Jennifer: cobra en PGR y en la DEA
Una lengua
letal/ANABEL
HERNÁNDEZ
Proceso No. 1907, 19 de mayo de 2013;
Testigos caros y a conveniencia de la PGR (abajo)
Lo mismo
está al servicio de la PGR en México que a las órdenes de la DEA en Estados
Unidos. Sus dichos han llevado a la cárcel durante meses o años a varios policías
o militares que le incomodaban al sistema; tras largos juicios, algunos de
ellos recuperaron finalmente la libertad cuando se descubrió que los
testimonios en su contra eran falsos. Se trata de Roberto López Nájera,
conocido como el testigo protegido (Sic es colaborador) Jennifer, un hombre con el aparente don de
la ubicuidad que de acuerdo con sus testimonios lo ve todo y lo escucha
todo. Este presunto abogado oriundo de
Acapulco, encontró una manera de vivir con todos los gastos pagados a costa de
los erarios de México y de Estados Unidos.
A sus 34
años Roberto López Nájera es experto en juegos de intriga. Logró convertirse en
el testigo colaborador estrella de la Procuraduría General de la República
(PGR) y al mismo tiempo en informante confidencial de la Administración
Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Con ese
perfil, durante los últimos cinco años López Nájera ha sido usado por la PGR y
la DEA para crear casos criminales que al final tienen poco éxito o son un
desastre. Y goza de inmunidad en ambos lados de la frontera.
Con el
nombre clave de Jennifer, en 2008 López Nájera fue pieza clave en la Operación
Limpieza del sexenio de Felipe Calderón. En 2012 fue usado para armar el
expediente contra cuatro generales.
La lista de
víctimas de López Nájera en México incluye al excomisionado de la Policía
Federal (PF) Javier Herrera Valles, quien documentó las irregularidades de la
gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública; Noé Ramírez
Mandujano, el subprocurador que junto con su equipo investigaba a exmilitares
que trabajaban para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) y presuntamente estaban al servicio del Cártel
de Sinaloa, y al general Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa.
Todos ellos
fueron absueltos al demostrarse su inocencia luego de estar presos años o meses
por los falsos testimonios de Jennifer.
Pero eso a
López Nájera no le preocupa. Además de impunidad Jennifer ha recibido un pago
mensual de la PGR, que costea la renta del lugar donde vive y el salario de sus
escoltas. Y para su buena suerte también está en la nómina de testigos de la
DEA, con la que participa en operaciones encubiertas.
Según los
expedientes de la PGR, desde 2008 López Nájera se halla en Estados Unidos. Fuentes
consultadas por este semanario apuntan a que está en Miami bajo protección de
la DEA. En México, mientras tanto, la PGR dice haber iniciado una investigación
sobre sus falsos testimonios.
De Acapulco
a Miami
De acuerdo
con los archivos del periódico El Sur, de Acapulco, el 3 de junio de 2005 el
abogado López Nájera –que entonces trabajaba para el despacho López Pineda y
Asociados– dijo que había sido amenazado de muerte luego de presentar en mayo
de ese mismo año una queja administrativa ante la Secretaría General de
gobierno de Guerrero contra la notaria pública Bella Hernández.
“López
Nájera informó que ya presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio
Público de Costa Azul, por amenazas contra quien resulte responsable y exige
que se dé seguimiento, porque, si le llegara a pasar algo, una de las líneas de
investigación debe enfilar hacia Bella Hernández”, quedó registrado en El Sur.
Varios años
después López Nájera declaró ante la PGR que desde 2004 ya operaba para el
Cártel de Sinaloa, específicamente para Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y
para Arturo Beltrán Leyva.
Fuera de la
discreción y bajo perfil que habitualmente caracteriza a los narcotraficantes,
López Nájera denunció en la conferencia que días atrás había sido “interceptado
por dos hombres que (…) primero le preguntaron si era Roberto López y lo
amenazaron: ‘O le bajas en el asunto de Bella Hernández o te vamos a meter un
balazo a ti y tu familia’”.
