A 520 días por concluir la administración Bush, Alberto Gonzales, (Al para los amigos) presentó ayer su dimisión irrevocable.
Ha sido el primer hispano en llegar al cargo de Secretario de Justicia de los EE UU.
Al confirmar su decisión -que hará efectiva el próximo 17 de septiembre-, Gonzales se limitó a calificar sus trece años de servicio público como "una singladura excepcional".
Sin aceptar preguntas de los periodistas, el hombre se limitó a recalcar que incluso sus peores días como fiscal general de Estados Unidos han sido "mejores que los mejores días de mi padre", un humilde trabajador agrícola itinerante de origen mexicano.
Con un tono de orgullo patriótico, Gonzales insistió en que Estados Unidos es el mejor país del mundo y que pese a todo él es un ejemplo del "sueño americano".
El presidente Bush reprocho públicamente que su abogado ha sido tratado injustamente pese a ser un hombre de "integridad, decencia y principios".
Empero, la dimisión ha sido aplaudida discretamente por congresistas republicanos y entre vítores por la nueva mayoría parlamentaria del Partido Demócrata.
Para Harry Reid, líder de la Cámara Alta, el titular de Justicia "carecía de la independencia, el buen juicio y el coraje de decir no a Karl Rove".
Como fiscal general, Gonzales se vio cuestionado por el cese de varios fiscales federales entre acusaciones de haber permitido una purga politizada. El cese de los fiscales se produjo en diciembre pasado y se hizo escándalo al saberse que funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca planearon con detalle su salida.
He superado muchos obstáculos en mi vida para convertirme en secretario de Justicia y si estoy aquí, no es por darme por vencido. Estoy aquí porque he aprendido de mis errores, porque acepto la responsabilidad y porque estoy comprometido con mi trabajo, y eso es lo que pienso hacer aquí en nombre de los estadounidenses", declaró en marzo pasado,Al confirmar su decisión -que hará efectiva el próximo 17 de septiembre-, Gonzales se limitó a calificar sus trece años de servicio público como "una singladura excepcional".
Sin aceptar preguntas de los periodistas, el hombre se limitó a recalcar que incluso sus peores días como fiscal general de Estados Unidos han sido "mejores que los mejores días de mi padre", un humilde trabajador agrícola itinerante de origen mexicano.
Con un tono de orgullo patriótico, Gonzales insistió en que Estados Unidos es el mejor país del mundo y que pese a todo él es un ejemplo del "sueño americano".
El presidente Bush reprocho públicamente que su abogado ha sido tratado injustamente pese a ser un hombre de "integridad, decencia y principios".
Empero, la dimisión ha sido aplaudida discretamente por congresistas republicanos y entre vítores por la nueva mayoría parlamentaria del Partido Demócrata.
Para Harry Reid, líder de la Cámara Alta, el titular de Justicia "carecía de la independencia, el buen juicio y el coraje de decir no a Karl Rove".
Como fiscal general, Gonzales se vio cuestionado por el cese de varios fiscales federales entre acusaciones de haber permitido una purga politizada. El cese de los fiscales se produjo en diciembre pasado y se hizo escándalo al saberse que funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca planearon con detalle su salida.
Al Gonzales también se encontraba en el punto de mira del Congreso por haber declarado que el programa de escuchas sin permiso judicial no generó desacuerdos dentro de la Administración.
James Comey, ex vicefiscal general, y Robert Mueller, actual director del FBI. Ambos han explicado cómo Gonzales no dudó en exigir la plena cooperación del entonces fiscal general, John Aschcroft, mientras se encontraba ingresado en cuidados intensivos por problema de vesícula.
Con la dimisión de Alberto Gonzales, los tres principales puestos en el Departamento de Justicia quedan vacantes.
La Casa Blanca ha indicado que Paul Clement, actuará como fiscal general en funciones hasta que un reemplazo sea anunciado y confirmado por el Senado.
Todo apunta que Bush opte por alguien que haya pasado ya por el visto bueno de la Cámara Alta, como Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional, per también no se descarte al coordinador de política antiterrorista de la Casa Blanca, Frances Townsend, y el ex subsecretario de justicia, Larry Thompson, indicó el sitio web.
Pero, se aceptan quinielas.
James Comey, ex vicefiscal general, y Robert Mueller, actual director del FBI. Ambos han explicado cómo Gonzales no dudó en exigir la plena cooperación del entonces fiscal general, John Aschcroft, mientras se encontraba ingresado en cuidados intensivos por problema de vesícula.
Con la dimisión de Alberto Gonzales, los tres principales puestos en el Departamento de Justicia quedan vacantes.
La Casa Blanca ha indicado que Paul Clement, actuará como fiscal general en funciones hasta que un reemplazo sea anunciado y confirmado por el Senado.
Todo apunta que Bush opte por alguien que haya pasado ya por el visto bueno de la Cámara Alta, como Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional, per también no se descarte al coordinador de política antiterrorista de la Casa Blanca, Frances Townsend, y el ex subsecretario de justicia, Larry Thompson, indicó el sitio web.
