28 jun 2009

Grabaciones en Cuba

"El espionaje español conoce tu debilidad y se te va metiendo..."
El empresario Conrado Hernández, delegado del Gobierno vasco en Cuba, admite en un vídeo que colaboró con el CNI.-La grabación sirvió para echar del poder a Lage y Pérez Roque
MAURICIO VICENT - La Habana -
El País, 28/06/2009;
"No me pasaron la bola", se lamenta en clave de béisbol el ex vicepresidente cubano Carlos Lage a Carlos Valenciaga, ex secretario de Fidel Castro, tras conocer que no sería él, sino el dirigente histórico José Ramón Machado Ventura, quien acompañaría a Raúl Castro como segundo en la dirección del país. La conversación, grabada por los servicios de seguridad cubanos durante la víspera de la elección de Raúl como presidente, el 24 de febrero de 2008, es una de las pruebas que aparecen en un vídeo proyectado a los militantes del Partido Comunista Cubano (PCC) a modo de explicación oficial de los ceses de Lage, del ex canciller Felipe Pérez Roque y del ex responsable de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC, Fernando Remírez de Estenoz.
Los tres altos dirigentes eran investigados desde más de un año antes de su destitución, según se desprende del vídeo, cuyo contenido ha sido revelado a EL PAÍS por tres fuentes distintas que lo vieron. La filmación tiene dos versiones: una de tres horas y otra de seis. Al principio fue exhibido sólo a dirigentes, pero ya está siendo proyectado a militantes de base del PCC, que para verlo han de dejar móviles, bolígrafos, bolsos de mano y número de carné de identidad antes de entrar a la sala de proyección.
La filmación recoge la sesión ampliada del Buró Político que presidió Raúl Castro el 2 de marzo, cuando se determinó destituir a Lage, Pérez Roque y Remírez, así como relevar de sus cargos a varios ministros y reestructurar algunos organismos de la Administración central del Estado. El vídeo también incluye grabaciones de conversaciones telefónicas e imágenes tomadas por los servicios de seguridad a los tres ex dirigentes y al ingeniero industrial Conrado Hernández, compañero de Lage desde los tiempos de la Universidad y representante en Cuba de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) del Gobierno vasco.
Hernández fue detenido el pasado 14 de febrero en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar a Bilbao, y es uno de los ejes del caso contra los tres dirigentes. Raúl Castro le atribuye realizar labores de espionaje para los servicios de inteligencia españoles, acusación que se apoya con la grabación de al menos un encuentro de Hernández con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un restaurante de La Habana. Según el vídeo, Conrado debía pasar informes sobre la salud de Fidel Castro y de otros dirigentes cubanos, sobre el programa energético que se lleva a cabo en la isla y sobre las relaciones de Cuba con Estados Unidos y otros países, como Rusia y China.
Otro personaje central de la historia, también arrestado, es el médico Raúl Castellanos Lage, primo de Lage y directivo del Instituto de Cardiología Vascular de la capital. Después de saber que no sería su pariente sino Machado Ventura el segundo hombre fuerte del país, Castellanos comenta que hubiera sido bueno haber acabado con la vida de Machado Ventura cuando tuvo un problema de corazón. "Se le hubiera hecho un buen servicio a la patria", llega a decir.
En esencia, Raúl Castro acusa a los ex dirigentes de deslealtad, abuso de poder y de revelar a Hernández informaciones confidenciales, que él a su vez hacía llegar a los servicios secretos españoles. Aunque no se verbaliza de forma explícita, también se deja caer que los cesados y sus amigos constituían un grupo que tenía complicidades y alimentaban ambiciones políticas, aunque en ningún momento se sugiere que estuvieran conspirando.
Fue Fidel Castro, en el artículo que escribió un día después de la destitución de Lage y Pérez Roque, el que más claro formuló la acusación: "La miel del poder (...) despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno". "El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos", afirmó entonces el líder comunista.
Durante su comparecencia, Raúl recuerda que el 23 de febrero de 2008 se efectuó una reunión del Buró Político en la cual se elaboró la lista de candidatos para ocupar los puestos principales en el Consejo de Estado. Fue entonces cuando se decidió que Machado Ventura, de 78 años, ocupara el cargo de vicepresidente primero. "Lage estaba presente en la reunión por ser miembro del Buró Político, y Raúl Castro pidió máxima discreción hasta que al día siguiente el Parlamento votase la candidatura propuesta", afirma una de las fuentes de EL PAÍS.
Según se dice en el vídeo, el médico Raúl Castellanos Lage celebró la fiesta de su boda esa misma noche en la azotea del hotel Ambos Mundos. Asistieron, entre otros, Carlos Lage, Conrado Hernández, Remírez y Felipe Pérez Roque. Es Conrado quien cuenta que Lage llegó a la fiesta con la cara desencajada y que al final reveló a los mencionados que Machado Ventura sería el número dos de la candidatura y no él. El ambiente festivo decayó. "Lo que era una fiesta se convirtió en un ambiente luctuoso", dice Raúl Castro en un momento de la filmación.
