Indignación y hartazgo

Revista Proceso # 1796, 3 de abril de 2011

Indignación y hartazgo

José Gil Olmos

Revista Proceso # 1796, 3 de abril de 2011

De todo Estado nacional fallido se derivan –obvio es– expresiones fallidas regionales, locales... Muestra a escala de la descomposición social generalizada en México y, más aún, de la manifiesta incapacidad política para contenerla, Morelos se desbocó: 80 asesinatos perpetrados en lo que va del año... nada menos que cinco veces la cifra del primer trimestre de 2010. El récord del gobernador Marco Antonio Adame es, pues, de mil 500 ejecuciones en un lustro. Dos de ellas suman su carga de indignación y hartazgo en una entidad paralizada por el miedo: la del líder local de la CTM y la del hijo del poeta Javier Sicilia, articulista de Proceso.

CUERNAVACA, MOR.- A la Autopista del Sol, la vía que conduce a Acapulco, los morelenses la empiezan a llamar “la ruta de la muerte” pues en el tramo que pasa por esta ciudad ha sido arrojada la mayoría de los 335 ejecutados del último año en Morelos.

La violencia parece imparable en este lugar que hasta hace poco era una especie de paraíso. Hoy Morelos se ha vuelto un infierno; sus habitantes han visto cómo la indolencia del gobernador Marco Antonio Adame Castillo ha convertido la entidad en campo de batalla de los grupos criminales que se disputan la plaza tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

En lo que va del año han sido 80 las ejecuciones, cinco veces más que en el primer trimestre de 2010. La mayoría de los muertos han sido jóvenes. Casi un asesinato diario sin que el ejército o las policías municipal, estatal ni federal hayan detenido a un solo responsable.

Pero toda esa violencia parece no afectar al gobernador panista. Ante la crisis generada el 27 de marzo –cuando encontraron ejecutado a Juan Francisco Sicilia junto con otras seis personas, todos con signos de tortura– fue salvado por su correligionario, Felipe Calderón, quien se comprometió ante Javier Sicilia a que el caso se resolvería.

Adame también recibió el espaldarazo del secretario de la Defensa, el general Francisco Galván, quien viajó a Cuernavaca el 30 de marzo para encabezar la reunión del gabinete de seguridad estatal y sacarlo del atolladero.

El asesinato del hijo del poeta y articulista de Proceso Javier Sicilia ha provocado una ola de protestas de la sociedad morelense y de diversos grupos de obreros, campesinos y empresarios contra el panista.

Durante cuatro días Adame no apareció públicamente. Después de la reunión de seguridad con el general Galván, dijo: “Se trate de quien se trate habrá identificación y castigo a los responsables (…) tenemos confianza y estamos trabajando coordinadamente (…) comprometiendo todos los recursos del estado para que éste y otros casos sean debidamente aclarados, y sus responsables, castigados con todo el peso de la ley”.

Sólo entonces el procurador estatal Pedro Luis Benítez Vélez afirmó que había avances en la investigación y que ya estaban identificados algunos posibles responsables, que incluso podrían ser policías.

Piden la cabeza del gobernador

La tarde del 28 marzo de 2010, en la cancha de futbol de la colonia Pro-Hogar del municipio Emiliano Zapata, 11 jóvenes electricistas y albañiles bebían cerveza luego de jugar un partido. De pronto se acercaron dos camionetas de las que bajaron hombres armados que rodearon a los jugadores, los golpearon y los levantaron.

Dos días después los cuerpos de seis de esos jóvenes fueron arrojados al lado de la Autopista del Sol. Los otros cinco siguen desaparecidos. Ningún responsable del múltiple crimen ha sido detenido.

El impacto de la violencia y el incremento de la presencia del crimen organizado, dicen las autoridades estatales, no ha paralizado la vida en la entidad. “No es como Ciudad Juárez”, afirma en entrevista con este semanario el procurador Benítez. Pero en los hechos ambos fenómenos ya hicieron mella en la entidad. Según el expresidente de la Coparmex local, Juan Carlos Salgado Ponce, el turismo ha caído hasta 60%, a pesar de que el gobierno federal asegura que ha aumentado 4%.

Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) la inseguridad, la violencia y el poder del crimen organizado han roto el tejido social, provocando la migración a otras entidades.

Sobre todo, dice la CIDHM a Proceso, hay miedo en la población que ha visto afectada su vida al tener que tomar medidas extremas de precaución: no hablar del crimen organizado en lugares públicos o en taxis, reducir sus salidas a divertirse, no transitar de noche por carretera y no confiar en la policía, por la sospecha de que obedece al crimen organizado.

El 16 de abril del año pasado, recuerda José Hernández, dirigente del organismo de derechos humanos, los cuernavaquenses incluso acataron el toque de queda supuestamente decretado para ese día por el cártel del Pacífico Sur, que avisaba que pelearía contra el grupo de La Barbie.

Pero la inacción y el silencio de los morelenses se rompieron en los últimos días luego de los asesinatos –cometidos con una semana de diferencia– del dirigente local de la CTM, Tito Barrera Ocampo, y de Juan Francisco Sicilia, que concitaron manifestaciones en las que miles de ciudadanos exigieron que se detenga la estrategia de guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, y la salida del gobernador.

Desde el 27 de marzo, cuando fueron hallados los cuerpos del joven estudiante y de otras seis personas, todos los días ha habido en Cuernavaca protestas de diversos grupos sociales que exigen “alto a la guerra” y “no más sangre” y que montaron un altar en el Zócalo; ahí, entre velas y flores, colocaron una lámina que dice “que renuncie el gobernador”.

En los últimos cinco años, Morelos ha acumulado mil 200 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado e igual número de desapariciones reportadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que hace a la entidad la quinta más violenta del país, según el Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública (SIIS) elaborado el año pasado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

“El gobierno está rebasado completamente. No hay un solo responsable detenido. Hay una crisis de instituciones, de credibilidad, de legitimidad y de respuesta a la ciudadanía. Están en crisis el Poder Ejecutivo del estado, el Legislativo y de justicia”, dice a Proceso José Hernández.

Describe un ambiente de terror entre la ciudadanía a raíz de hechos violentos cometidos por uniformados: la prensa local ha dado cuenta de operativos en los que policías y soldados con sus vehículos blindados han derribado portones de casas presuntamente para detener a narcotraficantes en colonias populares de Cuernavaca, como la Flores Magón, Carolina y La Barón.

“El Ejército no ha resuelto el problema de la inseguridad, lo ha incrementado en todo el estado porque realiza detenciones arbitrarias, allanamientos en colonias populares donde los soldados llegan encapuchados, con armas de alto poder, y entran violentamente. La gente no sabe de qué se trata, si son sicarios, policías o soldados”, dice el defensor de derechos humanos.

“La guerra que ha declarado Calderón en todo el país ha producido más violencia y 35 mil muertos, sin erradicar el problema de la droga (...) Lo mismo pasa en Morelos con el gobernador Adame. Está generando una crisis muy fuerte, la ruptura del tejido social y el involucramiento de grupos policiacos en acciones ilícitas”, insiste Hernández.

Lo mismo opinan representantes de otros sectores de la sociedad morelense que también padecen el crecimiento desmesurado de la violencia desde el inicio del año.

Juan Carlos Salgado, quien presidió la Coparmex de Morelos hasta marzo y es secretario del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, sostiene: “Lamentablemente, se ha disparado el índice delictivo de manera impresionante. Los ciudadanos vivimos atemorizados por la falta de seguridad y de las garantías indispensables para poder vivir en paz”. Agrega un dato preocupante: no se ha detenido a nadie por los asesinatos ligados al crimen organizado que han ocurrido en Morelos.

“Lo grave (...) es que de todas las ejecuciones que llevan en los últimos dos años (...) no ha habido ningún detenido, ningún responsable. El procurador del estado siempre menciona que es competencia de la federación y ésta, que es competencia del estado y los ciudadanos quedamos indefensos en medio de todo esto”, asegura Salgado.

–¿El gobernador se ha visto incapaz de manejar esta situación? –se le pregunta.

