Gobernación: promesas incumplidas/A. Delgado

Gobernación: promesas incumplidas/ÁLVARO DELGADO

Revista Proceso # 1960, 24 de mayo de 2014

En el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo ha decepcionado la conducción de la economía, sino también la operación política. Todo el poder que se concentró en la Secretaría de Gobernación, encabezada por el exgobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, se ha utilizado para la grilla partidista, no para revertir la violencia e inseguridad en el país. A las críticas por la manipulación de cifras sobre estos fenómenos, el funcionario responde con dudosas estadísticas y más promesas.

Mientras la economía se cae, la violencia crece: El “México en paz”, que Enrique Peña Nieto ofreció como prioridad en su campaña y ratificó en su toma de posesión como presidente, no se materializa.

En marzo se agotó el año que Peña pidió como plazo para observar “una reducción sensible” de los índices de inseguridad y violencia, pero no cumplió: proliferan los homicidios relacionados con el crimen organizado, aun con “cifras maquilladas”, y se disparan los secuestros y las extorsiones.

Y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien Peña Nieto encomendó pacificar el país, le estallan los conflictos en los estados, ya perdió al primer comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, y no ha sido capaz de consolidar la Gendarmería Nacional, otra promesa de campaña.

Osorio Chong, quien se proyectó como un operador político eficaz por lograr reformas constitucionales mediante el Pacto por México –cuyas principales leyes secundarias están atoradas–, tiene otros pendientes.

El gobierno de México ha sido reprobado por organismos de derechos humanos de la ONU a causa de la práctica sistemática de la tortura, y se han incrementado exponencialmente las agresiones a medios de comunicación y a periodistas.

Ha incumplido también su promesa de sancionar a los responsables del desastre provocado por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013, que dejaron 160 muertos y 250 mil damnificados, y ha faltado a su palabra de presentar un informe sobre los centros de apuestas al que se comprometió hace año y medio.

 En su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto proclamó: “El bien mayor y el bien último es la vida humana. Por eso, el primer eje de mi gobierno es lograr un México en paz”.

 Cuatro meses después de ese compromiso, en marzo del año pasado, Peña Nieto pidió un año de gracia para ver los primeros resultados de la estrategia de su gobierno. Durante su visita a Roma prometió que en 12 meses habría “una reducción sensible” de la violencia.

 ntes de cumplirse ese plazo comenzó el triunfalismo: Peña Nieto y el encargado de la estrategia de seguridad, Osorio Chong, comenzaron a hablar de la disminución “al mínimo” de la violencia.

 En enero de este año, Peña Nieto proclamó en Davos, Suiza: “… Podemos observar, a un año dos meses de distancia, el que ha habido avances, ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente 30% de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”.

 Por su parte, Osorio Chong aseguró el 21 de febrero que la violencia criminal disminuía “a la mínima expresión”, porque en enero se registraron sólo 567 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, mil menos que en los meses previos.

 Y ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), se ufanó: “El primer compromiso que hizo el presidente el 1 de diciembre de 2012 era que la violencia tenía que disminuir. Y esa violencia ha disminuido a la mínima expresión”.

 Sin embargo, el semanario Zeta de Tijuana afirmó, en marzo, que las cifras oficiales están “maquilladas” y el número de homicidios relacionados con la delincuencia organizada es superior al que admite el gobierno.

 Por ejemplo, advirtió que las estimaciones de Osorio no estuvieron sustentadas en datos duros ni reflejan la realidad; “al contrario, evidencian la manipulación de las estadísticas sobre homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en México”.

 Zeta confrontó las estadísticas de las procuradurías estatales, secretarías de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con la información recopilada por asociaciones civiles, institutos de ciencias forenses, registros hemerográficos en las entidades federativas y funcionarios de gobierno, y los resultados son muy distintos a los de Osorio.

 Sólo en enero, cuando Osorio aseguró que hubo 567 homicidios, Zeta contabilizó mil 425 asesinatos relacionados con el crimen organizado y señaló que el primer año de gobierno de Peña Nieto fue igual de sangriento que el último de Calderón.

 “El ritmo de las ejecuciones en México no ha variado entre el último año de la administración calderonista y el primero de Peña Nieto. En los últimos dos años, éstas se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel: 20 mil 571 registradas en 2012, por 20 mil 156 documentadas en 2013.”