"Pérez Roque llegó tarde y se enfadó. Dijo que eso no podía ser, que al día siguiente él iba a intervenir en la reunión del Parlamento e iba a decir que él no estaba de acuerdo", afirman las fuentes que han visto el vídeo. En realidad, en la sesión del Parlamento del 24 de febrero el ex canciller no dijo nada.
Esa misma noche, la seguridad cubana interceptó una conversación de Carlos Lage con el ex jefe de despacho de Fidel Castro, Carlos Valenciaga. Hablan en argot del béisbol, el deporte nacional de Cuba. "No me pasaron la bola", dice Lage, una expresión que viene a significar "me dejaron fuera de la jugada". Valenciaga, de 35 años, insiste en que le diga quién es el número dos. Después de un breve intercambio, Lage se lo confiesa y se lamenta: "Así es la vida".
En aquel momento Valenciaga ya era objetivo de la seguridad cubana debido a otra fiesta: la que realizó el día de su cumpleaños, el 16 de septiembre de 2006, cuando Fidel Castro se encontraba al borde de la muerte, después de caer enfermo dos meses antes. La celebración tuvo lugar en una sala del Palacio de la Revolución, muy cerca de donde convalecía el ex presidente cubano. En el vídeo, Raúl Castro enseña fotos del ex secretario de Fidel en plena pachanga, con gorra de comandante y con una botella en la entrepierna. Valenciaga fue cesado en verano de 2008 y desde entonces trabaja en los archivos de la Biblioteca Nacional José Martí.
Desde que comienza la reunión del Buró Político, antes de presentar ningún material grabado por la seguridad, Raúl Castro pide a Lage, Pérez Roque y Remírez que digan cuál era su relación con Conrado Hernández y con el doctor Castellanos Lage, las personas que a la postre motivaron su caída en desgracia. En específico, a los tres les pregunta sobre la fiesta del hotel Ambos Mundos y de lo que se habló allí. "Todos responden con evasivas, diciendo que no se acuerdan y tirando pelotas fuera", asegura una fuente. En un momento determinado, Raúl Castro ironiza: "Oigan, ustedes tienen problemas de memoria".
Posteriormente, Conrado Hernández, ya detenido, aparece en pantalla admitiendo que fue captado por el servicio español de espionaje. "Ellos conocen tus debilidades y se te van metiendo. Cuando te has dado cuenta, trabajas para ellos (...)", dice el representante del SPRI en Cuba, que era seguido desde 2006. Revela, además, que la noche de la famosa fiesta del Ambos Mundos salió del lugar para informar a los servicios secretos. Según Raúl Castro, los servicios de inteligencia cubanos detectaron que horas antes de la reunión del Parlamento, la mañana del 24 de febrero, la noticia se había filtrado en España...
Entre los materiales 'aportados' por el contraespionaje cubano está la grabación de una comida en el restaurante El Templete, en La Habana Vieja. Tuvo lugar en 2007 y en ella participaron Conrado Hernández y uno de los hombres del CNI destacados en la capital cubana. Al final del almuerzo llega un segundo agente español. "La imagen prácticamente no se ve, pero el sonido es bueno. Conrado y el espía español se ponen de acuerdo en la información que más interesa y la que debe obtener", coinciden las tres fuentes consultadas.
Los representantes del CNI en La Habana -adscritos a la Embajada española- niegan con vehemencia que Hernández fuera agente suyo y rechazan cualquier vinculación con el caso que hizo caer en desgracia
a Lage y Pérez Roque. No descartan que Hernández fuera un agente cubano. Sin embargo, el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, anunció a mediados de mayo el relevo de los miembros del CNI, cuya salida de Cuba podría ser definitiva.
"La trama de espionaje corre paralela al gran objetivo del vídeo, que es demostrar que [los ex dirigentes cubanos] fueron desleales, permitieron abusos y alimentaron ambiciones de poder", afirma uno de los militantes comunistas que habló con EL PAÍS. Tanto en la versión de seis horas como en la de tres se descubren conversaciones e imágenes que ponen de manifiesto el ambiente camaraderil del grupo, cómo Conrado Hernández organizaba fiestas para sus amigos en la finca que tenía en Matanzas, y también cómo visitaba con asiduidad las oficinas de los ex dirigentes, que le daban información y hacían todo tipo de favores. "Conrado llegó a pedirle al ex canciller Felipe Pérez Roque que le ayudase a obtener un pasaporte diplomático, y éste se lo consiguió en 24 horas; y también logró que Lage le apoyara para desviar un río y que pasara por su finca de Matanzas".
Entre partidas de dominó, piernas de cerdo y tragos de ron cortesía de Conrado Hernández, los amigos hacían bromas subidas de tono sobre la elevada edad de los dirigentes históricos, y en especial sobre Machado Ventura, calificado de "fósil viviente" y de "dinosaurio" por alguno de los comensales. Según Raúl Castro, Castellanos Lage era el que más comentarios "contrarrevolucionarios" hacía, hasta el punto que él llegó a recibir un anónimo del hospital donde trabajaba.
Este anónimo, que desató las alertas, daba cuenta de que el doctor Castellanos Lage -que llegó a ser segundo del Departamento Ideológico del Comité Central en época de Carlos Aldana, que fue número tres en la jerarquía cubana- estaba constantemente hablando mal de la revolución y de los dirigentes históricos. Fue él quien hizo el comentario de que ayudar a los problemas de corazón de Machado Ventura representaría un "buen servicio" para la patria. Fue arrestado el pasado 1 de marzo.
