27 jun 2008

EPR

El Gobierno federal analizará los recursos jurídicos presentados por la Comisión de Mediación para determinar si reclasifica el delito de secuestro por desaparición forzada en el caso de los dos militantes del EPR) detenidos en mayo de 2007.
Tras reunirse este viernes con el subsecretario de Gobernación, Abraham González y Alejandro Poiré, jefe de la Unidad para el Desarrollo Político, la Comisión de Mediación informó que los funcionarios se comprometieron a analizar la situación procesal para determinar si es posible tipificar el delito como desaparición forzada.
Por ahora, la PGR investiga la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez bajo el delito de secuestro.
En la reunión también se evaluaron tres documentos en los que la Comisión de Mediación expone que, la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para presentar con vida a los dos militantes del EPR desaparecidos desde hace más de un año.
Comunicado oficial
El día de hoy, el Subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, y el Comisionado para el Desarrollo Político, Alejandro Poiré, se reunieron con los miembros de la sociedad civil propuestos por el llamado PDPR/EPR.
México, D. F., a 27 de junio de 2008 Boletín No.153-27/06/2008
El día de hoy, el Subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, y el Comisionado para el Desarrollo Político, Alejandro Poiré, se reunieron con los miembros de la sociedad civil propuestos por el llamado PDPR/EPR.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación señalaron la disposición del Gobierno Federal para que la familia de las dos personas desaparecidas que el llamado PDPR/EPR reconoce como sus integrantes participe, bajo la figura jurídica de la coadyuvancia, en las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República.
La Secretaría de Gobernación solicitó también que alguno o algunos miembros del grupo de la sociedad civil den seguimiento a las indagatorias que realiza el Ministerio Público. Los miembros de la sociedad civil comentaron que dialogarán con los familiares de los desparecidos sobre este ofrecimiento.
Por otro lado,
Aclarar si ejecutados eran eperristas desaparecidos, exigen diputados
de la redacción, de APRO.
* Convergencia pide a PGR autorice exhumación de cuerpos hallados en Oaxaca
México, D.F., 26 de junio (apro).- Con el propósito de descartar la posibilidad de que cualquiera de los cadáveres encontrados en una fosa clandestina en un panteón de la capital de Oaxaca, correspondan a los de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos hace más de un año en esa sureña ciudad, diputados convergentes pidieron hoy a la Procuraduría General de la República que autorice la exhumación de los cuerpos.
En conferencia de prensa, López Lena sostuvo que tres de los ocho cuerpos presentaban signos de tortura y el tiro de gracia, de ahí que exijan a las autoridades federales hacer los peritajes “para saber si estos cuerpos corresponden o no a los desaparecidos del EPR”.
Incluso, las autoridades locales que dieron aviso al gobierno federal sobre la aparición de los ocho cadáveres han sido amenazadas y perseguidas, denunció por su parte el legislador Esteva Salinas.
Por ello, ambos diputados anunciaron que presentarán una denuncia contra el gobernador Ulises Ruiz y contra quien resulte responsable de las amenazas. Sin embargo, ayer mismo el Ejército Popular Revolucionario desechó esa hipótesis.
En un comunicado, el grupo armado sostuvo que en Oaxaca se busca desviar su demanda de presentar con vida a sus dos compañeros, una vez que se difundió el hallazgo de la fosa clandestina y la inhumación de cuerpos con evidencias de tortura y tiro de gracia, “que tratan forzadamente de relacionar con la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez”.
El EPR consideró que con esa especie se busca diluir la esencia de su demanda, “que es su presentación con vida y la de todos los desaparecidos políticos”.

La culpa es de Ebrard: Mouriño

Este jueves 27 de junio, el Secretario e Gobernación dijo que Marcelo Ebrard tien responsabilidad en el caso Discogate- para no decir News Divine.
Ariadna García, de Reforma, le pregunta: -Secretario Mouriño: ¿El Ejecutivo Federal estará interviniendo en el caso de la Discoteca News Divine, tomando en cuenta que tiene la facultad de remover al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.
La respuesta fue: (...) sobre el News Divine, aquí sí quiero ser sumamente claro. El único responsable de lo ocurrido son las autoridades de la delegación y las autoridades capitalinas; por lo tanto, la responsabilidad también de la información que sobre este tema puedan ir recopilando, de las averiguaciones previas que se están llevando a cabo, son también responsabilidad de las autoridades capitalinas.
La responsabilidad también de estar informando a la sociedad con veracidad, respecto a lo ocurrido y también respecto a las medidas que se habrán de tomar, para que esto no vuelva a ocurrir, es responsabilidad del Jefe de Gobierno y de las autoridades locales y, en función de ello, y también la responsabilidad de cualquier decisión política que por lo ocurrido se tenga que tomar es responsabilidad del Jefe de Gobierno.
La declaración del Secretario Mouriño se da un día despues que el Presidente Calderon haya dicho en un discurso que es un error criminalizar a los jóvenes.
En el marco del inicio de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, para explicarle a todos los mexicanos qué podemos y qué debemos hacer para evitar que los niños y jóvenes caigan en problemas de drogadicción, Calderón dijo:
"Quienes aquí estamos, que provenimos de distintos órdenes de Gobierno y partidos políticos, sabemos que hay que combatir a los verdaderos criminales con todo, con mano firme, como lo estamos haciendo ahora, pero que, al mismo tiempo, no debemos tratar a los jóvenes, o a los adolescentes como criminales; que es un error criminalizar a quienes son sólo víctimas de una ambición y de una perversión criminal desmedida(...)"
