La Joya de los Martínez, Sinaloa

Comunicado de la CNDH; CGCP/083/07
México, D. F., a 8 de junio de 2007
Con motivo de la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los hechos ocurridos en la comunidad de La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa de Leyva, estado de Sinaloa y como parte de sus investigaciones se informa que este organismo nacional solicitó a la Dirección General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), explicar la situación de los elementos militares involucrados, si se inició alguna averiguación previa en el fuero militar y, en tal caso, el delito o delitos que se investigan, así como información acerca de la identidad con nombres y cargos de los presuntos responsables, las diligencias realizadas hasta el momento y otros aspectos indispensables para esclarecer por completo lo ocurrido.
La CNDH, considera, asimismo, que todas las autoridades incluidas las militares deben informar con suficiencia a la ciudadanía acerca de los procedimientos utilizados en carreteras y caminos por el personal que efectúa revisiones, incluso sorpresivas, de vehículos y personas al amparo de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la ley federal de armas de fuego y explosivos. Estas medidas de información a la ciudadanía deben comprender la descripción de los avisos y cualquier otro tipo de señalización preventiva, los procedimientos habituales de una inspección y los que deben seguirse, eventualmente, para la remisión de personas y objetos, y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.
Como parte del procedimiento para conocer y determinar las violaciones de derechos fundamentales en contra de las personas fallecidas y heridas en las inmediaciones de la comunidad de La Joya de los Martínez, el personal de la CNDH realizó también una inspección ocular en el lugar de los hechos, donde recabó diversas evidencias, entre éstas cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica que serán sometidas a exámenes de laboratorio. Se requirió también a la Sedena la copia certificada de los resultados de los exámenes de laboratorio realizados a los elementos involucrados, relativos a alcoholemia cuantificada y panel de drogas en sangre y orina, ya que al personal actuante de la CNDH no le fue permitido realizar directamente dichos exámenes.
Se solicitó asimismo a la autoridad militar informar sobre los fundamentos y motivos, normatividad y/o directivas que facultaron a implementar, sin aviso alguno, en la noche y en condiciones de poca visibilidad un retén o puesto de revisión en el lugar de los hechos, y a remitir copia certificada de la orden de operaciones para tales efectos por parte del superior jerárquico del personal que intervino en los hechos, en las inmediaciones de la comunidad de La Joya de los Martínez, Sinaloa.
El personal de la CNDH ha elaborado actas circunstanciadas, cuenta con fotografías y videograbaciones de entrevistas con familiares y personas que colaboraron en el traslado de los cadáveres y en el rescate, auxilio y traslado de las personas lesionadas, que serán integradas al expediente.
De acuerdo con el testimonio del conductor de la camioneta, Adán Abel Esparza Parra, no era visible ningún tipo de retén, ni señalización alguna con la cual se indicara a él o a otros conductores que había que detenerse. Dijo que simplemente desde la oscuridad le gritaron “¡alto!”, al tiempo que recibía disparos de armas de fuego.
La prueba de rodizonato de sodio que practicó la Procuraduría General de la República en las manos de las personas fallecidas y heridas, resultó negativa. Dicha prueba no se pudo aplicar al señor Esparza Parra debido a las lesiones sufridas. En cuanto al resultado de la prueba de Walker en ropas de quienes perdieron la vida, también realizada por la PGR, se encontraron en dos casos ropas sin orificios y en otros dos se hallaron orificios negativos –-indicativos de que los disparos no fueron realizados a corta distancia— en blusa y pantalón.
Con base en los elementos con que se cuenta hasta este momento, esta Comisión Nacional establece que las personas fallecidas y lesionadas no dispararon armas de fuego de ningún tipo.
Esta Comisión Nacional también solicitó informes a la Procuraduría General de la República, Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, Hospital General de Culiacán, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y Cruz Roja Mexicana.
Tres visitadores adjuntos y un perito médico permanecen en Sinaloa y realizan diversas diligencias. Una vez integrado el expediente de queja y tras el análisis y valoración del conjunto de las evidencias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda.
CNDH, ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO www.cndh.org.mx
REPORTAJE DE PROCESO
Y los soldados no dejaban de disparar.../Rodrigo Vera
Revista Proceso, 1597, 10/06/2007
El viernes 1 de junio fue fatídico para Adán Esparza Parra y su familia. Cuando regresaban a su casa, por la noche, unos 20 soldados emergieron repentinamente de la oscuridad y, sin más, comenzaron a dispararle a la pick up en que viajaban por una brecha en la sierra de Sinaloa. Herido en un brazo, Adán bajó de la camioneta y pidió tregua. Fue inútil: las ráfagas continuaron...