El 4 de
mayo de 2005 López Nájera había convocado a otra conferencia que jaló los
reflectores de los medios locales. En ella anunció que había presentado una
queja administrativa ante el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, para pedir la revocación de la patente de la notaría de Bella
Hernández, porque supuestamente había violado el Código Civil al avalar un
testamento entre sacerdotes.
Atendiendo
la queja de quien después confesó que ya estaba al servicio del Cártel de
Sinaloa, el gobierno de Guerrero resolvió que efectivamente Bella Hernández
había violado la Ley Notarial y el 27 de enero de 2006 resolvió sancionarla
administrativamente, separándola de su puesto.
Dos años
después, luego de un juicio, Hernández recuperó su notaría.
A la PGR
En 2007 a
López Nájera se le ocurrió hacer contacto con la DEA. Se decía abogado y
operador de La Barbie y de Arturo Beltrán Leyva.
En
septiembre de ese año la PGR supo de la existencia de López Nájera por un
agente del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) adscrito a la
DEA en la embajada estadunidense. Éste notificó a funcionarios de la SIEDO,
entonces encabezada por Ramírez Mandujano, que su “informante” le dijo que
había funcionarios de la PGR, exintegrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas
Especiales (gafes), que trabajaban para los Beltrán Leyva y el Cártel de
Sinaloa.
El agente
del FBI dijo que si le enviaban fotografías, el informante se ofrecía a
reconocer a los exmilitares. Se las enviaron y dijo reconocer a Fernando Rivera
Hernández, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez como quienes
vendían información a la organización criminal.
Casi un año
después, el 28 de julio de 2008 –según un documento que Proceso pudo
consultar–, López Nájera solicitó a la PGR su ingreso al programa de testigos
protegidos (colaborador). En sus datos generales dijo ser originario de Acapulco, haber
nacido el 8 de noviembre de 1978, ser católico, soltero y con estudios de
maestría. Y confesó ser un criminal.
Inmediatamente
se le asignó el nombre clave de Jennifer. Los testigos de asistencia que
presenciaron ese momento –según las firmas plasmadas en el documento al que
tuvo acceso este semanario– fueron Marisela Morales, entonces titular de la
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y
Órganos, y Cuitláhuac Salinas, quien tenía menos de un mes de haber ingresado a
la PGR.
Pese a que
en septiembre de 2007 ya era informante de la DEA, siguió operando en la
organización de los Beltrán Leyva y fue cuando estableció contacto con los
exgafes de la PGR, según se desprende de los hechos y fechas señaladas por el
propio Jennifer en sus declaraciones ministeriales.
Fue
justamente después de su contacto con la DEA –entre septiembre de 2007 y
principios de 2008– cuando supuestamente se dieron presuntos pagos de sobornos
de López Nájera a los exgafes Rivera, García y Cilia, y a José Alberto Pérez
Guerrero, exfuncionario de la Agencia Federal de Investigación que trabajaba en
la embajada de Estados Unidos en México.
Pareciera
que López Nájera fue la carnada para evidenciar la corrupción de los exmilitares
y de Pérez Guerrero. Él informó a la DEA de sus reuniones con éste, a quien en
julio de 20008 Washington le tendió una trampa. Lo hizo ir a Estados Unidos con
el pretexto de un supuesto curso y ahí lo detuvo. Pérez Guerrero confesó haber
pactado con López Nájera darle información a cambio de un pago mensual y luego
se hizo testigo colaborador de la PGR.
Rivera,
García y Cilia también se confesaron culpables y se acogieron al mismo programa
de testigos colaboradores para no caer en prisión. Como desde 2007 estaban
siendo investigados por Ramírez Mandujano, declararon contra él y el equipo que
los investigaba: Miguel Colorado, Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles y
Francisco Javier Jiménez Sánchez.