En tanto, el Presidente del PAN, Germán Martínez (GMC) señaló en una conferecnia de prensa en las oficinas de ese instituto político.
"La tragedia tiene su origen en esquemas de complicidad y corrupción de las autoridades de la Ciudad de México en la falta de cumplimiento a la normatividad vigente. Es de todos conocido e incluso de las propias autoridades, la serie de fallos, muchos de ellos elementales, en que incurrió el operativo policiaco llevado a cabo en ese lugar.
El Partido Acción Nacional saluda la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Las investigaciones de dicha comisión, sin duda, arrojarán luz respecto a lo sucedido durante y después del operativo, pero también arrojará evidencia cierta concretamente sobre el maltrato, la crueldad y la humillación a la que fueron sometidas aproximadamente 30 jóvenes mujeres después del operativo, y sobre la que ha tenido lugar en la conferencia de prensa de la Comisión de Derechos Humanos el día de hoy.
Es nuestra obligación, como partido político y también como ciudadanos, señalar los errores de la autoridad y exigir una cabal rendición de cuentas; esa es parte fundamental de la tarea democrática de un instituto político como el nuestro.
Acción Nacional es oposición en el Distrito Federal y, como tanto, llama a la rendición de cuentas a la autoridad.
Por las imágenes que todos hemos podido ver, el operativo en cuestión, más que en contra de un establecimiento, parecía dirigido en contra de los jóvenes de la Ciudad de México; algunos de ellos, apenas pudieron salir del escenario de la tragedia, fueron de inmediato conducidos como si fueran delincuentes a instalaciones de las autoridades, evento que condenamos categóricamente.
Exigimos del jefe de Gobierno de la ciudad, a la brevedad, un informe puntual y detallado
de lo sucedido;
exigimos el deslinde no sólo de las autoridades administrativas, sino de las penales y de las políticas, y exigimos tomar medidas para acabar con la corrupción, capacitación de policías y en lo sucesivo, evitar tragedias como la vivida el viernes pasado."
PREGUNTA (P): -Dos preguntas: ¿por qué casi una semana después se manifiesta así Acción Nacional? ¿Cuál es la opinión del Partido Acción Nacional en cuanto a que el presidente destituya a Joel Ortega o qué es lo que debe de decidir respecto a la operatividad policiaca?
GMC: Primero, yo en lo concreto, me he pronunciado desde el lunes pasado. En segundo lugar, hay una responsabilidad administrativa que tienen los delegados de la Ciudad de México y esa se está deslindando con el cese del delegado en la Gustavo A. Madero.
Hay una responsabilidad penal que se va a deslindar de las investigaciones de la Procuraduría y que estimamos debe deslindarse también atendiendo las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal o si es necesario también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Decir con toda claridad que el que tiene la responsabilidad política al 100 por ciento es el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard es el responsable político al 100 por ciento de la corrupción en las delegaciones, del operativo fallido, de las vejaciones y del maltrato de los jóvenes en esa tragedia.
P: -¿Qué estarán pidiendo en este caso para el jefe de Gobierno y si es suficiente la licencia que pidió el delegado? En otro tema, las denuncias de Convergencia para aprobar la reforma energética.
GMC: En relación a la última parte de la pregunta ya quedó evidente que no hay ninguna prueba y no haré más comentarios sobre un asunto que ha sido falaz.
En segundo lugar, pedimos que el jefe de Gobierno asuma la responsabilidad política, él es el responsable al 100 por ciento de lo que ocurre en las distintas delegaciones, en los mandos de la policía. Insistimos en que a la brevedad haya un informe puntual de los hechos y se deslinden a cabalidad todas las responsabilidades administrativas, todas las responsabilidades penales.

La Iniciativa Mérida

¡Por fin!
El Senado norteamericano aprobó 460 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, con lo cual el programa contra el narcotráfico en México y nueve países de la región quedó listo, sólo falta que el presidente George W. Bush lo convierta en ley. Antes, la Cámara de Representantes hizo lo propio: 268-155 votos.
La asignación presupuestal figura en el plan de gastos de guerra en Irak y Afganistán por 162,000 millones de dólares y que el Senado aprobó el jueves por la noche con votación abrumadora de 92-6. Con esa suma, el gasto de EE UU en Irak se eleva a 650,000 millones desde que se inició la guerra hace más de cinco años.
La Cámara de Representantes aprobó el mismo proyecto por 268-155 votos, en el cual la Iniciativa Mérida figuró también con una asignación igual, de 460 millones para el primero de sus tres años.
Esta votación "muestra un fuerte apoyo bipartidista para resolver problemas comunes" entre EE UU y México, dijo Harry Reid, líder de la mayoría demócrata del Senado.
En tanto el senador Christopher Dodd (D), hizo notar el "compromiso logrado en el Senado" frente a la iniciativa que fue anunciada en octubre por Bush y su colega mexicano Felipe Calderón.