–Lo que siempre he expresado, y se lo dije a él, es que a fin de cuentas la seguridad depende del gobernador del estado y de él dependerá que los presidentes municipales hagan bien sus funciones. Sobre todo, que el secretario de Seguridad Pública dé resultados y el procurador también. Su jefe inmediato es el gobernador y debe encargarse y supervisar las actividades que estén haciendo o también las que no se estén haciendo.

Los dirigentes de la CTM en Morelos opinan lo mismo luego de que uno de sus líderes históricos, Tito Barrera, fuera asesinado el 21 de marzo en Cuernavaca por un pistolero que circulaba en motocicleta.

Los cetemistas marcharon el 27 de marzo por el centro de la capital morelense. Acompañado por unas 3 mil personas, el dirigente local de la CTM, Vinicio Limón, gritó en la Plaza de Armas. “¡Ya déjense de pendejadas! Los tres niveles de gobierno son responsables de la inseguridad que priva en la entidad. Pónganse a trabajar de inmediato y restablezcan la seguridad a las familias morelenses porque de no hacerlo, nadie va a querer salir a votar el próximo año”.

Ese mismo día, a las seis de la mañana en la entrada del fraccionamiento Las Brisas, la policía localizó un automóvil con siete personas ejecutadas. Seis hombres y una mujer amarrados de pies y manos y asfixiados con cinta canela. Entre ellos, Juan Francisco Sicilia, de 24 años.

Los iban siguiendo

Quienes conocieron a Juan Francisco Sicilia Ortega dicen que era un buen deportista y estudiante, de carácter fuerte pero amable. Sin vicios.

“Era un joven talentoso, deportista, aplicado e inteligente”, lo describe el empresario Juan Carlos Salgado Ponce, dueño de la Universidad Americana, donde estudió Juan Francisco. Sus amigos añaden que se comprometía con causas sociales –viajó a Chiapas para conocer el conflicto indígena–, ambientales y de defensa de los animales.

Su padre, el escritor Javier Sicilia, afirma que era buen muchacho, sin vicios, y que junto con sus amigos se dedicaba a trabajar, estudiar, divertirse como todos los jóvenes y, sobre todo, aclara que no eran informantes.

La noche del 26 de marzo a Juan Francisco se le ocurrió ir junto con sus amigos al bar La Rana Cruda de la colonia Cantarranas, en Cuernavaca, que se anuncia como “bar familiar” pero al que muchos califican de antro “de mala muerte”.

Según la versión publicada el 30 de marzo por el Diario de Morelos –basada en declaraciones de familiares–, ese sábado Juan Francisco, Jesús Chávez Vázquez, arquitecto guerrerense de su misma edad; Juan Gabriel Alejo Cadena, su vecino en el fraccionamiento Las Delicias; y los hermanos Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, vecinos del fraccionamiento Primavera, comieron en una marisquería con Socorro Ortega, la madre de Juan Francisco.

Después de la comida, según la misma versión, los jóvenes se pusieron de acuerdo para reunirse en la noche en La Rana Cruda, lugar que ya conocían y donde solían ir a beber cerveza.

Según una fuente oficial consultada por Proceso, los hermanos Romero Jaimes invitaron a su tío Álvaro Jaimes Avelar –exmilitar de 44 años que trabajaba como guardaespaldas de un empresario–, quien llegó con su pareja, María del Socorro Estrada Hernández, empleada de un hotel.

Las autoridades señalan que esas siete personas se vieron en La Rana Cruda. “Ahí empezaron a hablar del narcotráfico y de la violencia y, al parecer, a un grupo de personas que ahí estaban no les gustó lo que decían y empezaron a discutir. Para no tener más problemas decidieron irse, pero los fueron siguiendo”.

La versión de las autoridades y las que recogió el Diario de Morelos coinciden en que Juan Francisco llamó a sus familiares y a su novia avisándoles que ya iba para su casa, pero en la última llamada decía que tenían problemas con un auto que los venía siguiendo. Esa fue la última noticia que tuvieron de él. Era la madrugada del domingo 27 de marzo.

