El reportaje de la Turati: "La batalla de las viudas"

La batalla de las viudas/ Marcela Turati, reportera

Revista Proceso # 1845, 11 de marzo de 2012
Una encuesta realizada el año pasado reveló los temores de los policías municipales de la capital chihuahuense: saben que la corporación está infiltrada por el narco, están conscientes de que la ciudadanía desconfía de ellos y también saben que son el blanco preferido de la delincuencia organizada, ante la que están indefensos… Eso mismo aprendieron, del peor modo posible, las viudas de los agentes municipales, mujeres que de un día para otro se quedaron sin apoyo y al frente de sus familias, y que poco a poco han llamado la atención de la alcaldía para que atienda sus problemas.

CHIHUAHUA, CHIH.- Es 2 de enero y el Club de Leones de esta ciudad está custodiado por hombres fuertemente armados. Dentro, en el salón de fiestas, cientos de hombres perfumados, con botas puntiagudas y sombreros tejanos sacan lustre a la pista con sus parejas. Se están festejando: es el Día del Policía. Ora brincotean al ritmo del pasito duranguense, ora se menean con corridos norteños, más tarde vendrán la rifa de electrodomésticos, la cena y las infaltables piezas románticas.
Al fondo del salón, junto al ventanal, hay tres mesas ocupadas por mujeres de sonrisa triste que cada tanto miran a la pista: son viudas de agentes municipales.

“No me animaba a venir, pero pensé que me iba a servir para distraerme un rato”, confiesa Albertina Licea Morán, esposa del difunto José de la Luz Guadalupe Acevedo, muerto el 3 de julio del año pasado. A la pregunta de, ¿cómo se siente?, dice: “Ahorita que veo a todas con sus esposos, y una sola, sí siente uno feo, le da a uno tristeza porque todos los años él y yo veníamos juntos”.
Este festejo para ellas no es gozoso. Las viudas comparten el mismo peso de la ausencia que les apachurra el corazón. La época, de por sí, es nostálgica: acaban de pasar las fiestas decembrinas con sus hijos adoloridos porque el lugar de su papá está vacío.
“Yo nomás vine porque desde que lo mataron es la primera vez que me invitan, que me toman en cuenta, me dan el lugar que merezco como esposa de un policía que lo dio todo por su trabajo. A mí me fue muy mal, me tuve que mover sola para que me dieran una pensión, una beca para mis hijos”, dice Bertha Erika Ortiz Marrufo, viuda de José Cirilo Payán, asesinado el 22 de septiembre de 2009.
Han pasado más de dos años desde que emboscaron y mataron a su marido en servicio y aún está sensible por su doble desgracia: la viudez prematura y la desobligación de las autoridades que tendrían que velar por ella y sus hijos.
“De tanto que estaban matando le daba a uno miedo. ¡Y todavía! Él no me escuchaba que tenía miedo por él, me decía que le gustaba su trabajo, que no le iba a pasar nada, pero le tendieron una emboscada, lo ejecutaron.”
A su marido lo enterraron con honores. Durante la ceremonia las sirenas de las patrullas sonaron y sus compañeros gritaron “¡presente!” cuando lo mencionaron en el pase de lista. El enviado del alcalde Carlos Borruel prometió apoyo vitalicio a la familia. Pero fue mentira: la viuda sólo recibió una pensión de 2 mil 600 pesos al mes, la cuarta parte del salario de su esposo.
“Fue muy feo. Yo nunca había trabajado, sólo me había dedicado al hogar, y tuve que trabajar. Tenía miedo de enfrentarme sola al mundo, de que me pasara algo por ser esposa de un policía, soñaba que iban a la casa por nosotros, me despertaba si oía muebles (autos); pasé como seis meses sin dormir. Y siempre sola.”
En la entrevista remarca varias veces esa palabra, sola, revestida de una soledad que únicamente ella conoce. Sola cuando recibió la noticia y se la dio a sus hijos. Sola durante los preparativos del velorio. Sola ante los trámites y papeleos burocráticos de la pensión. Sola cuando correteaba al alcalde para exigirle que cumpliera sus promesas. Sola con sus pesadillas nocturnas. Sola para mantener a sus hijos. Sola buscando trabajo. Sola en este baile al que la acompañan otras mujeres solas.
Cuando llega el momento de los discursos, el director de Seguridad Pública municipal, Heliodoro Araiza, dice a los policías que su labor es importante porque sus nietos los recordarán como los héroes que recuperaron la tranquilidad de Chihuahua. En silencio lo escucha Selene Coronado, la joven viuda del oficial Jesús Prieto Galván, asesinado a los 21 años, el 8 de septiembre de 2002.
