PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA OLA DE VIOLENCIA Y LAS EJECUCIONES QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD MEXICANA
Aprobada en votación económica en la sesión de este martes 10 de marzo
Aprobada en votación económica en la sesión de este martes 10 de marzo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instrumentar las acciones pertinentes, a través del Ejercito Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
Antecedentes
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 19 de septiembre del 2006 fue presentada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instrumentar las acciones pertinentes, a través del Ejercito Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana, por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Justicia para estudio y dictamen.
Contenido del punto de acuerdo
El proponente expresa que cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia común llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento, cuando rebasa los límites de control gubernamental, cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión, cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder –ya sea político, económico o social–, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
Expresa que la inseguridad pública, específicamente en su modalidad de delincuencia organizada, es una preocupación mayúscula de todas las entidades federativas de la República Mexicana, por lo que su combate eficaz es urgente, ya que se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.
Consideraciones
La Comisión de Justicia realizó el estudio del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar éste.
La ola de violencia que se ha desatado en nuestro país es un foco rojo que el Poder Legislativo no puede dejar pasar. En las noticias recientemente hemos visto que la delincuencia organizada ha aumentado sus actividades. Vemos constantemente situaciones de secuestro o ejecuciones, o el terrible atentado ocurrido en Morelia el pasado 15 de septiembre de 2008.
Es obligación del gobierno proteger a sus ciudadanos, por lo que las Cámaras de Diputados y de Senadores estamos trabajando arduamente para diseñar medidas legislativas que faciliten la actuación de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, a fin de combatir de manera eficaz la delincuencia organizada; sin embargo, es necesario también que los demás Poderes de la Unión realicen las acciones pertinentes, en el ámbito de su competencia, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Por lo anterior, los integrantes de la comisión, sabedores de la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía, coincidimos plenamente con el proponente, al tiempo que reconocemos que el Ejecutivo federal ha estado realizando acciones tendientes al combate de la delincuencia, a fin de disminuir el clima de inseguridad que ha imperado en los últimos meses. No obstante, ello no ha sido suficiente para brindar la seguridad necesaria que demandan los mexicanos, por lo que se hace un atento exhorto a las autoridades correspondientes a redoblar esfuerzos y obtener mejores resultados.
Finalmente, se estima pertinente modificar la proposición a fin de no involucrar al Ejército, toda vez que en la reciente reforma constitucional al sistema de justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en el artículo 21 el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, sin que ello sea óbice para la actuación excepcional dentro del marco constitucional y legal de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 1/96 y la jurisprudencia 36/2000 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a continuar instrumentando acciones pertinentes, a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a fin de combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instrumentar las acciones pertinentes, a través del Ejercito Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
Antecedentes
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 19 de septiembre del 2006 fue presentada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instrumentar las acciones pertinentes, a través del Ejercito Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana, por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Justicia para estudio y dictamen.
Contenido del punto de acuerdo
El proponente expresa que cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia común llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento, cuando rebasa los límites de control gubernamental, cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión, cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder –ya sea político, económico o social–, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
Expresa que la inseguridad pública, específicamente en su modalidad de delincuencia organizada, es una preocupación mayúscula de todas las entidades federativas de la República Mexicana, por lo que su combate eficaz es urgente, ya que se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.
Consideraciones
La Comisión de Justicia realizó el estudio del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar éste.
La ola de violencia que se ha desatado en nuestro país es un foco rojo que el Poder Legislativo no puede dejar pasar. En las noticias recientemente hemos visto que la delincuencia organizada ha aumentado sus actividades. Vemos constantemente situaciones de secuestro o ejecuciones, o el terrible atentado ocurrido en Morelia el pasado 15 de septiembre de 2008.
Es obligación del gobierno proteger a sus ciudadanos, por lo que las Cámaras de Diputados y de Senadores estamos trabajando arduamente para diseñar medidas legislativas que faciliten la actuación de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, a fin de combatir de manera eficaz la delincuencia organizada; sin embargo, es necesario también que los demás Poderes de la Unión realicen las acciones pertinentes, en el ámbito de su competencia, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Por lo anterior, los integrantes de la comisión, sabedores de la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía, coincidimos plenamente con el proponente, al tiempo que reconocemos que el Ejecutivo federal ha estado realizando acciones tendientes al combate de la delincuencia, a fin de disminuir el clima de inseguridad que ha imperado en los últimos meses. No obstante, ello no ha sido suficiente para brindar la seguridad necesaria que demandan los mexicanos, por lo que se hace un atento exhorto a las autoridades correspondientes a redoblar esfuerzos y obtener mejores resultados.
Finalmente, se estima pertinente modificar la proposición a fin de no involucrar al Ejército, toda vez que en la reciente reforma constitucional al sistema de justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en el artículo 21 el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, sin que ello sea óbice para la actuación excepcional dentro del marco constitucional y legal de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 1/96 y la jurisprudencia 36/2000 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a continuar instrumentando acciones pertinentes, a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a fin de combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia
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