Pero, se aceptan quinielas.
- Bush pierde el control/ERNESTO EKAIZER
Tomado de El País, 28/08/2007;
Finalmente, Gonzales ha salido corriendo. A pesar de los escándalos, la orientación de Gonzales y del presidente Bush parecía inconmovible: el fiscal general se quedaría los 18 meses pendientes. "Puedo marcharme o puedo dedicar mi tiempo, esfuerzo y energía a arreglar los problemas. Nunca he sido de los que se largan y he decidido que el mejor curso de acción es el quedarme aquí y arreglar los problemas. Esto es exactamente lo que estoy haciendo", dijo el 24 de julio.La renuncia más cantada, por tanto, terminó por convertirse en la más inesperada. Pero la huida repentina de Gonzales da una de las claves de lo que pasa: Bush ha perdido el control de su propia Administración. La renuncia es el resultado de que ya no puede seguir ejerciendo el cargo, habida cuenta de que su nombre ha sido arrastrado por el fango debido a presuntos motivos políticos. Gonzales, pues, ha sido expulsado de Washington, como ya ha ocurrido con Karl Rove.
"Gonzales llegó a la Casa Blanca vanagloriándose de que el derecho internacional no tenía ninguna importancia. Y aceptó aquellas opiniones legales en las que algunos abogados le dijeron que el presidente podía hacer lo que quisiera en la llamada guerra contra el terror, que todo sería legal", explicó ayer a este periódico Scott Horton, abogado de Nueva York, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la Asociación Americana de Abogados.
Uno de esos juristas fue John Yoo, mano derecha de Gonzales entre 2001 y 2003. En su libro La guerra por otros medios, Yoo explica que Gonzales creció en un hogar humilde en Tejas y que se enroló en la Fuerza Aérea, desde donde recaló en la Universidad de Harvard. Conoció a Bush y se convirtió en su asesor legal en Tejas y más tarde secretario de Estado y miembro de la Corte Suprema de Tejas. Bush le llevó a la Casa Blanca y en 2005 fue nombrado fiscal general.
Yoo, que es el autor de los borradores que nutrieron la concepción moderna de la tortura, recuerda que "el modus operandi usual de Gonzales era hablar lo menos posible, promover el debate y los puntos de vista contrapuestos, manteniendo sus ideas para sí mismo. Odiaba el conflicto y quería que cada reunión terminara con consenso".
El 25 de enero de 2002, Gonzales escribió a Bush que Al Qaeda suponía un "nuevo paradigma [que] convierte en obsoletas las estrictas limitaciones de la Convención de Ginebra sobre interrogatorio de detenidos y hace parecer pintorescas algunas de sus provisiones...". Después vino lo demás: Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, Abu Ghraib, las escuchas telefónicas, la depuración de fiscales rebeldes para poder controlar los procesos electorales... Bush aprendió lo esencial de Gonzales. El 11 de diciembre de 2003 respondió a un periodista: "¿La ley internacional? Mejor llamo a mi abogado... No sé de lo que me está hablando sobre el derecho internacional".
El abogado, es fácil intuir, se llamaba Alberto Gonzales.
Finalmente, Gonzales ha salido corriendo. A pesar de los escándalos, la orientación de Gonzales y del presidente Bush parecía inconmovible: el fiscal general se quedaría los 18 meses pendientes. "Puedo marcharme o puedo dedicar mi tiempo, esfuerzo y energía a arreglar los problemas. Nunca he sido de los que se largan y he decidido que el mejor curso de acción es el quedarme aquí y arreglar los problemas. Esto es exactamente lo que estoy haciendo", dijo el 24 de julio.La renuncia más cantada, por tanto, terminó por convertirse en la más inesperada. Pero la huida repentina de Gonzales da una de las claves de lo que pasa: Bush ha perdido el control de su propia Administración. La renuncia es el resultado de que ya no puede seguir ejerciendo el cargo, habida cuenta de que su nombre ha sido arrastrado por el fango debido a presuntos motivos políticos. Gonzales, pues, ha sido expulsado de Washington, como ya ha ocurrido con Karl Rove.
"Gonzales llegó a la Casa Blanca vanagloriándose de que el derecho internacional no tenía ninguna importancia. Y aceptó aquellas opiniones legales en las que algunos abogados le dijeron que el presidente podía hacer lo que quisiera en la llamada guerra contra el terror, que todo sería legal", explicó ayer a este periódico Scott Horton, abogado de Nueva York, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la Asociación Americana de Abogados.
Uno de esos juristas fue John Yoo, mano derecha de Gonzales entre 2001 y 2003. En su libro La guerra por otros medios, Yoo explica que Gonzales creció en un hogar humilde en Tejas y que se enroló en la Fuerza Aérea, desde donde recaló en la Universidad de Harvard. Conoció a Bush y se convirtió en su asesor legal en Tejas y más tarde secretario de Estado y miembro de la Corte Suprema de Tejas. Bush le llevó a la Casa Blanca y en 2005 fue nombrado fiscal general.
