24 mar 2010

Obama, hoy

Obama: fuerte y equivocado/Michael Gerson, columnista de The Washington Post
EL MUNDO, 24/03/10):
La sentencia más importante que se puede dictaminar sobre un presidente de EEUU no es si se trata de izquierdista o conservador, sino si es fuerte o débil. El veredicto de debilidad tiende a reforzarse solo. Cada tropiezo avala la narrativa, mientras que los logros que contradigan esta narrativa son minimizados o ignorados (véase Jimmy Carter). Pero lo contrario también es cierto. La fuerza tiene una dinámica propia.
Obama posee un cierto tipo de fuerza que yo había subestimado. Su reserva no carece de pasión. Durante el debate sobre la reforma sanitaria el presidente ha sido tenaz, incluso cruel. Después de la victoria republicana de Massachussets en el Senado, reaccionó con ira y ambición, no con conciliación. Rechazó un «proyecto famélico» de antemano. Él estaba dispuesto a emplear y defender cualquier método -creatividad contable, acuerdos entre bambalinas, lagunas del reglamento- para lograr su objetivo. Sus métodos eran flexibles -la legislación viola algunas de sus propias promesas de campaña sobre la reforma, incluyendo la implantación de la obligatoriedad de un seguro-, pero su determinación era firme. Cuando llegó la hora de la verdad, dio el callo.
En el proceso, Obama se ha unido al panteón de los presidentes progresistas. Algunos de ellos, como el alegre en cualquier circunstancia Franklin D. Roosevelt, fueron políticamente relevantes. Otros terminaron como fracasos políticos (Woodrow Wilson, frío, cerebral y odiado; Lyndon B. Johnson, apasionado, orgulloso y decepcionante). Pero cada uno puso a prueba los límites del poder ejecutivo, cambió la relación entre la ciudadanía y el Estado e inspiró adoración o desprecio a muchas generaciones. Obama ahora pertenece a este grupo.
La política de la reforma sanitaria es casi tan compleja como la propia legislación. Haber planteado primero este asunto antes de hacer un hincapié serio en la creación de empleo y el crecimiento económico lo hace parecer un grave error. La agenda progresista de Obama no se alinea con las prioridades de la opinión pública, lo que le ha costado popularidad. Una vez embarcado en este programa, sin embargo, el abandono habría alimentado una narrativa de debilidad que podría haber socavado toda su presidencia.
Pero aprobar esta reforma ambiciosa gracias a la disciplina de partido y por medio de tácticas cuestionables también puede conducir a un desastre político. Abocado a las legislativas, Obama ha conseguido alienar a muchos jubilados, preocupados porque los recortes en sus planes de Medicare se utilicen para financiar algún otro derecho social, y a muchos independientes, cuyo disgusto general con el funcionamiento de la Administración se ha visto reforzado. La intensidad de la oposición a la reforma sanitaria sigue siendo más elevada que el apoyo que despierta. Mayorías claras de estadounidenses se inclinan a pensar que elevará su propio gasto y reducirá la calidad de su atención. No hay suficiente cantidad de discursos presidenciales de aquí a noviembre que pueda cambiar esas opiniones -sobre todo porque el trasiego de discursos presidenciales del año pasado ha sido contraproducente.
La sentencia política inmediata sobre Obama será, probablemente, dura. El juicio histórico es, por naturaleza, incierto. El presidente puede consolarse (con razón) con el hecho de que ha alterado para siempre el debate de la asistencia médica en EEUU. Cuando los republicanos vuelvan finalmente al poder intentarán modificar el paquete a través de la introducción de elementos más orientados al mercado, pero no tratarán de abolir la reforma. ¿Qué republicano quiere hacer campaña con el retorno a la exclusión de la cobertura por motivos de enfermedad anterior a la firma de la póliza? Obama ha sentado hechos legislativos sobre el terreno que marcarán cada debate sanitario en el futuro.
Pero el valor de este logro estará determinado por otro juicio histórico. Si esta reforma de la Sanidad hubiera sido aprobada, por ejemplo, en 1994, habría sido otra losa más sobre una economía en crecimiento y más adelante perfeccionada a medida que las consecuencias imprevistas derivadas de la ley se hicieran patentes -un lastre económico, pero no un desastre-. Sin embargo, si el Gobierno estadounidense se dirige hacia una crisis general del Estado del Bienestar, la reforma sanitaria de Obama será considerada históricamente irresponsable. Se añade un nuevo derecho masivo a la cima de la montaña de derechos sociales que es ya precaria. Los costes asociados a este nuevo compromiso tendrán un crecimiento proyectado en el 8% anual más o menos, más rápido que el crecimiento de la economía o los ingresos fiscales. Y este nuevo derecho está financiado principalmente mediante los recortes más fáciles de las prestaciones existentes, dinero que ahora no podrá utilizarse para financiar promesas de derechos existentes que no tienen financiación real.
En este escenario histórico, la ironía será de gran calibre. Después de haber visto los desastres del sector financiero fruto del sobreendeudamiento y de ver a muchos estadounidenses arruinados por préstamos demasiado aplazados, la principal respuesta de Obama a la crisis económica ha consistido en repetir los excesos de ambos a gran escala.
Es posible que un presidente sea fuerte y que esté equivocado de medio a medio

