Migración
en EU: la inacción de Obama
La
Jornada, editorial, 4 de agosto
El
asesor de la Casa Blanca Dan Pfeiffer afirmó ayer que el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, tomará una decisión antes de finales de verano sobre la
manera en que usará su autoridad para hacer frente a la problemática que
enfrentan millones de migrantes indocumentados en ese país.
Debe
recordarse que en las últimas semanas se ha suscitado una confrontación entre
el Ejecutivo y el Legislativo estadunidenses en torno al tema migratorio,
particularmente a partir del arresto, según cifras de autoridades de ese país,
de más de 52 mil niños que intentaban pasar la frontera por cuenta propia. En
el contexto de esa confrontación, que reviste claros tintes político
partidistas, Obama ha responsabilizado al Capitolio por no aprobar modificaciones
legales al sistema migratorio y por negar fondos adicionales que, cabe inferir,
serían empleados para la deportación de los menores migrantes. Apenas el pasado
viernes el mandatario criticó a los republicanos del Congreso por no hacer nada
en materia de inmigración para no dar una victoria a Obama y anunció que
actuaría por decreto para atender el tema.
El
anuncio de que Obama por fin hará algo ante la crisis que enfrentan millones de
migrantes es, en principio, una buena noticia, sobre todo ante la palmaria
indolencia de los legisladores que, según puede verse, han decidido mantener el
statu quo en materia migratoria con tal de no adoptar decisiones de política
pública que podrían interpretarse como un triunfo del político
afroestadunidense. Pero una indolencia similar puede observarse en la vaguedad
y falta de compromisos concretos de las afirmaciones del propio mandatario,
quien al parecer no sabe aún qué curso de acción tomará para hacer frente a lo
que ha sido calificado de crisis humana y cuya atención requiere, en
consecuencia, de respuestas inmediatas.
Por
lo demás, saltan a la vista diversas áreas en las que sería posible y necesaria
una intervención del Ejecutivo, incluso sin contar con una reforma legislativa,
para humanizar mínimamente las condiciones que debe enfrentar el flujo
migratorio. Bastaría, por ejemplo, que Obama recurriera a sus atribuciones
constitucionales para atenuar el sufrimiento de los migrantes y ordenara
aplicar leyes existentes en forma más moderada y apegada al respeto de los
derechos humanos universales; para contener una pauta de conducta de empleados
públicos que creen que la condición de una persona de migrante indocumentada
suprime el conjunto de sus derechos y que, en consecuencia, se le puede
maltratar con toda impunidad.
Es
significativo a este respecto que, con la misma legislación migratoria que
regía durante administraciones anteriores, el gobierno de Obama haya realizado
más deportaciones que cualquiera de sus antecesores y que durante sus mandatos
se haya registrado el mayor número de familias separadas a consecuencia de esta
práctica. Un elemento adicional es que, aun en el contexto de las leyes
actuales, el gobierno de Washington podría conceder la residencia permanente a
cientos de miles de inmigrantes sin que se requiera, para ello, de acción
alguna del Legislativo.
En
suma, más allá de las inciertas perspectivas de una reforma legal que reoriente
en forma íntegra las políticas de Estado racistas y xenófobas, es claro que la
Casa Blanca no ha mostrado hasta ahora la voluntad política requerida para
mejorar las condiciones que deben enfrentar los trabajadores extranjeros en
Estados Unidos. En esa circunstancia, lo expresado ayer por Obama es
consistente con el cariz decepcionante, errático y tardío que ha caracterizado
su desempeño gubernamental a lo largo de los seis años que lleva en la Oficina
Oval.
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