Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excelsior, 25/01/2007;
Caos y atentado: Santiago Vasconcelos, un objetivo
Esta semana toda la atención de los temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico ha estado puesta en la detención de Alfredo Beltrán Leyva y, posteriormente, la de un grupo de once sicarios en distintas casas del Distrito Federal. Muy lógico: Beltrán Leyva es uno de los más importantes narcotraficantes del país y existe una suerte de ansia por ver coronadas las acciones en contra del crimen organizado con la detención de los principales capos. Sin embargo, ello tendría que ser entendido como una consecuencia de esa estrategia y no como un fin en sí mismo. En muchas oportunidades se ha detenido a jefes de distintas organizaciones, pero éstos pueden ser reemplazados con mayor o menor dificultad si las redes en las que se sustenta su poder no son golpeadas.
Las distintas organizaciones del narcotráfico mantienen diferentes formas de actuar, como son diferentes las personalidades de sus líderes. No hay un mecanismo de operación homogéneo y, por lo tanto, no puede existir una política única para combatirlo: debe haber un traje a la medida para combatir a cada una de esas organizaciones y a sus brazos operativos. Por eso, en ocasiones hay información que se pierde o queda fuera de contexto y no permite comprender qué está sucediendo en realidad.
Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en Tamaulipas. En la franja fronteriza, en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, se está ejecutando uno de los operativos de seguridad más ambiciosos de esta administración. Y tan duro es el enfrentamiento, que genera todo tipo de reacciones. Muchas veces hemos dicho que el cártel del Golfo, desde los tiempos de Osiel Cárdenas (ahora lo encabeza Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas), era de las organizaciones más violentas, pero también de las que mayor operación política tenían. Desde los tiempos de Osiel este grupo trató de copiar estrategias de las organizaciones armadas, para legitimar su lucha. Quizás el hecho de que muchos de Los Zetas originales provenían de grupos que habían combatido al EPR en Oaxaca a fines de los 90, les permitió obtener esa información y formación. Así organizaron, con sus defensores y otros aliados, grupos de “abogados democráticos”, “asociaciones de familiares” que pedían la libertad de los narcotraficantes. Incluso en una ocasión Osiel Cárdenas habló al programa de Carlos Loret de Mola, en Televisa, desde el penal de máxima seguridad de La Palma, para ser entrevistado y se presentó casi como un preso político. En aquella oportunidad, también, demostró el tipo de control que tenía sobre ese penal, lo que acabó semanas después cuando Miguel Ángel Yunes, entonces en el sistema nacional de seguridad pública, impuso un régimen estricto de control en los penales federales de máxima seguridad.
Los jefes del narcotráfico mantienen su control por una doble operación: la compra de voluntades y la coerción. Fomentan una cultura de complicidad y de temor que debe ser alimentada constantemente para promover la idea de que son organizaciones que pueden desafiar al Estado y derrotarlo. Por eso el operativo en Tamaulipas ha generado todo tipo de reacciones de esos grupos. Por una parte, ataques en otros puntos del país, para distraer la atención de las autoridades, como los que se están dando en Tijuana o antes en Cancún, entre otros. No deberían pasar inadvertidas las “movilizaciones de las familias tamaulipecas”, como lo han presentado algunos medios o reporteros locales, hablando de las marchas y los plantones, de unas cien personas, cada una de ellas exigiendo el retiro del Ejército de Tamaulipas y la eliminación del cerco de control erigido en esa región del país. Por cierto, esas movilizaciones son organizadas por Los Zetas y sus familiares. Se denuncia que fuerzas de seguridad han entrado en discotecas o bares y amedrentado a los clientes, pero resulta que la información de inteligencia ha demostrado una íntima relación entre los giros negros en esa zona de la frontera y los grupos del narcotráfico. Se dice que hubo una ola de robos en Matamoros porque no hay policía local vigilando la ciudad, pero lo cierto es que en las ciudades fronterizas, y en Valle Hermoso, el Ejército ha acuartelado a las policías y les ha quitado las armas porque existen fuertes indicios de que esas policías protegían y eran parte del narcotráfico y, sin depurarlas, no pueden regresar a la calle.
La semana pasada, en el sur de la ciudad, fue detenido un comando de tres personas que portaban un verdadero arsenal, entre ellos varios lanzagranadas. Dos de los detenidos eran militares que habían desertado de las Fuerzas Armadas. Ayer se dijo que esos hombres estarían planeando un atentado contra un alto funcionario federal. Es verdad: trataban de atentar contra José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, y un hombre que lleva más de diez años en la lucha contra el narcotráfico. Hoy no es esa su responsabilidad directa, como en el pasado, pero no sólo se trata de una figura emblemática de esa lucha, sino también del hombre por el que pasan los procesos de extradición de los principales narcotraficantes. Ese comando iba por Santiago Vasconcelos porque quería hacer una demostración de fuerza y amedrentar a las autoridades. Es diferente atentar contra un funcionario que puede ser muy importante, pero no es conocido públicamente, que contra uno que lleva más de una década en los primeros lugares de ese combate. Afortunadamente, el atentado se frustró, pero ello no quiere decir que cejarán en sus intentos.
Allí está el mejor ejemplo de la operación de uno de los principales cárteles que está viviendo un momento muy difícil: por una parte, movilizaciones para aparentar apoyo social; por la otra, amedrentamiento de la población, con reales o supuestos hechos de violencia local. Y, en otro ámbito, atentados contra personajes representativos del Estado.
Esta semana toda la atención de los temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico ha estado puesta en la detención de Alfredo Beltrán Leyva y, posteriormente, la de un grupo de once sicarios en distintas casas del Distrito Federal. Muy lógico: Beltrán Leyva es uno de los más importantes narcotraficantes del país y existe una suerte de ansia por ver coronadas las acciones en contra del crimen organizado con la detención de los principales capos. Sin embargo, ello tendría que ser entendido como una consecuencia de esa estrategia y no como un fin en sí mismo. En muchas oportunidades se ha detenido a jefes de distintas organizaciones, pero éstos pueden ser reemplazados con mayor o menor dificultad si las redes en las que se sustenta su poder no son golpeadas.
Las distintas organizaciones del narcotráfico mantienen diferentes formas de actuar, como son diferentes las personalidades de sus líderes. No hay un mecanismo de operación homogéneo y, por lo tanto, no puede existir una política única para combatirlo: debe haber un traje a la medida para combatir a cada una de esas organizaciones y a sus brazos operativos. Por eso, en ocasiones hay información que se pierde o queda fuera de contexto y no permite comprender qué está sucediendo en realidad.
Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en Tamaulipas. En la franja fronteriza, en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, se está ejecutando uno de los operativos de seguridad más ambiciosos de esta administración. Y tan duro es el enfrentamiento, que genera todo tipo de reacciones. Muchas veces hemos dicho que el cártel del Golfo, desde los tiempos de Osiel Cárdenas (ahora lo encabeza Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas), era de las organizaciones más violentas, pero también de las que mayor operación política tenían. Desde los tiempos de Osiel este grupo trató de copiar estrategias de las organizaciones armadas, para legitimar su lucha. Quizás el hecho de que muchos de Los Zetas originales provenían de grupos que habían combatido al EPR en Oaxaca a fines de los 90, les permitió obtener esa información y formación. Así organizaron, con sus defensores y otros aliados, grupos de “abogados democráticos”, “asociaciones de familiares” que pedían la libertad de los narcotraficantes. Incluso en una ocasión Osiel Cárdenas habló al programa de Carlos Loret de Mola, en Televisa, desde el penal de máxima seguridad de La Palma, para ser entrevistado y se presentó casi como un preso político. En aquella oportunidad, también, demostró el tipo de control que tenía sobre ese penal, lo que acabó semanas después cuando Miguel Ángel Yunes, entonces en el sistema nacional de seguridad pública, impuso un régimen estricto de control en los penales federales de máxima seguridad.
Los jefes del narcotráfico mantienen su control por una doble operación: la compra de voluntades y la coerción. Fomentan una cultura de complicidad y de temor que debe ser alimentada constantemente para promover la idea de que son organizaciones que pueden desafiar al Estado y derrotarlo. Por eso el operativo en Tamaulipas ha generado todo tipo de reacciones de esos grupos. Por una parte, ataques en otros puntos del país, para distraer la atención de las autoridades, como los que se están dando en Tijuana o antes en Cancún, entre otros. No deberían pasar inadvertidas las “movilizaciones de las familias tamaulipecas”, como lo han presentado algunos medios o reporteros locales, hablando de las marchas y los plantones, de unas cien personas, cada una de ellas exigiendo el retiro del Ejército de Tamaulipas y la eliminación del cerco de control erigido en esa región del país. Por cierto, esas movilizaciones son organizadas por Los Zetas y sus familiares. Se denuncia que fuerzas de seguridad han entrado en discotecas o bares y amedrentado a los clientes, pero resulta que la información de inteligencia ha demostrado una íntima relación entre los giros negros en esa zona de la frontera y los grupos del narcotráfico. Se dice que hubo una ola de robos en Matamoros porque no hay policía local vigilando la ciudad, pero lo cierto es que en las ciudades fronterizas, y en Valle Hermoso, el Ejército ha acuartelado a las policías y les ha quitado las armas porque existen fuertes indicios de que esas policías protegían y eran parte del narcotráfico y, sin depurarlas, no pueden regresar a la calle.
La semana pasada, en el sur de la ciudad, fue detenido un comando de tres personas que portaban un verdadero arsenal, entre ellos varios lanzagranadas. Dos de los detenidos eran militares que habían desertado de las Fuerzas Armadas. Ayer se dijo que esos hombres estarían planeando un atentado contra un alto funcionario federal. Es verdad: trataban de atentar contra José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, y un hombre que lleva más de diez años en la lucha contra el narcotráfico. Hoy no es esa su responsabilidad directa, como en el pasado, pero no sólo se trata de una figura emblemática de esa lucha, sino también del hombre por el que pasan los procesos de extradición de los principales narcotraficantes. Ese comando iba por Santiago Vasconcelos porque quería hacer una demostración de fuerza y amedrentar a las autoridades. Es diferente atentar contra un funcionario que puede ser muy importante, pero no es conocido públicamente, que contra uno que lleva más de una década en los primeros lugares de ese combate. Afortunadamente, el atentado se frustró, pero ello no quiere decir que cejarán en sus intentos.
Allí está el mejor ejemplo de la operación de uno de los principales cárteles que está viviendo un momento muy difícil: por una parte, movilizaciones para aparentar apoyo social; por la otra, amedrentamiento de la población, con reales o supuestos hechos de violencia local. Y, en otro ámbito, atentados contra personajes representativos del Estado.
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