Estado fallido

F-a-l-l-i-d-o/Jaime Sánchez Susarrey

Publicado en Reforma, 31/01/2009;

Primero fue el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A finales del año pasado, el gobierno estadounidense definió a los cárteles mexicanos como la mayor amenaza del narco contra su territorio. Pero no sólo eso. El informe señala a México y Pakistán como los dos "focos rojos" del planeta: "Algunas formas de derrumbe en Pakistán conllevan la posibilidad de una guerra civil y sectaria sostenida, violenta y sangrienta, y un refugio seguro aún más grande para extremistas violentos, y el asunto de qué pasaría con sus armas nucleares..."

La posibilidad mexicana podría parecer menos viable, pero el gobierno, sus políticos, su policía y su infraestructura judicial están todos sometidos a una agresión sostenida y presiones de pandillas criminales y cárteles de la droga. La forma que tome ese conflicto interno en los próximos años tendrá un impacto trascendental en la estabilidad del Estado mexicano. Cualquier derrumbe de México a una situación de caos demandaría una respuesta estadounidense, basándose simplemente en las graves implicaciones para la seguridad interior". Fin de la cita.

Después, el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, refrendó el diagnóstico: "Hemos observado el rápido aumento en el número de asesinatos y secuestros que han ocurrido en el curso de los dos últimos años, y han llamado toda nuestra atención. Y creo que el general Mattis (autor del polémico reporte) se refiere a eso. Y Estados Unidos y México tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para eliminar esa amenaza".

La respuesta de este lado de la frontera no se hizo esperar. La indignación: ¡cómo se atreven a compararnos con Pakistán!, el tono doctoral y despectivo: no saben de lo que están hablando, y la teoría de la conspiración: buscan debilitar al gobierno fueron las notas dominantes. El propio presidente de la República salió al quite en Davos, Suiza: "Ya en otros foros y núcleos de pensamiento -dijo- se han encargado de revertir esta versión, pero a mí me parece importante que cualquier duda sea despejada, y si es posible hacerlo directa y personalmente, lo voy a hacer".

Las palabras de Felipe Calderón cerraron la pequeña andanada en defensa de la dignidad nacional. Antes, intelectuales de renombre y el secretario de Gobernación se habían ocupado del asunto. El problema está, justamente, en que ninguno de ellos ha despejado las dudas. Y no las ha despejado porque las cifras y los datos son, en el mejor de los casos, preocupantes y, en el peor, aterrantes.

En 2007 hubo en México 2 mil 773 ejecuciones. En 2008 el número se elevó a 5 mil 661. El incremento en 12 meses fue de poco más del 100 por ciento. La cifra, como lo han señalado los propios estadounidenses, supera al número de víctimas en Iraq.

La dimensión de la violencia se puede medir por el número de ejecuciones, pero también por la forma en que se realizan. La brutalidad, la saña, la prepotencia y el uso descarnado de la fuerza se han convertido en la regla:

16 de agosto, Creel, Chihuahua: 13 ejecutados en un salón de fiestas -la policía municipal huye para no enfrentar un convoy de al menos 15 sicarios.

28 de agosto, Mérida: 11 decapitados, desnudos y atados de pies y manos.

12 de septiembre, La Marquesa, estado de México: 24 albañiles ejecutados que presuntamente construyeron un narcotúnel.

15 de septiembre: estallan dos granadas en Morelia, Michoacán.

9 de octubre, Chihuahua, Chihuahua: 11 ejecutados en un bar.

4 de diciembre, San Ignacio, Sinaloa: 13 ejecutados, presuntos labriegos, todos menores de 20 años.21 de diciembre, Chilpancingo, Guerrero: ocho decapitados, todos militares (incluido un capitán), después de haber sido levantados durante varios días.

De esta lista, hay dos hechos que son particularmente graves: el primero es el acto narcoterrorista en Morelia el 15 de septiembre. Sembrar el pánico entre la población fue el propósito evidente. Las víctimas eran ajenas al narcotráfico. El segundo es la decapitación de los ocho soldados en Chilpancingo, incluido un oficial de rango, en abierto y declarado desafío al Ejército.

Para acabar de documentar el optimismo del gobierno mexicano, hay dos datos que ilustran la complejidad de la situación. Según un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, 2 mil armas atraviesan cada día la frontera sur de Estados Unidos. Así que si esa estimación es correcta entre 2007 y 2008 ingresaron a México un millón 460 mil armas. En contrapartida, a decir de Eduardo Medina Mora, procurador General de la República (El País, 23/11/08), durante esos años se incautaron 27 mil armas.

Pero los males no terminan allí. La ofensiva lanzada por el Ejército en el inicio del gobierno de Felipe Calderón tenía un objetivo fundamental: recobrar los territorios donde los narcotraficantes habían instalado su poder y sus reales. De entonces a la fecha, las tropas han debido desplegarse a lo largo y ancho de toda la República, pero no hay evidencia de que el Estado, las Fuerzas Armadas, haya recuperado esos espacios. Entidades que se hallaban al margen del conflicto, como Aguascalientes, figuran hoy entre los estados más inseguros.

El otro lado de la medalla, como mucho se ha dicho, es que los cárteles de la droga han extendido sus actividades a la extorsión y el secuestro. Las historias de personas o empresas que pagan una cuota mensual (derecho de piso) para ser "protegidas" abundan. Así como abundan las anécdotas de presidentes municipales sometidos al crimen organizado o de gobernadores que se declaran incompetentes y prefieren no enfrentar el problema.

Para finalizar está la capacidad de corrupción que tiene el crimen organizado. La experiencia no es nueva. Ahí está el general Gutiérrez Rebollo durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Los casos más recientes confirman la historia. El jefe de la Policía Federal Preventiva, Garay Cadena, recibía 450 mil dólares mensuales (Sic). ¿Cómo evitar, contener y combatir eficazmente ese poder? Hasta ahora nadie ha respondido claramente.

Frente a este panorama, tenemos una clase política timorata y pichicata que se niega a reconocer los problemas. Porque si fuera de otro modo ya estarían trabajando en la construcción de una policía nacional única a fin de sacar al Ejército de la primera línea de combate. ¡Cómo albergar entonces confianza o esperanza! No, por desgracia los temores de los estadounidenses son fundados y constituyen una advertencia seria: el Estado f-a-l-l-i-do es una posibilidad real en nuestro país.