Proceso, 20 de febrero de 2011;
La forma en que ensuciaron el caso Cassez el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el jefe de la AFI, Luis Cárdenas Palomino, ya tiene enfrentado a Felipe Calderón con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Y el conflicto puede agravarse: el abogado Frank Berton sólo espera tener en sus manos la ratificación de la sentencia de 60 años de cárcel a Cassez para demandar en su país a los dos mandos policiacos por falsificar documentos judiciales y utilizarlos en el proceso contra su defendida.
PARÍS, 21 de febrero (Proceso).- Desde hace dos años Frank Berton, abogado francés de Florence Cassez, amenaza con demandar ante la justicia de su país a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino; pero hasta la fecha se ha abstenido de hacerlo.
El pasado 14 de enero, después de la reunión del presidente Sarkozy con los padres de la acusada y en la que él también participó, Berton declaró en el mismo patio del Palacio del Elíseo que ya tenía todo listo para emprender una acción judicial contra el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Agencia Federal de Investigación de México.
En entrevista con la corresponsal el miércoles 16, el abogado ofrece más detalles y revela entretelones insólitos del enredo político, diplomático y judicial en el que se enfrascaron los dos gobiernos.
–Ya lleva casi dos años hablando de estas demandas… ¿Ahora va en serio?
–Tenía razones de sobra para hacerlo, pero no quise que estas demandas fueran interpretadas como presión o injerencia en la instrucción del caso de mi clienta. Me abstuve por respeto hacia la soberanía de la justicia mexicana. Pero ahora la situación es distinta.
–¿Es decir…?
–El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (en México) acaba de rechazar el amparo de mi clienta. Ya no le queda recurso judicial alguno; su condena es definitiva. Desde el pasado 10 de febrero tengo las manos libres para demandar a estos dos personajes por falsificación de documentos judiciales y uso de estos documentos falsificados, ante el procurador de Justicia de Paris, Jean Claude Marin. El artículo 441- 4 del Código Penal francés considera la falsificación de documentos judiciales como un crimen, lo castiga con 10 años de prisión y una multa de 150 mil euros. Se aplican las mismas penas para el uso de estos documentos falsificados.
Dicho código autoriza a los ciudadanos franceses a demandar a un extranjero por un crimen cometido en su contra en cualquier parte del mundo. Esa demanda debe ser presentada en el Palacio de Justicia de París, ante el procurador general. En caso de que Jean Claude Marin dictamine que la queja es justificada, confiará el expediente a un juez de instrucción que convocará a García Luna y a Cárdenas Palomino para interrogarlos sobre los delitos mencionados en la demanda interpuesta por Berton.
Ya en esta situación, si los acusados no se presentan en el Palacio de Justicia de París, el juez lanzará una orden internacional de detención en su contra mediante la Interpol. Una medida como esa por lo menos impediría que García Luna y Cárdenas Palomino salieran de México.
En tanto, el procurador general, Jean Claude Marin, conoce de sobra el expediente de Florence Cassez porque viajó varias veces a México para tratar el asunto. Su primera estadía en el Distrito Federal fue a principios de 2009 , en vísperas de la visita oficial de Nicolas Sarkozy. Hasta donde se puede saber, Marin entendió que se podía solucionar el problema y envió un mensaje en ese sentido al presidente francés. Pero Florence fue condenada a 60 años de cárcel.
Marin volvió dos veces a México para participar en la Comisión Bilateral encargada de reflexionar sobre una posible aplicación del Convenio de Estrasburgo en este caso. Sus esfuerzos para convencer a sus homólogos mexicanos de autorizar el traslado de Cassez a una cárcel francesa fueron vanos.
–¿A qué se refiere concretamente cuando habla de falsificación de documentos judiciales y uso de estos documentos falsificados?
–Me refiero a la falsificación flagrante del acta de detención de Florence Cassez y al uso de ese documento falsificado como base para lanzar un proceso judicial en su contra y condenarla definitivamente a 60 años de cárcel. El acta de detención que se exhibe está fechada el 9 de diciembre de 2005, pero en realidad mi clienta fue detenida el 8. Viajé a México en agosto pasado para trabajar sobre el amparo que junto con los abogados mexicanos Agustín Acosta y Horacio García interpusimos.
