Cuenta Pública 2008

Revisará Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2008 en materia de seguridad y procuración de justicia

Pese a la dotación de nuevas leyes y de un mayor presupuesto para seguridad pública, en el segundo año de la actual administración se registró un aumento significativo de la criminalidad, destaca el análisis de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, en torno al Informe de la Cuenta Pública 2008 entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Agrega, que de igual forma se detectaron diversas irregularidades en el ejercicio del gasto y cita como ejemplo un subejercicio por 3 mil 603.6 millones de pesos en las entidades federativas, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Dicho monto, precisa la Unidad de Evaluación y Control (UEC), corresponde al 45.6 por ciento del monto total asignado a la SESNP, que fue de 7 mil 901.9 millones de pesos. “El subejercicio se detectó en todos los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

La UEC señala que en 2008 en materia de seguridad pública y justicia se ejercieron recursos por 39 mil 984 millones de pesos, monto superior en 8.4 por ciento en términos reales a lo asignado en 2007.

Añade que los recursos clasificados dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se vieron incrementados, al pasar de 15 mil 036.3 millones en 2005 a 27 mil 768.6 millones de pesos en 2008.

Refiere que la Secretaría de Seguridad Pública ejerció un monto de 21 mil 140.3 millones de pesos, lo que representó un incremento del 12.5 por ciento en términos reales respecto a 2007 y un incremento acumulado de 154.9 por ciento en relación con el presupuesto ejercido en 2005.

De esa misma auditoría se desprende que las 5 entidades federativas con mayor subejercicio fueron: Querétaro (89.3 por ciento), Baja California Sur (68.9 por ciento), Sinaloa (61.8 por ciento), Distrito Federal (60.1 por ciento) y el Estado de México (60.1 por ciento).

Mientras que los 5 estados con menor subejercicio fueron: Colima (16.3 por ciento), Yucatán (16.6 por ciento), Tabasco (16.9 por ciento), Sonora (20.4 por ciento) y Tlaxcala (28.8 por ciento).

En cuanto a Plataforma México, el informe agrega que la ASF comprobó que el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública no se actualizó debidamente en seis registros evaluados: el de Personal de Seguridad Pública; Personal de Seguridad Privada; Procesados y Sentenciados; el Registro Nacional de Armamento y Equipo; de Mandamientos Judiciales y de Huellas Dactilares.

Asimismo, que el 49 por ciento de los municipios y demarcaciones del Distrito Federal beneficiados por el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) no contaron con un centro de captura del Informe Policial Homologado, a la vez que cumplieron, en promedio, el 98.3 por ciento (11 mil 782) las metas reportadas como modificadas en sus actas de avance físico-financiero al 31 de diciembre de 2008.

“La SSP y el SESNSP erogaron 1 mil 188.5 millones de pesos en la ejecución de acciones para Plataforma México, que significaron el 58.2 por ciento del presupuesto aprobado (2 mil 0420.3 millones de pesos) para ese fin, pero no fue posible determinar el costo del programa porque el sistema de contabilidad de la Secretaría careció de registros contables y presupuestarios”.

El documento refiere que se llevaron a cabo adjudicaciones directas sin realizar sondeos de mercado; se adquirieron unidades vehiculares por 1.1 millones de pesos que no se pueden verificar físicamente, así como armamento por 3.2 millones de pesos que supuestamente está en poder de las Coordinaciones Estatales, pero se desconoce su ubicación; se celebraron contratos plurianuales sin autorización de la SHCP, y se celebraron contratos modificatorios sin contar con las razones fundadas y explícitas que soporten incrementos.

Abunda que también se careció de los originales de facturas de armas y municiones por 239.7 millones de pesos, además de que se realizó una adquisición directa de dos unidades médicas de diagnóstico y una unidad médica móvil sin la justificación necesaria.

“Igualmente, se adquirieron 45 camionetas Suburban sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, por adjudicación directa, sin justificar el caso de excepción en que se fundamentó la compra”.

Finalmente, menciona que se constató que a noviembre de 2008 la SSP no había expedido el Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, a pesar de que debió emitirse a más tardar el 7 de octubre de 2006 y se detectaron bienes no entregados o recibidos en forma extemporánea por un valor de 451 millones así como falta de registro contable de las erogaciones realizadas por 999.5 millones de pesos.