"Confío en que el texto será aceptable para ambos gobiernos", dijo Dodd en una declaración escrita. "Estados Unidos y México deben continuar trabajando juntos frente a retos comunes de seguridad y reducir el tráfico de drogas y la violencia en ambos lados de la frontera".
La versión final del Senado ha eliminado provisiones sobre evaluación y supervisión estadounidense de algunas acciones internas de México y que el gobierno de Calderón consideró inaceptables. La suma total es también mayor de los 350 millones de dólares que aprobó inicialmente en mayo.
Pero, ha dejado sin cambio las condiciones que contiene el proyecto de la Cámara de Representantes, en el sentido de que el 15% de los fondos estará sujeto a que el Departamento de Estado informe al Congreso sobre el avance de la transparencia y responsabilidad de la policía y otras dependencias de seguridad pública en México.
Los 65 millones asignados a Centroamérica serán distribuidos entre nueve países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Haití.
México se congratula por la decidión del Congreso norteamericano.
Este viernes se convocó a una conferencia de prensa que ofrecieron los secretarios de Gobernación Y Relaciones Exteriores, Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa Cantellano:
Camilo Mouriño:
El día de ayer el Senado de los Estados Unidos aprobó un Proyecto Ampliación Presupuestal para el año fiscal 2008 que incluye fondos para la Iniciativa Mérida.
El proyecto de ley será turnado al Ejecutivo Estadounidense para su firma y entrada en vigor.
Los términos en que fueron aprobados los recursos para la Iniciativa Mérida son respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción de ambos países.
El Gobierno de México, por ello, se congratula por la decisión del Legislativo estadounidense y reitera su compromiso de luchar, de manera decidida, contra la delincuencia organizada, reconociendo que la cooperación internacional es un componente fundamental de este esfuerzo.
En octubre de 2007 los Ejecutivos de México y Estados Unidos anunciaron un esquema de cooperación bilateral para enfrentar juntos la amenaza común de la delincuencia organizada transnacional, particularmente la amenaza del narcotráfico.
La Iniciativa Mérida se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto pleno a la jurisdicción de cada país e incluye tanto acciones que cada uno desarrollará en su propio territorio como acciones bilaterales y transferencias de equipo, tecnología y entrenamiento para fortalecer las capacidades de México en el combate al crimen organizado.
Algunos aspectos de este nuevo esquema de cooperación no vinculados a la transferencia de recursos están ya en marcha.
El Gobierno estadounidense redobló la vigilancia y control del tráfico de armas hacia nuestro territorio y asimismo, ampliamos el intercambio de información en materia de procuración de justicia.
Por cuanto hace a la transferencia de equipo, tecnología y capacitación, el Ejecutivo estadounidense sometió a consideración de su Congreso un Proyecto de Ampliación Presupuestal para el año Fiscal en curso, en relación al cual el Congreso se pronunció con el texto aprobado el día de ayer.
Cabe reiterar que México no recibirá recursos en efectivo sino únicamente cooperación en especie.
PATRICIA ESPINOSA: -Como todos ustedes saben, la Iniciativa Mérida fue ampliamente debatida, desde su anuncio, por la opinión pública en ambos países.
Particularmente relevante fue el debate que los Congresos de México y Estados Unidos, de acuerdo con sus propias facultades, iniciaron sobre la naturaleza y alcances de la Iniciativa Mérida.
El texto legislativo aprobado en relación a esta Iniciativa, cuyos términos -reitero- son consistentes con los intereses de México, reflejan el buen nivel del diálogo que existe entre los Congresos de México y de Estados Unidos, así como el favorable impacto que la más reciente Reunión Interparlamentaria -celebrada en Monterrey- tuvo sobre el texto final de la solicitud presupuestal para la Iniciativa Mérida.
Asimismo, pone de manifiesto la voluntad política de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Estados Unidos para ampliar la cooperación bilateral en materia de combate a la delincuencia organizada transnacional, de acuerdo con los principios que orientan a la propia Iniciativa y con pleno respeto a la Legislación de ambos países.
En particular, el Gobierno de México reconoce el liderazgo y el esfuerzo realizado por los legisladores estadounidenses que impulsaron el texto finalmente aprobado.
Una vez que la Legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos haya sido firmada por el Presidente de ese país y entre en vigor, ambos Gobiernos llevaremos a cabo consultas para definir conjuntamente los procesos y tiempos específicos relativos a la transferencia de los equipos, tecnologías y programas de entrenamiento identificados por las dependencias mexicanas.
El Gobierno de México impulsará que el mecanismo de seguimiento incorpore esquemas que permitan contar con las aportaciones, tanto del Poder Legislativo como de las Organizaciones de la Sociedad Civil respecto de los esfuerzos de seguimiento que realizará en relación con este esquema de cooperación bilateral.
-SECRETARIO MOURIÑO: Los equipos, ecnología y capacitación que recibirá nuestro país, responden a las necesidades específicas previamente identificadas por las instituciones mexicanas vinculadas con el combate a la delincuencia organizada y el fortalecimiento de nuestra seguridad.