Yoo, que es el autor de los borradores que nutrieron la concepción moderna de la tortura, recuerda que "el modus operandi usual de Gonzales era hablar lo menos posible, promover el debate y los puntos de vista contrapuestos, manteniendo sus ideas para sí mismo. Odiaba el conflicto y quería que cada reunión terminara con consenso".
El 25 de enero de 2002, Gonzales escribió a Bush que Al Qaeda suponía un "nuevo paradigma [que] convierte en obsoletas las estrictas limitaciones de la Convención de Ginebra sobre interrogatorio de detenidos y hace parecer pintorescas algunas de sus provisiones...". Después vino lo demás: Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, Abu Ghraib, las escuchas telefónicas, la depuración de fiscales rebeldes para poder controlar los procesos electorales... Bush aprendió lo esencial de Gonzales. El 11 de diciembre de 2003 respondió a un periodista: "¿La ley internacional? Mejor llamo a mi abogado... No sé de lo que me está hablando sobre el derecho internacional".
El abogado, es fácil intuir, se llamaba Alberto Gonzales.
- Editorial La Jornada; Gonzales y el fin de la justicia en EU
El alivio que provoca el anuncio de la renuncia de Alberto Gonzales al Departamento de Justicia de Estados Unidos no es suficiente para contrarrestar la enorme destrucción causada por ese funcionario al sistema de justicia del país vecino, a las libertades y garantías individuales y a la causa de los derechos humanos. Primero como consejero legal de George W. Bush, y posteriormente como secretario de Justicia, Gonzales, primer estadunidense de origen mexicano que ocupó el cargo, fue el operador de un retroceso de décadas en la institucionalidad y la democracia de esa nación, y llevará mucho tiempo y mucho trabajo legislativo reparar la vasta regresión legal causada por él.
Ciertamente, Gonzales no actuó solo ni le corresponde la responsabilidad primordial por las graves distorsiones a la legalidad introducidas durante el gobierno de Bush. Fue, simplemente, el brazo ejecutor del grupo de neoconservadores fanáticos que se hicieron con el máximo poder de la superpotencia –y del mundo, por extensión– en el impugnado proceso electoral de 2000.
Ha de recordarse que, como consejero presidencial, el ahora dimitente desempeñó un papel clave en la elaboración de la vertiente judicial de la llamada “guerra contra el terrorismo” lanzada por Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta vertiente tiene su expresión más deplorable en la llamada Ley Patriótica, aprobada por el Congreso en octubre de ese año, en el contexto de la histeria generada por los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono. El documento legalizó, entre otras cosas, el espionaje sin orden judicial de ciudadanos estadunidenses, los allanamientos de morada y la detención por tiempo indefinido y sin derecho a juicio de extranjeros que a ojos de las autoridades resultaran sospechosos de terrorismo. Además de promover esa legislación, Gonzales redactó un documento en el que recomendaba desconocer las directivas de la Convención de Ginebra en materia de prisioneros de guerra con el fin de dar a los militares y funcionarios civiles estadunidenses un amplio margen para maltratar a los capturados y someterlos a tormentos “moderados”.
Semejantes retrocesos judiciales generaron un retroceso moral catastrófico en la sociedad del país vecino y una relativización de axiomas éticos y humanitarios que dio pie a muchos líderes de opinión a sostener que la tortura era aceptable si se infligía a terroristas. En los hechos, este clima represivo y bárbaro se tradujo en las atrocidades perpetradas en Abu Ghraib, Guantánamo y otros centros de detención de las fuerzas armadas estadunidenses, así como en la creación de una vasta red gubernamental dedicada al secuestro, el traslado aéreo, el tormento y el cautiverio de innumerables sospechosos de terrorismo en Europa, Asia y Africa.
Con tales antecedentes, Gonzales llegó al Departamento de Justicia en febrero de 2005, y ejerció ese cargo con un claro sentido partidista y en un espíritu de completo sometimiento a Bush. Durante su gestión, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas ) fue acusada de aplicar la Ley Patriótica de manera abusiva e ilegal, y el Departamento de Justicia se convirtió en una gigantesca tapadera de las acciones turbias del presidente y el vicepresidente. Un incidente en el que se evidenció con particular claridad la mentalidad autoritaria y dictatorial del funcionario fue su declaración de que en Estados Unidos el habeas corpus carecía de rango constitucional, opinión que escandalizó a los juristas de la nación vecina.
La gota que colmó el vaso fue el despido de ocho fiscales que habían observado una conducta imparcial y apartidista, y su remplazo por incondicionales de Bush y del Partido Republicano. Esta acción colocó a Gonzales en la mira del Capitolio y lo llevó a comparecer ante comisiones legislativas, donde se puso de manifiesto el abrumador desprestigio del funcionario. Como ha ocurrido con otros colaboradores de Bush –Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton–, se aferró al puesto más allá de lo que aconsejan la decencia política y la dignidad personal.
Bush es el responsable principal del trágico retroceso de las libertades y garantías individuales en Estados Unidos y en el mundo en lo que va de esta década; Gonzales será recordado como el ejecutor clave de ese retroceso.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario