Advierten 'lagunas' en leyes de EU.
Perciben funcionarios obstáculos legales para integrar casos por contrabando
Reforma, 15 abril 2009
HOUSTON.- En julio de 2006, John Phillip Hernández, técnico desempleado de 24 años, quien vivía con sus padres, entró en una gran tienda de artículos deportivos en Houston y dejó caer 2 mil 600 dólares en efectivo sobre una vitrina. Unos cuantos minutos después, salió con tres rifles estilo militar.Uno de esos rifles fue recuperado siete meses después, en Acapulco, donde había sido utilizado por sicarios narcotraficantes para atacar las oficinas del procurador de Justicia de Guerrero, según documentos del tribunal. Cuatro agentes de policía y tres secretarias resultaron muertos.
Aunque Hernández fue arrestado el año pasado como parte de una organización de contrabando de armas, la mayoría de los otros 22 miembros de la banda aún están libres. Antes de que fuera descubierta su operación, los contrabandistas se las habían ingeniado para transportar lo que los documentos del tribunal describieron como al menos 339 armas de alto poder a México durante un año y medio, declararon agentes federales."No se sabe cuánto tiempo estuvo operando ese grupo antes de nos diéramos cuenta de ello", expresó J. Dewey Webb, el agente a cargo de la división de Houston de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Al señalar que existen unos mil 500 distribuidores de armas con licencia en el área de Houston, añadió: "puedes venir a Houston y acudir a diferentes tiendas de armas todos los días durante varios meses y nunca alertar a nadie".
El caso subraya un importante obstáculo que enfrenta Estados Unidos al tiempo que trata de satisfacer una exigencia de México para frenar el flujo de armas de aquel país a los cárteles de la droga.El sistema federal estadounidense para seguir la pista a las ventas de armas, creado en el transcurso de los años para evitar infracciones a los derechos de la Segunda Enmienda, dificulta detectar rápidamente tendencias sospechosas e identificar a personas que compran para los contrabandistas, expresaron funcionarios de impartición de justicia.
En Texas, Nuevo México y Arizona, los distribuidores pueden vender un número ilimitado de rifles a cualquiera que tenga licencia de conducir y antecedentes criminales limpios sin reportar las ventas al Gobierno estadounidense. En las ferias de armas en esos estados, hay aún menos regulación. Los vendedores privados, a diferencia de los comerciantes con licencia, no están obligados a registrar el nombre del comprador, mucho menos reportar la venta a la ATF.Funcionarios de impartición de justicia en Estados Unidos dicen que los obstáculos legales para armar casos contra los contrabandistas siguen siendo grandes. William J. Hoover, director asistente para operaciones de la ATF reconoció: "Si me detienes a medio camino entre el distribuidor y la frontera, aún estoy dentro de la legalidad, porque puedo poseer esas armas".
Funcionarios policiacos locales se quejan de que la ATF, que tiene unos 2 mil 500 agentes especiales para vigilar a 78 mil comerciantes de armas por todo Estados Unidos, está rebasada."La cuestión de las armas es lo único que podemos abordar, y no lo estamos viendo", señaló Victor Rodríguez, jefe de Policía en McAllen, Texas, que tiene 19 comerciantes de armamento.
The New York TimesTraducción: Ma. de Jesús Pérez y Enrique Huerta
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