En cuanto a las acciones, señala la UEC, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, en 2005 se registró un promedio de 245.3 denuncias diarias del orden federal, cifra que se incrementó en poco más de la mitad (51.5 por ciento) para 2008, ubicándose en 371.8 denuncias diarias, es decir casi 16 denuncias por hora, cifra que resulta alarmante considerando que en 2005 eran 10 denuncias por hora”.

De igual forma, agrega, los delitos del fuero común, que son los investigados por las autoridades de los gobiernos estatales y el Distrito Federal, muestran la misma tendencia.

“En 2005 se registraron en promedio 3 mil 878.6 delitos diarios denunciados, cifra que se incrementó al término de 2008 a 4 mil 448.7 delitos diarios, lo que significó un aumento del 14.6 por ciento en las denuncias respecto de 2005.

Menciona que mientras en 2005 el 39.2 por ciento del total de las averiguaciones concluida tenía que ver con delitos contra la salud, en 2008 dicha proporción aumentó a 54.1 por ciento.

Conforme al último informe publicado por el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2006), de los países con mayor número de población en el continente, México ocupó el sexto lugar en homicidios por cada 100 mil habitantes (11.2 homicidios), precedido de Venezuela y Colombia, con 37 respectivamente, Brasil con 26.6, Paraguay con 16.1 y Bolivia con 12.17 homicidios.

La UEC destaca que durante 2008 se incrementó el uso de armas en la comisión de delitos y en este sentido, según la Sexta Encuesta Nacional sobre la Inseguridad (ENSI-6), una cuarta parte de los entrevistados manifestó que los delincuentes traían algún tipo de arma y que éstas se utilizaron en al menos el 34 por ciento de los casos.

“Comparando este resultado con ediciones anteriores de la Encuesta, se observó un incremento en el uso de armas, ya que el porcentaje de referencia fue de 31por ciento en 2004 y de 33.5 por ciento en 2007. El delito de secuestro es el de mayor incidencia en el uso de armas, en el 2008 fue de 81 por ciento, mientras que en 2007 fue de 78 por ciento.

Refiere que con base en datos del Tercer Informe de Gobierno, el aseguramiento de las principales drogas en 2008 tuvo una tendencia a la baja respecto de años anteriores. “En erradicación de cultivos de marihuana, éstos descendieron de 31 mil hectáreas destruidas en 2005 a 18 mil hectáreas para 2008; en destrucción de cultivos de amapola también bajó de 21 mil a 13 mil hectáreas en el mismo periodo”.

Por su parte, los aseguramientos también se vieron disminuidos en los dos casos: de la marihuana, de 1 mil 795.7 a 1 mil 685.2 toneladas, de la cocaína de 30.8 a 19.3 toneladas y de la heroína de 461.7 a 291.4 kilogramos en igual periodo, respectivamente.

Añade que las Unidades Mixtas de Atención al Menudeo (IMAN) también registraron un descenso en el número de acciones emprendidas, ya que en 2006 existían 30 unidades instaladas, mismas que desaparecieron para 2008, por lo que sus aseguramientos de marihuana descendieron a la mitad, pasando de 36.1 a 15.1 toneladas incautadas, y de 2.8 toneladas a 40 kilogramos en el caso de la cocaína.

“En materia de adicciones, éstas siguen constituyendo un grave problema de salud pública, y están relacionadas directamente con la comisión de delitos asociados con el tráfico ilegal de drogas prohibidas”.

Al respecto, refiere el informe, la última “Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007”, elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), refiere que el 8.2 por ciento de los entrevistados manifestó consumir este tipo de sustancias.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que los usuarios de drogas ilegales y médicas con un consumo de 50 veces o más a lo largo de su vida (consumidores fuertes) concentran el 14.2 por ciento en ambos sexos respecto de la población de 12 a 65 años consumidora de drogas ilegales y médicas, concluyendo que “eso implica que alrededor de 382 mil 400 varones y 114 mil 900 mujeres tienen un alto riesgo de adquirir una adicción”.

La UEC señala que aunque no existen cifras oficiales sobre las muertes relacionadas con el narcotráfico en el país, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., informó que durante 2008 fueron ejecutadas 5 mil 585 personas con vínculos con el narcotráfico, esto es, 15 asesinatos en promedio diariamente, lo que contrasta con las 2 mil 712 ejecutadas en 2007 (7 asesinatos de ese tipo en promedio diario).

