Numeralia de la impunidad
Publicada en La Jornada, 22/12/2007;
Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Son cinco las causas penales abiertas con motivo de la masacre de Acteal contra 87 involucrados y 15 funcionarios en las que fueron procesados en el fuero federal 15 ex servidores públicos de bajo nivel.
Funcionarios
•El edil de Chenalhó en 1997 (Jacinto Arias Cruz) por homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Fue condenado a 36 años y tres meses de prisión.
•El general retirado Julio César Santiago Díaz, jefe de asesores de la coordinación general de la policía de Chiapas, y los agentes de seguridad pública estatal Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez, condenados a ocho años de prisión por homicidio y lesiones por omisión.
•Felipe Vázquez Espinosa, suboficial de seguridad pública encargado en Los Chorros, condenado a tres años nueve meses por portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Libre bajo caución.
•Siete agentes de seguridad pública del estado, condenados a tres años por portación de armas de uso militar y libres por sustitución de pena por trabajos en favor de la comunidad.
•Mariano Pérez Ruiz, militar a quien la PGR señala que se encontraba de “vacaciones” al momento de cometer el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, cuatro años de prisión.
•Absalón Gordillo Díaz, jefe de seguridad pública del estado en Majomut, condenado a siete años por portación de arma militar.
•Roberto Arcos Jiménez, agente del Ministerio Público, condenado a dos años por portación de arma sin licencia.
•Pendientes de ejecutar dos órdenes de aprehensión contra funcionarios de ese entonces: Jorge Gamboa Solís, coordinador de la policía estatal, y Jose Luis Rodríguez Orozco, director de la policía de seguridad pública estatal.
•Civiles, todos indígenas adultos
•Seis absueltos por falta de elementos, pese a que fueron reconocidos por sobrevivientes y testigos de cargo (juzgados en el fuero federal).
•27 purgando penas de entre 35 y 40 años; sentencias confirmadas.
•31 sentenciados a 26 años de prisión, con apelación pendiente.
•18 condenados a 25 años de prisión en segunda instancia.
•2 condenados a 25 años de prisión, pero liberados por razones de edad y salud.
•2 esperan sentencia de primera instancia, pues hubo reposición de procedimiento.
•Uno falleció por enfermedad en el transcurso del proceso.
En estos casos el delito es homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. (El Ministerio Público consignó por asociación delictuosa, pero en apelaciones se tuvo por no acreditado este delito.)
Pendientes: 27 órdenes de aprehensión contra civiles indígenas y reparación de daños.
Procesos administrativos contra funcionarios de la época:
•Cuatro absueltos: Antonio Pérez Hernández, Ramiro Sánchez, Ricardo Alvarado y Marco Antonio Jiménez.
•Iturbide Rincón Luna, segundo oficial de seguridad pública, inhabilitado por seis años.
•Ocho inhabilitados por cinco años: Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, el militar retirado José Luis Rodríguez Orozco (con orden de aprehensión pendiente), Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez.
•El general Jorge Gamboa Solís, inhabilitado por 10 años, con orden de aprehensión pendiente de ejecutarse.
•La inhabilitación por ocho años para cuatro funcionarios –el subsecretario general del Gobierno Uriel Jarquín Gálvez (hoy asesor de la bancada del PRD en Michoacán), el jefe de asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado Julio César Santiago Díaz, el secretario general de Gobierno Homero Tovilla Cristiani y el procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Besares Escobar– ya prescribió.
Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Son cinco las causas penales abiertas con motivo de la masacre de Acteal contra 87 involucrados y 15 funcionarios en las que fueron procesados en el fuero federal 15 ex servidores públicos de bajo nivel.
Funcionarios
•El edil de Chenalhó en 1997 (Jacinto Arias Cruz) por homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Fue condenado a 36 años y tres meses de prisión.
•El general retirado Julio César Santiago Díaz, jefe de asesores de la coordinación general de la policía de Chiapas, y los agentes de seguridad pública estatal Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez, condenados a ocho años de prisión por homicidio y lesiones por omisión.
•Felipe Vázquez Espinosa, suboficial de seguridad pública encargado en Los Chorros, condenado a tres años nueve meses por portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Libre bajo caución.
•Siete agentes de seguridad pública del estado, condenados a tres años por portación de armas de uso militar y libres por sustitución de pena por trabajos en favor de la comunidad.
•Mariano Pérez Ruiz, militar a quien la PGR señala que se encontraba de “vacaciones” al momento de cometer el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, cuatro años de prisión.
•Absalón Gordillo Díaz, jefe de seguridad pública del estado en Majomut, condenado a siete años por portación de arma militar.
•Roberto Arcos Jiménez, agente del Ministerio Público, condenado a dos años por portación de arma sin licencia.
•Pendientes de ejecutar dos órdenes de aprehensión contra funcionarios de ese entonces: Jorge Gamboa Solís, coordinador de la policía estatal, y Jose Luis Rodríguez Orozco, director de la policía de seguridad pública estatal.
•Civiles, todos indígenas adultos
•Seis absueltos por falta de elementos, pese a que fueron reconocidos por sobrevivientes y testigos de cargo (juzgados en el fuero federal).
•27 purgando penas de entre 35 y 40 años; sentencias confirmadas.
•31 sentenciados a 26 años de prisión, con apelación pendiente.
•18 condenados a 25 años de prisión en segunda instancia.
•2 condenados a 25 años de prisión, pero liberados por razones de edad y salud.
•2 esperan sentencia de primera instancia, pues hubo reposición de procedimiento.
•Uno falleció por enfermedad en el transcurso del proceso.
En estos casos el delito es homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. (El Ministerio Público consignó por asociación delictuosa, pero en apelaciones se tuvo por no acreditado este delito.)
Pendientes: 27 órdenes de aprehensión contra civiles indígenas y reparación de daños.
Procesos administrativos contra funcionarios de la época:
•Cuatro absueltos: Antonio Pérez Hernández, Ramiro Sánchez, Ricardo Alvarado y Marco Antonio Jiménez.
•Iturbide Rincón Luna, segundo oficial de seguridad pública, inhabilitado por seis años.
•Ocho inhabilitados por cinco años: Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, el militar retirado José Luis Rodríguez Orozco (con orden de aprehensión pendiente), Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez Gómez.
•El general Jorge Gamboa Solís, inhabilitado por 10 años, con orden de aprehensión pendiente de ejecutarse.
•La inhabilitación por ocho años para cuatro funcionarios –el subsecretario general del Gobierno Uriel Jarquín Gálvez (hoy asesor de la bancada del PRD en Michoacán), el jefe de asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado Julio César Santiago Díaz, el secretario general de Gobierno Homero Tovilla Cristiani y el procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Besares Escobar– ya prescribió.
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