Desarman red de espías
Estaba integrada por funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría y el Cisen.
Estaba integrada por funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría y el Cisen.
Intervenían llamadas de Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y AMLO, entre otros
Reporteros Abel Barajas y Roberto Zamarripa
Reforma Pp, 2 julio 2009.- La PGR investiga una red de espionaje integrada por funcionarios y ex funcionarios de la propia Procuraduría, el Cisen, la PFP y la Secretaría de Hacienda que intervenía conversaciones telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones personales de líderes políticos principalmente del PRI.
Un juez federal ya giró las órdenes de aprehensión contra 13 operadores de esas intercepciones por los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos.
Los presuntos ilícitos fueron cometidos durante la presente Administración federal.
Uno de los principales implicados es Luis Miguel Dena Escalera, ex delegado del Cisen en Chiapas durante la revuelta zapatista y en el DF durante el Gobierno de Vicente Fox, además de coordinador de Inteligencia en la PFP hasta 2006.
Otro implicado es Yosef Shevah Porat, alias "Sharon", ciudadano de origen israelí a quien funcionarios federales refieren como "mercenario", proveedor de equipos electrónicos y experto en armamento.
Alejandro Arturo Rodríguez y Enrique Zaldívar, dos funcionarios despedidos en 2008 del Cisen, también fueron acusados penalmente.
Fuentes federales y judiciales de alto nivel confirmaron a REFORMA que entre los espiados por este grupo estaban el senador Manlio Fabio Beltrones y varios de sus colaboradores, además de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, y el secretario general del partido, Jesús Murillo Karam.
Otros personajes espiados eran el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y el senador petista Ricardo Monreal.
Además de la intercepción telefónica, este grupo se caracterizaba por intervenir comunicaciones electrónicas, acceder a comunicaciones de líderes y legisladores, desencriptar mensajes y descifrar contraseñas de computadoras personales.
La información obtenida ilegalmente estaba en computadoras y documentos hallados por la PGR al catear un domicilio en Naucalpan el pasado 6 de noviembre.
Las órdenes de captura también se libraron contra Miguel Ángel Solís Hernández, Arturo Barajas Amador, Jesús Camarena García, Teresita de Jesús Flores Dena y Guillermo Lago Montes, varios de ellos ex funcionarios del Cisen.
La PGR abrió la averiguación 83/UEIDCSPCAJ/2008 derivado de una denuncia presentada el 13 de junio de 2008 por Beltrones.
En la querella, el senador priista aportó pruebas sobre transcripciones, documentos, relaciones de números celulares personales de amistades, familiares y colegas priistas y copias de correos electrónicos compendiados en dos tomos que le hicieron llegar a su oficina.
Conforme a fuentes federales, la operación de espionaje estaba dirigida, sobre todo, contra políticos priistas y, de manera particular, contra aquellos que son antagonistas del Gobernador Enrique Peña.
Ninguno de los presuntos espías ha sido detenido, y altos funcionarios federales apuntan que podrían tener conexiones con el ex Procurador mexiquense y actual candidato a diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida, sobre quien no hay, hasta ahora, ninguna investigación.
Reporteros Abel Barajas y Roberto Zamarripa
Reforma Pp, 2 julio 2009.- La PGR investiga una red de espionaje integrada por funcionarios y ex funcionarios de la propia Procuraduría, el Cisen, la PFP y la Secretaría de Hacienda que intervenía conversaciones telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones personales de líderes políticos principalmente del PRI.
Un juez federal ya giró las órdenes de aprehensión contra 13 operadores de esas intercepciones por los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos.
Los presuntos ilícitos fueron cometidos durante la presente Administración federal.
Uno de los principales implicados es Luis Miguel Dena Escalera, ex delegado del Cisen en Chiapas durante la revuelta zapatista y en el DF durante el Gobierno de Vicente Fox, además de coordinador de Inteligencia en la PFP hasta 2006.
Otro implicado es Yosef Shevah Porat, alias "Sharon", ciudadano de origen israelí a quien funcionarios federales refieren como "mercenario", proveedor de equipos electrónicos y experto en armamento.
Alejandro Arturo Rodríguez y Enrique Zaldívar, dos funcionarios despedidos en 2008 del Cisen, también fueron acusados penalmente.
