizarlo? ¿Sabe usted algo más?

De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio

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