¡Es la impunidad la que nos ahoga!

El gran nudo/Federico Reyes Heroles

Publicado en Reforma (www.reforma.com) 12 de agosto de 2008;

8Presidentes entran y salen. Ahora de colores diferentes. Gobernadores los hay de todos los frentes, igual que presidentes municipales. Los procuradores y jefes de las diferentes corporaciones policiacas desfilan. Se anuncian planes que sustituyen a antiguos planes que de nada sirvieron. La criminalidad está instalada entre nosotros y nuestros gobernantes se miran como unos incapaces frente a este cáncer. No queremos aprender la lección: no es una cuestión de las personas, es de instituciones, es de estructuras.

¿Cuánto le cuesta a México esta incapacidad? El costo humano es invaluable. La tragedia personal, familiar, de las víctimas pertenece a otra dimensión. Pero incluso en los fríos números la criminalidad es responsable en buena medida de que el país no crezca al ritmo que podría hacerlo, de que los inversionistas tengan que introducir cálculos de sus riesgos por operar en México, de que los seguros sean más caros, de que seamos un territorio sombrío. Pero regresemos al nudo central.

Cada vez que una nueva tragedia sacude a la opinión pública aparecen los mismos argumentos. La rabia provoca una reacción que apunta a las penas. Se habla de la pena de muerte o de la cadena perpetua. Pero todo indica que ése no es el camino. Cuántas veces no lo repitió Rafael Ruiz Harrell. Las penas son un asunto secundario. Es la impunidad la que nos ahoga. Más del 99 por ciento de los actos delictivos quedan impunes. Hablar de la pena de muerte para criminales mayores lleva una enorme carga emocional. Pero la gran tragedia radica en que sólo 7 de cada mil delitos reciben una sanción. Es el 99.3 por ciento de impunidad el que nos asfixia. Utilizo la muy útil información del ICESI, instancia que debería recibir más apoyo tanto federal como privado. ¿Y por qué quedan impunes los actos delictivos? La respuesta está en ese perverso círculo que tiene en el centro al Ministerio Público con el monopolio de la investigación.

Son muy pocos los mexicanos que acuden a denunciar los delitos, el 88 por ciento no lo hace. Por qué desconfían, por una combinación de factores. Saben que las investigaciones no conducen a nada. El gran delito que se comete en contra de la ciudadanía todos los días es un delito de omisión: los investigadores no investigan. Por qué no investigan, porque en muchas ocasiones son cómplices de la delincuencia como lo estamos viendo una vez más en el caso de Fernando Martí Haik. Además el ciudadano no denuncia porque denunciar es riesgoso.

Si el MP no investiga, a quién puede acudir el ciudadano para denunciar al propio MP. La respuesta es a nadie. No hay cómo investigar a los supuestos investigadores. No hay cómo investigar por qué no investigan. Alrededor del MP hay un cerco institucional, de protección, de silencio que por desgracia la reciente reforma penal y de justicia no rompió. Allí está el nudo, allí nace la impunidad. También hay agentes de esas organizaciones capaces y honestos, pero de nuevo no es un asunto de personas sino de pesos y contrapesos institucionales. El monopolio de la investigación en manos del MP y la vinculación orgánica de éstos con los poderes ejecutivos locales o el federal son una auténtica aberración que no queremos enfrentar. Tanto el nuevo procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, como el nuevo titular de seguridad de la capital, el doctor Mondragón y Kalb, son personas conocidas por su capacidad y probidad. Cito el caso capitalino por estar hoy en el centro de la discusión, pero si no hay una cirugía mayor en el acuerdo institucional su voluntad se volverá a disolver en un pantano de corrupción e impunidad. ¿Quién dará el primer paso, el GDF?

¿Qué nos detiene frente a lo evidente? Por un lado una doctrina jurídica atada a tabúes y mitos, uno de ellos el monopolio de la investigación. Ello sucede a pesar de que, una y otra vez, los análisis de expertos y las desgarradoras cifras apuntan allí. Por otro lado la propia criminalidad con escritorio oficial. Qué más esperan que ocurra para encarar la degradación institucional. Como agravante está la no reelección de los legisladores tanto locales como federales. Cada tres años los mexicanos tenemos que pagar el alto costo de su aprendizaje. Necesitamos legisladores especializados en diferentes áreas y una de ellas es la seguridad.

La reciente reforma penal y de justicia tiene bondades y carencias y seguramente necesitará de ajustes consecutivos. Pero si los legisladores carecen de los conocimientos para seguir los efectos de la norma, caeremos de nuevo en el marasmo que sangra a la sociedad mexicana. Además la implementación de la ley requiere de un periodo de 8 años que resulta hoy indigerible para México. Cómo pedir a los mexicanos que esperen cuando las calles han sido convertidas en una selva. No hay tiempo que perder. La reforma debe ser revisada de inmediato para ver en qué aspectos se puede avanzar más rápido. E insisto, revisar también el tratamiento que se le da a la instancia de investigación. Si ese gran nudo no se resuelve de manera radical lo demás, incluidos los juicios orales, serán medidas incapaces de contener la impunidad.

El terrible caso Martí Haik debe servir para sacudir a todos los involucrados, de cualquier color partidario. La diputada Zavaleta y la CNDH han planteado un acuerdo nacional, bien hecho. Pero además debemos recordar que si bien el secuestro afecta a familias pudientes también cotidianamente toca a todo tipo de mexicanos. La impunidad es un gran generador de injusticia y desigualdad social. La afectación patrimonial a los pobres de México producto de la impunidad es una auténtica llaga en nuestra historia. Un México seguro sería también un México más justo.