Fuentes federales y judiciales de alto nivel confirmaron a REFORMA que entre los espiados por este grupo estaban el senador Manlio Fabio Beltrones y varios de sus colaboradores, además de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, y el secretario general del partido, Jesús Murillo Karam.
Otros personajes espiados eran el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y el senador petista Ricardo Monreal.
Además de la intercepción telefónica, este grupo se caracterizaba por intervenir comunicaciones electrónicas, acceder a comunicaciones de líderes y legisladores, desencriptar mensajes y descifrar contraseñas de computadoras personales.
La información obtenida ilegalmente estaba en computadoras y documentos hallados por la PGR al catear un domicilio en Naucalpan el pasado 6 de noviembre.
Las órdenes de captura también se libraron contra Miguel Ángel Solís Hernández, Arturo Barajas Amador, Jesús Camarena García, Teresita de Jesús Flores Dena y Guillermo Lago Montes, varios de ellos ex funcionarios del Cisen.
La PGR abrió la averiguación 83/UEIDCSPCAJ/2008 derivado de una denuncia presentada el 13 de junio de 2008 por Beltrones.
En la querella, el senador priista aportó pruebas sobre transcripciones, documentos, relaciones de números celulares personales de amistades, familiares y colegas priistas y copias de correos electrónicos compendiados en dos tomos que le hicieron llegar a su oficina.
Conforme a fuentes federales, la operación de espionaje estaba dirigida, sobre todo, contra políticos priistas y, de manera particular, contra aquellos que son antagonistas del Gobernador Enrique Peña.
Ninguno de los presuntos espías ha sido detenido, y altos funcionarios federales apuntan que podrían tener conexiones con el ex Procurador mexiquense y actual candidato a diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida, sobre quien no hay, hasta ahora, ninguna investigación.
***
Ordenan captura ex empleados que espiaban a líderes políticos
Abel Barajas y Roberto Zamarripa
Ciudad de México (2 julio 2009).- El 13 de junio del 2008, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, presentó ante la PGR una denuncia contra quien resultara responsable por la intervención de comunicaciones privadas tanto personales como de sus familiares y colaboradores políticos.
Entonces, el senador reclamó públicamente al Gobierno federal por dicho espionaje y alegó que había recibido de una fuente anónima un legajo de documentos que supuestamente utilizaban los espías para seguir sus actividades. Dijo entonces que eran "protocolos de investigación" similares a los utilizados por el Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por lo que exigió a la autoridad federal una explicación, una indagatoria y castigo a culpables.
La PGR abrió la averiguación 97/UEIDCSPCAJ/2008, derivada de la denuncia de Beltrones misma que se sumó a otra averiguación que ya integraba, la 83/UEIDCSPCAJ/ 2008, en la que se seguía la actuación indebida de empleados del Cisen y otros funcionarios públicos federales.
Ambas averiguaciones, según las indagatorias, condujeron a un hilo común: una sofisticada red de espionaje con sede en el Estado de México, especializada en la intercepción de comunicaciones electrónicas.
Durante un año las pesquisas permitieron encontrar vínculos de empleados del Cisen con ex funcionarios de ese centro de inteligencia, además de trabajadores de la PGR e incluso de la Secretaría de Hacienda.
La red tenía oficinas -ya aseguradas por la PGR- y conducía, políticamente, al ex Procurador del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, hoy candidato a diputado federal por el PRI.
Hasta ahora, la PGR no ha particularizado una investigación penal contra Navarrete pero fuentes federales cercanas a la investigación dijeron a REFORMA que es inequívoca la línea política de contacto con el ex funcionario estatal.
En su querella, Beltrones había aportado documentación sobre transcripciones, documentos, relaciones de números celulares personales, de amistades, familiares y colegas priistas, así como copias de correos electrónicos compendiadas en dos tomos que le hicieron llegar a su oficina.
El Cisen, según confirmaron fuentes federales, aplicó acciones de contrainteligencia a personal de sus propias filas y ubicó a servidores públicos que presuntamente entregaban sobres y paquetes con información a sujetos extraños en restaurantes y lugares públicos.
De acuerdo con los datos recabados, uno de los funcionarios del Cisen vigilado en secreto por el propio órgano de inteligencia fue Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien a la postre fue despedido.
Rodríguez presuntamente estaba vinculado con Dena Escalera, quien desde noviembre de 2005 había salido del Cisen, para dirigir la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la PFP. Dena no duró mucho en la PFP y salió de ahí precisamente por filtración de información.