Estos recursos, apoyarán los esfuerzos que se realizan en México, día a día, para combatir la delincuencia organizada transnacional. Entre ellos, destacan equipos de inspección no intrusiva como rayos X y rayos Gamma, aeronaves para el transporte de personal y vigilancia, incluyendo su mantenimiento; equipo informático y diversas tecnologías aplicadas al procesamiento de datos, la interconexión de equipos, las telecomunicaciones y distintas técnicas de investigación; perros adiestrados para detección de sustancias y materiales ilícitos y programas de capacitación y entrenamiento relevantes, con objeto de garantizar que todos los recursos recibidos sean operados por personal mexicano.
La instrumentación final de estas medidas, durante las próximas semanas, nos permitirá consolidar la cooperación bilateral en este campo, como una expresión concreta del principio de responsabilidad compartida, basada en el pleno respeto de la legislación vigente, en cada uno de nuestros países.
La aprobación de recursos para la Iniciativa Mérida por el Congreso estadounidense es un testimonio de la madurez que ha alcanzado el diálogo entre México y Estados Unidos; de la confianza mutua que hemos logrado consolidar y, en especial, del compromiso de nuestros gobiernos para cooperar, en términos de verdadera corresponsabilidad, en una causa que nos es común: la seguridad y el bienestar de nuestras sociedades.
Preguntas y respuestas:
Claudia Flores, de Televisa: -Preguntarles si hay una ruta crítica a seguir aquí, en México, una vez que sea aprobada y firmada por el Ejecutivo estadounidense; es decir, ¿es necesario que el Congreso aquí apruebe también la Iniciativa Mérida?, porque algunos legisladores han dicho que no van a firmar un cheque en blanco, por un lado.
Por otra parte, tengo entendido que se compromete el Gobierno mexicano a entregar un informe respecto a la utilización de estos recursos, ¿cada cuánto van a presentar ese informe y en qué términos se va a presentar? Y, bueno, si en este acuerdo también se permitirá, como parte de él, la presencia de efectivos estadounidenses en territorio mexicano, para reforzar estas actividades de vigilancia
.
-SECRETARIA ESPINOSA: En lo que se refiere al tema del seguimiento de la Iniciativa Mérida, yo quisiera subrayar que una vez que se apruebe esta legislación, es decir, que ya esté firmada por el Presidente de los Estados Unidos y entre en vigor, los dos gobiernos vamos a llevar a cabo consultas para definir conjuntamente los procesos y tiempos específicos, para la transferencia de los equipos que están previstos en la Iniciativa y también vamos a tener consultas, para definir las características específicas del mecanismo de seguimiento.
Hemos insistido en que el mecanismo de seguimiento debe de tener un carácter bilateral; la iniciativa, el texto aprobado el día de ayer en el Senado y antes en la Cámara de Representantes, contempla claramente que todo el proceso de seguimiento se hará con pleno respeto a las leyes mexicanas y al derecho internacional.
Esto es importante subrayarlo; es decir, todo lo que nosotros haremos, está ya previsto en el marco del derecho mexicano. Sobre esa base, trabajaremos para dar un seguimiento puntual. Aplicaremos, sin duda, criterios de rendición de cuentas y transparencia, que aplicamos nosotros en México también para las acciones del gobierno y la utilización de los recursos del Gobierno de México.
En ese sentido, yo quiero enfatizar que este mecanismo de seguimiento será un mecanismo bilateral, que se rija por las legislaciones de ambos países.
Y, por otro lado, también quiero enfatizar que hemos ya establecido, como señalábamos hace un momento, un diálogo y una cooperación muy estrecha con el Legislativo mexicano, tanto diputados como senadores, hemos hablado con ellos de que el mecanismo de seguimiento contemplará, por supuesto, también una colaboración muy estrecha, por parte de ambas cámaras.
Margarita Nicolás: -La pregunta es, primero: en este esfuerzo que van a hacer, tanto los Estados Unidos como México, por reforzar la seguridad en las fronteras, si están preocupados precisamente porque vimos con qué facilidad fueron trasladados los migrantes cubanos a Estados Unidos, sin que ningún retén, sin que ninguna policía los detuviera ni en la frontera de México ni en la de Estados Unidos. Esa es una.
Y cómo se verá aquí precisamente esta seguridad, una vez que comiencen a recibir la ayuda en especie -decía- de esos 400 millones de dólares que les va a dar el Gobierno estadounidense.
Y la segunda: ¿Para cuándo tienen ustedes planeado presentarle el documento al Congreso mexicano?

Claudia decía en su pregunta que algunos legisladores no lo van a firmar. Entonces, para que tengan ese apoyo como el que se vio, cuando se pronunciaron en contra de las medidas que estaba adoptando el Congreso estadounidense, ¿cuándo van a presentar el documento para que se avale precisamente por los legisladores?
-SECRETARIO MOURIÑO: Respecto a esta segunda parte, ya lo ha dicho la Canciller: la voluntad plena que hay de parte del Ejecutivo de trabajar en esta etapa de implementación de la propia Iniciativa y en sus términos con el Congreso mexicano; y para ello, formar un grupo de trabajo con el Congreso mexicano.
Y en ese sentido, el texto aprobado en un principio por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es muy similar al que finalmente fue aprobado ayer por el Senado, fue respaldado ya por una serie de legisladores de diversos grupos parlamentarios, con declaraciones públicas cuando esto ocurrió.