CULIACÁN, SIN.- “¡No tiren!... ¡No disparen!... ¡Traigo mujeres y niños!”, gritaba angustiado Adán Esparza Parra a los soldados que, de pronto, en la oscuridad de la noche, salieron del bosque y empezaron a lanzar ráfagas contra su camioneta Ford pick up, en la que viajaban él y su familia.
Los militares no le hicieron caso. Seguían disparando sus potentes armas largas, al parecer fusiles M-16. Una bala destrozó el parabrisas y le pegó a Adán en el brazo derecho. El joven dejó el volante. Salió sangrando del vehículo al empinado camino de terracería. Se sostuvo en pie. Y en señal de paz levantó su brazo sano para que dejaran de dispararle.
Frente a él, a muy corta distancia, distinguía las borrosas siluetas de los soldados… y los chispazos de fuego que no cesaban.
–¡Ya no tiren! ¡Traigo niños conmigo! –insistía. Otro proyectil le destrozó su brazo izquierdo y lo tumbó al suelo.
El propio Adán –en el cuarto de hospital donde hoy convalece– continúa el relato con voz decaída y lenta:
“En esa parte del camino no había ningún retén militar. Los soldados salieron de repente. Detuve la camioneta porque vi moverse la luz de una lámpara de mano que ellos llevaban, como haciéndome señas. De inmediato comenzaron a disparar. Les grité que traía mujeres y niños.”
–¿Distinguió cuántos soldados eran?
–No. Era muy difícil saberlo. Lo que alcancé a ver fue dos vehículos Hummer, estacionados, con las luces apagadas. Me imagino que serían dos comandos de soldados. No lo sé.
Al caer herido al piso –cuenta–, vio que su pick up se deslizaba, con su familia a bordo, hacia un pequeño barranco situado al borde del camino.
“Me arrastré como pude intentando alcanzar la camioneta. Les grité a los soldados que me ayudaran a detenerla. Les pedía auxilio. Ellos no hacían nada. Sólo observaban. Y la pick up cayó al barranco.”
La baleada Ford de color rojo rodó a unos siete metros de profundidad. Quedó con las llantas hacia arriba, entre la seca hojarasca y los pinares del bosque. En ella viajaban la esposa de Adán, Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, y los tres hijos del matrimonio: la niña Grisel, de cinco años; Edwin, de siete; y Juana, de apenas dos años.
Iba también la hermana de Adán, la joven profesora rural Alicia Esparza. Y un sobrino de siete años, Josué Carrillo. Los acompañaba otra profesora, Teresa Flores Sánchez.
Ocho ocupantes en total viajaban en la camioneta. Con excepción de Adán –un campesino de 29 años, quien iba al volante–, los demás eran mujeres y niños.
Pobladores todos ellos de las pequeñas rancherías serranas del municipio de Sinaloa de Leyva, situado en los linderos con Chihuahua. Puros caseríos de adobe dispersos en esas alturas de pinares y encinos.
Y de repente, los disparos
Era viernes 1 de junio. Por la mañana, la familia había salido de la comunidad de La Joya de los Martínez –donde reside Adán– rumbo a Ocuragui, pues ahí las dos jóvenes profesoras rurales fueron a presentar un informe a las oficinas de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Aprovecharon para comprar mercancía y visitar a la parentela de allá.
De regreso a La Joya, ya oscuro, a eso de las nueve de la noche, fue cuando aparecieron repentinamente los militares en el camino y empezaron a dispararles, derrumbando a Adán, quien batido en polvo y sangre se arrastraba en el suelo, intentando accionar su radio para pedir auxilio a sus hermanos y vecinos.
“Yo traía mi radio y lo aplastaba con las piernas y con la boca. Finalmente pude comunicarme. Luego vi que llegaron a auxiliarme mis hermanos y mis vecinos”, cuenta.
Moisés y Eligio –hermanos de Adán– llegaron rápidamente al lugar, acompañados por un grupo de lugareños.
Relata Eligio:
“Lo primero que vimos fue a mi cuñada Griselda muerta, también a su hija Grisel. Acribilladas por los soldados. Éstos eran unos 20. Se movían de un lado a otro. Tenían dos Hummer estacionadas. ‘¿Por qué les dispararon?’, les preguntamos. Uno de ellos nos contestó: ‘Un niño que venía arriba en la camioneta fue el primero que nos abrió fuego’. Les dijimos que eso era una vil mentira, pues nadie llevaba armas y nosotros somos gente de paz.