'La cueva'
El 6 de noviembre pasado, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR cateó dos domicilios en Naucalpan y descubrió que era un sitio donde ex funcionarios del Cisen procesaban la información obtenida de manera ilegal.
En el lugar había audios de conversaciones telefónicas, correos electrónicos, documentos de dependencias y archivos sustraídos ilegalmente de otras computadoras. Pero también había aditamentos de lanza granadas.
Los aditamentos habrían sido suministrados por el israelí Yosef Shevah Porat, alias "Sharon", un sujeto vinculado con la comercialización de aparatos electrónicos de seguridad y experto en armamento. Shevah es prófugo y ya huyó de México, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
En la casa de Naucalpan había un libro de registros de visita, donde estaban inscritos nombres como el de Enrique Zaldívar González, funcionario del Cisen hasta mediados de 2008, a quien aparentemente le habían pedido apoyo técnico para instalar equipo de cómputo.
Un alto funcionario dijo que una de las primeras cosas que les llamó la atención a los fiscales de la PGR, es que entre las informaciones que hallaron en el lugar, estaban algunas fotografías de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Paredes.
Algunos otros documentos encontrados, según personal con acceso a los mismos, están relacionados con el monitoreo de grupos guerrilleros como el EPR y el ERPI, incluidos reportes de prensa y radio.
Conforme a fuentes federales, la operación de espionaje estaba dirigida sobre todo a políticos priistas y de manera particular aquellos que son antagonistas del Gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Tras el cateo de Naucalpan, la compañía "Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI", presentó una demanda de amparo ante la juez federal Leticia Robledo Magaña, contra el aseguramiento que decretó la PGR sobre sus bienes.
Pruebas abultadas
Este expediente es uno de los más voluminosos que la PGR ha consignado ante un juez federal, ya que consta de 354 tomos, según pudo saber REFORMA.
Los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos, por los cuales se libraron las 13 aprehensiones, no son graves y los acusados tendrán el derecho de estar libres, en caso de ser procesados.
No obstante, informaron que la investigación continúa porque la PGR dejó abierto un desglose.
Conforme fuentes federales, por el perfil de los personajes espiados y la presunta difusión de las comunicaciones intervenidas, la red podría tener conexiones con funcionarios del Gobierno del Estado de México.
Uno de los personajes claves es Luis Miguel Dena Escalera, acusado por la PGR de coordinar al grupo dedicado al espionaje político y quien durante el Gobierno de Fox trabajó como delegado del Cisen en el Estado de México.
Originario de Zacatecas, donde nació el 23 de enero de 1966, este ex funcionario dejó truncos sus estudios en la carrera de Derecho en la UNAM, e ingresó al servicio público en septiembre de 1986.
Su primera comisión fue la de delegado de la Dirección de Servicios Migratorios y luego subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, hasta octubre de 1993.
Según datos del Registro de Servidores Públicos, tres meses después del levantamiento zapatista de 1994 fue nombrado delegado del Cisen en Chiapas, donde una de sus principales misiones fue el monitoreo del grupo armado.
En ese cargo permaneció hasta que inició el sexenio de Vicente Fox y lo nombraron delegado del Cisen en el Edomex.
En agosto de 2004, Dena fue designado delegado del centro de inteligencia en el DF, en relevo de José Luis Valles López, quien se vio involucrado en el escándalo del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, a quien acompañó a una diligencia en el Hotel Presidente Continental, el 20 de febrero de ese año, en la cual tuvieron contacto con el ex senador Diego Fernández de Cevallos.
El 15 de noviembre de 2005, el recién llegado Secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, designó a Dena como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva.
En ese cargo permaneció hasta julio de 2006, luego de que algunos comandantes de la Federal de Caminos lo señalaran públicamente por filtrar información a un medio informativo.
Destejer la red
El juez federal Alejandro Hernández Loera ordenó la aprehensión de 13 de los operadores del espionaje, en la causa 63/2009, todos acusados de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos.
REFORMA confirmó con fuentes federales y judiciales la desarticulación de la red luego de una investigación de un año y la intensificación de pesquisas hace un mes.
Según las indagatorias, Beltrones no era el único espiado. También eran espiados varios dirigentes priistas como Beatriz Paredes, Jesús Murillo Karam y el senador Carlos Lozano.