E incluso en la última Sesión de la Comisión Permanente, el miércoles pasado, hubo un Punto de Acuerdo que fue presentado, también por integrantes de distintos grupos parlamentarios, respaldando -entre otras cosas- el texto que había sido aprobado en esta Cámara de Representantes y fue turnado a una de las comisiones de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Entonces, estamos ciertos que en esta inquietud legítima de parte del Congreso, por estar más activo y participar en lo que va a ocurrir con respecto a la implementación de la Iniciativa Mérida y nuestra voluntad de hacerlo, nos llevará a tener una relación positiva con nuestros legisladores.
Respecto al tema del tráfico de personas, por supuesto que estamos tomando ya medidas -hemos anunciado algunas- para poder, desde dentro, limpiar la casa con respecto a la participación de integrantes del Instituto Nacional de Migración en estas redes de tráfico de personas; y estaremos, por supuesto, también tomando otra serie de medidas.
Lo que es importante es que no es que no fueran retenidos estas personas en distintos momentos y retenes en su paso hacia los Estados Unidos; es que llevaban un papel, un documento que les permitía transitar y era un documento de salida el que fue utilizado.
-PREGUNTA: ¿Falso?
-SECRETARIO MOURIÑO: Efectivamente.
-SECRETARIA ESPINOSA: Un comentario sobre la última parte de la pregunta anterior con respecto a la presencia de efectivos militares en México:
De ninguna manera esto fue un tema que fue planteado. Como hemos señalado desde el inicio de la discusión de esta Iniciativa, México no aceptará la presencia de efectivos militares norteamericanos en territorio nacional, en operativos que tengan que ver con esta Iniciativa.
Ariadna García, Periódico Reforma: -Quiero preguntar cómo va a estar esta situación de observancia de ciertos parámetros en cuestión de derechos humanos, que si bien ahora ya no le llaman condiciones, pero sí medidas de vigilancia; y sobre todo también en la aplicación de lo que es la justicia mexicana porque finalmente es preocupación del Congreso Estadounidense y quiere estar pendiente de ello.
¿Cómo lo toman, sobre todo cuando han hablado de respeto de soberanías?
Por otra parte, mencionaron que ya Estados Unidos ha estado incrementando su vigilancia en materia de tráficos de armas. ¿Ya México está satisfecho?
Muy recientemente el Gobierno mexicano lanzaba quejas o reclamos respecto a esta parte hacia Estados Unidos.
Una pregunta muy concreta: ¿México no cuenta con estos equipos, este equipo del que el Secretario Mouriño ha hablado, que Estados Unidos estaría dando a México?
Digo, suena como que un equipo muy -perdón y con respeto-, un equipo muy sencillo que México podría tener muy concretamente.
-SECRETARIA ESPINOSA: Con respecto al tema de los derechos humanos, yo quisiera reiterar que este tema de derechos humanos, es un tema de la agenda de esta administración, de la administración del Presidente Felipe Calderón. La promoción y protección de los derechos humanos es un tema prioritario para México, y la vigencia plena del Estado de Derecho en México es un tema de la mayor importancia.
Así es que, en ese sentido, mantenemos de manera permanente un diálogo abierto, no sólo con los Estados Unidos, sino a nivel internacional. México es uno de los países que ha sido más abierto a los mecanismos y a los instrumentos que tienen que ver con la promoción y protección de los derechos humanos.
En ese sentido, nosotros estamos en la mejor disposición para que, en este ámbito como en cualquier ámbito de la administración pública, el tema de promoción y protección de los derechos humanos sea fortalecido y plena vigencia del Estado de Derecho.
-SECRETARIO MOURIÑO: Respecto a la segunda pregunta, al segundo tema: a mí me parece que lo importante de la Iniciativa Mérida, más allá de los recursos puestos en especie a disposición de nuestro país, y que son importantes y, aparte de ser equipo sofisticado, mucho de ello que fue definido por las propias dependencias que habrán de utilizarlo, tiene patentes, exclusividades, etcétera, que son complejas de adquirir en el mercado por cualquier país y esto es lo relevante.
Pero más allá de ello, es que por fin Estados Unidos reconoce que el problema es común, que es bilateral y que tiene, por lo tanto, una responsabilidad para con esta lucha y trabajar con el Gobierno mexicano, y eso me parece que es, en el fondo, lo más relevante.
Lo mismo con el tema de armas. ¿Estamos totalmente satisfechos ya con lo que se está haciendo? Aún no, pero sí estamos satisfechos de haber logrado concientizar al Gobierno estadounidense sobre el nivel de este problema, lo que representa para nuestro país, y la necesidad de que, en función de ello, se tomaran medidas del lado norteamericano y, de inmediato, el Gobierno estadounidense respondió con programas concretos que ya están vigentes, tanto el incremente de personal destinado directamente a estos recursos humanos y materiales, como programas, como el GunRunner, que tiene esta finalidad.
Y ya habido resultados, ya se han podido desmantelar algunas bandas de tráfico de armas que recopilaban, adquirían armas en los Estados Unidos, las recopilaban y luego las traficaban hacia nuestro país, para ser utilizadas por la delincuencia en el combate a las propias corporaciones de Seguridad Pública en nuestro país y eso nos parece de lo más relevante.
Max Stevenson, de la agencia AP: -Nada más tres preguntas muy concretas. Una parte de los recursos, yo creo que un 15 por ciento, está condicionado a que México entregue un informe sobre el seguimiento a los derechos humanos. ¿Están aceptando entregar ese informe? Eso no tiene tinte de certificación, ni nada, ¿están aceptando esta condicionante?.