“Nos ayudó mucho analizar el expediente de la demanda que el periodista Pablo Reinah, de Televisa, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (García Luna acusó al reportero de haberle pedido la escenificación de la detención de Cassez y su novio, Israel Vallarta. Reinah fue despedido de Televisa). Sus declaraciones nos permitieron establecer que Florence Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005, y no el 9 en la madrugada, como siempre pretendieron las autoridades. Lo sabíamos. Es lo que mi clienta repetía.
“Sabíamos también, de la boca misma de García Luna y del procurador Daniel Cabeza de Vaca, que su detención televisiva había sido una mera escenificación. En el video de ese show mediático resulta evidente el papel de realizador de Luis Cárdenas Palomino. Pero nos faltaban elementos claves, que descubrimos en el expediente de Reinah, para determinar el día de la detención de Cassez”.
Berton señala que, a partir de la falsificación de la fecha de su detención, “voy a poder demandar a García Luna y a Cárdenas Palomino en Francia. También figurará en el expediente la violación de los derechos consulares de Florence. Fue detenida el 8, y fue hasta el 9 de diciembre, al final de la tarde, que se avisó a la embajada de Francia”.
Sostiene que detallará “todas las consecuencias que tuvo esta falsificación: la escenificación de la detención es grave y patética, pero judicialmente la falsificación del acta de detención por parte de funcionarios públicos es un delito; Luis Cárdenas Palomino coordinó el operativo y Genaro García Luna validó el acta de detención a sabiendas de que se trataba de un documento falsificado.
“¿Sabe usted con qué argumento el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de México, desechó nuestra acusación de falsificación de la fecha de detención?” –pregunta a su vez.
–¿Cuestionó los elementos que descubrieron en el expediente de Pablo Reinah? –aventura la corresponsal.
–De ninguna forma: admitió la fecha, pero explicó que los policías habían actuado así por causa de fuerza mayor. ¿Y cuál era esa fuerza mayor? Obligar a Florence Cassez y a Israel Vallarta a actuar en un reality show infame.
–¿Qué otros argumentos presentó la justicia mexicana para rechazar el amparo?
–No lo sé.
–¿No leyó el acta oficial, en la que fundamenta su decisión?
–Agustín Acosta lleva seis días esperando ese documento. En vano. Sólo nos enteramos de las motivaciones del Séptimo Tribunal por el cable de la AFP (Agence France-Presse). Florence se enteró de su destino por televisión. Es la primera vez en mi carrera de abogado que me pasa eso. Horacio García y Agustín Acosta no dan crédito... Me urge tener ese documento porque es indispensable para presentar mi demanda ante Jean Claude Marin. Es capital que tenga acceso a los la argumentos que expuso la justicia mexicana para ratificar esa condena a 60 años de cárcel.
“Gracias a la AFP nos enteramos de que la única excusa que encontraron las autoridades policiacas y judiciales para justificar la violación de los derechos consulares de mi clienta fue que se había intentado hablar por teléfono a la embajada y que nadie contestó”.
Sereno al principio de la entrevista, Frank Berton se va indignando conforme responde las preguntas.
–Sé que debo mantener la calma, pero ese caso es realmente surrealista. También necesito tener el texto de la decisión del Séptimo Tribunal para poder hacer llegar a la justicia mexicana mi petición oficial de traslado de Florence Cassez a una cárcel francesa, en aplicación del Convenio de Estrasburgo.
“No entiendo por qué en su rueda de prensa del pasado 14 de febrero el embajador (Carlos de) Icaza se dio el lujo de rechazar ese traslado antes de que yo haya enviado la solicitud. Sólo corresponde a la máxima autoridad judicial mexicana expresarse al respecto, no a un embajador. Y si se vuelve a rechazar el traslado de Florence Cassez, necesito saber con qué argumento se justifica la no aplicación del Convenio de Estrasburgo.
–Pero usted debe conocer estos argumentos porque su solicitud ya fue rechazada en 2009.