Las informaciones obtenidas ilegalmente, estaban en computadoras y documentos hallados por la PGR al catear un domicilio de Naucalpan, Estado de México, el pasado 6 de noviembre.
La fachada de esta red, supuestamente estaría bajo la denominación de la empresa "Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI"; esta empresa ya entabló un litigio contra un aseguramiento de la PGR, con motivo de dicha investigación.
Otra de las empresas, que supuestamente amparaba a los espías, es "Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas S.A. de C.V. (Pipsa)".
Otros implicados y sobre quienes hay giradas órdenes de aprehensión, según confirmó REFORMA, son Miguel Ángel Solís Hernández, Arturo Barajas Amador, Jesús Camarena García, Enrique Zaldívar González, Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, Teresita de Jesús Flores Dena y Guillermo Lago Montes.
Ordenan captura ex empleados que espiaban a líderes políticos
Abel Barajas y Roberto Zamarripa
Ciudad de México (2 julio 2009).- El 13 de junio del 2008, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, presentó ante la PGR una denuncia contra quien resultara responsable por la intervención de comunicaciones privadas tanto personales como de sus familiares y colaboradores políticos.
Entonces, el senador reclamó públicamente al Gobierno federal por dicho espionaje y alegó que había recibido de una fuente anónima un legajo de documentos que supuestamente utilizaban los espías para seguir sus actividades. Dijo entonces que eran "protocolos de investigación" similares a los utilizados por el Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por lo que exigió a la autoridad federal una explicación, una indagatoria y castigo a culpables.
La PGR abrió la averiguación 97/UEIDCSPCAJ/2008, derivada de la denuncia de Beltrones misma que se sumó a otra averiguación que ya integraba, la 83/UEIDCSPCAJ/ 2008, en la que se seguía la actuación indebida de empleados del Cisen y otros funcionarios públicos federales.
Ambas averiguaciones, según las indagatorias, condujeron a un hilo común: una sofisticada red de espionaje con sede en el Estado de México, especializada en la intercepción de comunicaciones electrónicas.
Durante un año las pesquisas permitieron encontrar vínculos de empleados del Cisen con ex funcionarios de ese centro de inteligencia, además de trabajadores de la PGR e incluso de la Secretaría de Hacienda.
La red tenía oficinas -ya aseguradas por la PGR- y conducía, políticamente, al ex Procurador del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, hoy candidato a diputado federal por el PRI.
Hasta ahora, la PGR no ha particularizado una investigación penal contra Navarrete pero fuentes federales cercanas a la investigación dijeron a REFORMA que es inequívoca la línea política de contacto con el ex funcionario estatal.
En su querella, Beltrones había aportado documentación sobre transcripciones, documentos, relaciones de números celulares personales, de amistades, familiares y colegas priistas, así como copias de correos electrónicos compendiadas en dos tomos que le hicieron llegar a su oficina.
El Cisen, según confirmaron fuentes federales, aplicó acciones de contrainteligencia a personal de sus propias filas y ubicó a servidores públicos que presuntamente entregaban sobres y paquetes con información a sujetos extraños en restaurantes y lugares públicos.
De acuerdo con los datos recabados, uno de los funcionarios del Cisen vigilado en secreto por el propio órgano de inteligencia fue Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien a la postre fue despedido.
Rodríguez presuntamente estaba vinculado con Dena Escalera, quien desde noviembre de 2005 había salido del Cisen, para dirigir la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la PFP. Dena no duró mucho en la PFP y salió de ahí precisamente por filtración de información.
'La cueva'
El 6 de noviembre pasado, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR cateó dos domicilios en Naucalpan y descubrió que era un sitio donde ex funcionarios del Cisen procesaban la información obtenida de manera ilegal.
En el lugar había audios de conversaciones telefónicas, correos electrónicos, documentos de dependencias y archivos sustraídos ilegalmente de otras computadoras. Pero también había aditamentos de lanza granadas.
Los aditamentos habrían sido suministrados por el israelí Yosef Shevah Porat, alias "Sharon", un sujeto vinculado con la comercialización de aparatos electrónicos de seguridad y experto en armamento. Shevah es prófugo y ya huyó de México, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
En la casa de Naucalpan había un libro de registros de visita, donde estaban inscritos nombres como el de Enrique Zaldívar González, funcionario del Cisen hasta mediados de 2008, a quien aparentemente le habían pedido apoyo técnico para instalar equipo de cómputo.