 Menos triunfalista que su jefe, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, expresó el 6 de mayo:

 “La situación del país en términos de violencia y de delincuencia sigue siendo delicada. Yo quiero solamente recordar que a finales de 2012 el número de homicidios por cada 100 mil habitantes se situó en cerca de 19: esto quiere decir que ocurrían poco más de 60 homicidios diarios. El año pasado hubo una reducción muy importante, poco más de 16%, pero sigue habiendo 50 homicidios diarios.”

 Secuestros y extorsiones

 Otros delitos, como el secuestro y la extorsión, se han disparado a tal punto que la Procuraduría General de la República (PGR) creó, en febrero pasado, la Coordinación Nacional Antisecuestros.

 Apenas en marzo, el coordinador nacional, Renato Sales Heredia, informó que durante los primeros meses de 2014 este delito se incrementó 24%. Precisó que, según las averiguaciones previas iniciadas en las procuradurías estatales, el número de secuestros pasó de mil en 2012 a mil 695 el año pasado.

 Pero el fenómeno es más grave de lo que admiten las autoridades. La asociación Alto al Secuestro asegura que en lo que va del gobierno de Peña Nieto el número de plagios aumentó 600%.

 Isabel Miranda de Wallace, presidenta de este organismo, afirmó que del 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión, a marzo de este año, el delito se incrementó sobre todo en la zona centro del país, ya que se registraron 3 mil 938 secuestros. Aun así, Osorio aseguró el 30 de abril que el secuestro y la extorsión se han “estabilizado” durante el primer trimestre de 2014 en el centro del país, justamente donde Miranda de Wallace afirma que se concentra.

 En la reunión sobre seguridad de la zona centro del país, celebrada en Cuernavaca y a la que asistieron los gobernadores de Puebla, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Osorio dijo que podría haber una mejoría durante el resto del año.

 Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ofreció cifras que también desmienten el optimismo oficial: en 2013 el secuestro aumentó 19.6%, en tanto que las extorsiones crecieron 9.34%, las cifras más altas en la historia.

 Según su informe Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2013, difundido el 18 de marzo, de diciembre de 2013 a enero de este año se incrementaron 5.60% las denuncias de secuestro, 10.36% las de extorsión, 0.94% las de robo con violencia, 1.81% las de robo de vehículo, 3.60% las de robo a casa-habitación y 1.22% las de robo a negocio.

 Sólo durante enero de este año, puntualizó el organismo, se denunciaron a nivel nacional un secuestro cada seis horas y 21 extorsiones diariamente, de acuerdo con los datos del propio Secretariado Ejecutivo del SNSP.

 Reprobado en derechos humanos

 La vigencia de los derechos humanos, que concierne directamente a Osorio Chong, es también un pendiente, como lo acredita el más reciente informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, que reprueba a México.

 La impunidad que origina violencia y violaciones al derecho a la vida, la militarización de la seguridad pública, la manipulación de pruebas y la utilización de chivos expiatorios que convierten “a la justicia en una farsa” son algunos de los males que Heyns diagnostica a México (Proceso 1956).

 También visitó México, a finales de abril y principios de mayo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, quien urgió al gobierno de Peña Nieto a poner fin a la impunidad:

 “Aún existe en México una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos como medio de investigación criminal, pero con mayor intensidad en los delitos relacionados con la delincuencia organizada, y estos actos normalmente quedan en la más flagrante impunidad.”

 Y las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, graves en el sexenio de Calderón, se han disparado con Peña Nieto hasta en 59%.

 Según la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, 2013 fue el año con más agresiones documentadas desde 2007, con 330 ataques: “En México se agredió a un periodista cada 26.5 horas”.

 Esta asociación, dirigida por Darío Ramírez y cuyo domicilio fue allanado en vísperas de presentar el informe, afirma que son “autoridades gubernamentales quienes están detrás de la mayoría de los actos de intimidación, amenaza y agresión de quienes ejercen el periodismo en México”.

 Subraya: “Las autoridades agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro. En medio, quienes ejercen el periodismo en México. En tres de los cuatro casos de periodistas asesinados en 2013 se identificó a la delincuencia organizada como principal perpetrador”.

 Un dato sobre la importancia que el gobierno de Peña le da a los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión es el comportamiento de la funcionaria responsable de garantizarlos: Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación.

