Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
Publicado enn El Universal, 23 de febrero de 2009;
Más allá de los disparates declarativos de secretarios de Estado en torno al narcotráfico, y de guerras que seguramente costarán el puesto a Luis Téllez, dos verdaderos focos rojos atrapan al presidente Felipe Calderón.
Se trata de la redefinición institucional a la que apeló el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para cambiar las reglas del juego en la lucha contra el narcotráfico, por un lado, y por el otro, a los efectos nefastos de la feudalización que viven todas las entidades federativas del país, y cuyos gobiernos, sobre todo del PRI, se han convertido en obstáculo mayor en la “guerra” contra los criminales organizados.
En el primer caso, en Nuevo León, y durante el Día del Ejército, el titular de la Sedena definió a narcotráfico y crimen organizado como “amenaza de largo aliento que exige la acción indubitable del Ejército, Fuerza Aérea y Armada”. Por eso, explicó, “decidimos revisar rubros torales, como el jurídico, el de derechos humanos, el cívico-militar, la equidad de género, el doctrinario y el operativo, para adecuar aspectos de organización y funcionamiento del Instituto Armado”. ¿Adecuarlos a qué? A eso, la amenaza de largo aliento que es la lucha contra el narcotráfico.
No fue todo. El general Guillermo Galván añadió: “Las Fuerzas Armadas somos respetuosas de la legalidad. En la delicada labor subsidiaria que realizamos para la preservación de la seguridad pública, destaca la importante faceta jurídica que nos provee el sustento y otorga competencia. Estimamos necesario el debate legislativo para analizar este soporte. Fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte en la materia, es un desiderato urgente. Bienvenidas todas las iniciativas e impulsos que se realicen para consolidar esta legislación”. ¿Qué quiere decir lo anterior?
Primero, que la del crimen organizado y el narcotráfico es vista por los altos mandos militares como una guerra de largo plazo. Segundo, que frente a esa realidad, y a la escalada estratégica y de arsenal de los grupos criminales, resulta obsoleto un ejército nacional concebido para auxiliar a la población civil. Y tercero, que existe un creciente malestar entre los altos mandos militares —no sólo porque los mandan a la guerra sin fusil—, sino por la complacencia mostrada por los gobiernos municipales y estatales frene al combate al crimen organizado y el narcotráfico.
Y aquí es donde aparece el segundo de los focos rojos, ese que todos identifican como feudalización del poder. ¿De qué se trata? Que a la caída del PRI del poder presidencial, los gobernadores en turno, y alcaldes de “ciudades motor” —que pueden o no ser capitales, pero siempre son el motor económico y político de sus respectivos estados—, se convirtieron en verdaderos señores feudales, dueños de vidas y futuros políticos, capaces de poner o quitar desde el policía de crucero y hasta el sucesor en turno.
No es novedad que al amparo de la legislación que tipificaba como delitos federales al narcotráfico y el crimen organizado, no poco alcaldes, diputados locales y federales, senadores y gobernadores dejan hacer y pasar a delincuentes —porque lo más cómodo es hacerse de la vista gorda—, si no es que son parte interesada del negocio. Los señores feudales obstaculizan a las policías federales, al Ejército, y la Armada —poco o nada hacen para acabar con las policías estatales y municipales con sueldo en el narco—, y hasta existen casos de lucha abierta entre militares gobiernos estatales.
El ejemplo emblema es la guerra mediática lanzada por el gobierno de Baja California contra el jefe de la II Región Militar, de Mexicali, el general Sergio Aponte Polito, quien exhibió documentos que presumían que diversos funcionarios del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán estarían involucrados con el narcotráfico. Pero resulta que desde el mismo gobierno estatal —como lo denunció el militar en extensa carga pública—, a través de la prensa local se sembraron poderosos misiles mediáticos que desprestigiaron a Aponte Polito, quien luego de ser involucrado en un escándalo de cantina, debió ser retirado de la plaza.
En la guerra lanzada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, el Ejército en general, y desde divisionarios y hasta tropa, están no sólo en desventaja ante los sicarios, sino en indefensión total frente a los gobiernos estatales. Nada de eso es novedad. Reportes de gobernantes y políticos presuntamente implicados en actividades ilícitas están sobre los escritorios de Felipe Calderón y del secretario Guillermo Galván. Nadie sabe si serán usados política o legalmente.
Lo que sí se sabe es que apenas el pasado martes, en reunión privada con el presidente Felipe Calderón, gobernadores de entidades con fuerte influencia del narcotráfico se enojaron y se dijeron ofendidos cuando el Presidente de la República habló de la responsabilidad que tienen en la lucha contra el narcotráfico. Sólo falta saber si los señores feudales le harán caso a la Sedena.
