Cambiamos o nos hundimos/Alejandro Gertz Manero
Publicado en El Univerasal (www.eluniversal.com.mx),1 de octubre de 2008;Casi medio millón de policías y agentes de autoridad, a su conveniencia, se coluden con el delito o defienden a la sociedad, mientras las cúpulas políticas se valen de ellos o los repudian sin querer reconocer que ya perdieron el control de esas estructuras, que usan al poder como parapeto para encubrir su corrupción delictiva, mientras le hacen creer que están incondicionalmente a su servicio, para así envolverlo en sus redes criminales y corruptas.
Frente a esta anarquía, la sociedad no puede ni debe convertirse en policía, MP o juez para defender su supervivencia, pero sí tiene todo el derecho y la obligación de exigir al Legislativo que apruebe la creación de un instituto ciudadano verdaderamente independiente del gobierno, que cuente con la fuerza suficiente para auditar y obligar a rendir cuentas cotidianas a policías y autoridades y aplicar sanciones a quienes incumplan, y así rescatar a la sociedad de la ineficiencia del poder y de la delincuencia incrustada en sus estructuras. Para lograr lo anterior es necesario lo siguiente:
1. Crear el Instituto Ciudadano de Seguridad y Justicia como órgano realmente independiente del gobierno, con facultades para conocer y auditar funciones, cifras y resultados en seguridad y justicia, y para sancionar administrativamente a quien incumpla.
2. Este órgano debe formarse con ciudadanos de todo el país, propuestos por la comunidad a través de ONG, organismos de derechos humanos e instituciones académicas de educación superior, sometiendo a esos candidatos a un examen público exhaustivo de sus antecedentes y compromisos con la sociedad.
3. Los candidatos deberán ser votados libremente por la ciudadanía en una elección transparente, llevada a cabo por el IFE, al margen de cualquier participación oficial o partidaria.
4. Las tareas que desempeñen deberán ser gratuitas y honoríficas, y los fondos para auditar sus funciones provendrán de los recursos obtenidos de los decomisos del narcotráfico, del contrabando y del crimen organizado.
5. El poder público deberá, bajo pena de cese fulminante, transparentar todas sus funciones frente a este consejo, que se obligará a informar cotidianamente en todos los medios la verdad de lo que ocurre en seguridad y justicia.
Cuando la sociedad logre estos propósitos y haya transparencia, rendición de cuentas y sanciones verdaderas, esta crisis empezará a superarse en forma inmediata.
editorial2003@terra.com.mx
Doctor en Derecho
Frente a esta anarquía, la sociedad no puede ni debe convertirse en policía, MP o juez para defender su supervivencia, pero sí tiene todo el derecho y la obligación de exigir al Legislativo que apruebe la creación de un instituto ciudadano verdaderamente independiente del gobierno, que cuente con la fuerza suficiente para auditar y obligar a rendir cuentas cotidianas a policías y autoridades y aplicar sanciones a quienes incumplan, y así rescatar a la sociedad de la ineficiencia del poder y de la delincuencia incrustada en sus estructuras. Para lograr lo anterior es necesario lo siguiente:
1. Crear el Instituto Ciudadano de Seguridad y Justicia como órgano realmente independiente del gobierno, con facultades para conocer y auditar funciones, cifras y resultados en seguridad y justicia, y para sancionar administrativamente a quien incumpla.
2. Este órgano debe formarse con ciudadanos de todo el país, propuestos por la comunidad a través de ONG, organismos de derechos humanos e instituciones académicas de educación superior, sometiendo a esos candidatos a un examen público exhaustivo de sus antecedentes y compromisos con la sociedad.
3. Los candidatos deberán ser votados libremente por la ciudadanía en una elección transparente, llevada a cabo por el IFE, al margen de cualquier participación oficial o partidaria.
4. Las tareas que desempeñen deberán ser gratuitas y honoríficas, y los fondos para auditar sus funciones provendrán de los recursos obtenidos de los decomisos del narcotráfico, del contrabando y del crimen organizado.
5. El poder público deberá, bajo pena de cese fulminante, transparentar todas sus funciones frente a este consejo, que se obligará a informar cotidianamente en todos los medios la verdad de lo que ocurre en seguridad y justicia.
Cuando la sociedad logre estos propósitos y haya transparencia, rendición de cuentas y sanciones verdaderas, esta crisis empezará a superarse en forma inmediata.
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