 Cuatro exempleados de la Unidad de Derechos Humanos informaron a Osorio Chong en una carta que Limón incurrió en abusos de autoridad, discriminación, misoginia, maltrato y humillaciones para forzarlos a renunciar por no estar de acuerdo con el modo en que se gestionaba el mecanismo de protección a activistas y periodistas, que quedó acéfalo tras la renuncia del titular de esa unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, el 18 de marzo  (Proceso 1951).

 Oscuros casinos

 Osorio tampoco ha cumplido en presentar un informe a la sociedad sobre los casinos, como prometió desde enero de 2013, en el contexto del escándalo por los permisos que autorizó Calderón poco antes de dejar la Presidencia. “Denme un par de días más para que se les pueda dar a conocer la información que han venido requiriendo en este tema”, pidió a los periodistas el 14 de enero, pero no cumplió.

 Un mes después, el 11 de febrero, Osorio volvió a prometer que difundiría las conclusiones de las indagatorias sobre el otorgamiento ilegal de permisos de casinos en el gobierno de Calderón y la operación irregular de muchos de éstos. Tampoco cumplió.

 Y a casi 10 meses, el 10 de octubre, les dijo a los senadores: “Tenemos varias de estas instalaciones sin permiso, sin autorización, en este momento abiertas. Me comprometeré en hacer una acción que, en muchos casos, tenemos información de inteligencia de que son las que ocupa el crimen organizado para sus operaciones; lo vamos a hacer con mucha responsabilidad”.

 Pero Osorio tampoco ha cumplido: no ha emitido ningún informe sobre ese multimillonario negocio ni los criminales vinculados con ellos; sólo ha dicho que ya no opera ningún centro de apuestas ilegal.

 Aunque Gobernación eliminó a uno de los principales concesionarios de casinos –Entretenimiento de México (Emex), de los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona, financiero de panistas, como Gustavo Madero–, no ha informado sobre la ilegalidad de los permisos que otorgó Calderón a Exiting Games y Producciones Móviles.

 La directora general de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, declaró al diario La Jornada, el 27 de enero de 2013, que los permisos de casinos que dio Calderón antes de concluir su sexenio son ilegales:

 Pero en vez de rendir el informe que prometió, y que ha postergado ya un año cuatro meses, Osorio otorgó el primer permiso para operar casinos en el gobierno de Peña Nieto. Según documentos de los que Proceso tiene copia, Gobernación asignó, sin licitación, un contrato por 2 millones 300 mil pesos al abogado Miguel Ontiveros Alonso para elaborar el proyecto de “Nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos”, que supuestamente sería presentada en el periodo ordinario de sesiones que concluyó en abril.

 Ontiveros Alonso, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR de enero a diciembre de 2012 –nombrado por Calderón–, cobró 1 millón 890 mil pesos libres por elaborar el proyecto, según la orden de pago firmada por González Salas, quien pretendió, sin éxito, ser consejera del Instituto Nacional Electoral.

 Fue también González Salas quien, el 16 de enero de este año, otorgó a nombre de Gobernación el primer permiso del sexenio a la empresa Sabia Corporation, S.A. de C.V., con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, para operar 10 salas de apuestas. El primer establecimiento abrirá en León, Guanajuato.

 De acuerdo con la información de la Dirección General de Juegos y Sorteos, el permiso DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014 se otorgó por orden del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo DA 278/2011.

 Osorio Chong tampoco cumplió la instrucción del presidente de investigar y sancionar a los responsables de actuar de manera negligente ante los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, en septiembre del año pasado, particularmente en Guerrero.

 Un mes después de la tragedia, en octubre de 2013, al comparecer ante ­diputados, prometió que no habría impunidad en los desastres.

 “Sí, hay una instrucción del señor presidente de la República y se va a cumplir, y en ese proceso estamos, para ver si hay responsables en las autorizaciones, en los permisos, la autorización para viviendas en lugares que no tenían una posibilidad ­real de viabilidad, que pusieron en riesgo, y quedó claro y abierto, por supuesto, que hubo ahí acciones al margen de la ley y manipulación, incluso, de los permisos. Estamos en ese proceso y no va a quedar solamente como una instrucción, sino vamos a llegar hasta las últimas consecuencias…”