Un regalo para Calderón

Un regalo para Calderón/HOMERO CAMPA
Revista Proceso No.1839, 30 de enero de 2012
La decisión de mantener en México o devolver a Francia a los hijos del exgobernador del Estado de México Arturo Montiel y de la ciudadana francesa Maude Versini quedará en manos del gobierno de Felipe Calderón, como lo establece el procedimiento que habitualmente se sigue en estos casos en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
En la primera semana de enero Versini demandó ante el Ministerio de Justicia de Francia la “restitución inmediata” de los tres hijos que tuvo con Montiel –los mellizos Adrián y Sofía, de siete años; y Alexi, de seis– en apego a la citada Convención de la ONU que los gobiernos de México y Francia firmaron el 25 de octubre de 1980.

Versini expuso que sus hijos viajaron a México para estar con su padre por el derecho de visitas previsto en el juicio de divorcio que se llevó a cabo en el Tribunal de Primera Instancia de Tenancingo, en el Estado de México. Los niños llegaron a México el pasado 17 de diciembre y debieron regresar a Francia el lunes 2 de enero.
Versini argumentó que Montiel violó el fallo del tribunal de Tenancingo que le confió la custodia de los hijos de ambos. En virtud de ello apeló al artículo 3 de la Convención, que considera “ilícita” la retención de un menor cuando ésta se realiza “con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona” y cuando ese derecho de custodia “se ejercía en forma efectiva” en el momento de la retención.
El artículo 6 de esta Convención establece que “cada uno de los Estados contratantes designará una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone” este instrumento internacional. Francia designó como autoridad central a su Ministerio de Justicia; México a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Así, el Ministerio de Justicia francés trasladó la demanda de Versini a la SRE, dependencia que –según el procedimiento habitual– pedirá a un juez estudiar el caso. Este juez lo devolverá a la SRE con sus recomendaciones para que la dependencia tome la decisión de restituir o no a los menores a Francia.
Es decir, en un año electoral el caso de los hijos de Versini y Montiel –tío y padrino político de Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República– quedará en manos del Poder Ejecutivo mexicano, cuyo titular, Felipe Calderón, ha sido acusado por dirigentes priistas de actuar para favorecer a su partido, Acción Nacional, en los comicios de julio próximo.
Por ejemplo en diciembre pasado el PRI interpuso ante el Instituto Federal Electoral quejas contra Calderón por “realizar proselitismo” en favor del PAN en la transmisión del programa Royal Tour y por sus “temerarias y aventuradas declaraciones” al diario The New York Times, en las que deslizó que algunos priistas buscarían pactar con los cárteles del narcotráfico.
De hecho el 9 de diciembre, al asumir como presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell advirtió que, ante la debilidad de los precandidatos presidenciales del PAN, Calderón recurre “a toda suerte de artimañas” para agredir a las fuerzas políticas que le disputan el poder, lo que trae el riesgo de polarizar la contienda electoral de 2012.
“Por las acusaciones temerarias lanzadas desde la Presidencia, hasta el uso faccioso de las procuración de justicia, todo se vale con el objeto de descalificar al adversario. Si esto sirve para ganar elecciones, poco les importa que quien pague el costo de estas acciones sea la sociedad”, afirmó.
La demanda de Versini en Francia corre en paralelo con el proceso legal que se desahoga en un juzgado de Metepec, Estado de México. En diciembre pasado Montiel demandó ante esta instancia revocar el fallo del tribunal que otorgó a Versini la custodia de los hijos de ambos. Argumentó que eran objeto de maltrato físico y psicológico por parte de Versini y de la actual pareja de ésta, Phillipe Lancry. El juez le otorgó la “guardia y custodia provisional”.
El equipo de abogados contratado por Versini –encabezado por Fernando Gómez Mont, exsubsecretario de Gobernación y cercano al presidente Calderón– apeló dic