Segundo. No tan sólo fue el Congreso estadounidense, sino muchos grupos de derechos humanos que recomendaban que los casos de abusos a derechos humanos, por parte de militares, sean remitidos a fueros civiles. ¿Están dispuestos a considerar esa opción?
Tercero. No van a estar presentes militares americanos en operaciones, ¿pero puede estar presente personal para entrenar a personal mexicano, sobre el uso y manejo? Entiendo que no van a estar presentes a nivel operativo, pero van a estar presentes en adiestramiento.
Y, perdón, Quintana Roo, la remoción de los dos delegados, del delegado y subdelegado. ¿Están siendo investigados estos señores por posibles actos de corrupción y en qué sentido?, ¿de que aceptaron mordidas para soltar a estas gentes o cuál es el sentido de su remoción?

SECRETARIA ESPINOSA: En lo que se refiere a su primera pregunta, yo quisiera decir que lo que señala la Iniciativa aprobada es que la Secretaria de Estado o el Departamento de Estado debe de presentar un informe, no el Gobierno de México debe de presentar un Informe al Congreso estadounidense. Quiero ser muy clara sobre eso. Esa sería la primera precisión.
La segunda precisión es que no es un informe propiamente sobre cuál es la situación de los Derechos Humanos en México; es un informe que debe de dar fe de que en México existen los mecanismos y los procedimientos necesarios para garantizar la promoción y protección de los Derechos Humanos.
Como ya señalábamos, esta es una agenda del Gobierno de México.
Al respecto, quisiera mencionar -por ejemplo- como una manifestación muy específica de esta voluntad, el hecho de que en la Secretaría de la Defensa Nacional, por primera vez hace algunos meses se estableció una Dirección General para el tema de Derechos Humanos; dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, independientemente de que existen una serie de mecanismos e instituciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, en materia de Derecho Humanos.
Pero más allá de eso, México es un país que ha suscrito la gran mayoría de los instrumentos de Derechos Humanos a nivel internacional y que cumple con las obligaciones que establecen estos mecanismos que incluyen la presentación de informes periódicos a los grupos, a los comités establecidos por los propios mecanismos y que tiene que ser un cumplimiento periódico.
O sea, México está abierto al escrutinio, al diálogo sobre esta materia, de manera permanente, con plena conciencia de que es una agenda que requiere seguramente ser perfeccionada, en la que debemos de avanzar como cualquier país del mundo y en donde tenemos la voluntad precisamente de seguir avanzando.
-SECRETARIO MOURIÑO: Respecto a la segunda pregunta, simplemente reiterar que los casos en los que estén involucrados militares y sean acusados por su actuación, se habrán de tratar en nuestro país en función de la legislación vigente en México.
Respecto a lo ocurrido en Quintana Roo y el tráfico de personas, anunciamos medidas concretas. Efectivamente, fueron cinco.
Quiero simplemente repetir, de manera muy breve, la primera de ellas, que es que la totalidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración están siendo ya pasados a distintas pruebas de control de confianza que nos den la garantía a Gobierno y sociedad de que su actuación será en favor de la sociedad misma y con pleno apego a la normatividad y a las leyes vigentes.
La remoción de los mandos se dio en función de la importante cantidad de contradicciones, de inconsistencias que existen en las versiones respecto a lo ocurrido.
Por ello es que hay ya una serie, un número importante de agentes migratorios, de funcionarios de migración que están consignados y por ello continúan las investigaciones y se irán dando a conocer avances en su momento.
Independientemente de si estas investigaciones legales alcanzan a responsabilizar al Delegado y al Subdelegado, desde nuestra perspectiva, su actuación no fue la correcta y por ello fueron removidos.
Hay otra serie de acciones que anunciamos, la PFP habrá de custodiar todos los traslados de migrantes a partir de ahora, el control de confianza también a los choferes que vayan a manejar los camiones en los que se trasladen y la instalación de equipos de posicionamiento satelital, de GPS, para tener ubicados en todo momento a las propias unidades de transporte donde los migrantes estarán siendo transportados y la construcción de una Estación Migratoria en la zona para atender los flujos migratorios provenientes de El Caribe.
Esas son las medidas tomadas y esa es la razón también de la remoción de estos dos funcionarios.

Turquía


Turquía: la fractura/Antonio Elorza
Publicado en EL PAÍS, 27/06/2008;
La gestación del conflicto remite a los primeros años de la República turca. El proyecto de modernización autoritaria de Kemal Atatürk, de contenido laico y europeísta, pudo triunfar gracias al desplome del imperio otomano y por el inmenso prestigio obtenido con la victoria militar contra Grecia. La religión quedó entonces como último bastión frente al cambio, y si bien se vio obligada a retroceder, desprestigiada políticamente por su vinculación al antiguo régimen, no por eso dejó de contar con el respaldo mayoritario en la sociedad cada vez que el régimen kemalista se abrió a la democracia. La secuencia de prohibiciones de partidos religiosos y golpes militares, desde los tiempos de Kemal hasta fines de los 90, fue el reflejo de esa tensión.
