¡No se vale!

En octubre del 2005 EU detuvo la ayuda militar a México debido a una disputa sobre si ciudadanos estadounidenses deben estar eximidos de ser acusados ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

Las sanciones fueron impuestas cuando México firmó el tratado que estableció la Corte para perseguir a autores de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad.

Jan Edmonson, vocera de la oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado norteamericano confirmó que se aplicaron las sanciones a México en respuesta a una pregunta de la agencia The Associated Press.

Las sanciones significan la pérdida de 1,1 millones de dólares para aprendizaje del inglés y entrenamiento antiterrorista y antinarcóticos; también afecta un programa de 2,5 millones de dólares para vender equipo antiterrorista a las fuerzas armadas mexicanas.

Y es que los países que quieren formar parte de la corte sin sufrir sanciones tienen la posibilidad de firmar con EE UU acuerdos de inmunidad que protegen a los estadounidenses de la jurisdicción de la corte. Más de un centenar lo han hecho.

¡No se vale! un toma y daca.

El presidente George W. Bush, tiene autoridad para anular la sanción y quizá este sea uno de los puntos a abordar en la próxima reunión en Cancún el próximo 31 de marzo.

Afortunadamemnte México anunció el mes pasado que no tiene planes de firmar semejante acuerdo, conocido en la jerga del gobierno como un acuerdo de "Artículo 98".

Las primeras reacciones vinieron de la presidencia de la República: el vocero Rubén Aguilar, dijo el mes pasado que: "será irrefutable al apoyar los protocolos de la corte internacional, cualquiera que sea el costo. Nadie en el mundo debe ser inmune a la acción de la justicia".

Y tal y como se esperaba el Congreso Mexicano reaccionó hoy:

Este jueves 9 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el siguiente Punto de Acuerdo,avalado por todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso:

"Único.- Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se pronuncia en contra de las presiones que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hacia los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, presiones cuyo objeto es otorgar inmunidad a los ciudadanos norteamericanos que cometen crímenes de guerra de lesa humanidad y genocidio.

"Palacio Legislativo de San Lázaro, nueve de marzo del dos mil seis.