Los primeros informes de la procuraduría estatal decían que en el vehículo en el que encontraron los siete cadáveres había un mensaje firmando por el cártel del Golfo. El mensaje, del que este semanario tiene copia, decía: “Esto les paso por hacer llamadas anónimas a los militares y eso les va a pasar al capitan Barrales y capitan Castillo de la federal. Att. CDG”.

“No eran delatores, no eran imbéciles, sabían que no hay ninguna protección para quienes denuncian, por eso no pueden ser acusados de pasar información”, aclaró Javier Sicilia en entrevista con Carmen Aristegui el viernes 1.

Según las indagatorias –cuyos resultados se integran a la carpeta de investigación SC01/2689/2011– hubo comunicados posteriores. La noche del 28 de marzo, el cártel del Golfo presuntamente colgó dos mantas en las que se deslindaba de esa ejecución y responsabilizaba de ella al cártel del Pacifico Sur, advirtiéndoles que “toda acción tiene una reacción”. Un día después este grupo respondió con un reto al cártel del Golfo: “Si quieren pelear aquí estamos”.

El procurador Benítez niega que haya una guerra de cárteles en Morelos y que en todo caso el problema lo tiene que resolver la federación.

En entrevista con Proceso, el funcionario asegura que el gobierno de Morelos lleva las investigaciones del asesinato múltiple con la coadyuvancia del Ejército y del gobierno federal. Adelantó que en el auto se encontraron algunas huellas que no pertenecían a las víctimas, que fueron enviadas a la Secretaría de Seguridad Pública federal y que ya se identificó a los responsables.

El 31 de marzo, Benítez anunció que fueron giradas algunas órdenes de aprehensión y dijo que se logró perfilar la identidad y el número de responsables de los siete homicidios. Afirmó que entre los posibles implicados habría policías estatales.

“Puede haber (...) personal que estuvo involucrado en instituciones públicas, no las puedo precisar porque ustedes deben comprenderme: afectaría el trabajo de la policía y pondría en riesgo también a elementos del Ejército que está también trabajando en el tema”, dijo.

El pasado de Adame

El 15 de mayo de 2009 estalló un escándalo que implicaba a Marco Antonio Adame con el crimen organizado.

El reportero Daniel Lizárraga (Proceso 1732) reveló que tras la detención de su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca –quien (como consta en la averiguación PGR/SIEDO7UEIDCS/166/2009) habría recibido 20 mil dólares para proteger a Arturo Beltrán Leyva–, existía la sospecha de que el mandatario estatal podría haber recibido una parte de ese dinero, pues en el teléfono del detenido estaba anotado el número de una cuenta bancaria suya.

Adame nunca aclaró este hecho ni declaró ante la Procuraduría General de la República. Fue cobijado por Felipe Calderón, por la dirigencia nacional del PAN a cargo entonces de César Nava y por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que dirige José Antonio Ortega Sánchez; todos ellos adujeron que se estaba manipulando la información contra un gobernador que cooperaba en la lucha contra el narcotráfico (Proceso 1735).

 Ante la nueva crisis, Calderón salió al rescate de Adame. En una llamada telefónica a Javier Sicilia, se comprometió a que se resolvería el caso y se castigaría a los culpables.

En entrevista radiofónica el pasado viernes 1, Javier Sicilia dijo que mientras Calderón y su esposa le habían dado el pésame, del gobernador Adame no recibió ninguna atención. “Hay una ausencia de autoridad”, aseguró al señalar que lo que pasa en Morelos es lo mismo que ocurre en todo el país.

“Estamos frente a una emergencia nacional. Si la clase política no hace un pacto nacional y una depuración, sin intereses de por medio, el país se nos va a ir de las manos, si no es que ya se nos fue, porque el corazón del país ya está podrido. Estamos ante una descomposición demencial y demoniaca.

“Están matando a nuestros jóvenes. Hay que decirle al narcotráfico que reconsidere sus códigos, que no pueden estar matando indiscriminadamente inocentes; esto ya rebasó todo, ni las mafias antiguas hacían esto”, dijo al hacer un llamado a no callarse frente a esta crisis nacional.