Conrado Hernández fue detenido el 14 de febrero junto a su esposa en el aeropuerto de La Habana. El 27 de febrero la oficina de la SPRI en La Habana fue sometida a un registro, y la policía se incautó de numerosos documentos. Según se dice en el vídeo, en el momento que se llevaba a España fotos y grabaciones de sus supuestos amigos Carlos Lage, de 57 años, Fernando Remírez (57) y Felipe Pérez Roque (44). Dentro y fuera de Cuba, muchos los consideraban el relevo de la revolución.

27 jun 2009

Jueces con cara sucia: Elías Azar

'Los jueces tenemos la cara sucia': TSJDF
Nota de Claudia Bolaños
El Universal on line, Sábado 27 de junio de 2009
Los jueces, locales y federales, tienen la cara sucia, pues la ciudadanía no tiene una buena percepción de su trabajo, indicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar.
El 90 por ciento de los asuntos penales del país los llevan los poderes judiciales locales, quienes sin embargo, no cuentan con los recursos suficientes para hacer su labor, lo cual no es considerado por la población, entre la cual prevalece una mala opinión de los impartidores de justicia.
"Los jueces tenemos la cara sucia, históricamente la tenemos sucia, los jueces locales y federales. Hay una confusión de poderes, hay un poder judicial del Distrito Federal, un Poder Judicial Federal, del Distrito Federal. Es un juego de palabras tremendo".
Y agregó: "¿A qué
se debe esa percepción? A que tenemos la cara sucia y tenemos que aprender a lavarla", fue su contestación al cuestionársele sobre si este año se incrementó la carga de trabajo de los jueces.
El también llamado magistrado presidente dijo que su principal reto en la presidencia del TSJDF no es nás que uno, cambiar la precepcion de la ciudadanía entorno al poder judicial através de el dictar de sentencias claras, impulsar reformas y procurando una justicia expedita.
También se refirió al caso de dos jueces que renunciaron, por estar inmiscuidos en un caso de acoso sexual, y otro por llegar todos los días en estado de ebriedad.
Respecto al juez Gustavo Ramírez Ávila, hermano de uno de los acusados del bombazo en avenida Chapultepec, y quien estuvo bajo investigación por liberar a un secuestrador, dijo que sigue en las Islas Marías, como impartidor de justicia, y "disfrutando del aislamiento del mundo". nga / gdh

Comando 28 de junio

Puerto de Acapulco, 27 de junio de 2009
Fecha: 2009 06 27
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
AL PUEBLO DE MÉXICO:
AL PUEBLO DE GUERRERO:
COMPAÑEROS, CAMARADAS:
COMO EN AÑOS PASADOS HACEMOS UN SENTIDO HOMENAJE A LOS MÁRTIRES CAÍDOS EN EL VADO DE AGUAS BLANCAS EL FATÍDICO 28 DE JUNIO DE 1995.
LA CONFESIÓN DE PARTE HECHA HACE POCO POR EL AUTOR INTELECTUAL DE ESA MASACRE, EL CHACAL RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, NOS CONVENCE MÁS DE QUE LA LUCHA REVOLUCIONARIA SERA LA ÚNICA QUE DE VERDAD HARÁ JUSTICIA PARA ESOS MÁRTIRES Y TODOS LOS ASESINADOS, PRESOS Y DESAPARECIDOS QUE HA DEJADO LA LUCHA DE LIBERACIÓN DE NUESTRO QUERIDO PAÍS.
AL PUEBLO LE PEDIMOS SER CUIDADOSO Y NO CAER EN LA PELIGROSA PROVOCACIÓN QUE IMPULSA EL GOBERNO FASCISTA DE FELIPE CALDERÓN. SI ES NECESARIA EJERZAMOS LA AUTODEFENSA ARMADA, PERO DAR MOTIVO GRATUITO AL HURACÁN DE LA VIOLENCIA IRRACIONAL DE ESTE GOBIERNO ILEGÍTIMO SERÍA CAER EN UN GRAN ERROR. A LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL RESPONDAMOS SOBRE TODO CON MÁS TRABAJO POLÍTICO ORGANIZADO. LA CONSIGNA DE NUESTRO QUERIDO LUCIO CABAÑAS DE “SER PUEBLO” POR MEDIO DE BASES DE APOYO FUERTES ES UNA VIEJA LECCIÓN QUE JAMÁS DEBEMOS DEJAR DE DESARROLLAR.
EL MAESTRO LUCIO NOS ENSEÑÓ A ACOMPAÑAR AL PUEBLO EN SU LUCHA Y A NO DESCALIFICAR SU “ATRASO POLÍTICO”. POR ESO LA CONSIGNA DE “ESTAR CON EL PUEBLO” NOS OBLIGA A DEJAR CLARA NUESTRA POSICIÓN POLÍTICA DE RESPETO A TODAS LAS FORMAS DE LUCHA Y DECIMOS QUE DONDE CONVENGA A LA LUCHA POPULAR ES VÁLIDA Y RESPETABLE LA LUCHA ELECTORAL, Y DONDE NO CONVENGA DEBEN IMPULSARSE, ORGANIZADAMENTE, OTRA FORMAS QUE DEN MEJORES RESULTADOS.