Se trata de la redefinición institucional a la que apeló el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para cambiar las reglas del juego en la lucha contra el narcotráfico, por un lado, y por el otro, a los efectos nefastos de la feudalización que viven todas las entidades federativas del país, y cuyos gobiernos, sobre todo del PRI, se han convertido en obstáculo mayor en la “guerra” contra los criminales organizados.
En el primer caso, en Nuevo León, y durante el Día del Ejército, el titular de la Sedena definió a narcotráfico y crimen organizado como “amenaza de largo aliento que exige la acción indubitable del Ejército, Fuerza Aérea y Armada”. Por eso, explicó, “decidimos revisar rubros torales, como el jurídico, el de derechos humanos, el cívico-militar, la equidad de género, el doctrinario y el operativo, para adecuar aspectos de organización y funcionamiento del Instituto Armado”. ¿Adecuarlos a qué? A eso, la amenaza de largo aliento que es la lucha contra el narcotráfico.
No fue todo. El general Guillermo Galván añadió: “Las Fuerzas Armadas somos respetuosas de la legalidad. En la delicada labor subsidiaria que realizamos para la preservación de la seguridad pública, destaca la importante faceta jurídica que nos provee el sustento y otorga competencia. Estimamos necesario el debate legislativo para analizar este soporte. Fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte en la materia, es un desiderato urgente. Bienvenidas todas las iniciativas e impulsos que se realicen para consolidar esta legislación”. ¿Qué quiere decir lo anterior?
Primero, que la del crimen organizado y el narcotráfico es vista por los altos mandos militares como una guerra de largo plazo. Segundo, que frente a esa realidad, y a la escalada estratégica y de arsenal de los grupos criminales, resulta obsoleto un ejército nacional concebido para auxiliar a la población civil. Y tercero, que existe un creciente malestar entre los altos mandos militares —no sólo porque los mandan a la guerra sin fusil—, sino por la complacencia mostrada por los gobiernos municipales y estatales frene al combate al crimen organizado y el narcotráfico.
Y aquí es donde aparece el segundo de los focos rojos, ese que todos identifican como feudalización del poder. ¿De qué se trata? Que a la caída del PRI del poder presidencial, los gobernadores en turno, y alcaldes de “ciudades motor” —que pueden o no ser capitales, pero siempre son el motor económico y político de sus respectivos estados—, se convirtieron en verdaderos señores feudales, dueños de vidas y futuros políticos, capaces de poner o quitar desde el policía de crucero y hasta el sucesor en turno.
No es novedad que al amparo de la legislación que tipificaba como delitos federales al narcotráfico y el crimen organizado, no poco alcaldes, diputados locales y federales, senadores y gobernadores dejan hacer y pasar a delincuentes —porque lo más cómodo es hacerse de la vista gorda—, si no es que son parte interesada del negocio. Los señores feudales obstaculizan a las policías federales, al Ejército, y la Armada —poco o nada hacen para acabar con las policías estatales y municipales con sueldo en el narco—, y hasta existen casos de lucha abierta entre militares gobiernos estatales.
El ejemplo emblema es la guerra mediática lanzada por el gobierno de Baja California contra el jefe de la II Región Militar, de Mexicali, el general Sergio Aponte Polito, quien exhibió documentos que presumían que diversos funcionarios del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán estarían involucrados con el narcotráfico. Pero resulta que desde el mismo gobierno estatal —como lo denunció el militar en extensa carga pública—, a través de la prensa local se sembraron poderosos misiles mediáticos que desprestigiaron a Aponte Polito, quien luego de ser involucrado en un escándalo de cantina, debió ser retirado de la plaza.
En la guerra lanzada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, el Ejército en general, y desde divisionarios y hasta tropa, están no sólo en desventaja ante los sicarios, sino en indefensión total frente a los gobiernos estatales. Nada de eso es novedad. Reportes de gobernantes y políticos presuntamente implicados en actividades ilícitas están sobre los escritorios de Felipe Calderón y del secretario Guillermo Galván. Nadie sabe si serán usados política o legalmente.
Lo que sí se sabe es que apenas el pasado martes, en reunión privada con el presidente Felipe Calderón, gobernadores de entidades con fuerte influencia del narcotráfico se enojaron y se dijeron ofendidos cuando el Presidente de la República habló de la responsabilidad que tienen en la lucha contra el narcotráfico. Sólo falta saber si los señores feudales le harán caso a la Sedena.
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