Los tres
primeros fueron detenidos en noviembre de 2008. Mejía Robles salió libre en
diciembre de 2012. Ramírez Mandujano fue puesto en libertad el mes pasado. Se
cree que la liberación de Zavala se efectuará en unas semanas y que Colorado
también quedará absuelto. Jiménez Sánchez ha estado prófugo cinco años.
Mal
mentiroso
De la
versión de sus primeras declaraciones Jennifer fue modificando sus historias
según le conviniera a la PGR para sostener los expedientes. Al final cada
declaración terminó siendo muy distinta; añadió personajes y escenas que no
correspondían a lo narrado en un inicio. Y la PGR lo siguió manteniendo a costa
del erario.
Por ejemplo
en octubre de 2010, cuando Herrera Valles llevaba dos años encarcelado y había
ganado un amparo con el que iba a obtener la libertad, la PGR usó a Jennifer
para inventar un testimonio más, acusándolo de haber ayudado a los Beltrán
Leyva en el tráfico de drogas en el aeropuerto de Cancún.
Dos años
antes López Nájera había explicado detalladamente la supuesta operación en ese
aeropuerto sin mencionar a Herrera Valles. Gracias a esa imputación el tortuoso
proceso contra el excomisionado se alargó más.
Tras una
revisión de las decenas de declaraciones ministeriales hechas y firmadas por
Jennifer, el testigo protegido fue cambiando sus propias declaraciones,
añadiendo fechas y nombres, presuntamente a petición de funcionarios de la
SIEDO.
Durante los
más de cuatro años de proceso judicial contra Ramírez Mandujano Jennifer
evidenció su personalidad. Estuvo presente a través de teleconferencias en cuatro
diligencias y un largo careo con el extitular de la SIEDO, a quien falsamente
acusó de haber recibido sobornos de 450 mil dólares mensuales para dar a los
Beltrán Leyva información sobre los operativos en su contra.
A las
diligencias se presentaba vestido como si fuera a la playa. Huésped de los
consulados de México en Estados Unidos, desde donde declaraba, comía y bebía
durante las audiencias. A cada momento caía en contradicciones y mentiras pese
a que intentaba prepararse leyendo notas de internet.
Jennifer
tuteaba a Ramírez Mandujano, a quien nunca antes había visto, para hacerle
creer al juez que se conocían. Cantinfleaba para evadir las respuestas. Una de
las escenas más absurdas ocurrió el 9 de mayo de 2011 en la diligencia de
careos procesales por videoconferencia entre Ramírez Mandujano y el testigo
colaborador.
En esa
oportunidad Jennifer incurrió en contradicciones frente al exzar antidrogas y
evidenció su absoluto desconocimiento de los hechos que supuestamente
denunciaba, cuando en un momento se refirió a La Borrega como si fuera el apodo
de una persona y no como el paraje de Durango donde se cometió un cuádruple
homicidio.
“Le pido
que me explique qué intervención tiene o tuvo en la investigación la persona a
la que él se refiere como La Borrega”, preguntó Ramírez Mandujano.
Jennifer
cayó: “Hablas de La Borrega de nueva cuenta. No creo que quieras que te
explique cuál es el rol que jugó en esa investigación; es decir, cómo pretendes
que yo te explique lo que tú planeaste y no nos dijiste…”
Informante
confidencial
Mientras
López Nájera alimentaba con historias a modo a la PGR en México, en 2010 la DEA
quiso usarlo para sus propias operaciones.
En 2009 la
división de la DEA en San Diego, California, inició una acción encubierta que
duró dos años con el fin de poner carnadas a narcotraficantes. Para hacerlo
trianguló y movió dinero del narcotráfico y drogas entre Colombia, Ecuador,
Panamá, México, Estados Unidos y Canadá.
Según el
expediente judicial 11-CR-01926 abierto en la Corte de Distrito Sur de
California, la cabeza de la operación fue el agente de la DEA Juan Sandoval,
quien fingió ser miembro de una organización criminal que movía a placer dinero
y droga; conoció a María Benítez, que a su vez lo conectó con narcotraficantes mexicanos
que necesitaban lavar dinero.