–No los conozco. Nunca recibimos notificación oficial escrita que justificara la no aplicación del Convenio de Estrasburgo. Nos enteramos de esa negativa escuchando la declaración de Felipe Calderón al respecto.
“El único documento mexicano que tengo sobre un eventual traslado de Florence Cassez a una cárcel francesa es la carta personal que el presidente Calderón envió al presidente Sarkozy pocos días antes de la visita oficial de éste a México. En esa carta decía que en la hipótesis de que Florence Cassez estuviera condenada, no se opondría a la aplicación del Convenio de Estrasburgo en materia de repatriación. Es el único documento mexicano que tengo con respecto a su traslado”.
–Después de la declaración oficial del presidente Calderón en la que rehusó ese traslado, ¿la Procuraduría General de la República (PGR) no hizo llegar un documento oficial a la justicia francesa o a los abogados de la condenada?
–No. Nunca recibimos explicación escrita sobre esa negativa.
–¿Usted había enviado a las autoridades judiciales mexicanas una solicitud oficial de aplicación del Convenio de Estrasburgo?
–No.
–Entonces es lógico que no haya habido respuesta oficial…
–No estoy de acuerdo. Felipe Calderón se tomó el trabajo de escribir una carta personal a Nicolas Sarkozy para decirle que estaba a favor del traslado; lo mínimo que podía hacer es escribirle otra carta personal para explicarle por qué cambió de parecer.
Cartas presidenciales
El viernes 18, dos días después de la entrevista con Berton, la embajada mexicana en Francia difundió un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que se reitera que Cassez no podrá beneficiarse del Convenio de Estrasburgo y argumenta esa posición. La SRE menciona también una carta enviada al respecto el 22 de julio de 2009 por el presidente Calderón a Sarkozy.
En un segundo encuentro, por la tarde del mismo viernes 18, Frank Berton aclara a la corresponsal:
“Me acabo de enterar de la existencia de esa misiva. El presidente Sarkozy me entrega los documentos que considera oportuno que conozca. Desde esta mañana tengo la traducción al francés del texto. Quisiera precisar, sin embargo, que el presidente Calderón anunció oficialmente que no se trasladaría a Cassez a Francia el 22 de junio de 2009. Lo hizo en una breve alocución televisiva y fue sólo un mes después que escribió al presidente Sarkozy.”
Pero para Berton “la misiva importante” es la que Felipe Calderón envió a Nicolas Sarkozy el 6 de febrero de 2009. “Esa carta fue escrita antes del viaje de Sarkozy a México y antes del segundo juicio de Cassez, que desembocó en una condena a 60 años de cárcel. Fue Calderón quien se refirió primero al Convenio de Estrasburgo.
“El último párrafo (de la carta de Calderón) dice textualmente: En segundo lugar, una vez que la defensa de la señora Cassez Crepin agote los recursos que la ley mexicana le concede y en el caso de quedar firme una sentencia condenatoria, se podrá explorar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983. Este tratado, del cual Mexico y Francia son Estados partes, permite el traslado del sentenciado a su país de origen para cumplir la sentencia, siempre y cuando la señora Cassez Crepin así lo solicite expresamente.
“En otras palabras, el presidente Calderón dijo al presidente Sarkozy: dejemos que la justicia mexicana haga su trabajo, y si Florence Cassez resulta definitivamente condenada, siempre nos quedará un último recurso: el Convenio de Estrasburgo. Fue lo que entendí yo. Fue lo que entendieron las autoridades diplomáticas y judiciales francesas que siguen ese caso. Y, sobre todo, fue lo que entendió el presidente Sarkozy, quien con base en esa carta convenció a Cassez de no apelar su condena a 60 años, obligándola a acatar implícitamente esa condena para poder beneficiarse del Convenio de Estrasburgo”.
–En el comunicado de la SRE difundido hoy en Francia por la Embajada de México se le resta importancia a esa carta y se enfatiza que sólo se habla de “explorar la aplicabilidad” del convenio.