“Empezamos a recoger a los seis heridos, entre ellos mi hermano Adán. Todos estaban desangrándose por las balas. Urgía llevarlos a un hospital. Los envolvimos en cobijas y los metimos a tres camionetas para llevarlos a algún hospital de Culiacán, que está a cinco horas de camino.”
–¿Los soldados les dieron auxilio?
–No. Sólo nos dijeron que iban a llamar a un helicóptero, que lo esperáramos en la comunidad de Los Alamillos. Ahí recogería a los heridos. Otra mentira más. En Los Alamillos había más soldados. Durante dos horas esperamos al helicóptero, que nunca llegó. Seguimos nuestro camino.
“Más adelante, en El Tigrito, nos para un convoy militar. Eran varios soldados que iban en tres Hummer y una Dodge Ram. ‘Déjennos pasar, llevamos gente herida’, les suplicamos. Pero no nos hicieron caso y nos sometieron a una revisión que duró casi una hora. A partir de ahí nos escoltó una Hummer repleta de soldados.
“En Surutato nos retuvo otro convoy. Luego otro más en Los Tepehuajes. Aquí ya era un camión de esos grandotes del Ejército. La cosa es que nos iban detiene y detiene. Mientras que los heridos iban desangrándose. Les poníamos trapos para detener las hemorragias.”
Fue en la comunidad llamada Sitio de Arriba –platica Eligio– cuando por fin aparecieron dos ambulancias, en las que subieron a los heridos.
“Ahí un médico los examinó. Y nos dijo que en el camino habían muerto mi hermana Alicia y mis sobrinos Edwin y Juana, los otros dos hijos de Adán. Yo en el camino ya sospechaba que mi sobrinita Juana estaba muerta, porque la sentía rígida y fría. Quizá no hubieran muerto si los hubieran atendido a tiempo”, se lamenta Eligio.
–¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al hospital?
–Llegamos casi a las seis de la mañana del sábado. Tardamos como nueve horas en llegar. El Ejército nos estuvo bloqueando el paso.
Así, cinco fueron los muertos. Y al Hospital General de Culiacán sólo llegaron con vida Adán, su sobrino Josué Carrillo y la profesora Teresa Flores.
El director del nosocomio, David Rubio Payán, señala que “todos llegaron heridos de bala”. A Teresa –con el tórax derecho perforado– se le envió a terapia intensiva y se le puso un respirador artificial. El niño Josué “fue herido de proyectil en el glúteo derecho”. Mientras que Adán tiene destrozados los antebrazos y está en cirugía plástica y reconstructiva.
–¿Saldrán todos con vida?
–Sí. La evolución ha sido satisfactoria. Inclusive, les estamos dando apoyo psicológico.
Con los brazos vendados y una gasa cubriéndole el ojo derecho, Adán convalece en el área de traumatología. Deshecho psicológicamente porque, en un instante, el Ejército le acribilló a su esposa, a sus tres hijos y a su hermana. Ni siquiera pudo asistir al sepelio.
“Que se haga justicia. Que se repare todo el daño que se nos hizo. Qué otra cosa puedo pedir”, balbucea en su cama.
Dudas razonables
El lunes 4, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que ya fueron consignados 19 soldados –tres oficiales y 16 elementos de tropa– como presuntos responsables de los crímenes. Estos militares pertenecen, dijo, al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.
A través de un boletín, agregó que los soldados fueron internados en la prisión militar de Mazatlán, donde quedaron a disposición del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Región Militar.
Señala el boletín:
“La Procuraduría General de Justicia Militar integró y determinó una averiguación previa, en estrecha coordinación con las autoridades civiles, acreditando la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad de dicho personal del delito de violencia contra las personas.”
La Sedena removió incluso al general Arturo Olguín Hernández, comandante de la Novena Zona Militar, circunscripción en la que ocurrieron los hechos. Fue sustituido por Rolando Eugenio Hidalgo Eddi.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está investigando el caso a través de tres visitadores adjuntos y un perito médico que permanecen en Sinaloa. El viernes 8, el organismo informó en un boletín que, de acuerdo con sus pesquisas, “las personas fallecidas y lesionadas no dispararon armas de fuego de ningún tipo”.
Así mismo, la CNDH pidió a la Sedena “información acerca de la identidad con nombres y cargos de los presuntos responsables”; también sobre las “diligencias realizadas hasta el momento” por la justicia militar, con el fin de “esclarecer por completo lo ocurrido”.