Modernización de la justicia

La Ley de Modernización Tecnológica de la Justicia/Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial en España
Publicado en EL MUNDO, 24/03/10;
Los ciudadanos utilizamos cada vez más las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, realizando multitud de actos jurídicos a través de medios digitales. No hay ninguna razón para no usar en la Justicia lo que resulta normal en otros sectores: comunicaciones electrónicas, expediente digital, formularios web, SMS….
Las soluciones tecnológicas existen en el mercado, y los poderes públicos están obligados a explotarlas para aumentar la eficacia del servicio prestado a la sociedad, en un compromiso continuo de calidad, lo que sin duda contribuirá a aumentar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y, por tanto, la propia legitimidad del sistema.
Pese a que durante los últimos años se han realizado importantes esfuerzos, no se están consiguiendo los resultados esperados. Ha llegado el momento de cambiar la dinámica, dando pasos decisivos en este proceso. El año pasado se dio el primero de ellos con la constitución del llamado Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), en el que todos los organismos públicos competentes en la materia comparten esfuerzos y abordan proyectos de forma conjunta.
Sin embargo, este paso deviene insuficiente si no va acompañado de la dotación de los medios económicos necesarios, así como de una Ley de Modernización Tecnológica de la Justicia que establezca el marco jurídico necesario para facilitar la extensión de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema judicial, al igual que ha hecho para el conjunto de las Administraciones Públicas la Ley 11/2007, que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y que incomprensiblemente no es aplicable a la Justicia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial supuso un avance importante al permitir la utilización de medios tecnológicos a los órganos judiciales y a los ciudadanos que se relacionen con ellos, siempre que se dispusiera de los medios adecuados y se respetaran los requisitos legalmente establecidos. Sin embargo, ha llegado el momento de progresar del podrán al deberán, haciendo obligatorio el uso de aquellos medios.
Es necesario fijar una fecha de eliminación del papel, a partir de la cual solamente tendrían efectos jurídicos los actos realizados a través de medios digitales, con la fijación de las excepciones a que hubiera lugar y estableciendo el régimen transitorio que resulte necesario. Ello supondrá una considerable reducción del tiempo de duración de los procesos judiciales, y un gasto más eficiente de los fondos públicos asignados a la Justicia.
Ya no bastan disposiciones aisladas, sino que es imprescindible una Ley que, de manera integral, regule los distintos aspectos de la aplicación de las nuevas tecnologías en la Justicia, garantizando el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Y no he de ocultar que sería conveniente que fuera aprobada con el consenso de los grupos parlamentarios, lo que le otorgaría un plus de legitimidad para abordar el cambio cultural inherente a esta reforma.
Hay que tener presente que quienes trabajan en el sistema judicial están acostumbrados a actuar con la vista puesta en el Boletín Oficial del Estado, adaptando la forma de trabajar a la nueva realidad normativa, tal y como se ha demostrado en anteriores reformas de calado: la Ley de Enjuiciamiento Civil, los Juicios Rápidos Penales o la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Y no hay que demorarse, dado que se ha iniciado el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, cuyo funcionamiento final solamente es imaginable si va acompañado del procedimiento o expediente digital, en el que todo el proceso se tramite por medios electrónicos, no solamente en la gestión interna de los documentos y actos procesales, sino también en la relación con otras entidades y administraciones públicas (Policía, Agencia Tributaria, entidades financieras…) y con los profesionales del Derecho y los ciudadanos, que interactuarán con el tribunal a través de medios digitales.
Ha llegado el momento de afrontar con valentía la elaboración de un Ley de Modernización Tecnológica de la Justicia. No podemos esperar más.