Pero ahora parecía alcanzado el equilibrio con la llegada al Gobierno de un partido islamista dispuesto en principio a acentuar la modernización, vincularse a Europa y mantener el respeto a una Constitución que literalmente blindaba al Estado secular. Así estaría el país en condiciones de abordar las reformas imprescindibles para el acceso a la Unión Europea, al consagrar el respeto a los derechos civiles, eliminar la tutela del Ejército sobre las instituciones, suprimir el ultranacionalista artículo 301 del Código Penal en virtud del cual fueron acusados Orhan Pamuk y el escritor armenio Hrant Dink (cuyo asesinato posterior sigue en la práctica impune) y, tal vez, soñemos, mostrarse realista en la cuestión de Chipre y justo al reconocer la herida de ese genocidio armenio que como muestra el reciente libro de Gurriarán, Armenios, gravita aún sobre los herederos de las víctimas. Nadie podría entonces cerrarle a Turquía las puertas de Europa.
Todo se ha venido abajo con la batalla sobre el velo. En principio, la cosa no debiera ser tan grave, ya que la restricción levantada por el Parlamento y restablecida por el Constitucional se limita a las universidades, y no afecta al uso masivo de la prenda en la vida civil. No existen las restricciones a la libertad religiosa en Turquía de que habla el ministro Ali Babacan.
Sólo que el tema ha destapado la dureza del enfrentamiento entre el laicismo intransigente a la defensiva de juristas y militares, de un lado, e islamistas gubernamentales de otro. Hasta el punto de que pronto el Tribunal Constitucional puede declarar la ilegalización del partido de gobierno y condenar a decenas de sus dirigentes, con Erdogan a la cabeza, por impulsar una anticonstitucional islamización del país. Ya con anterioridad el mismo fiscal Yalçincaya había promovido la ilegalización del partido nacionalista kurdo, con veinte diputados, cuyas “actuaciones e ideas” les convertirían en instrumento del independentista y terrorista PKK. Un poco más y vacía el Parlamento de Ankara.
Lo cual no debe llevarnos a la angelización de Erdogan, que ha elegido la línea de aceptar la prueba de fuerza. ¿Por qué Parlamento contra Tribunal si en la Constitución están los artículos 2, 4 y 148? ¿Por qué reaccionar enviando al infierno a sus antagonistas citando el versículo 7.179 del Corán? ¿Por qué emplear los recursos del Estado laico desde la Dirección de Asuntos Religiosos preparando una actualización de los hadices o sentencias de Mahoma si no se está pensando en reintroducir la sharía (Corán más hadices) en la legislación del país?
Y si el supervisor del mastodóntico proyecto, Mehmet Gormez, asegura que hay sólo un islam, rechazando ser un islamista moderado, que no será borrado ni un hadiz ni alterada la palabra de Alá, tal puesta al día es ante todo de temer. Hay en los 7.000 hadices de las compilaciones fiables (sahih) demasiados yihad como guerra, antijudaísmo y voluntad punitiva. En suma, la línea de Erdogan apunta a una islamización larvada, conforme destacan los representantes de los 15 millones de alevíes, que le han retirado su colaboración. Ahora bien, son signos, no pruebas.
Acaba de proponer Juan Goytisolo razonablemente que el tránsito musulmán hacia la democracia no sea forzado desde Occidente. Es menos seguro, sin embargo, que las cosas se vean mejor desde dentro cuando la atmósfera es autoritaria (su propio caso en Marruecos) y que debamos menospreciar el peso ideológico de los orígenes en el islam.
Las normas del Corán y de los hadices son de obligado cumplimiento, incluso para islamistas modernizadores como los turcos o como Tariq Ramadan: de ahí que tenga éste que admitir a regañadientes el castigo físico a la mujer desobediente, la pena de muerte para los apóstatas o esa misma centralidad del velo en que ha caído Erdogan. Cierto que islamismo no equivale a nazismo, pero dentro del abanico de islamismos, siempre orientados a regir las sociedades por la sharía o ley coránica, las fórmulas radicales, de los Hermanos Musulmanes a los tablighi o a los wahhabíes de Arabia Saudí, desembocan inevitablemente en un totalitarismo horizontal o totalismo, sociedades cerradas en que todos cumplan con el mandato de “ordenar el bien y prohibir el mal”.
Ante la ejecutoria de Erdogan, es de rigor la desconfianza, pero también lo es el reconocimiento de que el fracaso forzado de su conciliación hoy amenazada entre islam y democracia supondría un desastre para Turquía y para Europa

Sin papeles en Europa

Perder los papeles/Jorge Volpi, escritor mexicano
Publicado en EL PAÍS, 27/06/2008;
A fines de los noventa, mientras preparaba mi doctorado en Salamanca, descubrí que era latinoamericano. Durante los 30 años que viví en México jamás reparé en esa condición: sólo el contraste con mis anfitriones españoles, más directos y claros que mis compañeros costarricenses, venezolanos y colombianos, me hizo sentir parte de la comunidad bolivariana. La identidad, comprendí entonces, es mutable y se construye en perpetuo contraste con los otros.
Aun así, frente a los conflictos que desgarraban a otros países europeos, en esa época España lucía como un paraíso para los inmigrantes, en especial para los pocos que, como yo, disfrutaban de un visado. Salvo un par de ocasiones en que, con más torpeza geográfica que discriminatoria, fui llamado sudaca, siempre me sentí bien acogido, en casa.