–Es absurdo. ¿Por qué Calderón hubiera tenido el cuidado de referirse ampliamente a un convenio inaplicable en una carta a Nicolas Sarkozy? ¿Cómo se atreve a decir la SRE que el presidente Calderón no hablaba en serio cuando recordaba al presidente Sarkozy la importancia de ese convenio?
–Después de esa última declaración tajante de la SRE, usted sigue con la idea de pedir, esta vez oficialmente, el traslado de su clienta?
–Más que nunca. El único recurso que le queda es el Convenio de Estrasburgo. No me corresponde pedir su aplicación. Es la responsabilidad del Ministerio de Justicia de Francia, que sólo espera que la PGR de México tenga la cortesía de enviarle el juicio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para entregarle a su vez esa solicitud oficial de traslado de Florence Cassez. No hay paso atrás.
“Dos pesos, dos medidas”
Durante la entrevista del miércoles 16 la corresponsal le comentó a Berton lo insólito de que, en una solicitud de aplicación de un convenio bilateral, los abogados de Florence Cassez o las autoridades judiciales francesas no hubieran hecho llegar a la PGR un documento oficial.
Respondió: “En ese entonces no estábamos todavía en el marco de un litigio judicial. El ambiente era más bien informal. Sarkozy pensaba poder arreglar el asunto con Felipe Calderón y le parecía que la mejor manera de hacerlo era a través del Convenio de Estrasburgo. Desde la Residencia de Francia en México, donde se hospedaba, habló largamente por teléfono con Florence Cassez para convencerla de renunciar al amparo, de acatar su condena a 60 años y de pedir su traslado. Estábamos en busca de solución, un gentleman agreement; en ese contexto estaba fuera de lugar presentar una solicitud oficial. Ahora es distinto. Estamos en pleno litigio judicial. Necesito el acta oficial del Séptimo Tribunal que condena definitivamente a mi clienta para poder presentar a mi vez una solicitud oficial de traslado. El argumento del presidente Calderón y del embajador Icaza es que no existe en Francia una pena de 60 años. Pero tenemos algo peor: cadena perpetua.
–Eso es meramente teórico. Los crímenes por los cuales Florence Cassez está condenada a 60 años en México están castigados por mucho menos años de prisión.
–Está equivocada. No hablamos de la aplicación de una pena por un delito particular; estamos hablando de equivalencia entre penas. Cadena perpetua corresponde ampliamente a 60 años de cárcel para una persona de 36 años.
–Si sigo su razonamiento, la única forma de obtener el traslado de Florence Cassez a Francia sería asegurar que pasara el resto de sus días en la cárcel.
–Así es.
–¿Quién va a creer ese cuento? Cuando Felipe Calderón pone en tela de juicio las condiciones del traslado de Florence Cassez a Francia sugiere que ella pasará un tiempo simbólico en prisión y que luego se beneficiará del derecho de gracia que tiene el presidente francés. Sarkozy lleva tres años afirmando su fe en la inocencia de su compatriota. Es lógico pensar que no la dejará en la cárcel.
–Usted está sugiriendo que Felipe Calderón sospecha que el presidente Sarkozy tiene mala fe. De todos modos las autoridades mexicanas tienen una política de dos pesos, dos medidas. Cuando piden a Estados Unidos el traslado de sus nacionales condenados a muerte, su argumento principal es que en México no existe la pena capital. ¿Dónde está la lógica en todo esto?
Una llamada telefónica interrumpe la plática. Es Florence Cassez, que llama desde la cárcel de Tepepan, en el Distrito Federal. Diez minutos después, Frank Berton retoma la entrevista. Se ve enojada.
“Algunos periódicos mexicanos publican fotos de la vida privada de Florence Cassez que fueron sacadas de su expediente judicial. Es lamentable.
“Según me dice Florence, hay una violenta campaña de prensa contra Francia en México. No estoy en contra de las críticas, pero me interesaría ver también algunas notas sobre les esfuerzos desplegados por Nicolas Sarkozy para lograr un mayor acercamiento entre Francia y México. Fue gracias a Nicolas Sarkozy que Felipe Calderón encabezó con Angela Merkel una importante comisión del G20. Y también fue a iniciativa de Nicolas Sarkozy que en el marco de la Cumbre de Cancún sobre el cambio climático Francia otorgó a México un préstamo de 500 millones de dólares para estimular su política ecológica.