Conferencia de Laveaga Rendón

Inacipe percibe resistencia para reforma judicial
José Gerardo Mejía
El Universal on line, Ciudad de México, Miércoles 24 de marzo de 2010
Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sostiene que se necesitarán años con 'sangre, sudor y lágrimas' para lograr una mayor transparencia con resultados
"La Reforma en el sistema judicial busca dar mayor transparencia, pero tardará años y será como lo dijo Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas", indicó en la Secretaría de Gobernación (Segob).
En conferencia magistral ofrecida en la Segob, Laveaga admitió que ante la necesidad de cubrir más de 300 plazas anuales para agentes del Ministerio Público, tuvo que considerar dos cursos de seis meses para cubrir las necesidades de la PGR y la Secretaría de Hacienda, como vía de profesionalización, cuando antes, solamente había maestría.
"Instauramos la maestría y salían 50 alumnos al año, me dijo el procurador que Hacienda tenía más de 300 plazas, y me pidió por lo menos 200 egresados anualmente", comentó.
En el foro "Los Retos de la implementación en el nuevo sistema de justicia penal", Laveaga consideró que con el nuevo sistema, los ministerios públicos dejarán de ser mitad policías, mitad abogados, para convertirse en fiscales , porque actualmente, todo el sistema judicial está concentrado en procesos y no, en resultados.
"El agente del MP tiene que aprender a tomar decisiones, explicarlas y resolver más allá de las jerarquías, tenemos seis años para lograrlo, es un cambio de lenguaje, hay que ver las resistencias, los apoyos y los obstáculos.
"El aumento de salario no va a incidir en la corrupción, pero los emepés deben ganar tanto como los jueces como parte de un incentivo, porque en todo el sistema judicial, estamos más interesados en los procesos que en los resultados", añadió.
Laveaga enfatizó que lo que pretende la Reforma es dar transparencia para detectar si hay o no capacidad en las autoridades, donde "si bien no acabará con el amiguismo y la corrupción, puede repercutir en ambas".
Sobre las indígenas presas en Querétaro por el delito de secuestro de Afis, subrayó que la Constitución establece que los jueces deben explicar públicamente las razones para encarcelarlas, porque hay una cultura de rendición de cuentas "aunque no les guste para aclarar los términos del caso".
fml

La respuesta del gobernador Medina

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
La respuesta del gobernador
Excélsior, 24 de marzo de 2010;
El gobernador Rodrigo Medina tenía en sus manos la propuesta con la que podría haber atendido la crisis en la policía estatal y en la municipal: crear una con un mando unificado para toda la entidad que permitiera romper con la cadena de corrupción que se ha enquistado en ella.
Por alguna razón, una vez en el gobierno, Medina decidió no avanzar por ese camino. Primero se designó como secretario de Seguridad Pública estatal a un hombre con reconocimiento de la sociedad civil y los grupos empresariales, pero sin experiencia de fondo en el tema, Carlos Jáuregui, que debió renunciar cuando quiso comenzar a limpiar a las policías y se encontró con una virtual rebelión en ellas. Lo reemplazó Luis Carlos Treviño, un funcionario con larga experiencia, en el sector y en el estado, que se ha impuesto como objetivo esa limpieza. La penetración de las policías regiomontanas viene de tiempo atrás, pero como ocurrió en otros lugares del país, la confrontación comenzó hace unos seis años, cuando fue evidente que a Los Zetas se les habían abierto espacios en la policía municipal de Monterrey y en su área conurbada. Ello se agravó cuando uno de los grupos con peso desde tiempo atrás en la entidad, los Beltrán Leyva, rompieron con el cártel del Pacífico y se aliaron con Los Zetas, aunque manteniendo espacios de autonomía mucho mayores que en otros lugares del país. Ahora las cosas cambiaron porque los Beltrán se han debilitado por la muerte de su líder, Arturo, y porque Los Zetas están recibiendo en su contra una intensa ofensiva de varios otros cárteles, incluidos antiguos aliados. Pero están tratando de sostener la plaza de Monterrey a como dé lugar, pues saben que si la pierden perderán el control sobre la frontera de Tamaulipas y Texas y, con ello, su base de poder.
Las policías en Monterrey y toda su área conurbada se han convertido para estos grupos en una base de operaciones imprescindible. Desde hace meses aparecen listas de policías y mandos cooptados por los grupos criminales y se ha intentado depurar una y otra vez a esos cuerpos, sin lograrlo. Antes del cambio de gobierno vimos cómo policías locales se enfrentaban a militares en plena calle y aquellos bloqueos, tan similares a los que acabamos de ver en estos días, eran apoyados por policías. Ahora sabemos que, en el enfrentamiento de la semana pasada frente al Tec de Monterrey, donde murieron dos estudiantes, algunos sicarios también fueron “rescatados” por policías locales y que éstos participaron, colaboraron, con los bloqueos que azotaron a la ciudad. El gobernador Medina lo ha aceptado y nuevamente se ha propuesto limpiar a las policías.
Pero la única posibilidad para hacerlo es unificarlas bajo un mando único. Será difícil, porque existe la convicción, que se ha demostrado en parte falsa, de que entre ellas existen algunas mejores y mucho más preparadas, como la de San Pedro Garza García (que en el pasado fue un destacamento ejemplar) y otras mucho más débiles, como la de Guadalupe, pero lo cierto es que los hechos de los últimos años han demostrado que, en algunos casos con mayor profundidad que en otros, las policía locales están penetradas por el crimen organizado. Medina tenía entre sus planes conseguir esa unificación: ahora hay la coyuntura con el fin de hacerlo y hasta la justificación política para romper las resistencias que podrían generarse. Sería un ejemplo a seguir.
Porque, hasta ahora, la creación de policías estatales unificadas no está siendo abordado con seriedad por los gobernadores, excepto en un caso: Sinaloa. La gente del gobernador Jesús Aguilar Padilla ya trabaja sobre un modelo en el cual se unificarían esas fuerzas policiales bajo un mando único, que puede ser el que se deba seguir en el resto de los estados. La idea es tener terminado el proyecto de unificación, para sacarlo adelante previamente a las elecciones y esté funcionando antes de que concluya la actual administración estatal, a fines de este año. Aguilar Padilla está terminando su gestión, pero Rodrigo Medina tiene seis años por delante para dejar a su estado con la fuerza policial que Nuevo León merece. Y ambos dejarán un precedente para las demás entidades federativas.

