El juez Baltasar Garzón anunció el jueves la apertura de la primera investigación judicial sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil española y, entre otras medidas, ordenó abrir 19 fosas comunes, entre las que se encuentra la que supuestamente alberga los restos de Federico García Lorca.
En un auto de 68 páginas, Garzón considera que es competente para investigar la muerte y desaparición de decenas de miles de personas durante el conflicto bélico, entre 1936 y 1939, y la posterior dictadura del general Francisco Franco por un presunto delito de crímenes de lesa humanidad.
En un auto de 68 páginas, Garzón considera que es competente para investigar la muerte y desaparición de decenas de miles de personas durante el conflicto bélico, entre 1936 y 1939, y la posterior dictadura del general Francisco Franco por un presunto delito de crímenes de lesa humanidad.
Garzón explicó que durante aquellos años se produjo un delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse explicación alguna sobre el paradero de las víctimas. En concreto, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, el periodo de tiempo estudiado por Garzón, se contabilizan 114,266 personas que siguen desaparecidas, por lo que el juez razonó que el delito, en el contexto de crímenes contra la Humanidad, no ha prescrito.
"El sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras de imposibilitar o dificultar la identificación de las víctima y así impedir cualquier acción de la Justicia", dijo.
Además, el auto imputa al propio Francisco Franco y a otros 34 altos funcionarios y generales relacionados con el dictador la responsabiliad penal de lo ocurrido y exige a los registros civiles sus certificados de defunción que les eximan, por causa de muerte, de los cargos de los que se les acusa.
En ese sentido, pide al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de la Falange Española, el partido político de ultra derecha en el que se apoyó Franco, entre 1936 y 1951 para determinar si han fallecido o si es posible imputarlos.
"El sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras de imposibilitar o dificultar la identificación de las víctima y así impedir cualquier acción de la Justicia", dijo.
Además, el auto imputa al propio Francisco Franco y a otros 34 altos funcionarios y generales relacionados con el dictador la responsabiliad penal de lo ocurrido y exige a los registros civiles sus certificados de defunción que les eximan, por causa de muerte, de los cargos de los que se les acusa.
En ese sentido, pide al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de la Falange Española, el partido político de ultra derecha en el que se apoyó Franco, entre 1936 y 1951 para determinar si han fallecido o si es posible imputarlos.
Además, el magistrado dispone en el escrito que deben atenderse todas las peticiones de familiares de desaparecidos para abrir las fosas comunes en las que, se cree, descansan los restos de sus seres queridos.
De esta forma, el juez ordena abrir la tumba de Alfacar, en la provincia andaluza de Granada, en la que se supone permanece enterrado García Lorca, ya que los herederos de dos personas fusiladas junto al poeta en 1936 solicitaron la exhumación de los cadáveres.
Hasta la fecha, se ha solicitado la apertura de otras 18 fosas.
De esta forma, el juez ordena abrir la tumba de Alfacar, en la provincia andaluza de Granada, en la que se supone permanece enterrado García Lorca, ya que los herederos de dos personas fusiladas junto al poeta en 1936 solicitaron la exhumación de los cadáveres.
Hasta la fecha, se ha solicitado la apertura de otras 18 fosas.
Fuente: JORGE SAINZ, agencia The Associated Press, El Nuevo Herald.
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