Así
Sandoval llegó hasta Víctor Manuel Félix Félix, presunto consuegro de Joaquín
El Chapo Guzmán. La DEA fabricó el engaño con agentes encubiertos y con
“informantes confidenciales”, como López Nájera. El abogado acapulqueño entró
en escena el 4 de noviembre de 2010 y aunque ya era testigo protegido de la PGR
viajó a Ecuador. Ahí Sandoval lo presentó como su socio a los narcotraficantes
mexicanos Luis Roberto García Fierro y Jorge Guillermo González.
La
Operación Colmena de la DEA se tradujo en la apertura del caso criminal contra
29 personas, entre ellos Félix Félix, por parte de la PF en México el 18 de
marzo de 2011.
De acuerdo
con el expediente judicial muchos de los 29 detenidos han pasado en Estados
Unidos su juicio en libertad bajo caución y ya recibieron sentencias de apenas
30 o 35 meses. Félix Félix aún no ha sido extraditado.
**
El Pitufo,
otro soplón a sueldo/ANABEL
HERNÁNDEZ
Salvador Puga Quintanilla era un criminal menor de Tamaulipas cuando, luego de un pleito con El Rojo, un narcotraficante del Cártel del Golfo, que supuestamente era su mentor, salió huyendo del estado buscando nuevos nichos para sus actividades criminales.
Salvador Puga Quintanilla era un criminal menor de Tamaulipas cuando, luego de un pleito con El Rojo, un narcotraficante del Cártel del Golfo, que supuestamente era su mentor, salió huyendo del estado buscando nuevos nichos para sus actividades criminales.
El 5 de
septiembre de 2008, Luis Hernández Gálvez se presentó en la Unidad
Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR para
denunciar el secuestro de su padre, Luis Hernández Gutiérrez (75 años), el 4 de
septiembre de 2008.
A los pocos
días, el 12 de septiembre, la familia pagó 293 mil pesos de los 3 millones de
rescate que sus captores exigían. Pese al pago, los secuestradores siguieron
exigiendo los 3 millones de pesos.
El 20 de
septiembre, en un descuido de sus captores, el secuestrado logró escapar y
solicitó el apoyo de policías de Tepotzotlán, Estado de México. Los agentes
fueron a la casa de seguridad donde Hernández había permanecido y aprehendieron
a José Salvador Puga Quintanilla, quien entonces usaba el apodo de El Gordo, y
a Javier Eduardo Barrón El Arqui. La víctima los reconoció plenamente como sus
plagiarios.
En el
operativo fueron aseguradas dos pistolas y 464 gramos de goma de opio. Y el 21
de septiembre de 2008, la averiguación previa Tol/SPILDO/085/2008, abierta por
el delito de secuestro, fue turnada a la Unidad Especializada de Investigación
de Secuestros de la SIEDO. El Gordo y El Arqui fueron puestos a disposición de
esta subprocuraduría, entonces encabezada por Marisela Morales, y quedaron
retenidos en un centro de arraigo.
Puga
Quintanilla ya tenía un largo historial criminal. Existía la averiguación
previa abierta en Tamaulipas AP/PGR/TAMPAS/CV-VFFAFE/2402/2007 por violación a
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la que El Gordo aparece como
inculpado.
Teniéndolo
a la mano, la PGR lo usó para incriminar a Javier Herrera Valles, coordinador
regional de la Policía Federal (PF), quien llevaba todo el año de 2008
documentando y denunciando las irregularidades en la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, cuyo titular era Genaro García Luna.
El 29 de
octubre de 2008, Puga Quintanilla se presentó a declarar ante la SIEDO y señaló
que había trabajado durante cuatro años para el Cártel del Golfo, que le
constaban diferentes hechos delictivos de esta organización, que su deseo era
declarar todo lo que conocía y colaborar con la PGR, siempre que se le
integrara al sistema de testigos protegidos.