LO UNO NO SE CONTRAPONE A LO OTRO, AL CONTRARIO, LO COMPLEMENTA Y ENRIQUECE.
FINALMENTE, UN FRATERNAL Y COMBATIVO SALUDO A TODAS LAS FUERZAS, GRUPOS, PROYECTOS E INDIVIDUOS QUE A PESAR DE TODO SIGUEN POR LA SENDA QUE NOS MARCARON LOS PRÓCERES Y HÉROES QUE NOS DIERON PATRIA, HACER DE MÉXICO UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y DEMOCRÁTICA.
¡CONTRA LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL!
¡LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO!
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO DE LOS POBRES – COMANDO JUSTICIERO 28 DE JUNIO, CCRP-CJ28J

PUERTO DE ACAPULCO A 27 DE JUNIO DE 2009
Fuente: Cedema.org

News Divine, a un año

Revista Proceso # 1703, 21 de junio de 2009;
Informe oficial: los responsables de la tragedia
DANIEL LIZáRRAGA
A través del IFAI, Proceso obtuvo un informe enviado a Los Pinos por Joel Ortega una semana después de la tragedia de la discoteca New’s Divine. En el documento, que Presidencia pretendía mantener “reservado” hasta 2021, el entonces jefe de la policía capitalina señala 19 errores cometidos el 20 de junio de 2008 y reparte culpas entre altos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal. Hasta Marcelo Ebrard resulta salpicado, pues estaba obligado a evaluar el desempeño de los mandos únicos operativos integrantes del Sistema de Coordinación Policial…
Once días antes de ser destituido como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega envió al presidente Felipe Calderón un informe oficial en el que cuestionó el fallido operativo en la discoteca New’s Divine –el cual costó la vida a nueve jóvenes y tres policías–, y dejó ver que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sí tuvo responsabilidad en estos hechos, pues entre sus obligaciones estaba la de evaluar periódicamente a los mandos policiacos cuya ineficacia provocó la tragedia.
En un expediente de más de 100 páginas con 11 apartados, el entonces funcionario capitalino presentó a Ebrard como el principal responsable del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal, quien desarrollaría una novedosa estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada.
No obstante, Joel Ortega reconoció que los uniformados enviados al New’s Divine no tenían la capacitación ni la preparación para controlar multitudes y reaccionar ante situaciones de riesgo.
El titular de la SSP incluyó en este expediente el Plan de Operación Policial Conjunta, por medio del cual también quedó al descubierto que dos altos mandos del gobierno capitalino en ese momento, Julio César Sánchez Amaya, director general de Policía Sectorial, y Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública, autorizaron el operativo pese a que acusaba graves deficiencias.
Las firmas de los dos funcionarios aparecieron en ese plan, pero ambos siguen eximidos de responsabilidad.
El informe fue recibido en Los Pinos el 27 de junio del 2008. Durante los siguientes 10 meses estuvo en calidad de “reservado” –se pretendía que el documento permaneciera en esa condición por 12 años, hasta 2021– en la secretaría particular, a cargo de Luis Felipe Bravo Mena.
No obstante, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desestimaron los argumentos para mantener la reserva y desclasificaron el documento, entre otras razones porque partes sustanciales del informe no están relacionadas con las averiguaciones previas.
A propuesta del comisionado Juan Pablo Guerrero, el IFAI ordenó a la Presidencia abrir ese expediente y entregar a Proceso una versión pública donde se omitieran las fotografías de los menores de edad, los nombres de los jóvenes muertos y cualquier otro dato que pudiera poner al descubierto información clave sobre las bandas delincuenciales. El resto del expediente ahora es público.
Reportes previos
En los informes oficiales preliminares al operativo –apartado desclasificado por completo– consta que la SSP, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol) sabían que el New’s Divine estaba repleto de jóvenes menores de edad a quienes se les vendían alcohol y drogas:
–Una de las demandas ciudadanas captada en las reuniones de seguridad pública vecinal en la Coordinación GAM 5 Pradera fue el funcionamiento de la discoteca New Divaine (sic), ubicada en Avenida Eduardo Molina 186, colonia Nueva Atzacualco (sic), en donde todos los viernes ingresan menores de edad, en su mayoría estudiantes de escuelas secundarias y de media superior de la zona, en donde se les venden bebidas alcohólicas y estupefacientes en forma desmedida.
–En el exterior de dicho inmueble se reúnen un grupo de aproximadamente entre 50 y 60 sujetos que obstruyen el paso peatonal pidiendo dinero a las personas que transitan en el lugar, molestando morbosamente a las femeninas. Se tiene conocimiento que el horario de operación de este local es de las 18:00 a las 22:00 horas, situación que no se respeta ya que, usualmente, permanecen en cantidad menor molestando con el ruido de las bocinas de sus vehículos e ingiriendo bebidas embriagantes.
–Dentro de la incidencia delictiva que se tiene registrada en el sistema de información policial esa zona es de riesgo en el rubro de robo a transeúnte y de vehículo con violencia.