Un alto funcionario dijo que una de las primeras cosas que les llamó la atención a los fiscales de la PGR, es que entre las informaciones que hallaron en el lugar, estaban algunas fotografías de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Paredes.
Algunos otros documentos encontrados, según personal con acceso a los mismos, están relacionados con el monitoreo de grupos guerrilleros como el EPR y el ERPI, incluidos reportes de prensa y radio.
Conforme a fuentes federales, la operación de espionaje estaba dirigida sobre todo a políticos priistas y de manera particular aquellos que son antagonistas del Gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Tras el cateo de Naucalpan, la compañía "Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI", presentó una demanda de amparo ante la juez federal Leticia Robledo Magaña, contra el aseguramiento que decretó la PGR sobre sus bienes.
Pruebas abultadas
Este expediente es uno de los más voluminosos que la PGR ha consignado ante un juez federal, ya que consta de 354 tomos, según pudo saber REFORMA.
Los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos, por los cuales se libraron las 13 aprehensiones, no son graves y los acusados tendrán el derecho de estar libres, en caso de ser procesados.
No obstante, informaron que la investigación continúa porque la PGR dejó abierto un desglose.
Conforme fuentes federales, por el perfil de los personajes espiados y la presunta difusión de las comunicaciones intervenidas, la red podría tener conexiones con funcionarios del Gobierno del Estado de México.
Uno de los personajes claves es Luis Miguel Dena Escalera, acusado por la PGR de coordinar al grupo dedicado al espionaje político y quien durante el Gobierno de Fox trabajó como delegado del Cisen en el Estado de México.
Originario de Zacatecas, donde nació el 23 de enero de 1966, este ex funcionario dejó truncos sus estudios en la carrera de Derecho en la UNAM, e ingresó al servicio público en septiembre de 1986.
Su primera comisión fue la de delegado de la Dirección de Servicios Migratorios y luego subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, hasta octubre de 1993.
Según datos del Registro de Servidores Públicos, tres meses después del levantamiento zapatista de 1994 fue nombrado delegado del Cisen en Chiapas, donde una de sus principales misiones fue el monitoreo del grupo armado.
En ese cargo permaneció hasta que inició el sexenio de Vicente Fox y lo nombraron delegado del Cisen en el Edomex.
En agosto de 2004, Dena fue designado delegado del centro de inteligencia en el DF, en relevo de José Luis Valles López, quien se vio involucrado en el escándalo del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, a quien acompañó a una diligencia en el Hotel Presidente Continental, el 20 de febrero de ese año, en la cual tuvieron contacto con el ex senador Diego Fernández de Cevallos.
El 15 de noviembre de 2005, el recién llegado Secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, designó a Dena como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva.
En ese cargo permaneció hasta julio de 2006, luego de que algunos comandantes de la Federal de Caminos lo señalaran públicamente por filtrar información a un medio informativo.
Destejer la red
El juez federal Alejandro Hernández Loera ordenó la aprehensión de 13 de los operadores del espionaje, en la causa 63/2009, todos acusados de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos.
REFORMA confirmó con fuentes federales y judiciales la desarticulación de la red luego de una investigación de un año y la intensificación de pesquisas hace un mes.
Según las indagatorias, Beltrones no era el único espiado. También eran espiados varios dirigentes priistas como Beatriz Paredes, Jesús Murillo Karam y el senador Carlos Lozano.
Las informaciones obtenidas ilegalmente, estaban en computadoras y documentos hallados por la PGR al catear un domicilio de Naucalpan, Estado de México, el pasado 6 de noviembre.
La fachada de esta red, supuestamente estaría bajo la denominación de la empresa "Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI"; esta empresa ya entabló un litigio contra un aseguramiento de la PGR, con motivo de dicha investigación.
Otra de las empresas, que supuestamente amparaba a los espías, es "Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas S.A. de C.V. (Pipsa)".
Otros implicados y sobre quienes hay giradas órdenes de aprehensión, según confirmó REFORMA, son Miguel Ángel Solís Hernández, Arturo Barajas Amador, Jesús Camarena García, Enrique Zaldívar González, Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, Teresita de Jesús Flores Dena y Guillermo Lago Montes.
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