Más o menos en esa época el presidente del Gobierno español proclamó: “España va bien”, y de la noche a la mañana miles de ciudadanos de países que no iban tan bien giraron sus brújulas hacia esa nación cuyos habitantes tanto se enorgullecían de su hospitalidad hacia los extranjeros, acaso porque aún no se topaban con ellos en cada esquina.
Han pasado diez años desde entonces y España ha dejado de ser aquel reducto. Sus grandes ciudades se han poblado de restaurantes mexicanos, peruanos y argentinos -por no hablar de marroquíes-, símbolos de los cientos de miles de latinoamericanos que ahora viven y trabajan, con o sin papeles, en sus tierras.
Como era natural que sucediera, el racismo y la discriminación han aumentado ante este flujo repentino, pero no de manera alarmante. Incluso, adelantándose a su tiempo y despertando la ira de la derecha europea, el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó una amplia regularización de indocumentados -para usar el término de los mexicanos en Estados Unidos- aunque, como me hizo ver José María Ridao hace poco, en términos económicos se tratase más bien de una regularización de empleos.
De forma predecible, la derecha no tardó en aprovechar el descontento o la simple molestia de ciertos sectores de la población -los parados o quienes de pronto se fijaban en el acento o el color de la piel en las filas de los servicios sociales- para obtener un beneficio electoral. Sin papeles y extranjeros ilegales comenzaron a llenar las primeras planas gracias a políticos sin escrúpulos que confiaban en ganar votos recogiendo -o de plano inspirando- el miedo de sus electores.
Menos previsible ha sido la forma cómo el actual Gobierno socialista ha reculado frente asus posiciones anteriores y, en vez de priorizar la defensa de los derechos humanos -uno de sus principios esenciales-, ha preferido congraciarse con la derecha europea.
Hay que repetirlo con claridad: el nacionalismo es -siempre ha sido- una fuente de discriminación basada en el más puro azar. Uno no puede decidir dónde nacer -el jus soli- o de dónde son sus padres -el jus sanguini-, de modo que el acta de nacimiento, el pasaporte y el DNI son instrumentos que el poder impone a los individuos de forma arbitraria: el biopoder denunciado por Foucault.
¿Qué diferencia a un niño nacido en Albacete de padres españoles de uno nacido en Madrid de padres ecuatorianos, aun si éstos son ilegales? Nada, excepto que uno de ellos puede ser enviado a un lugar que ni siquiera conoce y el otro no. ¿Y a un adulto peruano y uno español, ambos con empleos legales en Madrid? Nada excepto que, sin haber cometido delito alguno, uno puede ser internado durante semanas en una cárcel -desterremos el eufemismo un centro de detención- o expulsado del hogar que ha elegido libremente -repatriado- y otro no. Ambos trabajan, ambos pagan impuestos, ambos se ganan la vida. ¿Por qué esta injusticia? Porque a uno le hace falta un papel: eso es todo.
Mi amigo Nacho Padilla, también alumno de Salamanca, escribió un magnífico cuento para niños, Los papeles del dragón típico. Un día el dragón de los cuentos extravía sus papeles -aquellos que lo acreditan como dragón- y a partir de entonces ninguna princesa acepta ser raptada por él y ningún príncipe quiere combatirlo. Poco a poco deja de ser relevante y al final se desvanece. Carecer de papeles significa dejar de existir. O, en nuestro mundo, dejar de ser visto como humano.
La nueva directiva europea sobre inmigración, como las que existen en otros países -incluido, dolorosa y patéticamente, el mío, México-, legitima la discriminación de Estado. Todos odiamos las comparaciones con el nazismo, pero ello no impide denunciar la lógica fascista de este tipo de ordenamientos. Ahora nos parece monstruoso que se haya discriminado a los judíos a causa de su “raza”: un concepto inventado por el poder para legitimar la persecución. ¿No es igual de atroz discriminar a alguien por su “nacionalidad”, otro concepto igualmente arbitrario?
En su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Uno tiene derecho a vivir y trabajar legalmente en cualquier parte: interpretar este precepto de otra forma significa acotar, impunemente, la igualdad entre los seres humanos. Duele oír que los socialistas españoles hablen de regular la “inmigración legal” y rechazar la “inmigración ilegal”, porque en esta última sólo cabrían quienes han sido arrancados de su país contra su voluntad y, aun en ese caso, la ilegalidad sólo afecta a los tratantes, no a las víctimas.
Basta de hipocresías: la derecha ha ganado la partida desde el momento en que incluso la izquierda teme defender a seres humanos que sólo persiguen un mejor nivel de vida y cuyo único delito es no haber nacido en el lugar correcto. Hace unos meses viajé de México, donde ahora resido, a Barcelona, una ciudad tan importante en mi mundo imaginario como Salamanca. Por primera vez el guardia fronterizo me exigió mi boleto de regreso y me llenó de improperios al no poder mostrárselo. He vivido casi cinco años en España y no tengo dudas: también es mi país aunque no tenga -y quizás nunca vaya a tener- papeles para demostrarlo. De tenerlos, hubiese votado por los socialistas. Y ahora me sentiría doblemente dolido al constatar su olvido y su traición.

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