–¿Qué relación tienen estas medidas con el caso de Cassez?
–Demuestran que a Francia no le interesa un conflicto absurdo con México. Sólo busca una solución justa para una de sus ciudadanas, cuyos derechos elementales no han sido respetados.
El pasado 14 de enero, después de la reunión del presidente Sarkozy con los padres de la acusada y en la que él también participó, Berton declaró en el mismo patio del Palacio del Elíseo que ya tenía todo listo para emprender una acción judicial contra el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Agencia Federal de Investigación de México.
En entrevista con la corresponsal el miércoles 16, el abogado ofrece más detalles y revela entretelones insólitos del enredo político, diplomático y judicial en el que se enfrascaron los dos gobiernos.
–Ya lleva casi dos años hablando de estas demandas… ¿Ahora va en serio?
–Tenía razones de sobra para hacerlo, pero no quise que estas demandas fueran interpretadas como presión o injerencia en la instrucción del caso de mi clienta. Me abstuve por respeto hacia la soberanía de la justicia mexicana. Pero ahora la situación es distinta.
–¿Es decir…?
–El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (en México) acaba de rechazar el amparo de mi clienta. Ya no le queda recurso judicial alguno; su condena es definitiva. Desde el pasado 10 de febrero tengo las manos libres para demandar a estos dos personajes por falsificación de documentos judiciales y uso de estos documentos falsificados, ante el procurador de Justicia de Paris, Jean Claude Marin. El artículo 441- 4 del Código Penal francés considera la falsificación de documentos judiciales como un crimen, lo castiga con 10 años de prisión y una multa de 150 mil euros. Se aplican las mismas penas para el uso de estos documentos falsificados.
Dicho código autoriza a los ciudadanos franceses a demandar a un extranjero por un crimen cometido en su contra en cualquier parte del mundo. Esa demanda debe ser presentada en el Palacio de Justicia de París, ante el procurador general. En caso de que Jean Claude Marin dictamine que la queja es justificada, confiará el expediente a un juez de instrucción que convocará a García Luna y a Cárdenas Palomino para interrogarlos sobre los delitos mencionados en la demanda interpuesta por Berton.
Ya en esta situación, si los acusados no se presentan en el Palacio de Justicia de París, el juez lanzará una orden internacional de detención en su contra mediante la Interpol. Una medida como esa por lo menos impediría que García Luna y Cárdenas Palomino salieran de México.
En tanto, el procurador general, Jean Claude Marin, conoce de sobra el expediente de Florence Cassez porque viajó varias veces a México para tratar el asunto. Su primera estadía en el Distrito Federal fue a principios de 2009 , en vísperas de la visita oficial de Nicolas Sarkozy. Hasta donde se puede saber, Marin entendió que se podía solucionar el problema y envió un mensaje en ese sentido al presidente francés. Pero Florence fue condenada a 60 años de cárcel.
Marin volvió dos veces a México para participar en la Comisión Bilateral encargada de reflexionar sobre una posible aplicación del Convenio de Estrasburgo en este caso. Sus esfuerzos para convencer a sus homólogos mexicanos de autorizar el traslado de Cassez a una cárcel francesa fueron vanos.
–¿A qué se refiere concretamente cuando habla de falsificación de documentos judiciales y uso de estos documentos falsificados?
–Me refiero a la falsificación flagrante del acta de detención de Florence Cassez y al uso de ese documento falsificado como base para lanzar un proceso judicial en su contra y condenarla definitivamente a 60 años de cárcel. El acta de detención que se exhibe está fechada el 9 de diciembre de 2005, pero en realidad mi clienta fue detenida el 8. Viajé a México en agosto pasado para trabajar sobre el amparo que junto con los abogados mexicanos Agustín Acosta y Horacio García interpusimos.