En contraste con este tipo de datos, en el archivo desclasificado por el IFAI no hay órdenes específicas para poner a salvo a los jóvenes. La instrucción dada a los uniformados escogidos para el operativo sólo fue de “respetar y proteger los derechos humanos”.
Según el informe elaborado por Joel Ortega, eso jamás sucedió. Las investigaciones posteriores hechas por la procuraduría capitalina revelaron que los muchachos fueron vejados al tomárseles fotografías como responsables de delitos sobre los que no hubo pruebas; luego les marcaron las manos, supuestamente para identificarlos, y finalmente hubo testimonios en el sentido de que fueron golpeados.
Apenas un mes antes de la tragedia, el 21 de mayo de ese 2008, las autoridades capitalinas anunciaron en la Gaceta Oficial la creación del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal.
Se trataba de una nueva forma de enfrentar a la delincuencia, “indispensable” para generar un sistema de “acciones coordinadas entre los cuerpos policiales” en las diferentes zonas de la capital, debido a que la seguridad pública –justificaron– es una de las demandas más frecuentes de los habitantes de la Ciudad de México.
En el artículo 2 de este acuerdo se enlista a los funcionarios que integraron el Sistema de Coordinación Policial, por orden de importancia: jefe de Gobierno del Distrito Federal, como presidente; secretario de Seguridad Pública; procurador general de Justicia; subsecretario de Seguridad Pública; subsecretario de Desarrollo Institucional; jefe general de la Policía Judicial; director general de Estado Mayor de la Policía Judicial, y secretario técnico del Gabinete de Gobierno y Seguridad.
También se describió la responsabilidad de Marcelo Ebrard:
Artículo 8.- El Jefe de Gobierno evaluará periódicamente el desempeño de los Mandos Únicos Operativos de las Coordinaciones Territoriales que formen parte del Sistema de Coordinación Policial, para que se proceda en términos de la legislación aplicable.
Entre las prioridades de este nuevo organismo destacan las de analizar, planificar y evaluar las acciones tendientes a erradicar las actividades ilícitas.
El 20 de junio de 2008 estos planes se vinieron abajo estrepitosamente cuando nueve mujeres y hombres menores de edad murieron por asfixia, aplastados por una multitud desbocada que buscaba salir de la discoteca, lo mismo que tres policías.
Los errores
El expediente oficial elaborado por Joel Ortega consta de 11 partes: Informe de hechos sobre la discoteca Club New’s Divine, Anexo Jurídico, Orden General de Operaciones, Parte de Novedades, Denuncias Ciudadanas, Informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa del DF sobre los hechos de la Discoteca New’s Divine, Informe a la Comisión de Derechos Humanos del DF, Anexo Fotográfico, Giros Negros en la Delegación Gustavo A. Madero, Anexo videos SSP y Anexo videos GAM.
En la parte superior derecha de cada hoja se le colocaron sellos de “reservado” o “confidencial”. Este tipo de leyendas aparecieron con mayor frecuencia en el Informe sobre los Hechos de la Discoteca Club New’s Divine y en la Orden General de Operaciones.
De los datos anotados en esta última se desprende que las autoridades sabían que ese bar estaba repleto de menores de edad y que tenían la certeza de que ahí se vendía alcohol y drogas de manera indiscriminada:
Derivado de las demandas ciudadanas captadas en reuniones de seguridad vecinal GAM Pradera, se determinó que (en) el funcionamiento de la discoteca New’s Divine se permitía el ingreso de menores de edad y el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes por los mismos, por lo que era necesario realizar la verificación administrativa en este lugar.
En ese mismo apartado, Joel Ortega exhibió que, a contrapelo de lo que el gobierno capitalino pretendía con su nueva forma de combatir a la delincuencia organizada, al momento de enfrentarse a la realidad dentro de la discoteca New’s Divine no hubo “ni acciones coordinadas entre los cuerpos policiacos” ni tampoco “mejoraron las formas de acción conjunta”, tal y como se anunció en la Gaceta Oficial.
En la subdivisión titulada “19 errores durante la Verificación Administrativa”, Joel Ortega señaló que los mandos medios de la policía y, sobre todo, los encargados del operativo, no debieron perder el control del acceso principal de la discoteca en ningún momento.
Según la explicación ofrecida por Ortega al presidente, el responsable del operativo, Guillermo Zayas González, entonces director ejecutivo regional VI, debió valorar con suficiente tiempo su estado de fuerza, las condiciones del lugar, el tipo de asistentes y todas aquellas circunstancias que, al pasarlas por alto, desembocaron en esa tragedia:
El estado de fuerza policial generalmente para controlar multitudes debe ser de 2 a 1 y en el presente caso fue lo contrario, aunado al hecho de que los elementos policiales convocados al operativo eran sectoriales y de UPC, los cuales no están debidamente capacitados para la contención de multitudes.
En la presentación del organismo y la descripción de sus alcances en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se ofreció que se analizaría y se planificaría de mejor manera la erradicación de actividades ilícitas.