PGR

En cuanto a la revisión de la PGR, la Unidad de Evaluación y Control refiere que en 2008, la dependencia ejerció el menor monto de presupuesto en términos reales de los últimos 6 años, “lo que sin duda llama la atención frente a un escenario en que los índices delictivos se incrementaron constantemente”.

Precisa que después de incrementos significativos en 2006 y 2007, el presupuesto ejercido en 2008 descendió a 8 mil 950.2 millones de pesos, cantidad que representó una caída de 11.1 por ciento en términos reales respecto del ejercicio previo y se ubicó a los niveles de 2005.

Respecto a la función sustantiva de la PGR, agrega, en 2008 comenzó con un rezago de 32 mil 772 averiguaciones previas; se iniciaron 136 mil 91 y reingresaron 4 mil 674; del total general, se despacharon 131 mil 471 averiguaciones previas, es decir, 75.7 por ciento de las indagatorias. Este porcentaje es inferior al 80.4 por ciento de las despachadas en 2007.

En la auditoría de regularidad practicada a la Agencia Federal de Investigación (AFI), la ASF determinó que ésta no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las partidas correspondientes a compensaciones adicionales por servicios especiales. Asimismo, en lo referente a productos alimenticios para el Ejército, Fuerzas Armadas y Armada Mexicana y para los efectivos que participaron en programas de seguridad pública; gastos de seguridad pública nacional y gastos por servicios de traslado de personas que afectan directamente el desarrollo de las acciones sustantivas que realiza la AFI y que le permiten cumplir con las metas anuales programadas.

Abunda que no se programaron las previsiones de los recursos del capítulo 1000, servicios personales, y 3000, servicios generales, y no se reflejó claramente el presupuesto ejercido en términos de la normatividad aplicable, que establece que las entidades deberán efectuar sus erogaciones con cargo a los programas presupuestarios y unidades responsables señalados en sus presupuestos.

“Derivado de las observaciones determinadas, se reportaron 4.5 millones de pesos como recuperaciones probables”.

“En la auditoría de regularidad denominada Mandato de administración y pago para programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la República, se comprobó que los rendimientos obtenidos al 31 de diciembre de 2008 por las inversiones asignadas al mandato desde su creación, cuyo importe ascendió a 67.5 millones de pesos, debieron regresarse a la Tesorería de la Federación y reconocerse en el sistema de Recaudación como ingresos de ley y aplicarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Por otro lado, menciona, no se registraron los rendimientos de referencia en la cuenta contable Fideicomisos que está integrada a la contabilidad de la PGR.

“Se observó también que se aportaron 200 millones de pesos al mandato de administración y pago para programas de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la República”, por lo cual no era posible que los recursos se destinaran a un fin específico, pues no se señalaron proyectos ni programas y, por ende, se devengarán antes de su conclusión, evitando así, indebidamente”.

La UEC refiere que por otra parte, la PGR requería de cuatro inmuebles, en Nayarit, Michoacán, Sinaloa y D.F. Se solicitó al INDABIN informara, si tenía inmuebles federales disponibles, resultando que no se localizaron inmuebles con las características solicitadas.

“En relación con el inmueble en el Distrito Federal se adquirió uno por 150 millones de pesos y antes de la compra tenía gravamen por 220.1 millones y se debían créditos fiscales y contribuciones por 6.4 millones de pesos, las cuales posteriormente fueron cubiertas. El inmueble referido lo embargó el SAT, por deudas fiscales, y la PGR adquirió el inmueble a la empresa El Heraldo de México; la entrega jurídica se materializó el 31 de octubre de 2008 y el 16 de febrero se realizó la entrega material”.

No obstante, abunda el análisis, los bienes del vendedor del inmueble se encontraban dentro del predio hasta el 8 de septiembre de 2009 y se notificó al representante legal del vendedor, dándole un plazo para que sacara los bienes a más tardar el 17 de septiembre de 2009. Al cierre de la auditoría (1º de diciembre de 2009) permanecían los bienes del antiguo propietario en el inmueble.

“El inmueble de Tepic, Nayarit se pagó el 7 de julio de 2008 y hasta el 6 de octubre de 2009 se encontraba desocupado y no tenía ningún uso. El inmueble de Morelia, Michoacán se pagó el 28 de agosto de 2008 desde su adquisición hasta el 6 de octubre de 2009, teniendo las mismas condiciones que el anterior. En la misma auditoría se concluyó que con la compra de los inmuebles ubicados en Sinaloa y en el Distrito Federal, se pretendía evitar el pago de rentas por un monto anual de 8.2 millones de pesos, situación que no se cumplió dado que se encuentran desocupados”.