“Nos ayudó mucho analizar el expediente de la demanda que el periodista Pablo Reinah, de Televisa, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (García Luna acusó al reportero de haberle pedido la escenificación de la detención de Cassez y su novio, Israel Vallarta. Reinah fue despedido de Televisa). Sus declaraciones nos permitieron establecer que Florence Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005, y no el 9 en la madrugada, como siempre pretendieron las autoridades. Lo sabíamos. Es lo que mi clienta repetía.
“Sabíamos también, de la boca misma de García Luna y del procurador Daniel Cabeza de Vaca, que su detención televisiva había sido una mera escenificación. En el video de ese show mediático resulta evidente el papel de realizador de Luis Cárdenas Palomino. Pero nos faltaban elementos claves, que descubrimos en el expediente de Reinah, para determinar el día de la detención de Cassez”.
Berton señala que, a partir de la falsificación de la fecha de su detención, “voy a poder demandar a García Luna y a Cárdenas Palomino en Francia. También figurará en el expediente la violación de los derechos consulares de Florence. Fue detenida el 8, y fue hasta el 9 de diciembre, al final de la tarde, que se avisó a la embajada de Francia”.
Sostiene que detallará “todas las consecuencias que tuvo esta falsificación: la escenificación de la detención es grave y patética, pero judicialmente la falsificación del acta de detención por parte de funcionarios públicos es un delito; Luis Cárdenas Palomino coordinó el operativo y Genaro García Luna validó el acta de detención a sabiendas de que se trataba de un documento falsificado.
“¿Sabe usted con qué argumento el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de México, desechó nuestra acusación de falsificación de la fecha de detención?” –pregunta a su vez.
–¿Cuestionó los elementos que descubrieron en el expediente de Pablo Reinah? –aventura la corresponsal.
–De ninguna forma: admitió la fecha, pero explicó que los policías habían actuado así por causa de fuerza mayor. ¿Y cuál era esa fuerza mayor? Obligar a Florence Cassez y a Israel Vallarta a actuar en un reality show infame.
–¿Qué otros argumentos presentó la justicia mexicana para rechazar el amparo?
–No lo sé.
–¿No leyó el acta oficial, en la que fundamenta su decisión?
–Agustín Acosta lleva seis días esperando ese documento. En vano. Sólo nos enteramos de las motivaciones del Séptimo Tribunal por el cable de la AFP (Agence France-Presse). Florence se enteró de su destino por televisión. Es la primera vez en mi carrera de abogado que me pasa eso. Horacio García y Agustín Acosta no dan crédito... Me urge tener ese documento porque es indispensable para presentar mi demanda ante Jean Claude Marin. Es capital que tenga acceso a los la argumentos que expuso la justicia mexicana para ratificar esa condena a 60 años de cárcel.
“Gracias a la AFP nos enteramos de que la única excusa que encontraron las autoridades policiacas y judiciales para justificar la violación de los derechos consulares de mi clienta fue que se había intentado hablar por teléfono a la embajada y que nadie contestó”.
Sereno al principio de la entrevista, Frank Berton se va indignando conforme responde las preguntas.
–Sé que debo mantener la calma, pero ese caso es realmente surrealista. También necesito tener el texto de la decisión del Séptimo Tribunal para poder hacer llegar a la justicia mexicana mi petición oficial de traslado de Florence Cassez a una cárcel francesa, en aplicación del Convenio de Estrasburgo.
“No entiendo por qué en su rueda de prensa del pasado 14 de febrero el embajador (Carlos de) Icaza se dio el lujo de rechazar ese traslado antes de que yo haya enviado la solicitud. Sólo corresponde a la máxima autoridad judicial mexicana expresarse al respecto, no a un embajador. Y si se vuelve a rechazar el traslado de Florence Cassez, necesito saber con qué argumento se justifica la no aplicación del Convenio de Estrasburgo.
–Pero usted debe conocer estos argumentos porque su solicitud ya fue rechazada en 2009.
–No los conozco. Nunca recibimos notificación oficial escrita que justificara la no aplicación del Convenio de Estrasburgo. Nos enteramos de esa negativa escuchando la declaración de Felipe Calderón al respecto.