Pero la tragedia del New’s Divine, apenas un mes más tarde, exhibió sus deficiencias. Joel Ortega describió así la falta de preparación:
De conformidad con declaraciones y una videograbación, se infiere que varios mandos y elementos de esta corporación abandonaron el lugar por miedo y por falta de control de mando, dejando a su suerte a un reducido número de elementos que realizaron labores de auxilio a los lesionados.
La misión encomendada fue que, a partir de las 17 horas del viernes 20 de junio del 2008, se pusiera en marcha un Plan de Operación Policial Conjunta dentro y en el entorno de la discoteca New’s Divine para asegurar a los presuntos responsables que permiten la venta y distribución de bebidas alcohólicas y drogas.
En la Orden General de Operaciones “Giros Negros en la Delegación Gustavo A. Madero” se precisó que al mando del operativo en el New’s Divine iría el jefe de zona de la Unipol, Guillermo Zayas, quien posteriormente resultó encarcelado y actualmente se encuentra en libertad gracias a un amparo obtenido el 27 de junio de 2008.
En el informe elaborado por Joel Ortega se reveló que Zayas no fue el único responsable del fallido operativo. Al final de ese documento aparecieron también las firmas de Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, y de Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública.
El 25 de junio, Francisco Chiguil, delegado de la Gustavo A. Madero, solicitó licencia para separarse del cargo. El dueño de la discoteca, Alfredo Maya, fue encarcelado acusado de corrupción de menores.
Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitiera un informe en el que condenó el operativo en la discoteca, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anunció el 8 de julio las renuncias de Rodolfo Félix Cárdenas, entonces procurador local, y del propio jefe de la SSP, Joel Ortega.
Esas dimisiones no bastaron. Varios diarios y algunos programas radiofónicos aseguraban que otros funcionarios habían participado en el diseño del operativo. Periódicos como La Crónica y Reforma, basados en fuentes anónimas, señalaron a Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, y a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública.
En respuesta, el todavía procurador Rodolfo Félix Cárdenas exoneró a Luis Rosales en una rueda de prensa mediante una grabación en la que el subsecretario de Seguridad Pública –identificado con la clave Apolo– ordenó a Guillermo Zayas, su subalterno, que no trasladara a más menores de edad ante el Ministerio Público:
“A ver, este…Thor (clave usada por Zayas), no es necesario que te jales a todos. Si no tenemos los recursos, si no llegaron los camiones, hasta donde alcance y los demás revísenlos”. Según el procurador capitalino, esta indicación fue ignorada por Zayas.
El 9 de julio, el propio Ebrard separó a Rosales Gamboa de su cargo como subsecretario de Seguridad Pública, sin ofrecer detalles de su decisión. La participación de Rosales en el diseño del malogrado operativo quedó en una versión periodística sin pruebas.
Lejos de verse involucrado en las investigaciones sobre el New’s Divine, Rosales Gamboa fue nombrado jefe del estado Mayor de la SSP el 15 de agosto. A su cargo quedó la Dirección de Asuntos Internos y el Consejo de Honor y Justicia.
La suerte de Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, fue diferente. Pese a haber firmado el documento en el cual se respaldaba la puesta en marcha del operativo en la discoteca, continuó en el mismo puesto hasta que una circunstancia completamente diferente lo obligó a despachar desde otro sitio.
El 4 de septiembre de 2008, las autoridades federales y locales comprobaron que Sánchez Amaya, conocido como El Jefe Pegaso, había sido el blanco del atentado con una bomba que estalló en las inmediaciones de la SSP el 15 de febrero anterior, ordenado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Al director general de la Policía Sectorial se le asignaron otras tareas de investigación dentro de la propia SSP en las que no estuviera expuesto a la delincuencia organizada.
Las firmas de Rosales Gamboa y de Sánchez Amaya aparecen al final de la Orden General de Operaciones “Giros Negros de la Delegación Gustavo A. Madero”. Este apartado cuenta con ocho hojas desclasificadas por el IFAI.
Abajo a la izquierda dice: “Confidencial”. En la última página de ese apartado se precisa: Elaboró. Director Ejecutivo Regional VI, Guillermo Zayas González; Revisó. Director General de Policía Sectorial, Julio César Sánchez Amaya. Autorizó. Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa.
El diseño del operativo para la discoteca fue criticado duramente por Joel Ortega en el expediente enviado al presidente Felipe Calderón:
–Los policías ocuparon espacios inapropiados para un desalojo (se ubicaron a los costados del pasillo de salida y, en otro momento, frente a las puertas de salida).
–Dentro y fuera del inmueble muchos menores fueron vejados e incluso golpeados durante el desarrollo de los hechos en el pasillo de salida y tiene como consecuencia el pánico, las lesiones y la pérdida de vidas.
–Ningún mando instruyó que se permitiera la salida de los jóvenes, sino que se sostuvo el bloqueo de la puerta de salida y entrada provocando un aglutinamiento interior que produjo muertes y las lesiones.
Y acusó:
–En el momento de mayor crisis de las personas afectadas se nota una ausencia o abandono de las policías del lugar de los hechos.
–De los hechos se observa que existen indicaciones contradictorias. Por un lado, del interior al exterior la instrucción de desalojar el lugar y, por otro, del exterior la instrucción de contener para impedir la salida, lo que genera caos y el aprisionamiento en el pasillo de salida y tiene como consecuencia el pánico, las lesiones y la pérdida de vidas.