“Traje a mis dos hijas y aunque estamos un poco tristes por ver a los demás policías, vine porque me alegra que este año sí se acordaron de las viudas y nos invitaron”, dice esta mujer que, aun después de muerto su marido, lo esperaba horas afuera de la comandancia con la esperanza de verlo salir, que todo el tiempo iba al panteón y que sólo lo soltó el día que en sueños él le pidió que lo dejara descansar, que cuidara a sus hijas porque siempre iba a estar pendiente de ellas.
Las mujeres de esta mesa vinieron para darse el lugar que les corresponde a ellas y a sus maridos, la mayoría víctimas de la guerra del Estado contra los cárteles de la droga.
Otras “bajas colaterales”
De 49 mil 312 personas asesinadas en México de diciembre de 2006 a septiembre de 2011, más de 2 mil eran servidores públicos. Los más expuestos son los policías locales: cuatro de cada 10 funcionarios víctimas de homicidio eran policías municipales y estatales, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Seguridad Pública y de la PGR obtenida por La Jornada.
Tan sólo en tres años de la llamada narcoguerra (de enero de 2008 al 15 de septiembre pasado) se acumularon mil 988 casos de policías locales asesinados, de los cuáles 65% eran municipales y 35%, estatales.
El gobierno federal ha contabilizado menos bajas entre sus filas. Según datos de El Universal, de 2006 a 2011 la PGR perdió a 105 policías ministeriales; el Ejército, 138 militares; la Armada, 14 marinos y la Policía Federal, 314 agentes. En la cuenta mortal de funcionarios públicos hay que incluir a 32 presidentes municipales.
“El asesinato a policías municipales es un patrón muy presente desde el principio de la guerra”, señala el experto Eduardo Guerrero, de Lantia Consultores.
En entrevista con Proceso dice que, de entre policías federales y estatales, soldados o marinos, los municipales son los más expuestos a ser corrompidos y absorbidos por una célula criminal local y asesinados por quien los contrató si hicieron mal un trabajo, o por los adversarios. Otra razón, menos vista, puede ser que los maten para presionar a las autoridades por algún decomiso, como ocurrió en Tijuana, o para exigir la renuncia del jefe policial, como en Juárez. Una más es hacer bien el trabajo.
“Muchos policías municipales aunque no estén buscando criminales o persiguiéndolos, se los tienen que topar: frente a ellos pasa un convoy o una camioneta con droga y no tienen de otra más que llamarles la atención o perseguirlos. Si no hacen nada, la comunidad los sanciona socialmente, los acusa de colaboradores del narco. Y generalmente salen mal librados porque el equipamiento y la capacitación de ellos y de los sicarios es muy disparejo. Están descuidados en salarios y en equipamiento.
“Además, ser buen policía en este esquema es altamente riesgoso porque si arrestas a quien debes, en este sistema de justicia de puerta giratoria, los delincuentes salen y ejecutan a quien cumplió su labor”, dice.
Los riesgos los conocen bien los policías que acudieron al festejo. En el baile, una abuela que no se despegaba de su marido, un mando dentro de la corporación, comentó: “Tengo miedo por él pero, ¿qué puedo hacer? Él quiere aguantar porque ya le falta poco para jubilarse”.
En ciudades como Chihuahua se corre un riesgo mortal al aceptar el trabajo de policía. De 2005 a la fecha en esta ciudad 45 policías han sido asesinados.
La antropóloga social Maru Suárez de Garay, experta en el tema, señala que las instituciones policiales están abandonadas, quebradas por dentro y colapsadas por la inseguridad y en su interior abundan el desencanto, resentimiento e insatisfacción entre los agentes, agravado al momento en que se les incluyó en la lucha contra el narcotráfico.
“Tiene que ver con una policía entregada a una lucha que no pedimos, que está totalmente alejada de su misión preventiva, de su vocación ciudadana, que la han empeñado en la lucha contra el crimen organizado y que los aleja cada vez más de sus comunidades, de sus barrios, y eso tiene repercusiones en los propios policías”, explica.
La directora de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia de la organización Insyde se opone a achacarle todos los males a las policías locales y expresa que en vez de querer acabar con esas instituciones municipales “lo que hay que depurar es a los políticos” y a las cúpulas que las han usado perversamente.
Además de reestablecer los lazos entre el ciudadano y sus policías, opina, hay que comenzar por reconocer sus derechos.
En una encuesta realizada en julio de 2011 por el Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, a casi 300 policías, la mitad señaló que no le gustaría que su hijo fuera policía porque es una profesión peligrosa, no valorada, los agentes carecen de apoyos, nunca están en casa o no tienen buenas prestaciones, entre otros motivos.