“El único documento mexicano que tengo sobre un eventual traslado de Florence Cassez a una cárcel francesa es la carta personal que el presidente Calderón envió al presidente Sarkozy pocos días antes de la visita oficial de éste a México. En esa carta decía que en la hipótesis de que Florence Cassez estuviera condenada, no se opondría a la aplicación del Convenio de Estrasburgo en materia de repatriación. Es el único documento mexicano que tengo con respecto a su traslado”.
–Después de la declaración oficial del presidente Calderón en la que rehusó ese traslado, ¿la Procuraduría General de la República (PGR) no hizo llegar un documento oficial a la justicia francesa o a los abogados de la condenada?
–No. Nunca recibimos explicación escrita sobre esa negativa.
–¿Usted había enviado a las autoridades judiciales mexicanas una solicitud oficial de aplicación del Convenio de Estrasburgo?
–No.
–Entonces es lógico que no haya habido respuesta oficial…
–No estoy de acuerdo. Felipe Calderón se tomó el trabajo de escribir una carta personal a Nicolas Sarkozy para decirle que estaba a favor del traslado; lo mínimo que podía hacer es escribirle otra carta personal para explicarle por qué cambió de parecer.
Cartas presidenciales
El viernes 18, dos días después de la entrevista con Berton, la embajada mexicana en Francia difundió un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que se reitera que Cassez no podrá beneficiarse del Convenio de Estrasburgo y argumenta esa posición. La SRE menciona también una carta enviada al respecto el 22 de julio de 2009 por el presidente Calderón a Sarkozy.
En un segundo encuentro, por la tarde del mismo viernes 18, Frank Berton aclara a la corresponsal:
“Me acabo de enterar de la existencia de esa misiva. El presidente Sarkozy me entrega los documentos que considera oportuno que conozca. Desde esta mañana tengo la traducción al francés del texto. Quisiera precisar, sin embargo, que el presidente Calderón anunció oficialmente que no se trasladaría a Cassez a Francia el 22 de junio de 2009. Lo hizo en una breve alocución televisiva y fue sólo un mes después que escribió al presidente Sarkozy.”
Pero para Berton “la misiva importante” es la que Felipe Calderón envió a Nicolas Sarkozy el 6 de febrero de 2009. “Esa carta fue escrita antes del viaje de Sarkozy a México y antes del segundo juicio de Cassez, que desembocó en una condena a 60 años de cárcel. Fue Calderón quien se refirió primero al Convenio de Estrasburgo.
“El último párrafo (de la carta de Calderón) dice textualmente: En segundo lugar, una vez que la defensa de la señora Cassez Crepin agote los recursos que la ley mexicana le concede y en el caso de quedar firme una sentencia condenatoria, se podrá explorar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983. Este tratado, del cual Mexico y Francia son Estados partes, permite el traslado del sentenciado a su país de origen para cumplir la sentencia, siempre y cuando la señora Cassez Crepin así lo solicite expresamente.
“En otras palabras, el presidente Calderón dijo al presidente Sarkozy: dejemos que la justicia mexicana haga su trabajo, y si Florence Cassez resulta definitivamente condenada, siempre nos quedará un último recurso: el Convenio de Estrasburgo. Fue lo que entendí yo. Fue lo que entendieron las autoridades diplomáticas y judiciales francesas que siguen ese caso. Y, sobre todo, fue lo que entendió el presidente Sarkozy, quien con base en esa carta convenció a Cassez de no apelar su condena a 60 años, obligándola a acatar implícitamente esa condena para poder beneficiarse del Convenio de Estrasburgo”.
–En el comunicado de la SRE difundido hoy en Francia por la Embajada de México se le resta importancia a esa carta y se enfatiza que sólo se habla de “explorar la aplicabilidad” del convenio.
–Es absurdo. ¿Por qué Calderón hubiera tenido el cuidado de referirse ampliamente a un convenio inaplicable en una carta a Nicolas Sarkozy? ¿Cómo se atreve a decir la SRE que el presidente Calderón no hablaba en serio cuando recordaba al presidente Sarkozy la importancia de ese convenio?
–Después de esa última declaración tajante de la SRE, usted sigue con la idea de pedir, esta vez oficialmente, el traslado de su clienta?