***
El trauma
GLORIA LETICIA DíAZ
Resquebrajamiento del tejido social, rencor apenas contenido de los jóvenes hacia la policía capitalina y de los uniformados hacia ellos, criminalización de la juventud y un reclamo permanente de justicia es lo que prevalece entre habitantes de colonias aledañas a la discoteca New’s Divine, escenario del fallido operativo del 20 de junio de 2008 en el que murieron nueve jóvenes y tres policías.
Un año después de los acontecimientos el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, así como representantes de organizaciones civiles como Cauce Ciudadano y Colectivo Marabunta, especializadas en la atención a adolescentes, consideran que el gobierno de Marcelo Ebrard dejó pasar el momento de transformar el sistema policiaco y dar los pasos necesarios para reconocerlos como sujetos de derecho.
Pese a ello el ombudsman capitalino y los representantes de los dos organismos civiles, Carlos Cruz y Miguel Barrera, reconocen los esfuerzos del gobierno de Ebrard para atender a las víctimas del New’s Divine. Lo mismo dice la responsable de aplicar el Plan Emergente de Atención a Víctimas y deudos, Martha Patricia Patiño.
Ella sostiene que a nivel nacional el gobierno de Ebrard Casaubon “sentó un precedente muy importante, si lo comparamos con otras experiencias lamentables. Sólo hay que preguntarle a las víctimas de San Salvador Atenco y de Oaxaca”.
En entrevista, la funcionaria apunta: “El Plan Emergente empezó a operar el 21 de junio de 2008, y desde ese momento el jefe de gobierno giró instrucciones para trabajar en la reparación de daños, en el aspecto médico y psicológico, y extendimos el trabajo a la comunidad, que también resultó muy lastimada por una acción policiaca que nunca debió haber existido”.
De acuerdo al último informe del Plan Emergente, el monto total ejercido, incluyendo indemnizaciones, fue de 28 millones 634 mil 684 pesos. En esta cifra se incluyen las contrataciones a instituciones especializadas de atención psicológica a 100 jóvenes, 48 familiares y ocho familias de deudos; atención médica a 42 jóvenes lesionados; un millón 650 mil pesos se destinó a apoyos educativos a cinco familias; se otorgaron 39 apoyos a madres de familia de jóvenes afectados por montos de entre 23 mil y 55 mil pesos. Así mismo, se entregaron 10 viviendas.
En cuanto a las acciones hacia la comunidad, el informe detalla la recuperación de 18 espacios públicos, así como la capacitación a 400 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes relevaron a los elementos de la Policía Auxiliar del Sector Pradera, donde se ubicaba la discoteca New’s Divine.
Cuestionada por las exigencias de justicia que con mayor énfasis se expresaron en la semana previa al primer aniversario de la tragedia, Patricia Patiño reconoce que para una familia lastimada “es difícil que entienda que la justicia no siempre va de la mano de la legalidad, y que el jefe de gobierno no puede actuar por encima de ella. Las familias quieren ver en la cárcel a (Guillermo) Zayas, pero ahí quien tiene que responder es el juez federal que le otorgó el amparo”.
Criminalización latente
En la fachada del local que alojó la New’s Divine, cruces de madera, flores frescas y cartulinas con textos muy elaborados, que responsabilizan al jefe de gobierno Marcelo Ebrard; exigen respuesta del juez Rafael Guerra que lleva el caso, y cárcel para Guillermo Zayas, quien llevaba el mando del operativo de la Unipol aquel 20 de junio.
El predio, expropiado por el gobierno capitalino en 2008 y sujeto a un litigio por los dueños, es vigilado permanentemente por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes sustituyeron a los elementos del Sector Pradera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que participaron en el despliegue policiaco encabezado por Zayas.
En esta colonia, la Nueva Atzacoalco, el gobierno de Ebrard Casaubon aplica un programa de policía de contacto con la población, como una respuesta a la recomendación 11/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHF).
Pero para adolescentes como Israel, vecino de la New’s Divine donde solía divertirse cada viernes, los esfuerzos del gobierno central se estrellan con una cotidianidad similar a la que antecedió al operativo policiaco, la criminalización de la juventud de los barrios pobres.
“Si son las 11 de la noche y vas caminando, los de la PBI hacen una revisión a los chavos, no lo hacen ni a las mujeres ni a los señores; hacen que saques tus pertenencias y te revisan. No son corruptos, no nos quitan nada, pero no se meten con Los Negros, la banda más gruesa y peligrosa de estos rumbos”, dice Israel.
El adolescente, quien perdió amigos en el operativo policiaco del 20 de junio de 2008, reconoce la recuperación de espacios públicos que ha hecho el gobierno del Distrito Federal, pero confiesa que la inseguridad y la desconfianza a los cuerpos policiacos sigue.
En el Sector Quiroga, cuyos agentes también estuvieron implicados en el trágico operativo, no hubo cambios en la estrategia policiaca, y esto lo resiente la población, descrita en voz de familias de sobrevivientes a la acción policiaca del 20 de junio.