Ese mismo
día la PGR formuló el acuerdo de derechos de testigo colaborador y El Gordo fue
bautizado con la clave Pitufo; se le otorgaron entonces los beneficios del
artículo 35 fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Legalmente,
Puga Quintanilla ni siquiera podía acogerse al programa de testigos
colaboradores porque la ley marca que este beneficio no puede concederse a la
persona que tenga abierta una averiguación previa en su contra. Pitufo tenía
dos.
Ese mismo
29 de octubre, Puga Quintanilla comenzó a contar sus historias. Declaró
falsamente contra Arturo Herrera Valles, hermano del coordinador Javier, lo que provocó su inmediata
aprehensión.
Como si
fuera un pago por sus declaraciones, el 30 de octubre de 2008 Pitufo fue
liberado del arraigo.
La suerte
de su cómplice, El Arqui, fue muy distinta. El 31 de octubre se le dictó auto
de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal
de la libertad en la modalidad de secuestro, posesión de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército y contra la salud.
Caso
fabricado
El caso
contra Javier Herrera Valles se fue gestando dentro de la SIEDO. El 21 de
octubre de 2008, Víctor Hugo Martínez Rocha, un presunto falsificador de
credenciales de la Policía Federal, declaró ante el Ministerio Público que
supuestamente Marco Tamil Martínez Méndez, alias Román o El Patrón, le había
pedido, por órdenes de Javier Herrera Valles, que reclutara gente para una
unidad antisecuestro que trabajaría en la PF.
La
imputación de Martínez Rocha era fácilmente refutable. Así que la PGR recurrió
al Pitufo. El 13 de noviembre de 2008 éste cumplió su papel y declaró falsamente
en contra de Javier Herrera Valles. Dijo que apoyaba las actividades delictivas
del Cártel del Golfo. Ese mismo mes, Javier Herrera Valles fue detenido.
Este
semanario tuvo acceso a personas que convivieron con Puga Quintanilla durante
el sexenio pasado. Afirman que la PGR, además de una compensación mensual, le
pagaba una residencia en la colonia Echegaray, en Naucalpan, Estado de México,
y que eran frecuentes los escándalos que el Pitufo protagonizaba en esa colonia
de clase media alta: le pegaba a su esposa.
Pitufo
andaba armado, según fuentes vinculadas con el caso, y supuestamente presumió
que Julio Patesi, entonces fiscal de la Unidad Especializada en Investigación
de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO, le había ofrecido 17 mil
pesos para que en sus declaraciones contra Javier Herrera Valles se dijera
“testigo presencial”, en vez de “testigo de oídas”.
Cuando en
2010 Javier Herrera Valles tuvo la posibilidad de ganar un amparo y obtener su
libertad al desvirtuar las declaraciones del falsificador Víctor Hugo Martínez
y del Pitufo, la PGR presentó, de entre su colección de testigos colaboradores
a modo, a Jennifer, para que declarara en su contra.
En
diciembre de 2011, el Juzgado Segundo de Distrito en Tepic condenó a Herrera
Valles a 10 años de prisión. Él continuó con su defensa hasta que, en
septiembre de 2012, el magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de
Nayarit, Fernando Omar Garrido Espinosa, echó abajo esa condena y juzgó
infundadas las acusaciones, por lo que ordenó la inmediata libertad de Herrera
Valles. Su hermano Arturo ya había sido absuelto meses antes.
Desde que
fue puesto en libertad, Javier Herrera Valles propuso a la Cámara de Diputados,
a la PGR y al Poder Judicial de la Federación crear una comisión de la verdad
para conocer a fondo el mal manejo de los testigos colaboradores en el sexenio
de Felipe Calderón.
**
Testigos
caros y a conveniencia de la PGR/ANABEL
HERNÁNDEZ
De 1997 –a partir del “maxiproceso” contra Amado Carrillo Fuentes y sus cómplices del Cártel de Juárez– a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado 181 millones 584 mil 677 pesos en la protección y manutención de criminales vinculados con el narcotráfico y que se han acogido al programa de testigos colaboradores a cambio de no pisar la cárcel o de penas sustantivamente menores.