–Más que nunca. El único recurso que le queda es el Convenio de Estrasburgo. No me corresponde pedir su aplicación. Es la responsabilidad del Ministerio de Justicia de Francia, que sólo espera que la PGR de México tenga la cortesía de enviarle el juicio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para entregarle a su vez esa solicitud oficial de traslado de Florence Cassez. No hay paso atrás.
“Dos pesos, dos medidas”
Durante la entrevista del miércoles 16 la corresponsal le comentó a Berton lo insólito de que, en una solicitud de aplicación de un convenio bilateral, los abogados de Florence Cassez o las autoridades judiciales francesas no hubieran hecho llegar a la PGR un documento oficial.
Respondió: “En ese entonces no estábamos todavía en el marco de un litigio judicial. El ambiente era más bien informal. Sarkozy pensaba poder arreglar el asunto con Felipe Calderón y le parecía que la mejor manera de hacerlo era a través del Convenio de Estrasburgo. Desde la Residencia de Francia en México, donde se hospedaba, habló largamente por teléfono con Florence Cassez para convencerla de renunciar al amparo, de acatar su condena a 60 años y de pedir su traslado. Estábamos en busca de solución, un gentleman agreement; en ese contexto estaba fuera de lugar presentar una solicitud oficial. Ahora es distinto. Estamos en pleno litigio judicial. Necesito el acta oficial del Séptimo Tribunal que condena definitivamente a mi clienta para poder presentar a mi vez una solicitud oficial de traslado. El argumento del presidente Calderón y del embajador Icaza es que no existe en Francia una pena de 60 años. Pero tenemos algo peor: cadena perpetua.
–Eso es meramente teórico. Los crímenes por los cuales Florence Cassez está condenada a 60 años en México están castigados por mucho menos años de prisión.
–Está equivocada. No hablamos de la aplicación de una pena por un delito particular; estamos hablando de equivalencia entre penas. Cadena perpetua corresponde ampliamente a 60 años de cárcel para una persona de 36 años.
–Si sigo su razonamiento, la única forma de obtener el traslado de Florence Cassez a Francia sería asegurar que pasara el resto de sus días en la cárcel.
–Así es.
–¿Quién va a creer ese cuento? Cuando Felipe Calderón pone en tela de juicio las condiciones del traslado de Florence Cassez a Francia sugiere que ella pasará un tiempo simbólico en prisión y que luego se beneficiará del derecho de gracia que tiene el presidente francés. Sarkozy lleva tres años afirmando su fe en la inocencia de su compatriota. Es lógico pensar que no la dejará en la cárcel.
–Usted está sugiriendo que Felipe Calderón sospecha que el presidente Sarkozy tiene mala fe. De todos modos las autoridades mexicanas tienen una política de dos pesos, dos medidas. Cuando piden a Estados Unidos el traslado de sus nacionales condenados a muerte, su argumento principal es que en México no existe la pena capital. ¿Dónde está la lógica en todo esto?
Una llamada telefónica interrumpe la plática. Es Florence Cassez, que llama desde la cárcel de Tepepan, en el Distrito Federal. Diez minutos después, Frank Berton retoma la entrevista. Se ve enojada.
“Algunos periódicos mexicanos publican fotos de la vida privada de Florence Cassez que fueron sacadas de su expediente judicial. Es lamentable.
“Según me dice Florence, hay una violenta campaña de prensa contra Francia en México. No estoy en contra de las críticas, pero me interesaría ver también algunas notas sobre les esfuerzos desplegados por Nicolas Sarkozy para lograr un mayor acercamiento entre Francia y México. Fue gracias a Nicolas Sarkozy que Felipe Calderón encabezó con Angela Merkel una importante comisión del G20. Y también fue a iniciativa de Nicolas Sarkozy que en el marco de la Cumbre de Cancún sobre el cambio climático Francia otorgó a México un préstamo de 500 millones de dólares para estimular su política ecológica.
–¿Qué relación tienen estas medidas con el caso de Cassez?
–Demuestran que a Francia no le interesa un conflicto absurdo con México. Sólo busca una solución justa para una de sus ciudadanas, cuyos derechos elementales no han sido respetados.
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