Ángela Ham Calvillo, madre de Wendy Viridiana López, así como Francisco Javier Alfaro Duarte y su hijo Juan Carlos, coinciden en que al trato cotidiano de criminalización de los jóvenes por parte de las policías, se sumó el rencor hacia quienes estuvieron el 20 de junio en la New’s Divine.
Carlos Cruz, director de la organización Cauce Ciudadano y Miguel Barrera, del Colectivo Marabunta, no ocultan su decepción al hacer la evaluación del primer aniversario de la tragedia del New’s Divine.
Carlos y Miguel, ambos expandilleros, recibieron amenazas de muerte que nunca fueron esclarecidas, a pesar de que en el caso de Miguel, hubo fotografías de policías que acosaron a jóvenes del Colectivo Marabunta por exigir justicia.
Una de las labores que encabezó Marabunta fue la contención social: “Fueron noches de llorar con la banda, porque los pesados querían vengar a los compitas que murieron en el Divine, pero dialogamos con ellos y contuvimos la bronca, pero el rencor sigue ahí guardado, porque no vieron cambios y en cualquier momento puede reventar”, cuenta Miguel.
Tanto él como Carlos esperaban que de los esfuerzos y riesgos que tomaron, el gobierno de Marcelo Ebrard reconociera los derechos de los jóvenes, e instrumentara cambios con perspectiva juvenil en la formación de los policías.
Para Carlos “la recomendación de la CDHDF fue asumida como un control de daños y no como una oportunidad de transformación sistémica sobre todo de las corporaciones policiacas. Mientras siga así, dice, puede ocurrir otra tragedia en cualquier parte de la ciudad, no sólo en la GAM”.
Lamenta, además, que entre las medidas que tomó la delegación política esté la de cerrar opciones de diversión para los jóvenes, lo que derivó en la apertura de locales clandestinos en esa demarcación ubicada al norte de la Ciudad de México y en los municipios conurbados de Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyolt, “donde no hay controles de ningún tipo”.
El ombudsman capitalino coincide con los activistas: “Sin minimizar la atención que el gobierno de Marcelo Ebrard dio a las víctimas, el New’s Divine rompió el tejido social, era el momentum para restructurar la policía”.
Por lo que atañe a la recomendación 11/2008, Álvarez Icaza considera que el gobierno capitalino cumplió con 18 de 34 puntos, pero no atendió los relativos a la justicia –“que es el eje central”–, resaltó la falta de una política pública y renovación de la policía con perspectiva juvenil.
Y concluye: “A un año del New’s Divine no se ha recompuesto la confianza ni el tejido social.”

Ante la grosera respuesta de Bours

Declaración del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont/Comunicado
México, D. F., a 26 de junio de 2009
Buenas tardes, señores.
Respecto a los lamentables hechos ocurridos en la guardería ABC de Hermosillo, hago las siguientes precisiones:
No está en mi ánimo convertir esta tragedia en un asunto de carácter político o personal. Tampoco el confrontar a la Secretaría de Gobernación con el gobierno de Sonora ni yo, en lo personal, con don Eduardo Bours.
En este caso, la única intención, preocupación y ocupación del gobierno federal es poner a las víctimas de este terrible suceso por encima de todo y asegurar el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades y la consignación de los casos que correspondan ante la autoridad judicial.
Existe un claro y legítimo reclamo de la sociedad porque se haga justicia.
Durante casi tres semanas, la responsabilidad de esta indagatoria estuvo, en su mayor parte, en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
Sin embargo, y a pesar de la cooperación constante y el respeto expresado al gobierno de esa entidad, no se ha consignado a los responsables de la guardería ni de la bodega en que se originó el incendio.
Las razones anteriores y el hecho de que se trata de una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, animaron la determinación de la Procuraduría General de la República de atraer el caso.
Hace unos momentos la Procuraduría General de la República ha recibido, de la autoridad estatal, el expediente del caso, que resulta indispensable para que se pueda cumplir con su misión, integrar las averiguaciones federales y, sobre todo, poder hacer las consignaciones de quienes tengan responsabilidad.
Por otro lado, y respecto a la información que se ha dado a conocer sobre el atentado que un comando armado perpetró contra el vehículo
en que viajaba el candidato del PAN a diputado federal por el Distrito 7, don Ernesto Cornejo Valenzuela, en donde murieron dos de sus colaboradores, quienes recibieron varios impactos de arma de fuego y donde resultaron lesionadas tres personas más, tres mujeres más, les informo que la Procuraduría General de la República, con el consentimiento del gobernador del Estado de Sonora, ha decidido atraer ese caso a fin de que se investigue este atentado.
Esto es de la mayor relevancia porque se puede dar en el contexto del procedimiento electoral y es obligación de todos buscar que éste se desarrolle de la manera más pacífica y armónica posible.
Por último, he encomendado al subsecretario de Gobierno, don Gerónimo Gutiérrez, el que mantenga comunicación y cooperación constante con las autoridades de Sonora, como parte de las funciones que le corresponden, de acuerdo al reglamento interior de esta Secretaría, y a que mantenga debidamente informada a la opinión pública sobre los avances que se presenten en estos casos.
Muchas gracias

De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio El Financiero, noviembre 19, 2026 | La presidenta Claudia Sheinbaum h...