Acciones coordinadas

La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos fortalecen las acciones coordinadas de ambos países en materia de seguridad y gestión migratoria
México, D. F., a 23 de marzo de 2010 | Boletín No.132-23/03/2010
El Gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, y el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Departamento de Seguridad Interna, reconociendo el interés compartido de fortalecer las capacidades institucionales, suscriben el día de hoy dos instrumentos de cooperación entre los países, que permitirán implementar acciones coordinadas en materia de seguridad y gestión migratoria.
La Secretaría de Gobernación firma con el Departamento de Seguridad Interna el Memorándum de Entendimiento para establecer un Programa Conjunto de Seguridad para Viajeros, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas en ambos países.
El Programa Conjunto de Seguridad para Viajeros permitirá compartir mejores prácticas institucionales para identificar a los pasajeros que intenten viajar por aire a los Estados Unidos, o desde y hacia México por la vía aérea, usando documentación de viaje falsa, fraudulenta o alterada, así como a posibles criminales y viajeros de alto riesgo que pudieran comprometer la seguridad de las personas.
Este Programa se inserta en el marco de diversos mecanismos de colaboración interinstitucional recíproca, orientados a capacitar y asesorar a agentes federales.
Por otra parte, las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública suscriben, con el Departamento de Seguridad Interna, el Memorándum de Cooperación sobre el procesamiento e intercambio de información sobre mexicanos a ser repatriados a México, el cual representa la intención de establecer las condiciones para proveer, de manera continua y por medios electrónicos, información sobre los registros criminales de los connacionales que han sido condenados por delitos graves en los Estados Unidos y que serán repatriados a México desde ese país. De esta manera, se fortalece la coordinación entre autoridades para garantizar un proceso de repatriación seguro y ordenado.
Es oportuno subrayar que el Memorándum de Cooperación permitirá impedir la reintegración de cadenas criminales en México y los Estados Unidos. El reconocimiento de un problema compartido contribuye, así, a atajarlo en su multiplicidad y generar espacios más seguros y más prósperos en ambos lados de la frontera. Desde la corresponsabilidad apostamos, pues, por una cooperación más eficiente y más eficaz.
A través de estas acciones sin precedentes en su alcance y con absoluto respeto a la soberanía y legislación de México y Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y el Departamento de Seguridad Interna reiteran la importancia de la cooperación bilateral y la responsabilidad compartida en materia de seguridad y gestión migratoria, y materializan hoy este compromiso, de cara a la ciudadanía.
-Dirección General de Comunicación Social-

La FGR revira y el caso pasó a FEMDO

 Hay anuncios que nacen con eco de trueno y terminan desinflándose en el silencio de los escritorios. Eso fue exactamente lo que ocurrió con...