De 1997 –a partir del “maxiproceso” contra Amado Carrillo Fuentes y sus cómplices del Cártel de Juárez– a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado 181 millones 584 mil 677 pesos en la protección y manutención de criminales vinculados con el narcotráfico y que se han acogido al programa de testigos colaboradores a cambio de no pisar la cárcel o de penas sustantivamente menores.
Según una
investigación de este semanario, complementada con información divulgada por el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) el
domingo 12 de mayo , de 1997 a 2012 la cantidad de recursos públicos destinada
a los testigos colaboradores creció más de 20 veces. En ese mismo tiempo el
número de testigos colaboradores sólo aumentó 3.4 veces.
La
disparidad entre una cifra y otra refleja el derroche de recursos públicos en
un programa que en los últimos seis años ha sido controvertido, pues la PGR no
corroboró los dichos de los testigos y les dio a sus declaraciones un trato
diferenciado. En unos casos ignoró por completo las acusaciones hechas por
ellos y en otros casos los orilló a inventar cargos.
De acuerdo
con la información obtenida, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y
Felipe Calderón, la PGR tuvo un mayor número de testigos colaboradores que en
los últimos tres años del gobierno de Ernesto Zedillo. Y gastó mucho más dinero
público en ello. En 1999 en promedio cada testigo colaborador costaba al erario
53 mil 52 pesos anuales. En 2012 ese promedio fue de 341 mil 63 pesos.
Fue
Marisela Morales –primero como titular de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada y luego como procuradora general– la
que acumuló más testigos, más caros y con los peores resultados. Hoy ya es, por
gracia del gobierno de Enrique Peña Nieto, cónsul de México en Milán, Italia. l
Nómina
creciente
Año Número
de testigos Monto erogado
1997 19
$1,008,000
1998 19
$1,168,229
1999 30
$1,146,955
2000 27
$2,397,627
2001 35
$5,823,927
2002 42
$13,370,525
2003 39
$13,235,068
2004 44
$13,834,073
2005 48
$14,564,594
2006 43
$13,702,688
2007 50
$10,913,904
2008 57
$15,123,153
2009 61
$20,197,167
2010 43
$14,825,320
2011 60
$18,105,351
2012 65
$22,169,096
Fuente:
Investigación realizada por Proceso, complementada con la proporcionada por el
IFAI.
Nota: No se
puede sumar el número de testigos protegidos (Sic) de cada año para obtener un gran
total, pues esos colaboradores pueden ser o no los mismos de un año a otro,
debido a que algunos se dan de baja, otros permanecen y llegan algunos nuevos.
**
Nota: Coincido con Anabel Hernández en cuanto a que no se pueden sumar los Testigos Protegidos/colaboradores (ambos están en el mismo costal) de cada año...
Pero las cifras que yo investigue son distintas a las de ella, en algunos años. Mi fuente fue el IFAI: Una forma de poder coincidir e pidiendo al IFAI, no el número de testigos, sino las clave de los mismos.
Recomiendo mi texto:
La figura de testigo colaborador fue prostituída:
http://www.ricardoaleman.com.mx/plumas-invitadas/fred-alvarez/4172-la-figura-del-testigo-colaborador-fue-prostituida-
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Nota: Coincido con Anabel Hernández en cuanto a que no se pueden sumar los Testigos Protegidos/colaboradores (ambos están en el mismo costal) de cada año...
Pero las cifras que yo investigue son distintas a las de ella, en algunos años. Mi fuente fue el IFAI: Una forma de poder coincidir e pidiendo al IFAI, no el número de testigos, sino las clave de los mismos.
Recomiendo mi texto:
La figura de testigo colaborador fue prostituída:
http://www.ricardoaleman.com.mx/plumas-invitadas/fred-alvarez/4172-la-figura-del-testigo-colaborador-fue-prostituida-
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