Contra Moreno Valle, denuncias penales

Contra Moreno Valle, denuncias penales/GABRIELA HERNÁNDEZ

Revista Proceso 1977, 20 de septiembre de 2014

PUEBLA, PUE.– Un peritaje de balística ordenado por diputados federales confirma que el pasado 9 de julio uniformados estatales sí dispararon balas de goma en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan durante un operativo policiaco.

El dictamen vuelve a entrampar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien se empecina en negar el uso de ese tipo de balas, que provocaron la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

Desde el principio, el mandatario, quien aspira a la candidatura presidencial para 2018, mostró –10 días después de la agresión– el oficio SSP/06/09368/2014 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual certifica que aun cuando es la única dependencia autorizada para distribuir balas de goma en el país, no proporcionó esos artefactos al gobierno poblano.

Alejandro del Castillo, abogado de Elia Tamayo, madre de Tehuatlie Tamayo, insiste: “Si no fue la Sedena, entonces el gobernador debe explicar cómo obtuvo las municiones de origen estadunidense que están prohibidas en México”. La pregunta es: “¿Cómo fue que las introdujeron al país? ¿Fue de contrabando?”.

En su recomendación sobre el caso emitida el jueves 11, el ómbudsman nacional sostiene que identificó balas de goma entre los artefactos recolectados por los pobladores de Chalchihuapan, aunque las desestima como prueba en el caso de la muerte del menor.

“Es de destacar que entre los 360 indicios que los manifestantes pusieron a la vista de este organismo nacional y que señalaron haber recogido el 9 de julio de 2014 en la zona de los acontecimientos luego de que fueran disparados en su contra, existieron algunos cuyas características son similares a los proyectiles conocidos como ‘balas de goma’”, asienta la recomendación número 2VG/2014.

“Sin embargo –agrega–, de la información proporcionada tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional como por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como por las investigaciones realizadas por esta Comisión Nacional, no se tuvo evidencia del empleo de dispositivos de esa naturaleza.”

Para el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, la conclusión de la CNDH es “inexplicable” y pone en evidencia el acuerdo “de amigos” que hubo entre el gobernador Moreno Valle y el ómbudsman Raúl Plascencia Villanueva.

Montes Bautista se pregunta: “¿De dónde las podríamos haber comprado nosotros (las balas de goma)? Eso no se compra en una farmacia o en la tienda de la esquina. No habría forma de que las tuviéramos, si no es porque la policía las disparó ese día”.

El abogado Del Castillo reitera que la CNDH quedará “aún más” en entredicho, pues los peritajes probarán que el operativo policiaco del 9 de julio para desalojar la carretera Puebla-Atlixco fue premeditado.

“Este estudio (legislativo) va a probar que el enfrentamiento entre pobladores y policías es posterior a los heridos; que eso (el uso de las balas de goma) fue lo que enardeció a la gente. Además, todas las víctimas, incluyendo al niño, no estaban sobre la carretera, lo que evidencia que el objetivo nunca fue desalojar la autopista, sino dejar un escarmiento para que los pueblos ya no protestaran por las reformas”, refiere el abogado.

Recursos legales

La manifestación de los habitantes de Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan, formaba parte de una serie de protestas que organizaron distintos pueblos contra las reformas a la Ley Orgánica Municipal que quitó a las Juntas Auxiliares la facultad de operar el Registro Civil, así como de nombrar a los agentes del Ministerio Público, jueces de paz y a los elementos de seguridad pública.

La diputada federal Roxana Luna, del PRD, explica que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidieron a la Asociación de Asistencia a Víctimas y Grupos Vulnerables hacer un peritaje espejo, pues ya anticipaban que la CNDH no iría a fondo en su recomendación.­

Cuando los peritos consultados por los legisladores presentaron sus primeras conclusiones, expusieron que entre los objetos lanzados por los uniformados hubo balas de goma y hablaron de indicios que contradicen a la CNDH, pues el organismo dictaminó que Tehuatlie Tamayo murió por un cartucho de gas de largo alcance.

Los peritajes realizados son: “el dictamen pericial en medicina legal, enfocado al objeto probable que lesionó y produjo la muerte del menor y objetos probables que lesionaron a los pobladores sobrevivientes”; el “dictamen pericial en criminalística”, sobre la mecánica de las lesiones y análisis de indicios y evidencias recolectados en la escena, así como un informe “minucioso” de los proyectiles levantados por la población.

Ese estudio servirá para sustentar ante un juez la solicitud de exhumar el cuerpo de Tehautlie Tamayo; además, se utilizará como argumento para presentar la denuncia penal que interpondrán las víctimas de Chalchihuapan, Ajalpan y de Tehuacán contra Moreno Valle.

El abogado Del Castillo revela que además los agraviados trabajan en una demanda de juicio político contra el mandatario, en la cual incluirán los casos de 33 presos políticos, las legislaciones que atentan contra los derechos ciudadanos, como la Ley Bala, así como la de Expropiaciones, la de Transporte y la de Privatización del Agua, entre otras, que han generado un clima de ingobernabilidad en Puebla.

Pobladores de comunidades indígenas de los municipios de Ajalpan y de Tehuacán se unieron a los de Chalchihuapan, pues también se consideran víctimas de la Ley Bala.

El miércoles 3, Alfredo Xincal Hernández denunció la represión policiaca que sufrieron habitantes de Ajalpan el 27 de mayo último, una semana después de que la Ley Bala fue aprobada en el Congreso del estado.

Xincal mostró a la prensa algunos objetos de goma y plástico duro que dispararon los uniformados, muy similares a los que presentaron los habitantes de Chalchihuapan. También presentó un cilindro de madera que, afirmó, fue otro de los objetos que los policías usaron como proyectiles.

En esa ocasión, dice, cinco pobladores resultaron lesionados, entre ellos un niño de 12 años, de quien no se sabe nada hasta hoy; es posible que su familia se lo haya llevado.