En el lugar de la masacre, la CNDH asegura que encontró “cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica”. Por lo que le pide a la Sedena los resultados de los exámenes de laboratorio aplicados a los 19 soldados, “relativos a alcoholemia cuantificada y panel de drogas en sangre y orina, ya que al personal actuante de la CNDH no le fue permitido realizar directamente dichos exámenes”.
Víctimas de la militarización
Algunos luchadores sociales de Sinaloa, como Óscar Loza y Federico Sauceda, también suponen que los militares asesinos actuaron bajo el influjo de la droga o el alcohol:
“¡Caray!, esos soldados estaban al lado de un camino, por donde obviamente pasan vehículos. No es posible que hayan disparado en su sano juicio… Quizá el efecto de alguna droga o del alcohol los llevó a matar a la familia. No encuentro otra explicación razonable”, señala Sauceda, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.
Óscar Loza –cuyo período al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó la semana pasada– señala que “las comunidades serranas ya se venían quejando porque los soldados, en estado de ebriedad, solían disparar sus armas. Los acusaron incluso de haber incendiado una de las lomas de por ahí”.
Al igual que la CNDH, Loza y Sauceda exigen que se den a conocer los nombres de los 19 soldados detenidos, pues de lo contrario no resultará confiable la investigación de la Procuraduría Militar. Es más, indican que es la justicia civil la que debe investigar el caso, ya que la militar se convierte en “juez y parte”.
¿La Procuraduría General de la República (PGR) abrió ya una averiguación previa? ¿Quién la está integrando? ¿La PGR llamará a declarar a los 19 soldados? No se sabe.
El delegado de la PGR en Sinaloa, Miguel Ángel Campos Ortiz, ha guardado el más completo hermetismo.
Ni siquiera recogió la camioneta Ford, placas TW 48927, que sigue tirada en el barranco. A varios días del crimen, en el escenario siguen todavía esparcidos los zapatitos ensangrentados de los niños, una caja de cartón que contiene frutas y papeles con material didáctico que pertenecía a las maestras.
Óscar Loza indica que el vehículo tiene siete impactos de bala en el parabrisas, y otros 17 en el costado derecho. Los medios locales especulan que los disparos fueron con rifles M-16.
Dice Sauceda:
“A la PGR le corresponde investigar, porque las víctimas fueron civiles. Pero si no recogió el vehículo para practicarle las diligencias de rigor, pues menos va a llamar a declarar a los militares. Está dejando que se contamine la escena del crimen, que desaparezcan huellas y objetos. ¡Algo tan fundamental en cualquier investigación!”
–¿Será por simple negligencia?
–Podría serlo. O bien, se intenta encubrir al Ejército. Ahí está el ejemplo reciente de la anciana muerta en Zongolica.
Lo cierto es que el asesinato de esta familia se dio en el marco de la fuerte militarización, impuesta por el presidente Felipe Calderón para combatir el narcotráfico a nivel nacional. Aquí, desde principios de año, se implantó la llamada Operación Triángulo Dorado, porque abarca a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Se dice que a la Novena Zona Militar, que contaba con 3 mil efectivos, se le enviaron 7 mil elementos de refuerzo para impedir el tráfico de droga, controlado en la región por el cártel de Sinaloa.
Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, señala:
“El único antecedente en Sinaloa de esta fuerte militarización fue la llamada Operación Cóndor, realizada en los años setenta. En aquel tiempo también se puso al Ejército a combatir al narcotráfico. Pero entonces era sólo en las zonas rurales, y ahora se está dando también en las urbanas.”
–¿Es efectiva la Operación Triángulo Dorado?
–No tiene ninguna efectividad. Es puro circo. Aquí en Culiacán, en pleno centro, ya es común ver desfilar a 10 o 20 tanquetas del Ejército. Nunca se vio algo semejante. Pero esto no sirve de nada, pues en nuestras calles no va aterrizar ningún avión cargado de droga.
“El gobierno federal piensa que todos los sinaloenses somos narcos. ¡Caray!, la mayoría somos gente honrada y trabajadora. Y cometió un error gravísimo al habernos mandado al Ejército, que no sirve para luchar contra los narcotraficantes.”
Mercedes Murillo se encoge de hombros y exclama:
“¡Mire! En lo que está parando todo; el Ejército asesinando a mujeres y niños inocentes. ¡Masacrando al pueblo!”