Los entrevistados manifestaron que no siempre son bien recibidos por la ciudadanía y con sus respuestas dejaron plasmadas sus aspiraciones, críticas y necesidades:
“El Código Penal está hecho a favor del delincuente. Que se proporcionen alimentos durante el turno. Necesitamos créditos de vivienda. Hay compañeros malos en los que no se puede confiar. Más equipo, más elementos patrullando y mejores sueldos. No nos dan balas, no sirven las camionetas Ranger para este trabajo; que se pongan en nuestros zapatos. Apoyo para la familia de los policías caídos. Sometan a los mandos a exámenes de confiabilidad. La gente no valora a la policía: no tiene conciencia que también son seres humanos y comen, se cansan, etc.”
Además “los ascensos y promociones son vendidos. Hacen falta chalecos con sus placas y cascos; las armas son buenas pero nos faltan cartuchos y buenas patrullas. Es peligroso ser policía, pero muchos de nosotros tenemos bien puesta la camiseta. Que los jefes nos traten con respeto. Adiestramiento en ‘tácticas de guerrilla urbana’. Que los ciudadanos entiendan que estamos para ayudar, no para atacar. Cada cambio de administración retrocedemos por los compromisos con sus amigotes y le echan la culpa a la institución. Este trabajo es muy gratificante si se tiene vocación. Somos humanos, tenemos familia que dejamos cada día sin saber si regresaremos, y eso no se valora. No somos robots”.
Todo esto lo sabía la señora Clara Isabel Camacho cuando le pedía a su marido, Teófilo Valenzuela Rivera, que se buscara otro trabajo.
“Mi esposo sí estaba consciente de los riesgos porque a últimas fechas estuvo muy, muy feo, y antes cayeron varios. Yo le pedía que se saliera, pero él decía que le gustaba mucho su trabajo y que después no se iba ‘a hallar’ en otro”, narra durante el baile la viuda de Valenzuela, asesinado el 12 de marzo de 2011. En sus ocho años de matrimonio tuvieron tres hijos.
La historia que ella cuenta es distinta a la de Albertina Licea, la mujer que perseguía al alcalde anterior, que está sentada un par de asientos más allá. La señora Camacho fue acompañada por psicólogas y abogadas del ayuntamiento que la ayudaron a preparar el velorio y la acompañaron en los trámites posteriores, y tuvo protección especial los primeros días después del asesinato de su pareja.
En noviembre de 2010, al estrenarse como alcalde, Marco Adán Quezada Martínez se enfrentó a una ola de asesinatos de policías que lo hizo tomar una decisión poco ortodoxa: entregar a las viudas 100% de la pensión (antes se entregaba como máximo 54%), asesoría legal, becas para sus hijos, terapias psicológicas para la familia, despensas y actividades grupales para la elaboración del duelo.
La encargada del Fideicomiso de Seguridad Pública Municipal para Policías Caídos, Alma Vidaña, recuerda el momento en que descubrieron el abandono en el que quedaban las mujeres. Ocurrió una tarde cuando se topó a una mujer policía, también viuda, que enojada con la corporación le reclamó que necesitaba leche y pañales, porque no tenía lo suficiente para su bebé.
“Vimos que están totalmente solas, no sabían que tenían seguros o que eran acreedoras de una pensión. Por eso desde el primer momento fue decisión del municipio acompañarlas y no soltarlas, estar pendientes de ellas cada semana, para que no estuvieran solas”, dice en entrevista.
Heliodoro Araiza indica que están atendiendo las necesidades que han manifestado los policías para que estén incentivados. Además del fideicomiso para las viudas ahora entregan premios al mejor jefe de servicio y mejor coordinador de distrito, bonos de 12 mil 50 pesos por cada detención de alto impacto, servicios médicos en las comandancias con apoyo psicológico, mejoramiento salarial (se estableció un mínimo de 15 mil pesos de salario integrado) así como la compra de más patrullas.
En esta administración hasta el momento son 18 las familias de policías muertos (16 asesinados) con pensión completa. Las viudas de las administraciones anteriores son invitadas a las actividades (como la fiesta, los cursos de tanatología o el taller de escritura) y reciben becas, despensas y apoyo psicológico y legal, pero no la pensión completa.
Según la SSP los asesinados tenían entre 27 y 40 años y en promedio de uno a tres hijos en edades de kínder o primaria. Uno tenía cinco. Tiene varias familias y eso dificulta la entrega.
El baile continúa. Las mujeres de corazón apachurrado disfrutan la fiesta junto a las abogadas y psicólogas que las atienden. Platican entre ellas, se dan ánimos; en los encuentros anteriores se han hecho amigas. Cada tanto suspiran por los maridos ausentes. La señora Camacho explica: “Es mejor estar aquí, esta noche, a estarle piense y piense en la casa, distraerse aunque sea un momento; además nos animamos porque venimos todas juntas y porque nos tomaron en cuenta”.