De la misma auditoría se desprende que se adquirieron vehículos blindados por adjudicación directa por un monto de 44.9 millones de pesos, sin embargo, la ASF determinó que no hay constancia de investigación de mercado, y los proveedores al momento de la adquisición no estaban inscritos dentro de los proveedores de seguridad nacional.

“Todos los vehículos se compraron al mismo proveedor, de los cuales cinco se encuentran operando y diez, con un valor de 19.5 millones de pesos, se encontraban en el almacén general desde su adquisición, y después de 218 días, no se habían asignado ni utilizado para los fines que fueron comprados. Los resultados de las auditorías confirman la existencia de prácticas irregulares recurrentes en el ejercicio de recursos por parte de la PGR”.

Defensa Nacional

En el informe de la ASF, señala la UEC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerció un presupuesto de 37 mil 122.4 millones de pesos en 2008, cantidad que representó un crecimiento de apenas 1.9 por ciento en relación con el año 2007.

Añade que un problema crucial en torno a la seguridad nacional es el crecimiento del crimen organizado con la modalidad del narcotráfico en las estructuras empresariales, políticas y hasta sociales del país, situación que torna más compleja por el flujo transnacional ilegal de armas.

“Hasta ahora, ha quedado demostrado que las acciones de control han sido insuficientes, debido a la existencia de un mercado negro proveniente de Estados Unidos, y en menor medida, de Guatemala y Centroamérica”.

Se ha identificado, abunda, que el narcotráfico es la causa principal del aumento de los delitos del fuero federal en México. “La confrontación entre los cárteles, y entre éstos y el Ejército nacional, ha generado mayores espirales de violencia, inéditos en la vida nacional”.

Abunda que no hay estadísticas oficiales del saldo de la lucha antinarco, que ha tenido altos costos en vidas humanas, no sólo de las partes en disputa, sino también de parte de la ciudadanía. En el PND no hay un referente que explique la estrategia de la lucha actual, ni que permita medir el grado de avance de la misma.

Entre los principales logros obtenidos en 2008 en el combate al narcotráfico, establece la ASF, la SEDENA logró el aseguramiento de 1 mil 532 toneladas de marihuana, 4 mil 23 kilogramos de cocaína, 5 mil 373 vehículos, 281 aeronaves, 63 embarcaciones, 767 pistas aéreas clandestinas, 14 mil 774 armas, y la detención de 6 mil 334 personas.

Por otro lado, establece que a pesar de los esfuerzos por erradicar cultivos ilícitos, éstos continúan registrándose a gran escala, aunque es de resaltarse cierto descenso en los últimos años. “Entre 2005 y 2008 la erradicación de superficie sembradas de marihuana disminuyó 45.2 por ciento, en tanto que la de amapola lo hizo en 42.6 por ciento”.

Marina

Destaca que a partir de 2007, los recursos aprobados y ejercidos por la Secretaría de Marina (Semar) observaron un repunte significativo. De hecho, el gasto ejercido en 2008, que ascendió a 15 mil 155.2 millones de pesos, fue superior en 36 por ciento en términos reales al ejercido en 2006.

“Una prioridad de las Fuerzas Armadas de México, es la lucha permanente contra el narcotráfico, campo en el que la Semar juega un papel importante, pues tiene dentro de sus objetivos salvaguardar los intereses marítimos y mantener el Estado de Derecho en las zonas marítimas”, señala.

En 2008 las Fuerzas Armadas llevaron a cabo 285 mil operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales, de las cuales 22.9 por ciento fueron realizadas por la Semar (poco más de 65 mil operaciones), con la participación de 20 mil 653 efectivos navales.

En la revisión de la Cuenta Pública 2008, la Secretaría de Marina recibió 3 auditorías de regularidad, dos de ellas se orientaron a fiscalizar inversiones físicas a la Construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Alta Especialidad en el Distrito Federal y otra a la Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.

En su reunión del próximo jueves, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación continuará con el análisis del informe de la Cuenta Pública 2008, respecto a los entes vinculados con funciones de gobierno.

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Fuente: Cámara de Diputados